CE - Sentencia 20001233900020170022201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.

Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 24 de enero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 045735 del 05 de diciembre de 2016 y RDP 010865 del 16 de marzo de 2017 por medio de la s cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia ; y resolvió negativamente el recurso de apelación, respectivamente.

cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia ; y resolvió negativamente el recurso de apelación, respectivamente.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia con la inclusión de todos los factores sal ariales devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, debidamente indexados y reajustados conforme al IPC; se condene a la UGPP al pago de intereses moratorios en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; se ordene n o aplicar descuentos para efectos de salud; y se condene en costas.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. El señor Miguel Bohórquez Portillo nació el 30 de septiembre de 1961, por tanto, cumplió 50 años el 30 de septiembre de 2011; que además desempeñó el cargo con honradez y buena conducta, por lo que estima cumple los requisitos para

1 Folios 1 al 22 cuaderno #1 del expediente físicoNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

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obtener la pensión gracia.

5. Indicó que prestó sus servicios como docente, así: i) desde el 08 de julio de 1980

Bogotá D.C. – Colombia

obtener la pensión gracia.

5. Indicó que prestó sus servicios como docente, así: i) desde el 08 de julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1984 nombrado por el Decreto 619 del 12 de junio de 1980; ii) desde el 13 de junio de 1986 hasta el 01 de septiembre de 1990 , nombramiento efectuado mediante la Resolución 000961 del 10 de junio de 1986; y iii) desde el 12 de septiembre de 1990 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda, por orden del Decreto 0058 del 07 de septiembre de 1990.

6. El 7 de noviembre de 2013 radicó solicitud de reconocimien to y pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta de manera negativa mediante las Resoluciones RDP 054486 del 29 de noviembre de 2013, RDP 000619 del 10 de enero de 2014 y RDP 019976 del 26 de junio de

2014.

7. No obstante, el 25 de julio de 2016 presentó nuevamente solicitud en igual sentido ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa media nte los actos hoy demandados.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

8. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1°, 2°, 6°, 25, 29,

48, 53, 90, 121 y 209 de la Constitución; las Leyes 4° de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928, 4° de 1976, 33 de 1985 y 91 de 1989; así como los Decretos 081 de 1976 y 2277 de 1979 . Alega que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho prestacional del docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.

9. En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento normativo de la pensión gracia, se expone que la entidad demandada desconoce el tiempo de servicio con posterioridad a l año 1990 por considerarlos de carácter nacional.

1.4. Contestación de la demanda2

10. Luego de presentada la demanda el 22 de mayo de 2017 y admitida el 0 3 de agosto de 201 7, a través de apoderado la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que el demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedor

2 Folios 121 a 124 del cuaderno #1 del expediente físico.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

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de la pensión gracia, pues la labor desarrollada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 fue certificada como del orden nacional.

11. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación y ii) prescripción.

1.5. Sentencia de primera instancia3

12. El Tribunal Administrativo de l Cesar, en sentencia de 2 4 de enero de 201 9, accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden, i) declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 045735 del 05 de diciembre de 2016 y RDP 010865 del 16 de marzo de 2017 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección-UGPP a través de las que se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a l actor ; ii) a título de restablecimiento del derecho condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a partir del 30 de septiembre de 2011 – por prescripción trienal, teniendo en cuenta los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; y iii) ordenó la indexación de las sumas adeudadas.

13. Lo anterior, teniendo en cuenta que encontró probado que el demandante se desempeñó como docente del orden nacionalizado y/o territorial, acreditando la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para obtener la prestación deprecada.

Destacó que si bien, en principio al tenor de las certificaciones obrantes e n el

desempeñó como docente del orden nacionalizado y/o territorial, acreditando la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para obtener la prestación deprecada. Destacó que si bien, en principio al tenor de las certificaciones obrantes e n el plenario se certificaba que el actor tuvo un vínculo nacional, ello fue desvirtuado con la documentación aportada en cumplimiento del decreto de pruebas de oficio, qu e daban cuenta de la naturaleza de las instituciones educativas en las que laboró el actor, las cuales no fueron del orden nacional. No hubo condena en costas.

1.6. Recurso de apelación4

14. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, alegando que la parte actora no cumple con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber prestado servicio docente por 20 años de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, esto, con ocasión a que desde el año 1990 el tipo de vinculación en el departamento del Cesar fue del orden nacional en razón a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

3 Folios 402 a 414 del cuaderno #3 del expediente físico. 4 Folios 418 a 421 del cuaderno #3 del expediente físico.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

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1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

15. Mediante auto de 0 2 de julio de 201 9, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada. Luego, con auto de fecha 09 de septiembre de 2019 se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

16. A su turno, el apoderado de la UGPP reiteró su petición de revocar la sentencia de primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece de fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales para acceder a tal prestación.

17. Por su lado, la parte demandante y el agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.

18. Luego, el 10 de agosto de 20235 se dictó auto decretando pruebas de oficio, requiriendo a la Secretaría de Educación de Norte de Santander, para que allegara prueba documental relacionada con contratos de trabajo, órdenes de prestación de servicios y actos de nombramiento y posesión que d ieran cuenta del servicio docente del actor, certificados de tiempos de servicio, así como de la naturaleza del vínculo, de la institución educativa y de la plaza ocupada; y se informara de donde provenían los dineros con que se efectuaron a aquél los pagos de salarios y prestaciones.

vínculo, de la institución educativa y de la plaza ocupada; y se informara de donde provenían los dineros con que se efectuaron a aquél los pagos de salarios y prestaciones.

19. En respuesta a lo anterior, la Secretaría Jurídica de Norte de Santander anexó lo requerido6.

20.Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del

5 Folios 507 y 508 del expediente físico 6Indice 43 de SAMAI 7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

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Proceso8, l a competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a

Proceso8, l a competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Miguel Bohórquez Portillo, tiene derecho al rec onocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de servicio como docente del orden territorial y/o nacionalizado ; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para obtener dicha prestación.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Pensión gracia

24. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

25. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980.

26. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

27. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

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28. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

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28. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).

29. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la

pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan

mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

30. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia

S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»9

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

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31. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente

(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201810 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

1. Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

1. La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

1. Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

1. Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

1. Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede

administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé

10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

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cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

1. Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

32. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».11

33. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

34. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4 Actuación administrativa

35. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, el 07 de noviembre de 2013 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 054486 del 29 de noviembre de 2013, sustentada en que existían inconsistencias

11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

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entre los certificados de tiempo de servicio y el de factores salariales respecto al tipo de vinculación docente.

36. Inconforme con la respuesta, el interesado interpuso recurso de reposición el cual fue desatado de forma negativa mediante la Resolución RDP 000619 del 10 de enero de 2014.

37. Luego, el 17 de junio de 2014 solicitó la revocatoria directa de las Resoluciones RDP 054486 del 29 de noviembre de 201 3 y RDP 000619 del 10 de enero de

de enero de 2014.

37. Luego, el 17 de junio de 2014 solicitó la revocatoria directa de las Resoluciones RDP 054486 del 29 de noviembre de 201 3 y RDP 000619 del 10 de enero de 2014, siendo negado nuevamente el derecho deprecado a través de la Resolución RDP 019976 del 26 de junio de 2014.

38. Así, el 25 de julio de 2016 presentó nuevamente solicitud ante la UGPP para el reconocimiento y pago de una pensión gracia , la cual fue resuelta desfavorablemente con la Resolución RDP 045735 del 05 de diciembre de 2016, alegando la prestación de tiempos de servicios del orden nacional; contra dicho acto presentó recurso de apelación el cual fue desatado mediante la Resolución RDP 010865 del 16 de marzo de 2017 confirmando la negativa.

2.5 Caso concreto

39. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a verificar si el actor cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia pensional en discusión.

2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

40. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que el señor Miguel Bohórquez Portillo nació el 30 de septiembre de 196112, razón por la que, el 30 de septiembre de 2011, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

Portillo nació el 30 de septiembre de 196112, razón por la que, el 30 de septiembre de 2011, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

41. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

12 Folio 25 del cuaderno 1 del expediente físicoNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

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• Vinculación del demandante y tiempo de servicios

42. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales d el actor como

docente oficial:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 08 de julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1984 (4 años, 5 meses y 23 días)

43. Revisado el expediente, se advierte que reposa acta de posesión de fecha 08 de julio de 1980, que da cuenta que el actor tomó posesión del cargo de maestro aspirante director en la escuela rural La Honda del municipio de Ocaña, Norte de Santander, en reemplazo de Miralba Navarro Ver gel, para el cual fue nombrado mediante Decreto 619 de 12 de junio de 1980 , acto este último que no obra en el plenario.

Santander, en reemplazo de Miralba Navarro Ver gel, para el cual fue nombrado mediante Decreto 619 de 12 de junio de 1980 , acto este último que no obra en el plenario.

44. Por su parte, la secretaria de educación departamental de Norte de Santander en Formato Único para la Expedición de Historia Laboral del 03 noviembre de 2023 certificó que el señor Bohórquez Portillo fue nombrado docente en propiedad en la Escuela Nueva La Honda ubicada en el municipio de Ocaña – Norte de Santander a través del De creto 619 de 12 de junio de 1980 , en donde labor ó desde el 08 de julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1984. Véase:Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

45. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que el tiempo de labor oficial del demandante como educador en el Escuela Nueva La Honda – Ocaña (Norte de Santander) durante el periodo comprendido entre el 08 de julio de 1980 y el 31 de diciembre de 1984 (4 años, 5 meses y 23 días ), efectivamente puede ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada, pues, la naturaleza de esa designación fue del orden territorial, más no nacionalizado como se sostuvo

efectivamente puede ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada, pues, la naturaleza de esa designación fue del orden territorial, más no nacionalizado como se sostuvo por la entidad en los actos acusados. Ello por cuanto, si bien el nombramiento seNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)

Demandante: Miguel Bohórquez Portillo

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá