CE - Sentencia 23001233300020140042102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 23001-2333-000-2014-00421-02 (1264-2024) Demandante : Jaime Torralvo Suarez Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones 1

(Colpensiones) Medio de control : Ejecutivo Tema : Excepción de pago total de la obligación.

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte ejecutada en contra de la sentencia de l 06 de diciembre de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba , por medio de la cual se declararon no probadas las excepciones de “pago total o parcial de la obligación”, “compensación” y “prescripción” y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda2

1.1.1 Hechos El demandante solicitó la nulidad de l acto ficto o presunto negativo surgido ante la no respuesta a la petición incoada el 27 de junio de 2014; así como la nulidad parcial de la Resolución No. 000013141 del 20 de octubre de 2011, por medio del cual Colpensiones le reconoció una pensión vitalicia de vejez ; en consecuencia pidió se reconociera y

1 En adelante, Colpensiones.

Resolución No. 000013141 del 20 de octubre de 2011, por medio del cual Colpensiones le reconoció una pensión vitalicia de vejez ; en consecuencia pidió se reconociera y

1 En adelante, Colpensiones. 2 Ver folio 360 del archivo 01expediente_230012333000201400421.pdf que reposa en el expediente digital de OneDrive que fue compartido por el Tribunal Administrativo de Córdoba a través del oficio de fecha 15 de enero de 2024, índice 00065 de Samai.Número Interno: 1264-2024

Demandante: Jaime Torralvo Suarez

Demandada: Colpensiones

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pagara su pensión de jubilación de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 , efectiva a partir del 1 de enero de 2008, teniendo en cuenta como factores salariales además del salario básico, las primas de vacaciones, semestral y navidad, etc (sic); debidamente indexados. El Tribunal de Córdoba mediante providencia de fecha 28 de abril de 2016, accedió a las pretensiones y en su numeral cuarto ordenó la reliquidación pensional teniendo como base el 75% del promedio de los salarios devengados del 7 de abril al 22 de junio de 2006 y del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2007, con inc lusión de los factores salariales devengado s tales como asignación básica, las doceavas de las primas de vacaciones, servicios y navidad; adicionalmente, en el numeral quinto dispuso que el pago de la diferencia fuera pagado indexado; en el numeral sexto d ispuso que se diera

vacaciones, servicios y navidad; adicionalmente, en el numeral quinto dispuso que el pago de la diferencia fuera pagado indexado; en el numeral sexto d ispuso que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículo 192, 194 y 195 del CPACA; así como, en el numeral séptimo condenó en costas a la parte demandada; providencia que fue recurrida en apelación por parte de Colpensiones. Posteriormente, el Consejo de Estado profirió la sentencia de segunda instancia el día 27 de mayo de 2019 , en la que se confirmó parcialmente lo dispuesto por el Tribunal , modificando el ordinal cuarto, y en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pe nsión en un 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante (i) el tiempo que le hiciera falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (30 de junio de 1995) y la adquisición del status pensional, si fuere inferior a 10 años, (i i) durante los últimos 10 años o (iii) todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el IPC, según le sea más favorable, con inclusión de los factores salariales relacionados en el Decreto 1158 de 1994 y frente a los cuales haya realizado los aportes de ley; sin imponer costas de segunda instancia. Se indica que, Colpensiones expidió la Resolución SUB133025 del 19 de junio de 2020, a través de la cual dio cumplimiento a los fallos antes citados; sin embargo, en ella se ordenó la reliquidación de la pensión con base en los últimos diez años de servicio, omitiendo realizar el estudio de la prestación con el tiempo que le hiciera falta entre la

a través de la cual dio cumplimiento a los fallos antes citados; sin embargo, en ella se ordenó la reliquidación de la pensión con base en los últimos diez años de servicio, omitiendo realizar el estudio de la prestación con el tiempo que le hiciera falta entre la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (30 de junio de 2995) y el tiempo que le hiciera falta para cumplir el status jurídico de pensionado, actualizado con base en el IPC; arrojando como mesada pensional la suma de $ 4.707.878; sin embargo, al realizar la operación teniendo en cuenta el tiempo que le hiciera falta se arrojaría una mesada pensional mucho más favorable, esto es, por la suma de $7.169.809.Número Interno: 1264-2024

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1.1.2 Pretensiones El señor Jaime Torralvo Suarez , a través de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva con miras a que se diera cabal cumplimiento a l a sentencia proferida por el Consejo de Estado el 27 de mayo de 2019 , y en consecuencia se librara mandamiento de pago así: a) «Por el valor de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 50.667.3 65,90), por concepto de intereses moratorios desde el 2 de julio de 2019 hasta el 2 de agosto de 2020 sobre el valor del retroactivo por concepto de diferencia de mesadas pensionales entre la mesada pensional inicialmente concedida al actor y la que debió pagar como consecuencia del restablecimiento ordenado, debidamente actualizado».

retroactivo por concepto de diferencia de mesadas pensionales entre la mesada pensional inicialmente concedida al actor y la que debió pagar como consecuencia del restablecimiento ordenado, debidamente actualizado».

b) «Por el valor de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 84.285.504,24), por concepto de diferencia pensional, costas agencias en derecho e intereses moratorios desde el 2 de agosto de 2020 hasta 31 de mayo de 2021 entre la mesada pensional inicialmente concedida al actor y la que debió pagar como consecuencia del restablecimiento ordenado, debidamente actualizado».

c) «Por los intereses corrientes y moratorios a la tasa máxima legal permitida que se llegasen a causar desde la fecha que quedó en firme la sentencia hasta cuando se materialice el pago total de la obligación».

1.2 Mandamiento ejecutivo de pago3 El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante auto del 29 de noviembre de 2021, libró mandamiento de pago en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones ; para ello tuvo en cuenta la liquidación realizada por la contadora de la corporación , mandamiento que se libró en los siguientes términos: «PRIMERO: ORDENESE a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, para que de manera inmediata proceda a dar cumplimiento a la sentencia proferida por esta Sala de Decisión en primera instancia el día 28 de abril de 2016, confirmada parcialment e en fecha 27 de mayo de 2019 por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda - Subsección B, Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cueter.

mayo de 2019 por el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda - Subsección B, Consejero Ponente Carmelo Perdomo Cueter.

3 Ver archivo 03AutoLibraMandamientoEjecutivo-Pago.pdf que reposa en el expediente digital de OneDrive que fue compartido por el Tribunal Administrativo de Córdoba a través del oficio de fecha 15 de enero de 2024, índice 00065 de Samai.Número Interno: 1264-2024

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SEGUNDO. - LIBRAR mandamiento de pago en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES y a favor del señor Jaime Torralvo Suarez, por la suma de Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil, Doscientos Sesenta y Un Pesos ($44.745.261), de la forma antes explicada. El pago deberá efectuarse dentro de l os cinco (5) días siguientes a la notificación del presente auto» En la parte considerativa de la providencia se expusieron las razones para librar el mandamiento de pago en esos términos, precisándose que: «Visto lo anterior, se evidencia del título base de ejecución, el mandamiento de pago en este asunto consiste en que se reliquide la pensión reconocida al señor Jaime Torralvo Suarez con el 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante (i) el tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (30 de junio de 1995) y la adquisición de estatus pensional, si fuere inferior a 10 años, ii) durante los últimos 10 años o iii) todo el tiempo, si el monto es superior,

entre la entrada en vigor de la Ley 100 (30 de junio de 1995) y la adquisición de estatus pensional, si fuere inferior a 10 años, ii) durante los últimos 10 años o iii) todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índicie de precios al consumidor (IPC), según le sea favorable, con inclusión de los factores salariales relacionados en el Decreto 1158 de 1994 y frente a los cuales haya realizado los aportes de ley, para ello, se atenderá lo previsto en la sentencia de segunda instancia. Que, una vez revisada la Resolución de pago emitida por Colpensiones, esta se hizo teniendo en cuenta “El IBL más beneficioso para el (a) afiliado (a) es el calculado con los últimos 10 años de servicio (sic)”: […] Así las cosas, se tiene que le era más fa vorable para el actor, tomar el IBL de acuerdo al tiempo que le hiciere falta entre la entrada en vigor de la Ley 100 (30/06/1995) y la adquisición del estatus pensional, conforme se observa de la liquidación realizada por la contadora de esta Corporación: […] De acuerdo a la anterior liquidación realizada por la contadora de esta Corporación, si bien Colpensiones realizó el pago de las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia por un valor de $160.777.535, lo cierto es que el saldo por pagar a fecha 30 de j unio de 2020, debió ser de $191.996.980, teniendo en cuenta la orden dada en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2019, por lo que dicha entidad tendría un saldo pendiente por pagar de $31.219.445.

Ahora bien, con el fin de proceder a librar el mandamiento de pago, se hace necesario establecer

2019, por lo que dicha entidad tendría un saldo pendiente por pagar de $31.219.445.

Ahora bien, con el fin de proceder a librar el mandamiento de pago, se hace necesario establecer los intereses moratorios sobre capital pendiente por pagar desde el 01 de julio de 2020, es decir, desde la fecha de inclusión en nómina, hasta el 31 de mayo de 2021, esto es, la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva; así como también, se hace la liquidación de las diferencias posteriores al pago de la obligación por parte de la ejecutada por ese mismo periodo con sus respectivos intereses moratorios. […]

De otro lado, se tiene que mediante auto de fecha 30 de abril de 2021, se aprobó la liquidación de costas realizada por el Secretario de esta Corporación, en un total de $5.013.703, correspondiente a las agencias en derecho ($4.991.203) y a los gastos del proceso ($22.500).

Es del caso señalar que si bien las liquidaciones realizadas por la parte ejecutante corresponden a una cifra superior a la realizada por la Contadora de esta Corporación, se tiene que esto se debe en razón a que la misma fue realizada aplicando la tasa comercial y no la tasa equivalente al DTF, conforme lo establece el numeral 4° artículo 195 del CPACA.

En ese contexto y conforme a lo ordenado en las providencias base de ejecución, y de acuerdo al pago parcial realizado por la ejecutada, se procederá a librar mandamiento de pago por val or deNúmero Interno: 1264-2024

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Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil, Doscientos Sesenta y Un Pesos

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Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil, Doscientos Sesenta y Un Pesos ($44.745.261) suma que se obtiene del total de la liquidación realizada a mayo de 2021 ($39.731.558) y de la liquidación de las costas del proceso ($5.013.703) , sin perjuicio de las cantidades de dinero que en lo sucesivo se causen por diferencias pensionales e intereses moratorios, que resulten de la reliquidación de la pensión del ejecutante, ordenadas pagar en la sentencia que sirve de título ejecutivo […]».

1.3 Contestación de la demanda4

Dentro del término de traslado de la demanda Colpensiones presentó escrito en el que formuló las e xcepciones de pago total o parcial de la obligación , compensación, prescripción y la excepción genérica.

Advirtió que los recursos del sistema pensional son inembargables, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución, la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia constitucional, invocando la protección de la sostenibilidad fiscal del sistema y la prevalencia de l interés general. Finalmente, solicitó al juez que declare probadas las excepciones planteadas.

1.4 Sentencia de primera instancia5

El Tribunal Administrativo de Córdoba en audiencia inicial y de juzgamiento (Art. 372 y 373 C.G.P) llevada a cabo el día 6 de diciembre de 2023, luego de surtidas todas las etapas, procedió a dictar sentencia donde resolvió declarar no probadas las excepciones

373 C.G.P) llevada a cabo el día 6 de diciembre de 2023, luego de surtidas todas las etapas, procedió a dictar sentencia donde resolvió declarar no probadas las excepciones de “Pago total o parcial de la obligación”, “compensación” y “Prescripción” propuestas por la parte ejecutada - COLPENSIONES, por las siguientes razones:

En cuanto a la excepción de pago indicó que, no se allegó prueba que demostrara la satisfacción total o parcial de la obligación. Respecto de la excepción de compensación se precisó que el único pago realizado por Colpensiones, esto es, el ordenado en la Resolución SUB133025 del 19 de junio de 2020, ya había sido tenido en cuenta al momento de librar el mandamiento de pago, mismo que sirvió de base para establecer la diferencia entre lo ordenado en la sentencia base de la ejecución y lo reconocido por la entidad ejecutada, sin que haya prueba de pago adicional . Finalmente, referente a la prescripción fue desestimada ya que la demanda ejecutiva fue presentada antes del vencimiento del término legal de cinco años contados desde la ejecutoria de la sentencia,

4 Ver archivo 29ActaAudienciaEjecutivoSentencia.pdfque reposa en el expediente digital de OneDrive que fue compartido por el Tribunal Administrativo de Córdoba a través del oficio de fecha 15 de enero de 2024, índice 00065 de Samai. 5 Samai, índice 056. Gestión en otros despachos, primera instancia.Número Interno: 1264-2024

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lo cual ocurrió el 2 de julio de 2019 y por tanto el plazo vencía el 2 de julio de 2024.

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lo cual ocurrió el 2 de julio de 2019 y por tanto el plazo vencía el 2 de julio de 2024.

Como consecuencia de lo anterior, el Aquo ordenó seguir adelante con la ejecución de acuerdo con el mandamiento ejecutivo proferido dentro del presente proceso de fecha 29 de noviembre de 2021 , condenó en costas a la ejecutada y dispuso que se realizara la liquidación del crédito conforme lo dispuesto en el artículo 446 del CGP

La anterior decisión fue notificada en estrados , habiéndose interpuesto en la misma diligencia recurso de apelación contra aquella por parte de Colpensiones.

1.5 Recurso de apelación6

La apoderada de Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la decisión que ordenó seguir adelante con la ejecución en los siguientes términos:

«Interpondré el recurso en los términos previstos en el inciso primero en el numeral primero del artículo 322 del CGP e inciso segundo y tercero el numeral tercero a la misma normativa precisando de manera breve el reparo en concreto y la respectiva sustentación. En el sentido de manifestar que nos oponemos a lo resuelto por despacho y respecto a la falta de prosperidad de la sección de pago de la obligación ya que pues como se ha manifestado en el desarrollo del proceso de la referencia Colpensiones cumplió a cabalidad las obligaciones derivadas en la providencia judicial del 28/04/2016 proferida por el Tribunal confirmada en segunda instancia el 27/05/2019 por el Consejo de Estado , toda vez que el Consejo de Estado ordenó que

derivadas en la providencia judicial del 28/04/2016 proferida por el Tribunal confirmada en segunda instancia el 27/05/2019 por el Consejo de Estado , toda vez que el Consejo de Estado ordenó que la pensión de jubilación del actor debía liquidarse con el 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó durante el tiempo que le hiciera falta entre la entrada en vigor de la ley 100 y la adquisición del status pensional si fuese inferior a 10 años o durante los últimos 10 años o todo el tiempo según le fuera favorable, con la inclusión de los factores salariales relacionados en el Decreto 1158 del 94 frente a los cuales hayan realizado los aportes de ley y así efectivamente lo efectuó Colpensiones, se cumplió con los criterios ordenados en dicha provi dencia al reliquidar la respectiva prestación , pues para realizar las operaciones aritméticas correspondientes tuvo en cuenta el IBL más beneficioso para el mismo con la inclusión de los factores salariales relacionados con el Decreto 1158 de 1994 , sobre los cuales efectivamente cotizó ; reconociendo el retroactivo por concepto de mesadas ordinarias y adicionales indexación e intereses de mora y , por lo tanto Colpensiones se ratifica en que no le adeuda suma algu na al ejecutante, pues la liquidación y las sumas canceladas son correctas y en ese sentido , pues debe revocarse parcialmente el artículo primero de la parte resolutiva del fallo de la referencia dictado en la presente diligencia y declararse la prosperidad de la excepción del pago de la obligación.» -transcripción literal de la grabación de la audiencia6 Minuto 1:28:07 grabación a 1:30:20 30VideoAudiencia.mp4. La grabación de la audiencia reposa en el expediente digital de

de la audiencia6 Minuto 1:28:07 grabación a 1:30:20 30VideoAudiencia.mp4. La grabación de la audiencia reposa en el expediente digital de OneDrive que fue compartido por el Tribunal Administrativo de Córdoba a través del oficio de fecha 15 de enero de 2024, que reposa en Samai índice 00065.Número Interno: 1264-2024

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1.6 Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 18 de junio de 20247, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA)8.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA9, en concordancia con lo previsto en el artículo 15 del reglamento de esta Corporación10.

2.2 Problema Jurídico Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, corresponde a esta Subsección determinar si la sentencia apelada — mediante la cual se declararon no probadas las excepciones formuladas por la entidad ejecu tada y se ordenó seguir adelante con la ejecución— se ajusta a derecho o, en su defecto, a Colpensiones le asiste razón y lo ordenado en las sentencias base de esta ejecución ya fue cumplido por la entidad.

ordenó seguir adelante con la ejecución— se ajusta a derecho o, en su defecto, a Colpensiones le asiste razón y lo ordenado en las sentencias base de esta ejecución ya fue cumplido por la entidad. Para tal efecto, será necesario establecer si Colpensiones acreditó el cumplimiento total o parcial de la obligación que dio origen al proceso ejecutivo, toda vez que ese constituye el punto central de la controversia. 2.3 Marco jurídico

2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo

El proceso ejecutivo busca “asegurar que el titular de una relación jurídica que crea

7 Samai, índice 4. 8 Cabe anotar que, mediante auto de unificación del 12 de septiembre de 2023, M.P. Oswaldo Giraldo López, Exp. 11001 0315 000 2023 00857 00, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estableció la siguiente regla de unificación: “El régimen aplicable para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferi da en un proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA.”. 9 «[…] De los recursos de revisión contra las sentenci as ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]» 10 Contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.Número Interno: 1264-2024

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obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si

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obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su inobservancia ocasionó”11.

El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo, que se define como el “documento que representa una declaración de la voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la ejecución, o sea, en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos”12. Pues bien, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que constituyen título ejecutivo: 1 ) las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Conte ncioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias; 2) las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible; 3) sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten s us garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que

ejecutivo los contratos, los documentos en que consten s us garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones; y 4) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa, debiendo la autoridad que expida el acto administrativo hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar. A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso 13 establece que “pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tri bunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,

11 López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores. Citado en el auto del 26 de febrero de 2014, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00178-01(19250) 12 Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch. Citado en el auto del

26 de febrero de 2014, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación número: 25000 -23-27-000-2011-0017801(19250) 13 Aplicable en estos asuntos conforme lo dispuesto en el artículo 306 del CPACANúmero Interno: 1264-2024

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o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]”

De esta norma se desprenden, por un lado, las características de la obligación, esto es que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar consignada en un documento y, finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor o causante, las sentencias de condena o cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva son títulos ejecutivos.

En cuanto a los atributos del título ejecutivo tenemos que, la obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una pr esunción legal o una interpretación normativa. Es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación. Y, es exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condició n o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido14.

Estos requisitos sustanciales, han sido abordados por la jurisprudencia de esta corporación15 y reiterados recientemente16 de la siguiente manera:

«La doctrina ha precisado que el requisito de ser expresa la obligación puede entenderse mejor si

Estos requisitos sustanciales, han sido abordados por la jurisprudencia de esta corporación15 y reiterados recientemente16 de la siguiente manera:

«La doctrina ha precisado que el requisito de ser expresa la obligación puede entenderse mejor si se analiza etimológicamente el concepto, es así como de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra expresar significa “manifestar con palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso “lo que es claro, patente, especificado”, conceptos que si se aplican al título ejecutivo, debe entenderse como expreso que “se manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma inequívoca de una obligación” y explica que “de ahí que las obligaciones implícitas y las presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva” 17.»

La obligación es clara cuando, además de expresa, aparece determinada en el título, de modo que sea fácilmente inteligible y se entienda en un solo sentido y será exigible cuando puede demandarse su cumplimiento, por no estar pendiente el agotamiento de un plazo o de condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió.» [se subraya]

14 Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

transcurrió.» [se subraya]

14 Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. 15 Sección Tercera, Subsección A, auto del 31 de agosto de 2021, radicación 17001-23-33-000-201900516-01(66262). 16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 30 de mayo de

2024. Cp. Juan Enrique Bedoya Escobar. 17 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Código General del Proceso – Parte Especial”, Dupré Editores, Tomo II, Bogotá, 2017, págs. 507 y 508.Número Interno: 1264-2024

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También se ha dicho, que los títulos ejecutivos pueden ser simples o complejos, serán simples cuando la obligación se encuentra vertida en un único documento y complejos si se requieren varios documentos para que surja la obligación clara expresa y exigible18.

Es importante destacar que existen diversos debates en torno a la naturaleza del título ejecutivo cuando se trata de condenas impuestas al Estado mediante sentencia judicial o conciliación. La discusión gira en torno a si d icho título debe considerarse simple o complejo. De una parte, se ha sostenido que el título no se agota en la sentencia, sino que también lo integran el acto administrativo de cumplimiento e, incluso, la liquidación efectuada por la entidad deudora en caso de incumplimiento parcial de la obligación. De otra parte, se plantea que la obligación ejecutable se encuentra contenida únicamente en

que también lo integran el acto administrativo de cumplimiento e, incluso, la liquidación efectuada por la entidad deudora en caso de incumplimiento parcial de la obligación. De otra parte, se plantea que la obligación ejecutable se encuentra contenida únicamente en la sentencia, sin necesidad de documentos adicionales.

No obstante, en auto del 6 de junio de 2019 19, esta Sección av ocó conocimiento con el fin de unificar la jurisprudencia frente a las dos posturas existentes: de un lado, la que sostiene que el título ejecutivo es s