CE - Sentencia 23001233300020150008402 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 23001-23-33-000-2015-00084-02 (4540-2024)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Demandado: Rodolfo Antonio Zapata Vergara

Temas:

Reliquidación pensión de jubilación / Régimen de transición Ley 33 de 1985 / Tesis jurisprudencial vigente al momento de la expedición del acto administrativo

Sentencia de segunda instancia

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Ugpp contra la sentencia proferida el 24 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de C órdoba, Sala Quinta de Decisión, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2

1. La U gpp presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3 en orden a que

1. La U gpp presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3 en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 0302 del 5 de febrero de 2013, por medio de la cual el Fondo Pasivo de Ferrocarriles de Colombia reliquidó una pensión de jubilación a favor de Rodolfo Antonio Zapata Vergara, de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985 y al sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de

Estado, Sección Segunda.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) la declaratoria de que a Rodolfo Antonio Zapata Vergara no le asistía el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación; ii) la devolución de las sumas pagadas por concepto de reliquidación pensional ; iii) la indexación del valor de la

1 En adelante Ugpp. 2 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_01PrimeraInstancia1z(.zip) NroActua 2 », archivo digital 01ExpedienteEscaneado (págs. 3 a 16). 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co condena; iv) el reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co condena; iv) el reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios, en virtud del artículo 192 ibidem; y v) la condena en costas.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Rodolfo Antonio Zapata Vergara nació el 30 de julio de 1945. Cumplió 55 años de edad el 30 de julio de 2000, fecha en que adquirió el estatus de pensionado.

3.2. Mediante Resolución 02654 del 16 de noviembre de 20 00, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 4 reconoció a favor de Rodolfo Antonio Zapata Vergara una pensión vitalicia de jubilación, en los términos de las leyes 33 de 1985 y 100 de 1993 , liquidada con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios , la cual fue confirmada en todas sus partes con la Resolución 00358 del 21 de febrero de 2001.

3.3. El Tribunal Administrativo de Córdoba, en sentencia del 8 de noviembre de 20045 declaró la nulidad parcial de los anterior es actos administrativos, y ordenó «pagar la pensión de jubilación al demandante […] , a partir del 30 de julio, en cuanto no actualizó la base para la liquidación de la pensión a dicha fecha, en que cumplió el requisito de edad (55 años) […]» (sic).

«pagar la pensión de jubilación al demandante […] , a partir del 30 de julio, en cuanto no actualizó la base para la liquidación de la pensión a dicha fecha, en que cumplió el requisito de edad (55 años) […]» (sic).

3.4. En cumplimiento del artículo 2.° del Decreto 4986 del 2007, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia asumió la carga prestacional del INCORA. Así, mediante Resolución 0302 del 5 de febrero de 2012 reliquidó la pensión de Rodolfo Antonio Zapata Vergara, con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios de conformidad con el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 , «en el sentido de disponer el valor de la prestación en la suma de $939.0 91,99 M/CTE, efectiva a partir del 30 de julio de 2000» (sic).

3.5. Según Acta de entrega 126 del 10 de diciembre de 2013, Ferrocarriles de Colombia entregó a la Ugpp el expediente prestacional de Zapata Vergara , con la anotación de «PENDIENTE POR RESOLVER: SOLICITUD DE FECHA 11 DE ARIL DE 2013 correspondiente a PAGO A FAVOR DEL INTEREDADO DE LA RESOLUCI ON NO. 0302 DEL 05 DE FEBRERO DE 2013 (SIN CALCULO ACTUARIAL)» (SIC).

3.6. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio 2013220382762 del 26 de agosto de 2013 señaló que «no se aprobaran cá lculos [actuariales] de reliquidaciones efectuadas por vía administrativa.» (sic).

del 26 de agosto de 2013 señaló que «no se aprobaran cá lculos [actuariales] de reliquidaciones efectuadas por vía administrativa.» (sic).

3.7. Con fundamento en lo anterior, a través de Auto ADP 00024 del 9 de enero de 2014, la Ugpp abrió a pruebas el expediente administrativo de Zapata Vergara, con la finalidad de solicitar su consentimiento para revocar la Resolución 0302 del 5 de febrero de 2012 , y así reliquidar su pensi ón de vejez con fundamento en lo devengado «en los últimos 10 años de servicio», de acuerdo con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

4 En adelante INCORA. 5 Expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 23001-23-00-002-2002-0061.3

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3.8. A través de Auto ADP 002033 del 28 de febrero de 2014, ante la negativa de l pensionado, se ordenó continuar con las actuaciones administrativas pertinentes para lograr la revocatoria directa del referido acto administrativo.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 48, 53, 83, 95 y 128 de la Constitución Política; 467 del Código Sustantivo del Trabajo6 y la Ley 100 de 1993.

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 48, 53, 83, 95 y 128 de la Constitución Política; 467 del Código Sustantivo del Trabajo6 y la Ley 100 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos7:

5.1. El acto acusado desconoció las disposiciones constitucionales al reconocer un derecho al demandad o, del cual no era beneficiari o, en perjuicio de los demás asociados y con desconocimiento del «principio de sostenibilidad financiera , remuneración mínima móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo primacía de la realidad» (sic).

5.2. Rodolfo Antonio Zapata Vergara laboró como técnico operativo 09 en el INCORA, regional Córdoba, por 24 años, 3 meses y 10 días . Quien adquirió el estatus pensional el 30 de julio de 2000, al cumplir 55 años de edad, de conformidad con la Ley 33 de 1985 y el Decreto 2143 de 1995.

5.3. En cuanto a la forma de liquidar la mesada, se desconoció lo dispuesto e n el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, pues, contrario a ello, se «tuvieron en cuenta todos los factores salariales que de vengó […] en el último año de servicio, desbordando […] el marco normativo y los parámetros adoptados por la entidad, […]» (sic).

5.4. En razón a que el reconocimiento y pago de la reliquidación pensional ordenado por el INCORA, a través del acto acusado , quedó supeditado a la aprobación del respectivo cálculo actuarial8 por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

por el INCORA, a través del acto acusado , quedó supeditado a la aprobación del respectivo cálculo actuarial8 por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no era viable su cumplimiento sin dicho requisito.

1.2. Contestación de la demanda9

6. Rodolfo Antonio Zapata Vergara contestó la demanda y se opuso a las pretensiones con fundamento en las siguientes razones:

6.1. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado 10, la liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , era procedente con l a inclusión de todos los factores devengados durante el último año de servicios.

6 En adelante CST. 7 Ibidem. 8 Artículo 10 del Decreto 254 de 2000. 9 Ver ítem 2 de Samai. Documento « 5ED_EXPEDIENTE_01PrimeraInstancia1z(.zip) NroActua 2», archivo digital 01ExpedienteEscaneado (págs. 297 a 308). 10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencias del 15 de junio de 2000, MP Alejandro Ordoñez Maldonado; y 4 de agosto de 2010, MP Víctor Hernando Alvarado Ardila.4

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6.2. El artículo 114 11 de la Ley 1395 de 2010 12 y la sentencia C -539 de 2011 ,

www.consejodeestado.gov.co 6.2. El artículo 114 11 de la Ley 1395 de 2010 12 y la sentencia C -539 de 2011 , dispusieron que las entidades públicas debían someterse a los precedentes jurisprudenciales propios de la jurisdicción correspondiente al asunto a decidir, en este caso, el de lo contencioso-administrativo.

6.3. El INCORA , mediante Resolución 02654 del 16 de noviembre de 2000, le reconoció una pensión de jubilación , «previo el trámite consagrado en la Layes 6 de 1945, 4 de 1966, 33 de 1985, y 100 de 1993 », no obstante, para su liquidación omitió tenerle en cuenta la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios.

6.4. A través del Acuerdo 04 de 1969, la junta directiva del INCORA estableció que pagaría de forma directa a sus empleados todas las prestaciones sociales, inclusive, las pension ales, «para lo cual consagró la liquidación del I.B.L. con base en todos los factores devengados por sus funcionarios con derecho a pensión» (sic).

6.5. Si bien el referido acuerdo se expidió en virtud de las facultades del artículo 38 del Decreto 3130 de 1968, y este último fue declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia, «se hizo la salvedad correspondiente a efecto de dejar con vigencia [aquel], en razón de que los empleados del INCORA no se encontraban afiliados a Caja de Previsión Social alguna, y por tanto, no efectuaron aportes a pensión» (sic). Por ello, las prestaciones pensionales fueron reconocidas con la inclusión de todos los factores

en razón de que los empleados del INCORA no se encontraban afiliados a Caja de Previsión Social alguna, y por tanto, no efectuaron aportes a pensión» (sic). Por ello, las prestaciones pensionales fueron reconocidas con la inclusión de todos los factores devengados por el empleado durante el último año de servicios , «en aplicación de los Decretos 3135 de 1968, 1849 de 1969, 1042 y 1045 de 1978» (sic).

6.6. En razón a que su reconocimiento pensional fue en los términos de la Ley 33 de 1985 y cuya liquidación se realizó de acuerdo con la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, «criterio jurisprudencial unificado y reiterado que se halla vigente », no e ra procedente que se declarara la nulidad del acto acusado, pero s í, que se ordenara el pago de la nueva mesada pensional y de las diferencias dejadas de percibir, debidamente indexadas. Además, resultaba procedente la condena en costas en favor de la demandante por su actuar temerario.

1.3. Sentencia de primera instancia13

7. En sentencia del 24 de mayo de 2024 , el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión negó las pret ensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales aplicables al asunto, concluyó lo siguiente:

7.1. Rodolfo Antonio Zapata Vergara era beneficiario del derecho pensional de jubilación en los términos de l régimen de transición de la Ley 33 de 1985, por lo

7.1. Rodolfo Antonio Zapata Vergara era beneficiario del derecho pensional de jubilación en los términos de l régimen de transición de la Ley 33 de 1985, por lo que le fue aplicable el Decreto Ley 3135 de 1968. lo cual n o ameritó discusión. Diferente fue, lo pertinente a la conformación de su IBL y los efectos de la no

11 Sin perjuicio de la mención realizada por el demandado, se recuerda que este artículo fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. 12 Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. 13 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_01PrimeraInstancia1z(.zip) NroActua 2», archivo digital 14Sentencia.5

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aprobación del cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto de la legalidad del acto acusado.

7.2. La referida transición conllevó no solo el beneficio de la edad del régimen anterior, sino a su aplicación integral, es decir, el tiempo de servicio y el monto pensional, encontrándose en este último, la incorporación de los factores salariales en aquel previstos, «que para el caso, incluiría todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, tomando como referencia los enlistados en el artículo 45 del

pensional, encontrándose en este último, la incorporación de los factores salariales en aquel previstos, «que para el caso, incluiría todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, tomando como referencia los enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978» (sic).

7.3. Es decir, el acto acusado se fundament ó en la normativa pertinente y en el «criterio jurisprudencial aplicable para la época, cuyo desconocimientoindependientemente de los cambios jurisprudenciales al respecto - implicaría enervar la seguridad jurídica del pensionado o beneficiario », esto es, la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado, Secció0n Segunda.

7.4. «[P]ara abril de 1993, cuando se retiró del servicio el señor Zapata, ya tenía más de 20 años de servicio -no le faltaba tiempo de servicio -, y no existía el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993 -aplicable a partir del 1.° de abril de 1994-, por tanto, no hay prestación de servicios ni cotizaciones en vigencia de Ley 100; de modo que se descarta su aplicación y la de sus reglamentos, salvo que contra derecho, se apliquen de manera retroactiva en desmedro del pensionado. En otras palabras, para poder aplicarle a un pensionado el Ingreso base de liquidación de que trata el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100, es imprescindible que, a su entrada en vigencia, le faltare tiempo de servicio, para así, poder sacarle el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta, si el tiempo pendiente es menos de 10 años, o durante todo el tiempo, si el tiempo faltante es

para así, poder sacarle el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta, si el tiempo pendiente es menos de 10 años, o durante todo el tiempo, si el tiempo faltante es superior a esos 10» (sic).

7.5. La imposibilidad de pagar la pensión en el monto ordenado en el acto acusado, con ocasión de la ausencia del cálculo actuarial aprobado por parte del Ministerio de Hacienda, es una circunstancia que no afectó su legalidad, pero si su ejecución, «pues, desde su propio contenido se estableció la condición de pago a la aprobación de dicho cálculo -más no de la legalidad de disponer la reliquidación-» (sic).

7.6. De acuerdo con la certificación del histórico de pagos al pensionado que allegó el FOPEP, han sido efectuados de acuerdo con l a Resolución 2654 del 16 de noviembre de 2000, es decir, el pago de acuerdo con el monto reconocido en la Resolución 0302 de 2013, no se ha materializado.

7.7. Este no era el medio de control idóneo para la ejecución del acto administrativo acusado, como lo pretendió el demandado, «en todo caso, se tendría que dar por cumplida la condición de ejecutividad a la que quedó sometido el acto de reliquidación, esto es, la aprobación del cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda, contando para el efecto con mecanismos constituc ionales propios para el cumplimiento de obligaciones dispuestas en la ley» (sic).

1.4. Recurso de apelación14

14 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_01PrimeraInstancia1z(.zip) NroActua 2»,

dispuestas en la ley» (sic).

1.4. Recurso de apelación14

14 Ver ítem 2 de Samai. Documento «5ED_EXPEDIENTE_01PrimeraInstancia1z(.zip) NroActua 2», archivo digital 16RecursoApelacion.6

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8. La Ugpp solicitó la revocatoria de la sentencia ante la evidente ilegalidad en la reliquidación de la pensión de jubilación del demandado, por las siguientes razones:

8.1. Rodolfo Antonio Zapata Vergara prestó sus servicios al INCORA del 20 de enero de 1969 al 30 de abril de 1993 , quien adquirió el estatus de pensionado el 30 de julio de 2000, al cumplir 55 años.

8.2. Con la Resolución 02654 del 16 de noviembre de 2000, el INCORA le reconoció una pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985, liquidada con el 75 % del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

8.3. La Resolución 0302 de 2013 [acto acusado] incluyó la totalidad de los factores percibidos por el pensionado durante el último año de servicios, con desconocimiento de la Ley 33 de 1985, pues, lo correcto, era conformar el IBL con los factores expresamente establecidos en la Ley 62 de 1985 , lo cual resultaba

percibidos por el pensionado durante el último año de servicios, con desconocimiento de la Ley 33 de 1985, pues, lo correcto, era conformar el IBL con los factores expresamente establecidos en la Ley 62 de 1985 , lo cual resultaba acorde con el artículo 48 constitucional. Sin embargo, el pago quedó condicionado a la aprobación del respectivo cálculo actuarial por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

8.4. Con fundamento en la negativa por parte del ministerio a l requisito exigido, la Ugpp inició el trámite correspondiente con el fin de lograr la revocatoria de su propio acto.

8.5. En la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 201815 por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo se fijó «para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985» en como regla de interpretación que, «[l]os factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones».

1.4. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 247 del CPACA, se prescindió de la celebración de la audiencia de alegatos y juzgamiento, y se corrió traslado para alegar de conclusión16.

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio17.

2. Consideraciones

traslado para alegar de conclusión16.

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio17.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 18, el

15 Expediente 52001-23-33-000-2012-00143 01. 16 Tal y como se indicó en el auto del 20 de septiembre de 2024. Ítem 4 de Samai. 17 Así se desprende del informe secretarial del 28 de noviembre de 2024. Ítem 8 de Samai. 18 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.7

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co problema jurídico se contrae a determinar: ¿si el acto que ordenó reli quidar la pensión de jubilación reconocida a Rodolfo Antonio Zapata Vergara se torna ilegal al fundamentarse en la posición jurisprudencial relacionada con la conformación del IBL vigente al momento de su expedición?

12. Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo y jurisprudencial, (1.1) alcance del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

IBL vigente al momento de su expedición?

12. Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo y jurisprudencial, (1.1) alcance del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Evolución jurisprudencial y (1.2) efectos en el tiempo de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado; (2) caso concreto; (3) costas; y (4) conclusión.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.1. Alcance del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Evolución jurisprudencial

13. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones con el fin de garantizar el amparo a la población de las contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte. En aras de la protección de las expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento de la entrada en vigencia de la citada norma se estableció un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, según el cual, para el trabajador que a la entrada en vigencia del sistema (1 de abril de 1994) contara con 3 5 o 40 años de edad o más si es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión sería «la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados»19.

14. La interpretación sobre el alcance del régimen de transición aludido ha tenido diversas visiones por parte de la jurisprudencia. Así, unas posturas señalaban que también comprendía el ingreso base de liquidación 20, por lo que al momento de

14. La interpretación sobre el alcance del régimen de transición aludido ha tenido diversas visiones por parte de la jurisprudencia. Así, unas posturas señalaban que también comprendía el ingreso base de liquidación 20, por lo que al momento de liquidar la prestación social debía aplicarse el período y los factores salariales previstos en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 21. En este último aspecto también se presentó controversia, puesto que existía divergencia entre incluir todos los factores salariales devengados por el trabajador o solo aquellos sobre los cuales se realizaron los aportes22.

19 El inciso 2 de la norma preceptúa lo siguiente: «[l]a edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son m ujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley». 20 IBL. 21 Esta hipótesis se encuentra, entre otras, en las sentencias de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela T-631 de 2002; T-1000 de 2002; T–169 de 2003; T-651 de 2004; T-386 de 2005,

T-251 de 2007; T-180 de 2008. También las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 7 de febrero de 2013, radicado: 1723 -2012; del 2 de mayo de 2013, radicado: 12082012; y del 7 de noviembre de 2013, radicado: 2672-2012. 22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 29 de mayo de 2003, radicado: 25000 -23-25-000-2000-2990-01(4471 - 02), defendió la tesis de que se debía incluir todos los factores salariales. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de febrero de 2006, radicado: 25000 -23-25-000-2001-01579-01(1579-04),8

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

15. La discusión al interior del Consejo de Estado se definió en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de agosto de 201023 en la que se indicó que el IBL sí hacía parte de la transición y que, por ende, la liquidación pensional debía incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. La Sección acogió una postura similar en la sentencia de unificac ión del

indicó que el IBL sí hacía parte de la transición y que, por ende, la liquidación pensional debía incluir todos los factores salariales devengados en el último año de servicio. La Sección acogió una postura similar en la sentencia de unificac ión del 12 de septiembre de 2014 24 en la que se indicó que para efectos de la liquidación de la pensión de los magistrados de altas cortes beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se debían aplicar de manera integral las normas del Decreto 546 de 1971, esto es, con el IBL previsto en este último25.

16. La postura señalada se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 26, rectificó la referida interpretación. En esta providencia se concluyó que el IBL, en sus componentes período y factores salariales, aplicable a quienes eran beneficiarios del régimen de transición era el previsto en el artículo 36, inciso 3, o el 21 de la Ley 100 de 1993. En tal sentido, a estas personas solo se les podía aplicar el régimen anterior en cuanto a las condiciones de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo.

17. Lo anterior en consonancia con la tesis de la Corte Constitucional establecida en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016 que reñía con la unificación del año 2010 del Consejo de Estado, puesto que al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 determinó que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo protegía la edad, el monto pensional y la tasa de reemplazo,

36 de la Ley 100 de 1993 determinó que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo protegía la edad, el monto pensional y la tasa de reemplazo, pero que el IBL era el previsto en su inciso 3 y en el artículo 21 ibidem.

2.2.2. Efectos en el tiempo de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado

18. Por regla general, en atención a los principios de equidad, igualdad y de las normas de conformidad con los cambios sociales, políticos, económicos y

propugnaba por la postura que indicaba que solo debía incluirse los factores sobre los que se hicieron aportes. 23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado: 250002325000200607509 01. «[e]n aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios». 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 25000-23-42-000-2013-00632 01(1434-14). 25 En la sentencia aludida se señaló que «[…] ante la ausencia de elementos jurídicos que permitan

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 25000-23-42-000-2013-00632 01(1434-14). 25 En la sentencia aludida se señaló que «[…] ante la ausencia de elementos jurídicos que permitan liquidar el monto de la mesada pensional del Magistrado de Alta Corte gobernado por el Decreto 104 de 1994, se debe entonces acudir a lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, que al fijar el régimen de transición impone su límite al promedio de lo devengado en los últimos 10 años, o a la integración normativa que legalmente corresponda al titular de acuerdo a la historia laboral que acredite. Diferente al caso del Magistrado de Alta Corporación que encuentre regulada su situación por el Decreto 546 de 1971, que expresamente determina el reconocimiento de la pensión, con el 75% de la asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, tal como lo señala explícitamente su artículo 6° […]». 26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01.9

Radicado: 25000-23-42-000-2014-03527-02 (1276-2021)

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co culturales, así como por la necesidad de superar situaciones que afectan el valor de la justicia 27, respecto de las sentencias que unifican su jurisprudencia, esta Corporación ha conferido efectos de aplicación inmediata a todos los procesos que

culturales, así como por la necesidad de superar situaciones que afectan el valor de la justicia 27, respecto de las sentencias que unifican su jurisprudencia, esta Corporación ha conferido efectos de aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los que se pretenda la aplicación de la norm