CE - Sentencia 20001233900020170045601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69309)

Actor: HOLDING MINERO S.A.S.

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL TRABAJO Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR PARTE DE PARTICULARES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Procedencia frente a entidades que ostenten competencia legal para ejecutar la medida de amparo o hayan asumido dicha obligación – no se configuró respecto de lo s Ministerios del Interior y del Trabajo / LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO – Régimen jurídico aplicable y alcance del procedimiento regulado en el Decreto 747 de 1992 / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDA DE AMPARO POLICIVO – Requisitos para su configuración – no se configuró por evidenciarse una actuación diligente, razonable y coordinada por parte del municipio, y concurrir circunstancias que justifican la inejecución de la medida.

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los Ministerios del Interior y del Trabajo, y se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que el municipio de La Jagua de Ibirico y los Ministerios del Interior y del Trabajo son responsables de los perjuicios sufridos como consecuencia de la omisión en la ejecución de la diligencia de cese de actos perturbatorios y desal ojo ordenada respecto del predio “Nuevo Horizonte”, el cual se utilizaba como parqueadero de maquinaria pesada destinada a actividades mineras.2

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de octubre de 2017 1, la sociedad Holding Minero S.A.S. (antes Masering Holding S.A.S., Masering S.A.S., Masering S.A. y Masering Ltda. 2) presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior y el municipio de La Jagua de Ibirico, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados con “la conducta omisiva de la señora alcaldesa del municipio de La Jagua de Ibirico (…)

Ministerio del Interior y el municipio de La Jagua de Ibirico, con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados con “la conducta omisiva de la señora alcaldesa del municipio de La Jagua de Ibirico (…) al no ejecutar su propio acto, la orden de policía contenida en la Resolución No. GGE 551 de fecha 10 -11-2015, emanada de ese ente territorial, por medio de la cual se resolvió una querella de amparo a la posesión y mera tenencia, a favor de la sociedad Masering Holding S.A.S. (…). Y por las vías de hecho, interferencia o intromisión en que incurrieron los viceministros del Interior (…) y del Trabajo (…) para impedir el cu mplimiento de la aludida sentencia policiva”. En consecuencia, pidió el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente3 y lucro cesante4, así como daño al buen nombre y perjuicios futuros5.

1 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01DEMANDA(.pdf)”. 2 Como consta en el certificado de existencia y representación legal de la empresa Holding Minero S.A.S. en reorganización, por escritura pública No. 2416 del 7 de julio de 1988, otorgada en la Notaría Segunda de Neiva e inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 27 de agosto de 1993, se constituyó la sociedad Masering Ltda. Posteriormente, mediante escritura pública No. 2342 del 20 de diciembre de 2007, inscrita en la misma Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2007, la sociedad se transformó e n Masering S.A. De acuerdo con el Acta No. 24 del 31 de marzo de 2009

de diciembre de 2007, inscrita en la misma Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2007, la sociedad se transformó e n Masering S.A. De acuerdo con el Acta No. 24 del 31 de marzo de 2009 de la asamblea de accionistas, inscrita el 22 de mayo de 2009, se efectuó una nueva transformación, adoptando la denominación Masering S.A.S. Finalmente, conforme al Acta No. 36 del 10 d e diciembre de 2013 de la asamblea de accionistas, inscrita el 16 de diciembre de 2013, la sociedad se transformó en Masering Holding S.A.S.Ver. Samai: Expediente digital, archivo “15_200012339000201700456012EXPEDIENTEDIGIDRIVE”, págs. 177 y 188. 3 Pidió la suma total de $159.700’971.399,66, discriminados así: (i) $24’595.147 USD ($72.500’098.617,78 a la tasa de cambio vigente a la fecha de presentación de la demanda), por el valor de la maquinaria pesada y liviana que sufrió pérdida total al perma necer inmovilizada y expuesta a la intemperie desde el 2015, sin recibir mantenimiento; (ii) $3’737.762 USD ($11.017’950.557,88 a la tasa de cambio vigente a la fecha de presentación de la demanda), por el incumplimiento en el pago de los contratos de leasing celebrados con City Bank, Helm Bank, Banco de Colombia Panamá y Banco de Bogotá; (iii) $232’380.855, por las sanciones impuestas por la DIAN al no poder reexportar la maquinaria retenida; (iv) $2.222’335.371, por el incumplimiento de

de Colombia Panamá y Banco de Bogotá; (iii) $232’380.855, por las sanciones impuestas por la DIAN al no poder reexportar la maquinaria retenida; (iv) $2.222’335.371, por el incumplimiento de pólizas asociadas a la finalización de la importación temporal de equipos y maquinaria; (v) $56’666.661, por la prórroga del contrato de arrendamiento de la finca “Nuevo Horizonte”, derivada de la imposibilidad de retirar la maquinaria del predio; y, (vi) $24’992.550 USD ($ 73.671’539.337 a la tasa de cambio vigente a la fecha de presentación de la demanda), por el pago de la cláusula penal del contrato celebrado con Carbones de Santander S.A.S., incumplido por la imposibilidad de utilizar la maquinaria retenida. 4 Solicitó la suma de $267.408’412.093, correspondientes a los ingresos operacionales dejados de percibir por la no ejecución del contrato celebrado con Carbones de Santander S.A.S. 5 Por este concepto pidió la suma de $267.408’412.093, derivados del riesgo al futuro económico y a la existencia de la empresa, que entró en situación de insolvencia.3

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que, el 20 de enero de 2014, suscribió un contrato de arrendamiento sobre el predio denominado “Nuevo Horizonte”, ubicado en el corregimiento de Boquerón, municipio de La Jagua de

Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que, el 20 de enero de 2014, suscribió un contrato de arrendamiento sobre el predio denominado “Nuevo Horizonte”, ubicado en el corregimiento de Boquerón, municipio de La Jagua de Ibirico, con el fin de utilizarlo como parqueadero temporal de maquinaria minera pesada, de la cual era propietaria o tenedora. Posteriormente, el 1º de agosto de 2015, celebró un contrato de cargue y acarreo de carbón con la sociedad Carbones de Santander S.A.S., cuya ejecución requería el traslado de dicha maquinaria hacia la mina “La Caypa”.

Sin embargo, el acceso al predio fue bloqueado por un grupo de personas que reclamaban el cumplimiento de derechos laborales, impidiendo el retiro de la maquinaria, reteniéndola en el lugar y exponiéndola a deterioro físico. Ante esta situación, el 31 de a gosto de 2015, la sociedad presentó querella policiva por perturbación de la posesión y tenencia, la cual fue admitida por la Alcaldía de La Jagua de Ibirico. En diligencia de inspección ocular realizada el 2 de octubre de 2015, se constató la presencia de manifestantes, el bloqueo de la vía y amenazas contra la maquinaria.

Como resultado, mediante Resolución No. GGE-551 del 10 de noviembre de 2015, la alcaldía concedió el amparo policivo y programó la diligencia de desalojo para el 20 de noviembre del mismo año, la cual no se ejecutó. La actuación fue reprogramada para los d ías 10 y 11 de marzo de 2016, previa convocatoria a

20 de noviembre del mismo año, la cual no se ejecutó. La actuación fue reprogramada para los d ías 10 y 11 de marzo de 2016, previa convocatoria a consejo de seguridad celebrado el 8 de marzo, en el que los viceministros del Interior y del Trabajo solicitaron suspender la diligencia, alegando el carácter social de la protesta y la necesidad de estab lecer mesas de diálogo. En igual sentido, el delegado territorial del Ministerio del Trabajo solicitó la suspensión indefinida.

La alcaldía accedió a dichas solicitudes, condicionando la ejecución del desalojo a la celebración de acuerdos laborales, lo que, según la parte actora, vulneró el principio de descentralización administrativa y contravino lo dispuesto en los artículos 2, 32 y 125 a 131 del Decreto 1355 de 1970, al abstenerse de ejecutar la medida, a pesar de las solicitudes del querellante, en las que se advertía sobre los perjuicios causados con la retención de la maquinaria.

La parte actora atribuyó el daño a una falla en el servicio por parte de la Alcaldía, derivada de la inejecución injustificada de la resolución que concedió el amparo policivo, y a los Ministerios del Interior y del Trabajo, por su indebida intromisión en4

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa la autonomía administrativa municipal y por inducir la suspensión indefinida de la diligencia.

2. El trámite de primera instancia

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa la autonomía administrativa municipal y por inducir la suspensión indefinida de la diligencia.

2. El trámite de primera instancia

2.1. El Tribunal Administrativo del Cesar, en auto del 12 de octubre de 2017 admitió la demanda 6 y, una vez notificadas las partes 7, estas presentaron sus planteamientos de defensa.

2.1.1. El Ministerio del Interior contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, al considerar que carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene competencia para ejecutar actos policivos ni para intervenir en su suspensión8.

2.1.2. El Ministerio del Trabajo también negó responsabilidad, señalando que sus actuaciones se limitaron a promover el diálogo social frente al conflicto laboral, sin interferir en las competencias de la alcaldía ni excusar su omisión9.

2.1.3. El municipio de La Jagua de Ibirico sostuvo que tramitó el proceso policivo conforme a la ley, y que la suspensión de la diligencia obedeció a directrices nacionales y a la falta de condiciones logísticas y de seguridad. Propuso las excepciones de: (i) causa extraña como eximente de responsabilidad; (ii) aplicación del método de ponderación de derechos; y (iii) ausencia de elementos estructurantes de responsabilidad10.

6 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03AUTOADMITEDEMANDA(.pdf)”. 7Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_05NOTIFICACIONESPD(.pdf)” y “ED_DRIVETRIB_07NOTIFICACIONESPD(.pdf)”.

7Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_05NOTIFICACIONESPD(.pdf)” y “ED_DRIVETRIB_07NOTIFICACIONESPD(.pdf)”. 8 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, folios 1 – 9. 9 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, folios 10 – 45, y “ED_DRIVETRIB_02CONTESTACIONDEMAND(.pdf)” 10 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_02CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”.5

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa 2.2. En la audiencia inicial del 8 de marzo de 2019, el Tribunal saneó el proceso, resolvió las excepciones 11, fijó el litigio 12 y decretó las pruebas solicitadas por las partes13. 2.3. La práctica de pruebas se surtió en las audiencias celebradas los días 26 14 y 27 de junio 15, 29 de agosto 16, 20 de noviembre de 2019 17 y 4 de noviembre de

202018.

2.4. En auto del 26 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y dispuso ordenar la presentación de alegatos de conclusión por escrito19.

2.4.1. En esa oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos esgrimidos en la demanda y sus respectivas contestaciones20.

presentación de alegatos de conclusión por escrito19.

2.4.1. En esa oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos esgrimidos en la demanda y sus respectivas contestaciones20.

2.4.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado atribuyó la responsabilidad a la parte demandante, por incumplimientos laborales del Consorcio Minero del Cesar —del cual la sociedad demandante era la socia mayoritaria—, y señaló que la suspensión fue u na decisión autónoma de la alcaldía21.

2.4.3. El Ministerio Público no rindió concepto.

11 En cuanto a las excepciones previas propuestas, el Tribunal negó la falta de legitimación en la causa por pasiva de los ministerios demandados, al considerar que, conforme a la imputación de la demanda, se les atribuye haber instado a la alcaldía a no eje cutar la diligencia de amparo policivo. De igual forma, frente a la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad formulada por el Ministerio del Trabajo, precisó que, si bien la audiencia de conciliación no pudo celebrarse dentro del término de tres meses, la parte actora sí presentó oportunamente la solicitud, incluyendo a todas las entidades demandadas, razón por la cual no podía tenerse por configurada la excepción. 12 En esa oportunidad se dispuso que el problema jurídico a resolver se contraía a: “determinar si las demandadas son administrativamente responsables de los presuntos daños sufridos por HOLDING MINEROS SAS (antes MASERING HOLDING SAS) por no haber hecho efectivo un AMPARO POLICIVO ordenado a su favor en razón al bloqueo de una serie de p ersonas al acceso a sus maquinarias para realizar labores previamente contratadas”.

MINEROS SAS (antes MASERING HOLDING SAS) por no haber hecho efectivo un AMPARO POLICIVO ordenado a su favor en razón al bloqueo de una serie de p ersonas al acceso a sus maquinarias para realizar labores previamente contratadas”. 13 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_06AUDIENCIAINICIAL(.pdf)”. 14 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_08ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”y “ED_DRIVETRIB_11ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”. 15 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_13ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”. 16 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”. 17 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_09ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”. 18 Samai: Expediente digital, archivo “159_2000123390002017004560145EXPEDIENTEDIGIDRIVE”. 19 Samai: Expediente digital, archivo “163_2000123390002017004560149EXPEDIENTEDIGIDRIVE”. 20 Samai: Expediente digital, archivos “ED_DRIVETRIB_50ALEGATOS(.pdf)”, “ED_DRIVETRIB_51ALEGATOSCONCLUSION(.pdf)”, “ED_DRIVETRIB_53ALEGATOS(.pdf)” y “ED_DRIVETRIB_52ALEGATOS(.pdf)” 21 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_54ALEGATOS(.pdf)”.6

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante providencia del 22 de septiembre de 2022, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por los Ministerios del Interior y del Trabajo, y negó las pretensiones de la demanda.

Respecto de los ministerios, concluyó que sus actuaciones se ajustaron a las competencias legales asignadas. En el caso del Ministerio del Trabajo, consideró que la intervención del Delegado Territorial se enmarcó en funciones misionales de promoción del diálogo social y prevención de alteraciones al orden público, sin que constituyeran órdenes vinculantes ni fueran la causa directa del daño. En igual sentido, respecto del Ministerio del Interior, señaló que la participación de sus funcionarios en el consejo de seguridad previo a la diligencia de desalojo se limitó a recomendaciones orientadas a evitar confrontaciones, sin que existiera facultad para intervenir en decisiones propias de la autoridad municipal.

En cuanto a la responsabilidad del municipio, el Tribunal reconoció la existencia de una omisión en la ejecución de la resolución que concedía el amparo policivo, pero concluyó que esta no fue la causa eficiente del daño. Atribuyó la afectación a la conducta de la sociedad demandante —Holding Minero S.A.S., antes Masering S.A.S.—, en su calidad de miembro mayoritario del Consorcio Minero del Cesar, por el incumplimiento de obligaciones laborales que motivaron la protesta de los

conducta de la sociedad demandante —Holding Minero S.A.S., antes Masering S.A.S.—, en su calidad de miembro mayoritario del Consorcio Minero del Cesar, por el incumplimiento de obligaciones laborales que motivaron la protesta de los trabajadores y la ocupación del predio, configurando culpa exclusiva de la víctima.

El fallo destacó que el conflicto laboral que dio origen a la ocupación del predio se remonta al año 2013, cuando se suspendieron los contratos laborales, y que la retención de la maquinaria ocurrió con anterioridad al trámite policivo. En ese contexto, el Tribunal consideró que la suspensión de la diligencia de desalojo respondió a la necesidad de evitar una confrontación entre derechos fundamentales en tensión: de un lado, los trabajadores que reclamaban el pago de salarios adeudados; y, del otro, la prot ección de la posesión del predio y de los bienes retenidos. Señaló que los perjuicios ya se habían consolidado al momento de la decisión administrativa, por lo que no eran jurídicamente atribuibles al municipio, dado que se estructuraron con la toma violen ta de las instalaciones. En consecuencia, la suspensión de la diligencia se justificó como una medida orientada a facilitar espacios de diálogo y prevenir un conflicto social de mayor escala.7

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa Finalmente, el Tribunal descartó la idoneidad del dictamen pericial para probar los perjuicios, por considerar que carecía de credibilidad técnica y probatoria. En

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa Finalmente, el Tribunal descartó la idoneidad del dictamen pericial para probar los perjuicios, por considerar que carecía de credibilidad técnica y probatoria. En particular, señaló que: (i) se basó en estados financieros anteriores a los hechos, sustentando sus conclusiones en supuestos no verificados; (ii) incluyó como propios bienes adquiridos mediante contratos de leasing, sin descontar los valores efectivamente pagados, los intereses ni las máquinas retiradas por el proveedor

(Caterpillar de México); (iii) fundamentó la existencia de good will en publicaciones de revistas, sin respaldo técnico; (iv) incorporó sanciones tributarias impuestas por la DIAN sin acreditar su pago; (v) apoyó la valoración de la maquinaria en un informe elaborado por un ingeniero mecánico sin la idoneidad requerida, qui en concluyó que, debido al deterioro, los equipos carecían de valor comercial y debían ser indemnizados como nuevos; y (vi) omitió soporte documental sobre el estado del proceso de reorganización empresarial22.

4. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, formulando los siguientes reparos:

En primer lugar, sostuvo que el daño alegado debía analizarse bajo el título de imputación de la falla en el servicio, al encontrarse acreditada la omisión de la Alcaldesa de La Jagua de Ibirico en la ejecución de la Resolución No. GGE-551 de 2015, que ord enaba el desalojo del predio “Nuevo Horizonte”. Indicó que dicha omisión constituyó una infracción al deber legal de garantizar el amparo policivo y

2015, que ord enaba el desalojo del predio “Nuevo Horizonte”. Indicó que dicha omisión constituyó una infracción al deber legal de garantizar el amparo policivo y fue la causa directa de los perjuicios reclamados.

Adujo que no era jurídicamente procedente legitimar la retención de hecho ejercida por los trabajadores, por cuanto el derecho de retención requiere reconocimiento judicial, lo cual no ocurrió en este caso. Asimismo, cuestionó que el Tribunal hubiera emitido juicios de valor sobre la responsabilidad solidaria de la empresa frente a los trabajadores, sin que dicho asunto hubiese sido objeto de debate en la jurisdicción competente.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de los Ministerios del Trabajo y del Interior, señaló que su intervención excedió sus competencias misionales y

22 Samai: Expediente digital, archivo “189_2000123390002017004560175EXPEDIENTEDIGIDRIVE”.8

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa constituyó una injerencia indebida en la autonomía territorial. Resaltó que dicha intervención se materializó a través de actuaciones de los Delegados Territoriales y Viceministros de los respectivos ministerios, quienes solicitaron expresamente la suspensión de la diligencia policiva, como consta en el acta del consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016 y en comunicaciones oficiales. Afirmó que esta conducta configuró una usurpación funcional, al trasladar de facto la decisión a autoridades nacionales sin competencia para ello.

seguridad del 8 de marzo de 2016 y en comunicaciones oficiales. Afirmó que esta conducta configuró una usurpación funcional, al trasladar de facto la decisión a autoridades nacionales sin competencia para ello.

Finalmente, reprochó que el Tribunal hubiera desvirtuado el valor probatorio del dictamen pericial sin que este hubiera sido objetado por las partes e indicó que los perjuicios reclamados se encontraban plenamente acreditados. En particular, destacó que el dictamen técnico daba cuenta del daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de good will , lo cual se encontraba corroborado con la prueba documental y los testimonios de Ricardo Ruiz Vallejo, Ricardo Iguarán Aguilar y Hermes Hernández Portella23.

El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo del Cesar el 27 de octubre de 202224 y remitido al Consejo de Estado para su trámite mediante oficio del 23 de noviembre del mismo año25.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. En proveído del 3 de marzo de 2023, esta Corporación admitió el recurso de apelación26. En aplicación del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 27, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, toda vez que en esta instancia no se decretaron pruebas28.

5.2. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión apelada, al considerar que el daño alegado tuvo origen en la ocupación del predio por parte de trabajadores que reclamaban derechos laborales frente a la sociedad demandante, lo que

23 Samai: Expediente digital, archivo “191_2000123390002017004560177EXPEDIENTEDIGIDRIVE”.

reclamaban derechos laborales frente a la sociedad demandante, lo que

23 Samai: Expediente digital, archivo “191_2000123390002017004560177EXPEDIENTEDIGIDRIVE”. 24 Samai: Expediente digital, archivo “ED_81AUTOCONCEDERECURSO(.pdf)”. 25 Samai: Expediente digital, archivo “ED_GMAILRV_OFICIOG(.pdf)”. 26Samai, índice 4. 27 La Ley 2080 de 2021 resulta aplicable al sub examine, con excepción de las normas que modifican la competencia, por cuanto el recurso de apelación fue interpuesto el 5 de octubre de 2022, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 -25 de enero de 2021-. 28 No obstante, en los índices 10 y 12 del Samai de la Corporación reposan los alegatos de conclusión presentados por el Ministerio del Trabajo y la parte actora, en los cuales se reiteran íntegramente los argumentos expuestos en las diferentes oportunidades procesales.9

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros Referencia: Medio de Control de Reparación Directa configuraba culpa exclusiva de la víctima y rompía el nexo causal con la actuación estatal. Agregó que la suspensión de la diligencia de desalojo obedeció a razones de orden público valoradas en el consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016, en el que se advirtió la imposibilidad de ejecutar la medida sin poner en riesgo la vida e integridad de los trabajadores; y aunque reprochó el uso de vías de hecho, precisó

de orden público valoradas en el consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016, en el que se advirtió la imposibilidad de ejecutar la medida sin poner en riesgo la vida e integridad de los trabajadores; y aunque reprochó el uso de vías de hecho, precisó que ello no compromete la responsabilidad del Estado, dado que la administración actuó dentro del marco de sus competencias y limitaciones29.

5.3. En auto del 26 de mayo de 2025, se fijaron los honorarios del perito Albeiro Álvarez Hurtado, a cargo de la parte demandante30.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “ las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

Por su parte, el artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales” , cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV.

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición 31, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo del a quo.

29 Samai, índice 13. 30 Samai, índice 34.

Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo del a quo.

29 Samai, índice 13. 30 Samai, índice 34. 31 La pretensión por concepto de lucro cesante ascendió a $267.408’412.093. Para la fecha de presentación de la demanda -2017500 SMLMV equivalían a $368’858.500.10

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)

Actor: Holding Minero S.A.S.

Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

2. Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 164, numeral 2, literal i) de la Ley 1437 de 2011, el medio de control de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde el momento en que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior, y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Puntualmente, en los casos relacionados con procesos policivos por ocupación de hecho, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “la caducidad de la acción de reparación directa dependerá, como ocurre como regla general, del momento en que se tuvo conocimiento de la situación, no de aquella que generó la ocupación –puesto que ésta no constituye el origen del daño - sino de la que consolidó en cabeza del querellante la certeza de que no se iba a proteger la

momento en que se tuvo conocimiento de la situación, no de aquella que generó la ocupación –puesto que ésta no constituye el origen del daño - sino de la que consolidó en cabeza del querellante la certeza de que no se iba a proteger la situación fáctica que originó el proceso policivo”32.

En el presente asunto, la parte actora fundamenta sus pretensiones en la falta de ejecución de la Resolución No. GGE -551 de 10 de noviembre de 2015, que ordenaba el cese de actos perturbatorios sobre el predio “Nuevo Horizonte”. Según lo afirmado en la demanda, dicha omisión se consolidó en el consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016, en el que se decidió suspender “indefinidamente” la diligencia de desalojo programada para los días 10 y 11 del mismo mes.

Aunque no obra constancia del archivo formal del procedimiento policivo —lo que en teoría permitiría a la administración retomar las actuaciones —, la Sala advierte que fue en dicha reunión en la que la parte actora tuvo conocimiento de la suspensión de la diligencia, lo que implicó la imposibilidad de obtener el restablecimiento del statu quo y la protección de su derecho de tenencia, circunstancias de las cuales la parte actora hace derivar los perjuicios alegados en la demanda, razón por l