CE - Sentencia 20001233900320140032501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-011 (59629)

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Demandado: Yovani Pajoy Pobre y otros

Proceso: Repetición

ACCIÓN DE REPETICIÓN -Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN -Régimen legal aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN -Presupuestos y condiciones para su ejercicio . REPETICIÓN CONTRA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA -Su improcedencia está sometida al régimen de condicionalidades del sistema de la JEP , previo pronunciamiento de un órgano competente de dicha jurisdicción. CONCILIACIÓN EN REPETICIÓN-No extingue la pretensión de repetición y el auto que la aprueba se asimila a una sentencia condenatoria. INTERESES DE MORA-Se causan por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias. CARGA DE LA PRUEBA EN ACCIÓN DE REPETICIÓNEn vigencia de la Ley 678 de 2001, le corresponde al demandante acreditar la presunción de dolo o culpa grave, y al demandado desvirtuarla . PRUEBA TRASLADADA -Valor probatorio. VERSIONES LIBRES, INDAGATORIAS Y ENTREVISTAS -Las declaraciones de terceros deben ser recibidas bajo la gravedad de

y al demandado desvirtuarla . PRUEBA TRASLADADA -Valor probatorio. VERSIONES LIBRES, INDAGATORIAS Y ENTREVISTAS -Las declaraciones de terceros deben ser recibidas bajo la gravedad de juramento. DOCUMENTO PÚBLICO-Valor probatorio. TESTIMONIO-Crítica testimonial. DECLARACIÓN DE PARTE-Se valora de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas. INDICIOS-Apreciación de prueba indiciaria. CONDENA EN REPETICIÓN -Su cuantificación obedece al grado de participación del agente, su grado de culpabilidad y la valoración de las pruebas . CONDENA EN REPETICIÓN -Figuras procesales y extraprocesales para disminuir su monto. CONDENA EN COSTAS-Procede en repetición porque no se ventila un interés público. COSTAS-Se imponen porque el recurso de apelación no prosperó.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del 20 de abril de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones.

SÍNTESIS DEL CASO

El 24 de agosto de 2007 , agentes del Ejército Nacional dispararon contra Pedro Pablo Rentería Ramírez y Jhonatan Rendón Rodríguez, en la vereda «Guaduas» del municipio de Aguachica, Cesar. Los militares los presentaron como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combate.

1 Inicialmente tramitado bajo rad. 20001-33-33-004-2014-00306-00.Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

de grupos armados ilegales muertos en combate.

1 Inicialmente tramitado bajo rad. 20001-33-33-004-2014-00306-00.Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

Nacional Demandado Yovani Pajoy Pobre y otros

Asunto: Repetición

2 El 29 de junio de 201 1, la jurisdicción de lo contencioso administrativo profirió sentencia condenatoria por estos hechos y ordenó el pago de perjuicios morales y materiales a los familiares de las víctimas. La entidad concilió con las víctimas, pagó la condena y demandó a diez exagentes en repetición.

ANTECEDENTES

Demanda

El 13 de junio de 2014, la Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional presentó demanda de repetición contra Yovani Pajoy Pobre, Edwin Alberto Carrillo Sánchez, Jesús Helí Serrano Guerrero, Luis Jesús Contreras, Humberto Páez Contreras, Romel Jesús Fandiño Soto, Jaime Jaimes Ramírez, José Manuel Sanabria Argüello, Jairo León Calderón y Ulises Badillo Díaz , para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

«PRIMERO: Que se declare responsable a los señores PAJOY POBRE

GEOVANNY, CARRILLO SÁNCHEZ EDWIN ALBERTO, SERRANO GUERRERO

JESÚS HELI, CONTRERAS LUIS JESÚS, PÁEZ CONTRERAS HUMBERTO,

FANDIÑO SOTO ROMEL JESÚS, JAIMES RAMÍREZ JAIME, LEÓN CALDERÓN

JESÚS HELI, CONTRERAS LUIS JESÚS, PÁEZ CONTRERAS HUMBERTO,

FANDIÑO SOTO ROMEL JESÚS, JAIMES RAMÍREZ JAIME, LEÓN CALDERÓN JAIRO, SANABRIA ARGUELLO JOSE MANUEL, LEÓN CALDERÓN JAIRO y BADILLO DÍAZ ULISES, de los perjuicios ocasionados a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, condenada administrativamente por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR, en fallo de 29 de Junio de 2011, con ocasión de la muerte de los jóvenes PEDR O PABLO RENTERIA RAMÍREZ y JHONATAN RONDON RODRIGUEZ, ocurrida el 24 de Agosto de 2007, en la Vereda Guaduas, Municipio de Aguachica, Cesar.

SEGUNDO: Que se ordene a los señores PAJOY POBRE GEOVANNY, CARRILLO

SÁNCHEZ EDWIN ALBERTO, SERRANO GUERRERO JESÚS HELI,

CONTRERAS LUIS JESÚS, PÁEZ CONTRERAS HUMBERTO, FANDIÑO SOTO

ROMEL JESÚS, JAIMES RAMÍREZ JAIME, LEÓN CALDERÓN JAIRO, SANABRIA ARGUELLO JOSE MANUEL, LEÓN CALDERÓN JAIRO y BADILLO DÍAZ ULISES a cancelar la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($420.799.794.oo) a favor de LA NACI ÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,; suma de dinero que pagó esta entidad a MARIA

($420.799.794.oo) a favor de LA NACI ÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL,; suma de dinero que pagó esta entidad a MARIA

CONSUELO RAMÍREZ MOSQUERA, RUBEN DARIO RENDON FLOREZ, DAGOBERTO ROJAS ECHAVEZ y MELISSA DURAN ROBAYO para hacer efectiva la condena (…).

TERCERO: Que se condene a PAJOY POBRE GEOVANNY, CARRILLO SÁNCHEZ

EDWIN ALBERTO, SERRANO GUERRERO JESÚS HELI, CONTRERAS LUIS

JESÚS, PÁEZ CONTRERAS HUMBERTO, FANDIÑO SOTO ROMEL JESÚS, JAIMES RAMÍREZ JAIME, LEÓN CALDERÓN JAIRO, SANABRIA ARGUELLO JOSE MANUEL, LEÓN CALDERÓN JAIRO y BADILLO DÍAZ ULISES a cancelar intereses comerciales a favor de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL desde la ejecutoria de la providencia que ponga fin a este proceso.Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

Nacional Demandado Yovani Pajoy Pobre y otros

Asunto: Repetición

3

CUARTO: Que se ajuste la condena tomando como base el Índice de Precio al

Consumidor»2.

Hechos

La parte demandante narró que, el 2 4 de agosto de 2007 , catorce agentes del batallón de infantería No. 40 «Cr. Luciano D’Huyar» del Ejército Nacional –bajo el

Hechos

La parte demandante narró que, el 2 4 de agosto de 2007 , catorce agentes del batallón de infantería No. 40 «Cr. Luciano D’Huyar» del Ejército Nacional –bajo el comando del sargento Yovani Pajoy Pobre – llegaron a la vereda Guaduas del municipio de Aguachica, Cesar, en cumplimiento de la misión táctica No. 40 «Armero». Al notar la presencia de los militares, un grupo de personas emprendieron huida. Ante ello, los agentes dijeron alto y dispararon contra P edro Pablo Rentería Ramírez y Jhonatan Rendón Rodríguez, provocándoles la muerte.

Los familiares de Pedro Pablo Rentería Ramírez y Jhonatan Rendón Rodríguez interpusieron demanda de reparación directa contra l a Nación -Ministerio de Defensa, Ejército Nacional , con fundamento en los hechos antes descritos . El proceso referido concluyó con sentencia dictada el 29 de junio de 2011, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, que accedió a las pretensiones y ordenó la indemnización de perjuicios morales, lucro cesante y daño emergente.

Mediante conciliación judicial celebrada el 1 de noviembre de 2011 y aprobado el 8 de noviembre siguiente, la entidad acordó reconocer el 80% de la condena impuesta a favor de los grupos familiares demandantes . En Resolución No. 3389 del 31 de mayo de 2012, se ordenó cancelar a las víctimas la suma de $420.799.794. La entidad pagó la suma ordenada y demandó a diez funcionarios, al considerar que

mayo de 2012, se ordenó cancelar a las víctimas la suma de $420.799.794. La entidad pagó la suma ordenada y demandó a diez funcionarios, al considerar que su conducta trasgredió los artículos «2, 6 y 207» de la Constitución3.

Contestación de la demanda

La apoderada judicial de Jaime Jaimes Ramírez, Humberto Páez Contreras, José Manuel Sanabria Argüello, Romel Jesús Fandiño Soto, Jairo León Calderón, Yovani Pajoy Pobre, Luis Jesús Contreras y Ulises Badillo Díaz argumentó que el pago carece de respaldo probatorio y la demanda no formuló un señalamiento puntual de dolo o culpa grave a los demandados.

2 Samai, índice 109 –Azure storage explorer –, carpetas «Actuaciones de primera instancia», «Cuaderno principal», «C1» y «CD fl 50», documento «DEMANDA DE REPETICION NACION VS PAJOY Y OTROS », p. 1-2. 3 Ibidem.Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

Nacional Demandado Yovani Pajoy Pobre y otros

Asunto: Repetición

4 Manifestó que los agentes actuaron en cumplimiento de sus funciones , porque emplearon sus armas de dotación luego de lanzar una proclama. Al respecto, indicó que no fueron condenados penalmente por los hechos alegados en la demanda, por cuanto el proceso penal por homicidio en persona protegida se encontraba en etapa de juzgamiento. Agregó que el reclutador de las víctimas, supuesto colaborador de

que no fueron condenados penalmente por los hechos alegados en la demanda, por cuanto el proceso penal por homicidio en persona protegida se encontraba en etapa de juzgamiento. Agregó que el reclutador de las víctimas, supuesto colaborador de los agentes del Ejército , también fue absuelto en sede penal . Por último, destacó que los demandados dependían de sus sueldos mensuales y carecen de bienes a perseguir para pagar la condena impuesta al Estado4.

La curadora ad litem de Edwin Alberto Carrillo Sánchez y Jesús Helí Serrano Guerrero contestó la demanda de forma extemporánea5.

Sentencia de primera instancia

El 20 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda. Luego de verificar los presupuestos objeto de la repetición , el Tribunal estimó demostrados los hechos de ejecución extrajudicial a partir de las pruebas obrantes en el proceso penal trasladado. Con base en dichas actuaciones, infirió que las víctimas eran personas que no pertenecían a grupos criminales ni ejecutaron actividades de combate, sumado a que los hechos correspondían al modus operandi de los falsos positivos. De ahí, sostuvo que los demandados no desvirtuaron el juicio de responsabilidad subjetivo6.

Recurso de apelación

La apoderada judicial de Jaime Jaimes Ramírez, Humberto Páez Contreras, José Manuel Sanabria Argüello, Romel Jesús Fandiño Soto, Jairo León Calderón, Yovani Pajoy Pobre, Luis Jesús Contreras y Ulises Badillo Díaz formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia . La recurrente r eiteró que la

Pajoy Pobre, Luis Jesús Contreras y Ulises Badillo Díaz formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia . La recurrente r eiteró que la misión táctica se expidió conforme a la doctrina militar , por cuanto labores de

4 Samai, índice 109 –Azure storage explorer –, carpetas «Actuaciones de primera instancia», «Cuaderno principal» y «C1», documento «20001-23-39-003-2014-00325-00 - Cuaderno Principal 1», p. 229-240. 5 El traslado para contestar la demanda corrió hasta el 1 de julio de 2016 ( Samai, índice 109 –Azure storage explorer–, carpetas «Actuaciones de primera instancia», «Cuaderno principal» y «C1», documento «20001-2339-003-2014-00325-00 - Cuaderno Principal 1», p. 225), pero el escrito de contestación de la curadora ad litem se radicó el 8 de julio siguiente (p. 263) . En auto del 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar advirtió la extemporaneidad del escrito (p. 273). 6 Samai, índice 109 –Azure storage explorer –, carpeta «Actuaciones de segunda instancia - Expediente Hibrido», documento «20001 -23-39-003-2014-00325-01 - Cuaderno apelación de sentencia ((Actuaciones de segunda instancia - Repetición))», p. 2-23.Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

Nacional Demandado Yovani Pajoy Pobre y otros

Asunto: Repetición

5 inteligencia determinaron la presencia de cinco sujetos integrantes del grupo

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

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Asunto: Repetición

5 inteligencia determinaron la presencia de cinco sujetos integrantes del grupo criminal «Águilas Negras» con armas de corto alcance.

Refirió que la misión táctica autorizaba a los agentes para hacer uso de las armas en legítima defensa, en caso de resistencia armada. Anotó que la actuación de los agentes se reputa legítima, de conformidad con el informe de patrullaje y las lecciones aprendidas, sumado a que no se desvirtuó la existencia d e un combate armado. Asimismo, insistió en que los demandados no fueron condenados en sede penal o disciplinaria y carecen de ingresos suficientes para cubrir las pretensiones de la demanda7.

Trámite de segunda instancia

El 16 de junio de 2017, se adelantó la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 del CPACA. En dicha diligencia, la parte demandada aportó solicitud de acogimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, suscrita por Yovani Pajoy Pobre, Romel Jesús Pandino Soto y José Manuel Sanabria Argüello. En la misma diligencia, el Tribunal concedió la apelación8. El 19 de julio de 2017, el Despacho admitió el recurso 9, y el 25 de agosto siguiente corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para efectuar su concepto10.

El Ejército Nacional se opuso al recurso de apelación, en vista de que la conducta de los agentes fue determinante respecto de la condena impuesta a la entidad11. La

alegar de conclusión y al Ministerio Público para efectuar su concepto10.

El Ejército Nacional se opuso al recurso de apelación, en vista de que la conducta de los agentes fue determinante respecto de la condena impuesta a la entidad11. La parte demandada guardó silencio. El agente del Ministerio Público conceptuó a favor de la demanda, al encontrar satisfechos los presupuestos objetivos de la repetición y calificar el actuar de los demandados como doloso.

Luego de revisar las pruebas relacionadas con la operación militar, así como la información relativa a las víctimas, determinó que los hechos que rodearon la muerte de Pedro Pablo Rentería Ramírez y Jhonatan Rendón Rodríguez constituyen un claro ejemplo de ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos», los cuales eran cometidos para demostrar falsamente unos resultados notables en

7 Ibidem, p. 31-40. 8 F. 393-397 c. principal; los soportes anexados obran en f. 408-412 siguientes. 9 Samai, índice 109 –Azure storage explorer –, carpeta «Actuaciones de segunda instancia - Expediente Hibrido», documento «20001 -23-39-003-2014-00325-01 - Cuaderno apelación de sentencia ((Actuaciones de segunda instancia - Repetición))», p. 81. 10 Ibidem, p. 87. 11 Ibidem, p. 93-96.Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

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Asunto: Repetición

6 combate. Dictaminó que las declaraciones de los militares en el proceso penal eran

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

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Asunto: Repetición

6 combate. Dictaminó que las declaraciones de los militares en el proceso penal eran vagas e incoherentes, la Fiscalía descartó la existencia del combate y , pese a que a las víctimas les encontraron armas de fuego, no se probó que les pertenecían12.

En auto del 18 de octubre de 2018, la Sección Tercera avocó conocimiento del asunto con fines de sentar jurisprudencia en relación con la procedencia de la repetición contra los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido conductas punibles con ocasión del conflicto armado interno, a la luz del artículo transitorio 26 del Acto Legislativo 01 de 2017 y normas concordantes13.

Mediante autos del 6 de noviembre de 2020 y 9 de marzo de 2023 14, se ofició a la JEP y al Juzgado Segundo Promiscuo de Aguachica para que informaran sobre las actuaciones adelantadas contra los demandados por el homicidio de Pedro Pablo Rentería Ramírez y Jhonatan Rendón Rodríguez. La JEP rindió informes el 24 de febrero y 26 de julio de 2021, 7 de septiembre de 2022, 19 de mayo y 12 de julio de

202315. Por su parte, el Juzgado Segundo Promiscuo de Aguachica emitió respuesta el 28 de junio de 202316.

En sesión del 21 de agosto de 2025, la Sección Tercera determinó que el asunto sería resuelto por la Sala de la Subsección C 17. El consejero de Estado Nicolás

respuesta el 28 de junio de 202316.

En sesión del 21 de agosto de 2025, la Sección Tercera determinó que el asunto sería resuelto por la Sala de la Subsección C 17. El consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales no participa en la decisión, ya que manifestó impedimento el 8 de junio de 202118, el cual fue aceptado en auto del 16 de septiembre de 202119.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se present ó el 13 de junio de 2014 , por ello, el régimen procesal aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA20, este

12 Ibidem, p. 107-121. 13 Ibidem, p. 123-124. 14 Samai, índices 29 y 70, respectivamente. 15 Samai, índices 32, 40, 62, 87 y 94, respectivamente. 16 Samai, índice 92. 17 Según el acta No. 13 de la Sala Plena de la Sección Tercera. 18 Samai, índice 37. 19 Samai, índice 46. 20 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de

así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

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Asunto: Repetición

7 código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artí culo 306 de este código 21, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP – en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2. En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición , se advierte que los hechos que produjeron la condena ocurrieron el 24 de agosto de 2007 , fecha en que Pedro Pablo Rentería Ramírez y Jhonatan Rendón Rodríguez murieron. Por ende, son aplicables las disposiciones de la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001.

En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,

En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello, los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por ella22. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el artículo 66 del Código Civil23.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

3. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,

21 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo». 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006 [fundamento jurídico 2.2]. 23 «Artículo 66. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. (…) Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos

determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. (…) Si una cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria, supuestos los antecedentes o circunstancias».Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

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8 hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP 24, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.11 del CPACA 25 ($308.000.00026). Al verificar el factor subjetivo de competencia, la calidad de los demandados no es de aquellas que corresponderían al Consejo de Estado en única instancia –artículo 149.13 del CPACA–27.

Medio de control procedente

4. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de

al Consejo de Estado en única instancia –artículo 149.13 del CPACA–27.

Medio de control procedente

4. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo (art. 90 de la Constitución, art. 142 del CPACA e inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001).

Demanda en tiempo

5. El término para formular pretensiones, en repetición, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la

24 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunale s administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]». 25 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 11. De la repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia […]». 26 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014, $616.000, por 500.

mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia […]». 26 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014, $616.000, por 500. 27 «Artículo 149. El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la R epública, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales sup eriores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional […]».Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

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Asunto: Repetición

9 Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte Constitucional en sentencias C -832 de 2001 y C -394 de 2002, el término de caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA28.

La demanda se interpuso en tiempo –13 de junio de 2014 –, porque la sentencia

tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA28.

La demanda se interpuso en tiempo –13 de junio de 2014 –, porque la sentencia condenatoria se notificó a las partes en edicto desfijado el 8 de julio de 201129 y el pago de la condena se efectuó el 13 de junio de 201 230. En efecto, el giro se consignó en el plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al pago.

Legitimación en la causa

6. El artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.

Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el Estado reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud de un deber-derecho para que se declare responsable al sujeto que, por su actuar doloso o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico y por el cual el Estado ha respondido. Se encamina, además, a la protección directa del patrimonio y de la moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública. Así las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado.

las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado.

Sobre la autonomía de esta acción y de la legitimación del Estado para hacer uso de este mecanismo, la Corporación ha señalado:

«De otra parte, considerando la autonomía de la acción de repetición, se debe tener en cuenta que su ejercicio -por parte de las entidades públicas - no se fundamenta

28 Norma aplicable al proceso de reparación directa rad. 05001-23-31-000-2005-04728-01, en el cual se profirió la sentencia condenatoria, comoquiera que la demanda de ese asunto se interpuso el 9 de febrero de 2005 (Samai, índice 2, documento «006ED_FL3361pdf», p. 4). 29 Samai, índice 109 –Azure storage explorer –, carpetas «Actuaciones de primera instancia», «Cuaderno principal» y «C1», documento «20001-23-39-003-2014-00325-00 - Cuaderno Principal 1», p. 49. 30 Según certificación emitida por la tesorera principal del Ministerio de Defensa (ibidem, p. 69).Radicación: 20001-23-39-003-2014-00325-01 (59629)

Demandante: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército

Nacional Demandado Yovani Pajoy Pobre y otros

Asunto: Repetición

10 en la figura jurídica de la subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado no requiere para su interposición sustituir a la víctima indemnizada, pues ejercita un

Asunto: Repetición

10 en la figura jurídica de la subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado no requiere para su interposición sustituir a la víctima indemnizada, pues ejercita un derecho primigenio, otorgado directamente por la Constitución. Esta autonomía que se predica de la acción de repetición debe entenderse conforme a lo dispuesto en el artículo 90 Constitucional, norma que creó un mecanismo procesal netamente independiente, esto en razón a que no existe otra clase de acción que la reemplace en sus cometidos. Pero, así mismo, debe considerarse que su procedencia requiere la condena judicial previa en contra de la entidad pública, y la prueba del pago de la indemnización respectiva, estableciéndose -amboscomo requisitos de procedibilidad, que podrán -incluso aportarse al proceso en la etapa probator