CE - Sentencia 23001233100020100040001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: ALEXIS MORA VALENCIA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Tema: Responsabilidad del Estado por lesión de soldado profe sional.

Activación de mina antipersonal instalada por las FARC. Falla del servicio. Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Responsabilidad de las FARC como colectivo y/o organización en virtud del Acuerdo de Paz. Obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Concausa en el hecho generador del daño. Sin costas en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contra la sentencia del 30 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de octubre de 2008, el soldado profesional Alexis Mora Valencia, perteneciente a la brigada móvil No. 11 del Batallón de Contraguerrillas No. 81 del Ejército Nacional, pisó una mina antipersonal instalada por las FARC, cuando se encontraba en desarrollo de una misión de registro y control de área, en el sector del río Antazales del municipio de Tierralta (Córdoba). Como consecuencia de este lamentable hecho, el uniformado sufrió graves lesiones en su miembro inferior izquierdo.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

2 Los demandantes consid eran que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas al soldado Alexis Mora Valencia, pues alegan que ellas se produjeron porque la entidad no adoptó medidas de precaución en la misión de registro y control de área donde ocurrió el siniestro.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de julio de 20101, Alexis Mora Valencia, Luis Pacheco Mora Bermúdez, Gladys Valencia Mendoza y Liliana Mora Bonilla; Luis Pacheco, Fanny y Jorge Hernán Mora Valencia; y Gladis Valencia Mora, en nombre propio y en representación de William Alfredo Valencia Mendoza, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable

Alfredo Valencia Mendoza, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que se le declarara patrimonialmente responsable por las lesiones físicas sufridas el 22 de octubre de 2008 por el soldado profesional Alexis Mora Valencia.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, 300 SMLMV a Alexis Mora Valencia, Luis Pacheco Mora Bermúdez y Gladys Valencia Mendoza y 100 SMLMV a Fanny Mora Valencia, Luis Pacheco Mora Valencia, Jorge Hernán Mora Valen cia, Liliana Mora Bonilla y William Alfredo Valencia Mendoza; por daño a la vida de relación, 400 SMLMV a Alexis Mora Valencia, 300 SMLMV a Luis Pacheco Mora Bermúdez y Gladys Valencia Mendoza y 100 SMLMV a Fanny Mora Valencia, Luis Pacheco Mora Valencia, Jorge Hernán Mora Valencia, Liliana Mora Bonilla y William Alfredo Valencia Mendoza; y por lucro cesante, la suma que resulte probada en el proceso a Alexis Mora Valencia.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 22 de octubre de 2008, el soldado profesional Alexis Mora Valencia, perteneciente a la brigada móvil No. 11 del Batallón de Contraguerrillas No. 81 del Ejército Nacional, pisó una mina

1 Fl. 1 a 24, C.1.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

3 antipersonal instalada por las FARC, cuando se encontraba en desarrollo de una

1 Fl. 1 a 24, C.1.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

3 antipersonal instalada por las FARC, cuando se encontraba en desarrollo de una misión de registro y control del área, en el sector del río Antazales del municipio de Tierralta (Córdoba).

Sostiene que instantes después, el uniformado fue valorado por el “enfermero de combate”, quien le prestó los primeros auxilios y sugirió su remisión al Hos pital Universitario San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Medellín.

Indica que el 4 de septiembre de 2009, la Junta Médica Laboral No. 32896 de la Dirección General de Sanidad Militar del Ejército Nacional dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 56.45% a Alexis Mora Valencia.

Los demandantes consideran que la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas a Alexis Mora Valencia, pues alegan que ellas se produjeron porque dicha entidad no adoptó medidas de precaución en la misión de registro y control de área donde ocurrió el siniestro.

Textualmente señalaron en el libelo introductorio que presentan la demanda: “por las lesiones sufridas por Alexis Mora Valencia el 22 de octubre de 2008, al ser víctima de un explosivo cuando fue sometido a un escenario riesgoso por parte de su superior, quien no tomó las previsiones necesarias para su prevención, cuando aquél cumplía órdenes como soldado profesional”.

2. Contestación

El 16 de diciembre de 2010 2 el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la

su superior, quien no tomó las previsiones necesarias para su prevención, cuando aquél cumplía órdenes como soldado profesional”.

2. Contestación

El 16 de diciembre de 2010 2 el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño alegado no le era imputable, toda vez que no se acreditó la falla del servicio, ni tampoco un vínculo

2 Fl. 61 a 62, C. 1. 3 Fl. 68 a 74, C.1.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

4 causal existente entre la omisión alegada y las lesiones físicas sufridas por el uniformado.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 17 de noviembre de 2015 4 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. Los demandantes 5 y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional 6 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de éste, respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2019 7, el Tribunal Admin istrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 8 accedió parcialmente a las pretensiones de

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de mayo de 2019 7, el Tribunal Admin istrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 8 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que las lesiones físicas sufridas por Alexis Mora Valencia se ocasionaron por una omisión de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, toda vez que el oficial a cargo de la operación en la que este se encontraba tenía conocimiento de que en la zona existían minas antipersonales y pese a ello no adoptó las medidas necesarias de precaución para evitar la ocurrencia de un accidente como aquel del que fue víctima el uniformado.

Al respecto, indicó que: “se enmarca la falla del servicio por incumplimiento, omisión y esencialmente por falta de eficacia en la aplicación e implementación de los medios y herramientas disponibles por la entidad demandada, por la posibilidad de

4 Fl. 436, C. 1. 5 Fl. 437 a 456, C.1. 6 Fl. 457 a 462, C.1. 7 Fl. 502 a 518, C.2. 8 En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo PCSJA18 -1134 del 31 de octubre de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Administrativo de Córdoba remitió al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el proceso de la referencia. Por ello, mediante auto del 15 de enero de 2019, proferido por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina avocó conocimiento del presente asunto litigioso (Fl. 499, C.1.).Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

Providencia y Santa Catalina avocó conocimiento del presente asunto litigioso (Fl. 499, C.1.).Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

5 la existencia de la mina antipersonal en el lugar donde se encontraban, ya que como se evidenció, el oficial a cargo de la operación impartió órdenes, tenía conocimiento por los hechos ocurridos con anteriorida d con otro soldado profesional que posiblemente se encontraban más minas en el lugar, lo que acredita la omisión del deber jurídico de prevenir razonablemente la ocurrencia de un nuevo accidente con otro miembro de la fuerza pública”.

En la parte resolutiva el a quo condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a Alexis Mora Valencia, Luis Pacheco Mora Bermúdez y Gladys Valencia Mendoza y 50 SMLMV a Fanny Mora Valencia, Luis Pacheco Mora Valencia, Jorge Hernán Mora Valencia, Liliana Mora Bonilla y William Alfredo Valencia Mendoza; por daño a la salud, 100 SMLMV a Alexis Mora Valencia; y por lucro cesante, la suma de $283.032.356 a Alexis Mora Valencia.

5. Recurso de apelación

El 13 de agosto de 2019 9, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 28 de octubre de 2019 10 y admitido el 10 de febrero de 202011.

5.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional12 reiteró los argumentos

interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 28 de octubre de 2019 10 y admitido el 10 de febrero de 202011.

5.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional12 reiteró los argumentos expuestos en trámite de primera instancia. Asimismo, indicó que el extremo activo no acreditó la falla del servicio, ni el vínculo causal entre esta y la afectación física alegada. Adicionalmente, advirtió que las lesiones sufridas por el soldado profesional se ocasionaron por la activación de una mina antipersonal instalada por miembros de un grupo subversivo. Finalmente, solicitó que “se revoque en todas sus partes la sentencia y se despachen negativamente las pr etensiones”, incluidos los perjuicios reconocidos por el a quo.

9 Fl. 523 a 525, C.2. 10 Fl. 541, C.2 11 Fl. 545, C.2. 12 Fl. 523 a 525, C.5.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

6

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 15 de octubre de 202013 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, puesto que la cuantía supera la exigida14 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa e s el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un act o administrativo, según lo dispone el artículo 8615 del Código Contencioso Administrativo.

13 Fl. 548, C.2. 14 Lo anterior, teniendo en cuenta que, para la fecha de la presentación de la demanda, esto es el año 2010, el valor del SMLMV era de $515.000 y la sumatoria de las pretensiones de la demanda corresponde a 2700 SMLMV. 15 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de traba jos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor

ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de traba jos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

7 En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño causado por una omisión imputable al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal16.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 17, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irre nunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

16 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto e xtintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo qu e explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

8 controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 18, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifron te, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 19 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. 19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del p lazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 20 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la l ey en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que l a caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado ”.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

9 allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que l a acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que el 22 de octubre de 2008, Alexis Mora Valencia sufrió lesiones físicas por la activación de una mina antipersonal, según da cuenta copia auténtica del concepto del 20 de noviembre de 2008, suscrito por el comandante de la Brigada Móvil 11 del Batallón de Contraguerrillas No. 81 del Ejército Nacional 21; ii) que los libelistas presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 25 de mayo de 201022, la cual se declaró fallida el 30 de junio de 201023; y iii) que la demanda se presentó el 15 de julio siguiente24.

libelistas presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 25 de mayo de 201022, la cual se declaró fallida el 30 de junio de 201023; y iii) que la demanda se presentó el 15 de julio siguiente24.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis25.

4.1. Alexis Mora Valencia (víctima), Luis Pacheco Mora Bermúdez (padre), Gladys Valencia Mendoza (madre), Liliana Mora Bonilla (hermana), Fanny Mora V alencia (hermana), Luis Pacheco Mora Valencia (hermano), Jorge Hernán Mora Valencia

21 Fl. 125, C.1. 22 Fl. 56, C.1. 23 Fl. 56, C.1. 24 Fl. 1 a 24, C. 1. 25 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio

de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

10 (hermano), Liliana Mora Bonilla (hermana) y William Alfredo Valencia Mendoza (hermano), son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que el primero fue quien resultó lesionado por la activación de una mina antipersonal, según da cuenta copia auténtica del concepto del 20 de noviembre de 2008, suscrito por el comandante de la Brigada Móvil 11 del Batallón de Contraguerrillas No. 81 del Ejército Nacional26, y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias de sus correspondientes registros civiles de nacimiento27.

4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección28, pues la lesión de Alexis Mora Valencia ocurrió en ejercicio de su actividad como soldado profesional de la institución.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar i) si existe responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados a sus soldados producto de la activación de minas antipersonal instaladas por grupos al margen de la ley y ii) si quien siembra y/o instala este tipo de artefactos tiene algún tipo de responsabilidad patrimonial frente a los daños que ellos ocasionen.

6. Solución de los problemas jurídicos

antipersonal instaladas por grupos al margen de la ley y ii) si quien siembra y/o instala este tipo de artefactos tiene algún tipo de responsabilidad patrimonial frente a los daños que ellos ocasionen.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones generales sobre i) la responsabilidad patrimonial del Estado; ii) la responsabilidad del Estado por muerte o lesión de los miembros de la fuerza pública, iii) la responsabilidad del Estado que deriva por daños causados por la instalación y/o activación de minas antipersona en marco del conflicto armado; y iv) las obligaciones resarcitorias de las FARC frente a las víctimas en el marco del Acuerdo

26 Fl. 125, C.1. 27 Fl. 31 a 38, C. 1. 28 Al respecto ver auto del 25 de septiembre de 2013, Exp.: 20420, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.Radicado: 23001233100020100040001 (65433)

Demandante: Alexis Mora Valencia y otros

11 para la terminación del conflic to armado y la construcción de una paz estable y duradera.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 29 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también s e requiere de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídi co se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros30.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

29 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, se