CE - Sentencia 20001233900020170050302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022)

Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, Seccional Valledupar

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal, promiscuo y de circuito.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de l Cesar, el 16 de diciembre de 2021 , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Jesús Armando Zamora Suárez , quien desempeñó el cargo de juez y magistrado , presentó demanda contra la Nación , Rama Judicial , Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, con el propósito de obtener la reliquidación y pago de la prima especial, así como de las prestaciones sociales con base en el 100%

presentó demanda contra la Nación , Rama Judicial , Dirección Seccional de Administración Judicial de Valledupar, con el propósito de obtener la reliquidación y pago de la prima especial, así como de las prestaciones sociales con base en el 100% de la remuneración mensual . La Dirección Seccional de Administración Judicial no emitió respuesta a la solicitud presentada en sede administrativa ni presentó escrito de contestación a la demanda. El demandante afirmó que los actos administrativos que negaron la petición son nulos, porque desconocieron la naturaleza salarial de la prima especial y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estad o. La sentencia apelada reconoció el derecho reclamado y declaró la prescripción de las obligaciones causadas antes del 26 de enero de 2014. La entidad apelante aduce que no cuenta con disponibilidad presupuestal para el pago de la prima especial como un emolumento adicional de la remuneración.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Jesús Armando Zamora Suárez , mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 24 de octubre de 2017, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad del acto presunto configurado por el silencio de la administración frente a la solicitud presentada por el demandante el 26 deRadicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022) Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 enero de 2017, mediante la cual solicitó la reliquidación de las prestaciones desde 1993, con base en el 100 % d e la remuneración mensual que se reducía en un 30 % pagado a título de prima especial.

(ii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reconocer, liquidar y pagar al señor Jesús Armando Zamora Suárez la prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , como una adición a la remuneración básica mensual devengada desde que desempeña el cargo de juez.

(iii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas tales como cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, prima de vacaciones y vacaciones, con base en el 100 % de la remuneración básica mensual.

(iv) Ordenar a la entidad demandada reajustar o actualizar al momento de la ejecutoria del fallo de primera o segunda instancia las sumas a pagar, conforme con el índice de precios al consumidor (IPC).

(v) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(v) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(i) Laboró al servicio de la rama judicial desde el 30 de junio de 1987. Se desempeñó como juez en Valledupar, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Sala Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupaba al momento de presentar la demanda.

(ii) Desde el año 1993 ha recibido la asignación básica y la prima especial, no como una adición de la remuneración sino como una fracción que no constituye factor salarial.

(iii) Solicitó el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , mediante petición presentada el 26 de enero de 2017, la cual no fue resuelta, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo negativo.

(iv) El 18 de julio de 2017 presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se entiende agotada por el vencimiento del término legal establecido por el artículo 20 de la Ley 640 de 20013.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículo 53; Ley 4 de 1992, artículo 14; Decreto 51 de 1993, artículo 9; Decreto 54 de

1 SAMAI, índice 2, 20001233900120170050300, 01ExpedienteDigital folios 19 al 20.

artículo 53; Ley 4 de 1992, artículo 14; Decreto 51 de 1993, artículo 9; Decreto 54 de

1 SAMAI, índice 2, 20001233900120170050300, 01ExpedienteDigital folios 19 al 20. 2 SAMAI, índice 2, 20001233900120170050300, 01ExpedienteDigital folios 17 al 19. 3 «ARTÍCULO 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. Si de conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible, y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.»Radicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022) Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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3 1993, artículos 9 y 10; Decreto 57 de 1993, artículo 6; Decreto 104 de 1994, artículo 9; Decreto 106 de 1994, artículo 6; Decreto 107 de 1994, artículos 9 y 10; Decreto 26 de 1995, artículos 10 y 11; Decreto 43 de 1995, artículo 7; Decreto 47 de 1995, artículo

9; Decreto 34 de 1996, artículo 9; Decreto 35 de 1996, artículos 10, 12 y 14; Decreto 36 de 1996, artículo 6; Decreto 47 de 1997, artículo 9; Decreto 56 de 1997, artículos 9, 11 y 13; Decreto 76 de 1997, artículo 6; Decreto 64 de 1998, artículo 6; Dec reto 65 de 1998, artículo 9; Decreto 67 de 1998, artículos 9, 11 y 13; Decreto 37 de 1999, artículos 11 y 13; Decreto 43 de 1999, artículo 9; Decreto 44 de 1999, artículo 6; Decreto 2734 de 2000, artículos 9, 11 y 13; Decreto 2739 de 2000, artículo 9; Decreto 2740 de 2000, artículo 7; Decreto 1474 de 2001, artículo 9; Decreto 1475 de 2001, artículo 7; Decreto 1482 de 2001, artículos 9, 11 y 13; Decreto 2720 de 2001, artículo 7; Decreto 2724 de 2001, artículo 9; Decreto 2730 de 2001, artículos 9, 11 y 13; Decreto 673 de 2002, artículo 6; Decreto 682 de 2002, artículo 9; Decreto 683 de 2002, artículos 8, 10 y 12; Decreto 3548 de 2003, artículos 8, 10 y 12; Decreto 3568 de 2003, artículo 9; Decreto 3569 de 2003, artículo 6; Decreto 4169 de 2004, artículos 8, 10 y

artículo 9; Decreto 3569 de 2003, artículo 6; Decreto 4169 de 2004, artículos 8, 10 y 12; Decreto 4171 de 2004, artículo 9; Decreto 717 de 2004, artículo 6; Decreto 933 de 2005, artículos 8, 10 y 12; Decreto 935 de 2005, artículo 9; Decreto 936 de 2005, artículo 6; Decreto 388 de 2006, artículo 9; Decreto 389 de 2006, artículo 6; Decreto 392 de 2006, artículos 8, 10 y 12; Decreto 617 de 2 007, artículo 9; Decreto 618 de 2007, artículo 6; Decreto 621 de 2007, artículos 8, 10 y 12; y Decreto 3048 de 2007, artículos 8, 9 y 11.

4. En el concepto de violación, el actor afirmó que los actos administrativos demandados desconocen la normativa superior y las decisiones judiciales vigentes, en particular las sentencias del Consejo de Estado, mediante las cuales se ha reconocido el carácter salarial de la prima especial. Señaló que esta prima corresponde a un porcentaje adicional a la remuneración men sual y, en tal medida, la fracción que se descontaba del sueldo debe ser incluida en la base de liquidación de las prestaciones sociales.

2.2. Contestación de la demanda

5. La entidad demandada no presentó escrito de contestación dentro del término previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), razón por la cual se tuvo por no contestada la demanda4.

2.3. Sentencia de primera instancia

previsto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), razón por la cual se tuvo por no contestada la demanda4.

2.3. Sentencia de primera instancia

6. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia dictada el 16 de

diciembre de 2021, dispuso lo siguiente5:

PRIMERO: DECLARAR probada la PRESCRIPCIÓN DE LAS ACREENCIAS LABORALES, de acuerdo con lo expuesto.

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucionales las siguientes disposiciones: artículo 8° del Decreto 1039 del 04 de abril de 2011, artículo 8° del Decreto 1388 del 26 de marzo de 2010, artículo 8° del Decreto 723 del 6 de marzo de 2009, artículo 8° del Decreto 658 del 4 de marzo de 2008, artículo 6° del Decreto 618 del 2 de marzo de 2007, artículo 6° del Decreto 389 del 8 de febrero de 2006 expedidos por el gobierno nacional, de conformidad con la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto negativo producto de la petición presentada de fecha 26 de enero de 2017 expedido por la

4 SAMAI, índice 2, 20001233900120170050300, Auto. 5 SAMAI, índice 2, 20001233900120170050300, 08Sentencia y 13CorreccionSentencia.Radicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022) Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4 Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial. De conformidad con lo expuesto.

CUARTO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR a reconocer y pagar al señor JESÚS ARMANDO ZAMORA SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.378.251, desde el 26 de enero del año 2014 y en adelante mientras preste sus servicios a la rama judicial como juez de la república, o hasta el momento que dejare de ostentar tal cargo, el CIEN POR CIENTO (100%) del salario básico legalmente previsto en los decretos anuales dictados por el gobierno, al tener la prima especial como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de esta como hasta el momento lo ha hecho.

QUINTO: Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho CONDÉNESE a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR a reconocer y pagar al señor JESÚS ARMANDO ZAMORA SUAREZ, (…) desde el 26 de enero del año 2014 y en adelante mientras preste sus servicios a la rama judicial como juez de la república, o hasta el momento que dejare de ostentar tal cargo, la prima mensual sin carácter

y en adelante mientras preste sus servicios a la rama judicial como juez de la república, o hasta el momento que dejare de ostentar tal cargo, la prima mensual sin carácter salarial en cuantía equivalente al treinta (30%) de la asignación básica legal mensual, legalmente prevista en los decretos del Gobierno, teniéndola como un plus o valor adicional sobre la misma y no como parte integrante de esta como hasta el momento lo ha hecho, para el cargo de Juez de la república desempeñado por el demandante.

SEXTO: CONDÉNESE a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR a reconocer y pagar a l señor JESÚS ARMANDO ZAMORA SUAREZ, identificado (…), desde el 26 de enero del año 2014 y en adelante mientras preste sus servicios a la rama judicial como Juez de la República, la totalidad de sus prestaciones sociales, salariales y emolumentos laborales, tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social, teniendo como base de liquidación el 100% de la asignación básica legal, incluyendo el 30% de esta que hasta ahora le ha restado al salario para considerarlo prima, para el cargo de Juez de la república desempeñado por el demandante.

SÉPTIMO: La RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del CPACA y reconocerá intereses en la forma prevista en el artículo 192 ibídem.

OCTAVO: CONDÉNESE en COSTAS a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA

en la forma prevista en el artículo 192 ibídem.

OCTAVO: CONDÉNESE en COSTAS a la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR a favor de la parte actora. Liquídense por Secretaría tal como lo indica el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se fijan en la suma correspondiente al 8% del valor de la condena.

NOVENO: Realizar los descuentos de Ley a la parte demandante a los que hubiere lugar.

DÉCIMO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE al demandante el excedente, si lo hubiere, de las sumas consignadas para gastos del proceso, previa anotación en el Sistema Informático de Administración Judicial Siglo XXI y archívese el expediente.

7. Para resolver el asunto, el tribunal acogió en su integridad la tesis expuesta en las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 2 de septiembre de 2019, mediante las cuales el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos que disponían la integración de la remuneración mensual con la inclusión de la prima especial. En dichas providencias, el Consejo de Estado precisó que el 30 % correspondiente a la prima especial representa un valor adicional al salario básico mensual y no un componente integrado a este. La interpretación incorrecta de dicha norma llevó a considerar esta prima como parte del salario, en contravía de su naturaleza jurídicaRadicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022) Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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5 como prestación autónoma.

8. Adujo que los decretos que contemplan la prima especial como un 30% del salario, a l disminuir el valor total de la remuneración mensual, transgreden los principios de progresividad y no regresión y los derechos adquiridos. En este orden, reconoció el derecho y declaró la prescripción de las obligaciones causadas con anterioridad al 26 de [enero] de 2014 6, por cuanto el demandante presentó la reclamación el 26 de enero de 2017.

9. Condenó en costas a la parte demandada a partir del criterio objetivo valorativo, con fundamento en el artículo 188 del CGP.

2.4. Recurso de apelación

10. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al considerar que la liquidación de las prestaciones sociales de los jueces se ha efectuado sobre el 70 % de la remuneración mensual y el 30 % restante como prima especial sin carácter salarial, porque así lo establecen los decretos anuales que expide el Gobierno nacional.

11. Además, afirmó que existen razones presupuestales que impiden asumir las obligaciones derivadas de la sentencia de nulidad de los decretos, ya que, conforme con la normativa presupuestal vigente, ninguna autoridad puede asumir obligaciones

11. Además, afirmó que existen razones presupuestales que impiden asumir las obligaciones derivadas de la sentencia de nulidad de los decretos, ya que, conforme con la normativa presupuestal vigente, ninguna autoridad puede asumir obligaciones atribuibles al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes. En tal sentido, no es posible asumir este pago, toda vez que, a la fecha, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos necesarios para cubrir los valores adicionales que se generarían por el reconocimiento de la prima especial del 30 % como un emolumento adicional a la remuneración mensual , con anterioridad al 1 de enero de 2021, fecha a partir de la cual se empezó a pagar conforme al Decreto 272 de 2021.

12. Señaló que los derechos reconocidos deben ser los causados durante el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2014 y el 12 de junio de 2017, fecha en la que el demandante dejó de ejercer el cargo de juez en Valledupar y asumió el empleo de magistrado auxiliar de la Sala Laboral de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, porque a partir de ese momento ha devengado el monto máximo salarial previsto en la ley.

13. Con respecto a la condena en costas afirmó que no procede porque al proceso no se allegó ningún elemento probatorio que acredite su causación7.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

14. Mediante auto del 30 de marzo de 2023, la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de la Subsección B en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal

14. Mediante auto del 30 de marzo de 2023, la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de la Subsección B en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido y ser beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios de la Rama Judicial, circunstancia que generaba interés directo en el proceso8.

6 El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante providencia del 10 de febrero de 2020, corrigió la sentencia en el siguiente sentido: «en el numeral SEXTO de la parte resolutiva, al momento de concretar el tiempo en el que sería reconocido dicho derecho, se incurrió en el error de anotar la fecha del 26 de abril de 2014, cuando debió anotarse la fecha del 26 de enero de 2014, como es lo correcto, como lo expuso la sala en los demás ordinales de la referida sentencia». 7 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 32, 17Recepcionrecur_Recursoapelacion2018(.pdf) NroActua 32. 8 Samai, índice 11.Radicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022) Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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15. Los magistrados de la Subsección A manifestaron su impedimento con fundamento en el artículo 141 -1 del Código General del Proceso, al tener interés

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15. Los magistrados de la Subsección A manifestaron su impedimento con fundamento en el artículo 141 -1 del Código General del Proceso, al tener interés directo en el proceso por ser beneficiarios de la prima especial como funcionarios de

la Rama Judicial.

16. Con posterioridad, la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado) , realizó la designación de conjueces e integró la lista correspondiente en sesión del 23 de enero de 20259.

17. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 30 del sistema de gestión judicial SAMAI.

18. Mediante auto del 10 de marzo de 202510, el conjuez designado por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA11, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

19. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

20. Previamente, la mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron declarar infundado el impedimento manifestado por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en

el presente asunto, por tres razones, a saber12:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el

9 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su

motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. 10 Samai, índice 21. 11 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cu ando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024, 5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.Radicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022) Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

21. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, conforme con el cual los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

22. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

23. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 13, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

24. ¿La entidad demandada reconoció la prima especial como un porcentaje adicional a la remuneración mensual devengada por el demandante en condición de juez, conforme el artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

24. ¿La entidad demandada reconoció la prima especial como un porcentaje adicional a la remuneración mensual devengada por el demandante en condición de juez, conforme el artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

25. ¿En caso de proceder el reconocimiento de las diferencias salariales reclamadas por concepto de prima especial, estas solo serían exigibles hasta el 12 de junio de 2017 , fecha en la que dejó de ejercer el cargo de juez y asumió funciones como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia?

26. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la entidad apelante constituye un argumento válido para negar el reconocimiento de la prima especial y las diferencias salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual?

27. Por último, la Sala se ocupará de establecer la procedibilidad de la condena en costas impuesta en la sentencia apelada.

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

28. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativo, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribuna l Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribuna l Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

13 CGP, artículos 320 y 328.Radicación: 20001-23-39-000-2017-00503-02 (4200-2022) Demandante: Jesús Armando Zamora Suárez Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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29. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199314 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Ju