CE - Sentencia 20001233900020170026101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 20001-23-39-000-2017-00261-01 (4631-20231)

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Disciplinario-Suspensión e inhabilidad Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte, contra la sentencia del Dos (2) de marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Jehn Ardenson Espinosa Lizcano, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar la nulidad del fallo de primera instancia del Veintiséis (26) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), proferido por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cesar, así como la decisión adoptada en segunda instancia por la Insp ección Delegada Región Ocho del Dieciséis

de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cesar, así como la decisión adoptada en segunda instancia por la Insp ección Delegada Región Ocho del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Quince (2015), que confirmó.

1 Expediente electrónico. 2 Samai, índice 2, archivo No. 11.2

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía NacionalAmbas providencias fueron realizadas en el marco del proceso disciplinario No. DECES2013-12, en el cual, se impuso al señor Jenh Anderson Espinosa la sanción de destitución e inhabilidad por diez (10) años para ejercer cargos públicos.

Igualmente, solicita la nulidad de la Resolución No. 02074 del Doce (12) de mayo de Dos Mil Quince (2015), expedida por la Dirección General de la Policía Nacional, que ejecutó la sanción disciplinaria impuesta3.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) ordenar a la entidad demandada el reintegro del patrullero Jehn Ardens on Espinosa Lizcano, al servicio activo de la Policía Nacional, al cargo que venía desempeñando al momento de su retiro o a uno de igual o superior categoría; (ii) pago de los emolumentos correspondientes, tales como: sueldos, sobresueldos, bonificaciones, primas semestrales, primas de orden público, prima de actividad, cesantías y subsidios, desde la fecha de su desvinculación hasta el momento en que sea reintegrado; (iii) reconocimiento de cincuenta (50) salarios mínimos legales

actividad, cesantías y subsidios, desde la fecha de su desvinculación hasta el momento en que sea reintegrado; (iii) reconocimiento de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales como indemnización por perjuicios morales; (iv) declarar que no ha existido solución de continuidad durante el tiempo en que el actor ha permanecido desvinculado del servicio; y (v) condenar en costas a la entidad demandada4.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes5: Conforme a la situación fáctica descrita en el proceso disciplinario, específicamente en los fallos demandados, se afirma que la investigación se originó a raíz del hurto cometido en el banco Agrario del municipio de Chimichagua, departamento del Cesar, el Catorce (14) de febrero de Dos Mil Trece (2013), a las 10:00 a.m., cuando tres personas ingresaron a la entidad crediticia y sustrajeron la suma de cuatrocientos treinta y nueve millones de pesos ($439.000.000). Se indica que, para la fecha de los hechos, el señor Jehn Ardenson Espinosa Lizcano se encontraba adscrito a la estación de Policía de Chimichagua, desempeñándose como tripulante de la patrulla motorizada de vigilancia en el turno comprendido entre las 07:00 y las 14:00 horas del día 14 de febrero de 2013. Dentro de sus funciones debía prestar

3 Respecto a esta pretensión, se advierte que fue rechazada al ser un acto de ejecución no susceptible de control judicial en auto del 10 de marzo del

2016 (Samai, índice 2, archivo No. 24). Decisión contra la cual, sen interpuso apelación (samai, índice 2, archivo 26). El Tribunal Administrativo del Cesar mediante auto del 14 de julio del 2016 confirmó la decisión (samai, índice 2, archivo 35) 4 Samai, índice 2, archivo No. 1 pag 2-3 – se cita conforme se relacionan las pretensiones en la demanda 5 En la demanda no se hace una relación precisa y detallada de los hechos, Por lo tanto, se procede hacer una precisión de los mismos conforme a lo precisado en los fallos demandados. Samia, índice 2, archivo No. 15, pag 25, 26 y 78, 793

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía Nacionalvigilancia y seguridad al banco durante su apertura, y registrar dicha acción en el denominado «libro de servicio», anotando la fecha y hora correspondiente en la minuta.

No obstante, el patrullero Espinosa Lizcano manifestó haber realizado la ronda el Catorce (14) de febrero de Dos Mil Trece ( 2013) a las 8:01 a.m., como aparentemente quedó consignado en el libro de servicio. Sin embargo, en las declaraciones rendidas por el gerente del banco Agrario y una auxiliar de dicha entidad, se señaló que ningún miembro de la Policía hizo presencia en las instalaciones de la entidad financiera al momento de su apertura ni cuando se abrió de la bóveda. A raíz de estas inconsistencias, el demandante fue vinculado al proceso disciplinario No. DECES-2013-12 que culminó con fallo de primera instancia del Veintiséis (26) de marzo

su apertura ni cuando se abrió de la bóveda. A raíz de estas inconsistencias, el demandante fue vinculado al proceso disciplinario No. DECES-2013-12 que culminó con fallo de primera instancia del Veintiséis (26) de marzo de Dos Mil Catorce (2014) por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cesar y la imposición de la sanción destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años para ejercer cargos públicos , por infracción de la conducta prevista en el artículo 34 numeral 30, literal e) de la ley 1015 de 200 6, calificada a título de dolo y confirmada mediante providencia del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Quince (2015) por la Inspección Delegada Región Ocho. En cuanto al requisito de procedibilidad, este fue cumplido ante la Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos, entidad que expidió constancia de no conciliación con fecha del Diez (10) de febrero de Dos Mil Dieciséis (2016)6. 1.2. Concepto de violación7.

La parte demandante argumentó que, dentro del proceso disciplinario se incurrió en falsa motivación, desviación de poder y vulneración al debido proceso , infringiendo las siguientes normas:

Con relación al artículo 29 de la Constitución Política , refiere que existió violación al debido proceso por los siguientes hechos:

• Las pruebas allegadas al proceso disciplinario son nulas, toda vez que fueron practicadas por un funcionario comisionado, a pesar de encontrarse dentro de la misma jurisdicción. En el ámbito del derecho disciplinario, la figura de la comisión

• Las pruebas allegadas al proceso disciplinario son nulas, toda vez que fueron practicadas por un funcionario comisionado, a pesar de encontrarse dentro de la misma jurisdicción. En el ámbito del derecho disciplinario, la figura de la comisión

6 Samai, índice 2, archivo No. 15 pag 150-151la demanda se radicó el 10 de febrero del 2016 (samai, índice 2, archivo No. 16) 7 Samai, índice 2, archivo No. 11 pag 4-254

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía Nacionaldentro de la misma jurisdicción no está permitida. Desde el punto de vista procesal, no existe justificación válida para que los jefes de las oficinas de control interno disciplinario de la Policía no practiquen directamente las pruebas, pues de lo contrario se vulnera el principio de inmediación de la prueba.

Narra que «Tanto en el auto de indagación preliminar como en el auto de investigación disciplinaria, el Jefe de la Oficinas de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cesar, COMISIONARON la práctica de pruebas que deberían practicarse en la jurisdic ción del competente, sede del señor jefe de Control Disciplinario Interno, situación que es contraria a derecho por cuanto le está prohibido al competente comisionar la práctica de pruebas dentro de su sede tal como lo contempla el artículo 133 de la Ley 734 de 2002».

Afirma que, «Por lo anterior, es que se solicita que las pruebas que se practicaron por funcionario comisionado se declaren nulas y posteriormente inexistentes y de esta forma como quiera que el

Afirma que, «Por lo anterior, es que se solicita que las pruebas que se practicaron por funcionario comisionado se declaren nulas y posteriormente inexistentes y de esta forma como quiera que el auto que cita a audiencia se fundamentó en esas pruebas, sea decretado igualmente nulo».

• Se incurrió en un defecto procedimental absoluto, por cuanto el operador disciplinario aplicó el procedimiento verbal en lugar del ordinario previsto en la Ley 734 de 2002 , que solo procede cuando el disciplinado es sorprendido en flagrancia, se encuentra en posesión de elementos relacionados con la conducta, confiesa los hechos, o cuando la falta es leve. En este caso, no existe en el expediente ningún indicio o prueba que demuestre que el patrullero Jehn Anderson Espinosa Lizcano fue sorprendido en flagra ncia ni en posesión de elementos derivados de la conducta investigada.

Respecto a la vulneración del artículo 23 del Código Disciplinario Único, se afirma que el auto de citación a audiencia no precisó el deber incumplido, vulnerándose el derecho a la defensa del disciplinado. Es esencial que se indique con claridad el deber transgredido para garantizar el debido proceso. Asimismo, se configura una nulidad por indebida adecuación típica de la conducta, constituyendo una irregularidad sustancial que afecta el proceso disciplinario, conforme al artículo 143, numeral 3, de la Ley 734 de 2002. Sobre ello, se manifestó:

«Ahora bien, en la presente investigación se citó a audiencia al señor JEHN ANDERSON ESPINOSA LIZCANO, de conformidad con la norma disciplinaria ley 1015 de 2006, en las distintas

ello, se manifestó:

«Ahora bien, en la presente investigación se citó a audiencia al señor JEHN ANDERSON ESPINOSA LIZCANO, de conformidad con la norma disciplinaria ley 1015 de 2006, en las distintas modalidades de culpabilidad que se reflejan en el auto que cita audiencia, NUNCA se estableció en los cargos cual fue la -afectación al deber funcional (ilicitud sustancial), solamente se limitaron a decir que la conducta de mi mandante fue según la norma especial la estipulada en el art. 345

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía Nacionalnúm. 30 a título de dolo como forma de culpabilidad, sin realizar la concatenación con la violación al deber funcional, en pocas palabras lo que realizó el ad quo (…) se resume tan solo en una conducta típicamente culpable, dejando por fuera la ilicitud sustancial, conllevando con ello a que no se completara la estructura de la falta disciplinaria tal como lo exige en su descripción el artículo 23 de la ley 734 de 2002, pues no se mencionó si esa conducta típicamente culpable realmente realizaba el incumpli miento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, generando con esto la nulidad que se propone tal como es la exist encia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, articulo 143 núm. 3 de la norma ibídem.»

Señala que, se conculcó el principio del juez natural, por cuanto se vulneró el artículo 29

irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, articulo 143 núm. 3 de la norma ibídem.»

Señala que, se conculcó el principio del juez natural, por cuanto se vulneró el artículo 29 y 228 de la Constitución Política, artículo 4 del Código de Procedimiento Civil y artículo 6 de la Ley 734 de 2002 , teniendo en cuenta que, «no puede existir un Juez natural, justo, imparcial, revestido de legalidad para ejercer funciones jurídicas, y sobre todo que garantice un debido proceso, una correcta administración de justicia, donde el funcionario encargado de proferir un fallo no ostenta la profesión de Abogado y si bien es cierto tiene título de Administrado r Policial, no tiene tarjeta profesional como lo exige la misma ley, y es allí donde viene al caso preguntarnos cómo es posible que un funcionario que no tenga conocimiento de lo que es el derecho y mucho menos estudios en la rama del derecho pueda estar cumpliendo funciones jurídicas y más aun aplicando el ius puniendi a nombre del estado y sin el lleno de los requisitos puesto que no tiene tarjeta profesional »

En atención a las irregularidades señaladas, afirma que, durante el proceso disciplinario no se garantizó la protección del disciplinado por parte de la Policía Nacional , Coordinación de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cesar, Inspección Delegada Región Ocho de Policía y Dirección General de la Policía Nacional, incurriéndose en:

Falsa motivación, al expedirse los actos administrativos, sin fundamento constitucional, legal ni judicial que sirviera de asidero jurídico para retirar al demandante.

Violación al Debido Proceso, por no salvaguardar las garantías Constitucionales y legales

Falsa motivación, al expedirse los actos administrativos, sin fundamento constitucional, legal ni judicial que sirviera de asidero jurídico para retirar al demandante.

Violación al Debido Proceso, por no salvaguardar las garantías Constitucionales y legales que la Constitución Política.6

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía Nacional2. Contestación de la demanda8.

La parte demandada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y sostuvo que, la institución actuó de acuerdo a la observancia del debido proceso y respeto por las garantías consagradas a favor del disciplinado en la investigación DECES-201312 en la cual, fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez (10) años.

Precisó que, la naturaleza de la sanción disciplinaria es una consecuencia jurídica que se impone a un servidor público cuando incumple sus deberes funcionales. La sanción se aplica tras un proceso legal que incluye investigación y juzgamiento, y debe estar sustentada en pruebas claras que demuestren la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado. Además, debe respetar principios constitucionales como la razonabilidad, proporcionalidad, justicia y la prohibición de la responsabilidad objetiva.

Argumentó que, constituyen faltas disciplinarias aquellas conductas descritas en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y la Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional), como el incumplimiento de deberes, extralimitación de

734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y la Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario para la Policía Nacional), como el incumplimiento de deberes, extralimitación de funciones, violación de inha bilidades, incompatibilidades, impedimentos, conflictos de interés y prohibiciones. Estas faltas dan lugar a la acción disciplinaria correspondiente.

En el caso del patrullero Jehn Anderson Espinosa Lizcano, afirma n que, el proceso disciplinario cumplió con todos los requisitos legales, incluyendo el respeto al debido proceso, la doble instancia y el derecho a la defensa. No se evidenció arbitrariedad ni falsedad en la motivación del fallo, y el acto administrativo está d ebidamente fundamentado en hechos y normas.

En efecto, la Policía Nacional instruye constantemente a su personal para garantizar un desempeño eficiente y disciplinado. Los miembros de esta institución deben mantener una conducta ejemplar, pues representan al Estado y tienen funciones esenciales en el mantenimiento del orden y la legalidad. El comportamiento del patrullero investigado se considera contrario a estos principios, lo que justificó la sanción impuesta.

Manifiestan que, no se vulneraron garantías procesales ni se incurrió en irregularidades que invaliden el proceso. Además, el proceso contencioso -administrativo no puede

8 Samai, índice 2, archivo No. 437

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía Nacionalconvertirse en una «tercera instancia disciplinaria ». En definitiva , existió legalidad en la decisión adoptada, fue debidamente motivada, se sustentó conforme a las normas

Demandado: NaciónPolicía Nacionalconvertirse en una «tercera instancia disciplinaria ». En definitiva , existió legalidad en la decisión adoptada, fue debidamente motivada, se sustentó conforme a las normas establecidas y corresponde al demandante demostrar lo contrario, aspecto que no ha logrado.

Finalmente, formuló como excepciones las que denominó: «innominadas o genéricas y presunción de legalidad».

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia proferida el Dos (2) de marzo de Dos Mil veintitrés (2023)9, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante;

El A-quo argumentó que, no se vulneró el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Señaló que, ante vacíos en el Código Único Disciplinario, puede aplicarse normativa compatible de otros estatutos procesales. En este caso, la norma especial no pr ohíbe la comisión dentro de la misma sede, como sí lo hace el artículo 171 del CGP. Por lo tanto, la comisión se justifica cuando el funcionario a cargo no puede practicar pruebas por estar fuera de su sede.

Así las cosas, s e comprobó que los testimonios comisionados fueron recibidos en el municipio de Chimichagua, fuera de la sede principal de Valledupar, y las pruebas fueron practicadas directamente por el jefe de control interno disciplinario. Además, la comisión a un funcionario de menor rango es válida como lo dispone el artículo 133 de la Ley 734 de 2002.

Respecto a la supuesta falta de claridad en el auto de citación a audiencia, que habría

a un funcionario de menor rango es válida como lo dispone el artículo 133 de la Ley 734 de 2002.

Respecto a la supuesta falta de claridad en el auto de citación a audiencia, que habría afectado el derecho a la defensa y generado una indebida adecuación típica, el Tribunal determinó que inicialmente se imputó la violación del literal c) del numeral 30 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. Sin embargo, esta decisión fue anulada mediante auto del ocho (8) de octubre de Dos Mil trece (2013), al no haberse practicado prueba pericial. Posteriormente, se formuló un nuevo cargo conforme al literal e) d e la misma normatividad.

9 Samai, índice 2, archivo No. 18

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía NacionalEn efecto, en el auto de citación y en el fallo se explicaron con detalle los elementos normativos, la adecuación de la conducta y las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que desvirtúa el argumento de falta de claridad, pues el apoderado tuvo oportunidad de orientar su defensa en ambas etapas del proceso. Por ende, la conducta del señor Espinoza Lizcano se ajustó al tipo disciplinario al registrar falsamente una ronda al Banco Agrario que no realizó, lo cual, aunque no produjo un daño concreto, afectó sustancialmente el deber funcional y la confianza de la comunidad en la Policía.

La Sala concluyó que la imputación cumplió con los requisitos de tipicidad y legalidad, al existir norma preexistente, identificarse el deber vulnerado, adecuarse la conducta al tipo

La Sala concluyó que la imputación cumplió con los requisitos de tipicidad y legalidad, al existir norma preexistente, identificarse el deber vulnerado, adecuarse la conducta al tipo del numeral 30 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, indicarse la sanci ón aplicable y calificarse la conducta como dolosa, al demostrarse conocimiento, voluntad e intención deliberada de infringir el ordenamiento disciplinario.

Sobre el argumento que el disciplinado no tuvo juez natural, por no ser abogados los funcionarios que dirigieron el proceso, precisó que , la Ley 1015 de 2006 autoriza a oficiales en servicio activo a ejercer funciones disciplinarias. No se evidenció abuso, exceso ni arbitrariedad en el trámite ni en las decisiones.

Respecto a que el proceso debió tramitarse por el procedimiento ordinario y no verbal, se concluyó que el procedimiento verbal fue correctamente aplicado, al momento de la apertura existían elementos sustanciales para formular cargos y las pruebas suficientes, identificación del investigado y evidencia de responsabilidad.

En conclusión, el Tribunal determinó que , la Policía Nacional respetó las garantías procesales del demandante y orientó la investigación conforme a los fines de la potestad disciplinaria. El actor no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos, por lo que no se acreditó su nulidad.

Finalmente, se precisó que, la vulneración al derecho a la no autoincriminación formulada como nuevo motivo de nulidad expuesto por el demandante en los alegatos de conclusión no serían considerados, pues implicarían una vulneración al derecho de defensa de la contraparte, al introducir argumentos no planteados en el concepto de la violación.9

como nuevo motivo de nulidad expuesto por el demandante en los alegatos de conclusión no serían considerados, pues implicarían una vulneración al derecho de defensa de la contraparte, al introducir argumentos no planteados en el concepto de la violación.9

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía NacionalEn atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, acorde con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte vencida en la litis, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta decisión. Se fijan como agencias en derecho la suma equivalente al 10% de las pretensiones denegadas, es decir, la cifra de CUATROCIENT OS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($450.612), suma que corresponde al 10% de la cifra señalada en la estimación razonada de la cuantía aportada en la demanda.

Por Secretaría, tásense según lo preceptuado en el artículo 366 del Código General del Proceso.»

4. El recurso de apelación10

La parte demandante , solicitó la revocatoria de la sentencia bajo los siguientes argumentos: ✓ Sobre la falta de adecuación típica integral de la conducta investigada Alegó que , no se realizó una adecuación típica completa de la conducta atribuida al investigado, conforme al literal e) del numeral 30 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. El análisis del tipo disciplinario fue incompleto, no se examinó un componente esencial,

investigado, conforme al literal e) del numeral 30 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. El análisis del tipo disciplinario fue incompleto, no se examinó un componente esencial, esto es, si la conducta fue cometida en razón del servicio, del cargo o de la función. Bajo su interpretación, esos elementos son fundamentales para justificar la afectación al deber funcional en este tipo de faltas. No se determinó si el investigado actuó en ejercicio de su servicio, o si se valió de su cargo o función para consignar hechos contrarios a la realidad. Asimismo, debió precisarse si la anotación en el libro de minuta de la entidad bancaria fue imprecisa o contraria a la realidad. La conjunción “o” en el tipo disciplinario no opera de forma disyuntiva, sino como parte integral del análisis, lo que exige determinar cuál de las dos situaciones se presentó. Adujo que, el cargo formulado no podía sustentarse en la suposición de haber registrado hechos contrarios a la realidad sin profundizar en el contexto funcional del servicio, cargo o función. Estos tres componentes son distintos y deben ser evaluados individualmente , pues, al revisar las pruebas obrantes en el proceso, se evidencia que el operador

10 Samai, índice 2-expediente digital-, archivo No. 6.10

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía Nacionaldisciplinario no demostró ninguno de estos elementos, omitiendo su análisis por completo. ✓ Vulneración al principio de no autoincriminación Argumenta que, tanto en los alegatos de conclusión formulados en primera instancia como en los fallos disciplinarios, se evidencia que el proceso disciplinario DECES 2013completo. ✓ Vulneración al principio de no autoincriminación Argumenta que, tanto en los alegatos de conclusión formulados en primera instancia como en los fallos disciplinarios, se evidencia que el proceso disciplinario DECES 201312, tuvo como origen la indagación preliminar radicada bajo el número P -DECES-20136. En esta etapa se practicaron pruebas testimoniales, entre ellas , la declaración jurada del patrullero Jehn Anderson Espinoza Lizcano, rendida el Diecisiete (17) de febrero de

Dos Mil Trece (2013). Dicha declaración fue posteriormente utilizada en su contra, en calidad de investigado, lo que contraviene el principio constitucional de no autoincriminación, consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política. Este principio protege al investigado de ser obligado a declarar en su contra y le otorga el derecho a guardar silencio. Al momento de rendir la declaración jurada, el señor Espinoza Lizcano no tenía la calidad de investigado, por lo que no se le aplicaban las garantías propias de dicha condición. En consecuencia, el funcionario disciplinario debió abstenerse de utilizar esa declaración como prueba en su contra, salvo que el investigado la aceptara expresamente como confesión, lo cual exige el cumplimiento de requisitos específicos establecidos en la Ley 734 de 2002. En definitiva, afirma que, el Tribunal Administrativo debió realizar un análisis profundo e integral de las pruebas que sustentaron los fallos de primera y segunda instancia, especialmente de esta declaración jurada, que obra en el expediente y fue utilizada en contra del hoy demanda nte. Esta actuación vulneró su derecho fundamental a no autoincriminarse, pues el operador disciplinario primero lo hizo declarar bajo juramento y

especialmente de esta declaración jurada, que obra en el expediente y fue utilizada en contra del hoy demanda nte. Esta actuación vulneró su derecho fundamental a no autoincriminarse, pues el operador disciplinario primero lo hizo declarar bajo juramento y luego usó esa misma declaración como prueba incriminatoria, sin observar las garantías procesales correspondientes.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del Veintidós (22) de marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024)11, el despacho

11 Samai, índice 511

Número Interno: 4631-2023

Demandante: Jehn Anderson Espinosa Lizcano Demandado: NaciónPolicía Nacionalsustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)12, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de l Cesar, que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto:

1. ¿Se evaluará si la autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso al no realizar una evaluación de la conducta y su respectiva ilicitud por razón del servicio, cargo o función? ii. ¿Determinar la admisibilidad del análisis de nuevos argumentos propuestos en los

1. ¿Se evaluará si la autoridad disciplinaria vulneró el debido proceso al no realizar una evaluación de la conducta y su respectiva ilicitud por razón del servicio, cargo o función? ii. ¿Determinar la admisibilidad del análisis de nuevos argumentos propuestos en los alegatos de conclusión de primera instancia y el recurso de apelación?

Para desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional; 2.2. Proceso verbal disciplinario; 2.3. Precedente de unificación de control integral de los actos disciplinarios ; 2.4. Tipicidad de la conducta e ilicitud sustancial 2.5. La actuación disciplinaria; y 2.6. Caso concreto.

12 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expu estos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordena r copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indi spensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”12

Número Interno: 4631-2