CE - Sentencia 20001233900020200050301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 20-001-23-33-000-2020-00503-01(2355-20251)

Demandante: Albeiro Pino Reyes

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección SocialUGPP Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Pensión gracia Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada , contra la sentencia del Veintiséis (26) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones

El señor Albeiro Pino Reyes , por intermedio de apoderado judicial, acudió a esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1. Resoluciones RDP 34375 del 18 de noviembre de 2019 y la No. RDP 001275 del 20 de enero de 2020, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión

actos administrativos:

1. Resoluciones RDP 34375 del 18 de noviembre de 2019 y la No. RDP 001275 del 20 de enero de 2020, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 3, mediante la s cuales, se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

1 Expediente electrónico 2 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 61archivo 30 demanda 3 De ahora en adelante UGPP2

Número Interno: 2355-2025

Demandante: Albeiro Pino Reyes

Demandado: Ugpp

A título de restablecimiento del derecho , solicitó: (i) Ordenar a la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión gracia desde el momento en que adquirió el estatus de pensionado, esto es, 24 de marzo de 2010 , teniendo en cu enta, todos los factores salariales dejados de percibir; (ii) ajustar la pensión en los términos del artículo 187 del CPACA; (iii) se condene en costas4.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El demandante nació el veinti cuatro (24) de marzo de Mil Novecientos Sesenta (1960), cumpliendo su estatus de pensionado el veinticuatro (24) de marzo de Dos Mil Diez (2010). Manifestó que, prestó sus servicios como educador por más de 20 años, funciones que desempeñó con honestidad, idoneidad y buen crédito, a través de las siguientes vinculaciones y tiempos:

1. Desde el 10 de febrero de 1980 hasta el 30 de noviembre de 1980; del 12 de

desempeñó con honestidad, idoneidad y buen crédito, a través de las siguientes vinculaciones y tiempos:

1. Desde el 10 de febrero de 1980 hasta el 30 de noviembre de 1980; del 12 de agosto de 1981 hasta el 30 de noviembre de 1981; del 01 de marzo de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1982; del 1 de febrero de 1983 hasta el 28 de marzo de 1993, periodo en el que realizó una licencia, y del 07 de mayo de 1984 hasta el 30 de noviembre de 1984. Lapsos de tiempo que certificó el profesional universitario de Talento Humano de la alcaldía de Aguachica-Cesar el 23 de mayo de 2019.

2. La secretaria de educación del departamento del Cesar nombró al docente en propiedad mediante resolución No. 000403 del 01 de marzo de 1988 , para desempeñar el cargo en la Institución educativa Sor Matilde de Sastoque.

Indicó que, el doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019) solicitó ante la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, el reconocimiento de la pensión gracia. Sin embargo, dicha entidad negó la solicitud mediante las Resoluciones No. 0 34375 del 18 de noviembre de 2019 y No. RDP 001275 del 20 de enero de 2020, al considerar que el docente no cumplía con los veinte (20) años de servicio exigidos, toda vez que, no es posible computar el tiempo laborado en cargos del orden nacional ni aquel los

4 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 61archivo 30 demanda, Página 2 se cita conforme se relacionan las pretensiones en la demanda3

posible computar el tiempo laborado en cargos del orden nacional ni aquel los

4 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 61archivo 30 demanda, Página 2 se cita conforme se relacionan las pretensiones en la demanda3

Número Interno: 2355-2025

Demandante: Albeiro Pino Reyes

Demandado: Ugpp

desempeñados en funciones administrativas, totales o parciales. Señaló, además, que la certificación del 6 de agosto de 2019 no especifica el tipo de vinculación ni el cargo desempeñado.

Frente a la negativa, interpuso recurso de apelación, insistiendo en que los documentos aportados «en especial el acta de posesión del 10 de febrero de 1980» acreditan el cargo y la plaza ocupada, al igual que las actas correspondientes a los años 1981, 1982 y 1984. No obstante, la UGPP desestimó el recurso y confirmó la decisión inicial mediante la Resolución No. RDP 001275 del 20 de enero de 2020.

1.2. Concepto de violación. La parte actora invocó como normas trasgredidas las siguientes: artículos 2, 6, 13, 25, 53, 58 de la Constitución Política; artículos 1, 4 y 5 de la Ley 114 de 1913; artículo 6 de la Ley 116 de 1928; Decreto 081 de 1976, Decreto ley 2277 de 1979 y, Ley 91 de 1989. Como sustento de lo anterior, con relación a la pensión gracia señaló que, los certificados de tiempo de servicio fueron prestados con nombramiento territorial y no nacional como lo aduce el demandando. Vinculación que se efectuó antes del 31 de diciembre de 1980.

Como sustento de lo anterior, con relación a la pensión gracia señaló que, los certificados de tiempo de servicio fueron prestados con nombramiento territorial y no nacional como lo aduce el demandando. Vinculación que se efectuó antes del 31 de diciembre de 1980. Acreditando sus 20 años de servicio. En su sentir, la conducta de la entidad tiene la finalidad de dilatar y eludir el pago de la prestación solicitada.

2. Contestación de la demanda5.

La UGPP, por medio de apoderada judicial, expuso que, en el presente asunto, el accionante no es acreedor de la pensión gracia, toda vez que, los certificados laborales, expedidos por el Profesional Universitario de Talento Humano de la Alcaldía de Aguachica (27 de noviembre de 2019), en la que se indica que , el actor laboró como maestro en diferentes períodos entre 1980 y 1984, con pago de salario mediante recursos propios del municipio. Sin embargo, dicho documento no fue suscrito por el secretario de educación municipal, ni precisa los actos de nombramiento y posesión, por lo cual, carece de validez para acreditar tiempo territorial para el reconocimiento de la pensión gracia.

5 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 61archivo 38, Página 24

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Demandante: Albeiro Pino Reyes

Demandado: Ugpp

Respecto de la otra certificación, expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar (23 de mayo de 2019), señala que, el actor fue nombrado mediante Resolución No. 403 del 1º de marzo de 1988, pero, no indica la fuente de financiación de los recursos,

del Cesar (23 de mayo de 2019), señala que, el actor fue nombrado mediante Resolución No. 403 del 1º de marzo de 1988, pero, no indica la fuente de financiación de los recursos, ni acredita vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980. Aduce la entidad, que no acreditó tiempo de servicio territorial o nacionalizado previo al 31 de diciembre de 1980, requisito esencial para acceder a la pensión gracia. Propuso las excepciones que denominó, « falta de los requisitos pensionales e inexistencia de la obligación y prescripción».

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del veintiséis (26) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025)6, accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

El A-quo luego de analizar las pruebas obrantes en el proceso, concluyó que , el señor Albeiro Pino Reyes cumplía con los requisitos para acceder a la pensión gracia de jubilación. En relación con la edad, se acreditó mediante registro civil que nació el 24 de marzo de 1960, de manera que alcanzó los 50 años el 24 de marzo de 2010 , satisfaciendo así, el requisito previsto en la Ley 114 de 1913. Respecto del requisito de buena conducta , observó que en la hoja de vida del demandante no reposan anotaciones disciplinarias o sanciones que impidan su acceso a la prestación solicitada. En cuanto al tiempo de servicio , se estableció a partir de las certificaciones expedidas por el municipio de Aguachica, que el actor laboró como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, durante los siguientes períodos:

la prestación solicitada. En cuanto al tiempo de servicio , se estableció a partir de las certificaciones expedidas por el municipio de Aguachica, que el actor laboró como docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980, durante los siguientes períodos: i) 10 de febrero al 30 de noviembre de 1980 (9 meses y 20 días) ii) 12 de agosto al 30 de noviembre de 1981 (3 meses y 18 días) iii) 1 de marzo al 30 de noviembre de 1982 (8 meses y 29 días)

6 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 505

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1. 1 de febrero al 28 de marzo de 1983 (1 mes y 27 días) v) 10 de agosto al 4 de octubre de 1983 (1 mes y 24 días)

Estos interregnos suman 2 años y 1 mes de servicio territorial previo a 1980 . Adicionalmente, conforme a las certificaciones del departamento del Cesar , el actor prestó servicios docentes por 30 años, 10 meses y 6 días , acreditando con suficiencia el requisito de 20 años de servicio. El Tribunal desestimó los argumentos de la entidad demandada relativos a la falta de validez de las certificaciones municipales, al considerar que, ante la ausencia de los actos de nombramiento y posesión , dichos documentos emanados del nominador o de la dependencia delegada constituyen medio idóneo para acreditar la vinculación laboral y la naturaleza territorial de la plaza docente. Por tanto, otorgó pleno valor probatorio a las certificaciones emitidas por el municipio de Aguachica, con base en las cuales , se estableció que , el demandante ocupó plazas

la naturaleza territorial de la plaza docente. Por tanto, otorgó pleno valor probatorio a las certificaciones emitidas por el municipio de Aguachica, con base en las cuales , se estableció que , el demandante ocupó plazas municipales y posteriormente plazas nacionalizadas , sin evidencia de haber desempeñado cargos de naturaleza nacional. No obstante, lo anterior, se estableció que el docente presentó la solicitud ante la UGPP el 12 de agosto de 2019, por lo cual , opera el fenómeno de prescripción trienal. En consecuencia, solo se reconocerán las mesadas causadas a partir del 12 de agosto de 2016, quedando prescritas las anteriores. La liquidación de la prestación deberá efectuarse tomando como base el 75% del salario promedio devengado entre el 24 de marzo de 2009 y el 24 de marzo de 2010, aplicando los reajustes legales anuales. En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos acusados, es decir, las Resoluciones RDP 34375 de 18 de noviembre de 2019 y RDP 001275 de 20 de enero de 2020, mediante las cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia solicitada por el demandante.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordénese a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, que reconozca y pague la pensión gracia al

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordénese a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, que reconozca y pague la pensión gracia al señor ALBEIRO PINO REYES, a partir del 12 de agosto de 2016 (en aplicación al fenómeno de prescripción); la cual deberá ser liquidada con el 75% de todo lo devengado en el último6

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año en que consolidó su estatus pensional, esto es, entre el entre el entre el 24 de marzo de 2009 y el 24 de marzo de 2010, con los reajustes anuales de ley.

TERCERO: Sin costas, ejecutoriada esta decisión, por Secretaría liquídese la cuenta de gastos del proceso y de ser procedente, realícese la devolución de su remanente a la parte actora.»

4. El recurso de apelación

La entidad demandada, solicitó la revocatoria de la sentencia , con fundamento en los siguientes argumentos7:

Sostuvo que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, para reconocer la pensión gracia es necesario identificar claramente si la plaza docente ocupada era territorial o nacionalizada, lo cual, depende de la fuente de financiación y de los tiempos de servicio. El medio idóneo para esta verificación es la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL), que detalla la vinculación, recursos de pago, régimen salarial y actos administrativos. En el presente asunto, aunque el despacho de primera instancia valoró actos de

Tiempos Laborados (CETIL), que detalla la vinculación, recursos de pago, régimen salarial y actos administrativos. En el presente asunto, aunque el despacho de primera instancia valoró actos de nombramiento, actas de posesión y certificaciones laborales, concluyendo que , la vinculación del demandante era de tipo nacionalizad a, dicha conclusión no encuentra respaldo probatorio suficiente. Aduce que de los documentos allegados «Certificado No. 268 de 12 de octubre de 2021, Certificado No. 171 de 14 de julio de 2022, y Formatos Únicos de Historia Laboral de 13 de febrero de 2023 », se limitan a registrar los períodos de servicio, pero no contienen información sobre la fuente de financiación de la plaza docente , ni sobre el régimen salarial al que se encontraba sujeto el actor. Dichos formatos no sustituyen el CETIL, que es el documento técnico y verificable para determinar la naturaleza jurídica de la vinculación. En consecuencia, no son idóneos para acreditar que el docente ocupó una plaza nacionalizada o territorial, requisito esencial para acceder a la pensión gracia.

7 Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 547

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La parte demandante tenía la carga probatoria de demostrar, con medios fehacientes, que su vinculación docente correspondía a una plaza territorial o nacionalizada, y no nacional.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del quince (15) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)8, el despacho

que su vinculación docente correspondía a una plaza territorial o nacionalizada, y no nacional.

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del quince (15) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)8, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el Juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer: ¿si el señor Albeiro Pino Reyes, le asiste razón jurídica para reclamar ante la UGPP, el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir con los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan? Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

8 Samai, índice 5 9 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

8 Samai, índice 5 9 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordena r copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indi spensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”8

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En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 1913 10 consagró por primera vez la pensión gracia a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término

se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 1913 10 consagró por primera vez la pensión gracia a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años. El numeral 3° del artículo 4° de esta norma determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, de acuerdo con la Ley 39 de 190311, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 12 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así: «Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servi cio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección»

cómputo de los años de servi cio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección» Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual13.

10 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela ». 11 «[S]obre Instrucción Pública». 12 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927». 13 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».9

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La Ley 37 de 193314 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Ley 37 de 193314 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 1998 15, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que, «en cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no vulnera la Consti tución Política, por las facultades que la misma carta confirió al legislador para regularla.»

Dijo, además que los recursos del Estado para el pago de las prestaciones sociales son limitados, por ello, es legítimo establecer condiciones para acceder a esta pensión.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de 197516, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación ». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto de las pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que,

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto de las pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que, por disposición de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y demás normas que, las hubiesen desarrollado o modificado; y tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

Así mismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos

14 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 15 M. P. Carlos Gaviria Díaz. 16 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia e ducativa y se dictan otras disposiciones».10

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los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la Sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 199717, en el sentido que el artículo 15 (numeral 2°) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018 -2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 202018, esa disposición «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder

a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989»

De acuerdo con las anterior normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (en trada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de

17 En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos docente s departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización; ii) la norma reguló una situación transitoria porque su propósito

fue colmar las expectativas de los docentes vínculos hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados en el proceso de naciona lización de la educación primaria y secundaria; iii) para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión. Expediente S -699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. 18 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.11

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1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso: «Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles. 3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nació n”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal. Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el

Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal. Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes. […] Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933. Como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 d