CE - Sentencia 23001233300020150008901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUEZ

Demandado: MUNICIPIO DE AYAPEL (CÓRDOBA)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Tema: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El poder no es un contrato estatal.

Las gestiones entre poderdante y apoderado se rigen por el contrato de gestión suscrito entre las partes. – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Objeto ilícito por atribución a particulares de funciones que por su naturaleza son privativas del representante legal del ente territorial - NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO. Objeto Ilícito – RESTITUCIONES MUTUAS. Hay lugar a su reconocimiento cuando se declara la nulidad absoluta del contrato, salvo cuando se haya celebrado con objeto o causa ilíci ta a sabiendas.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 6 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba1, en la cual se dispuso:

“PRIMERO: Declarar probada de oficio la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato fechado 12 de julio de 2012, suscrito por las partes.

Córdoba1, en la cual se dispuso:

“PRIMERO: Declarar probada de oficio la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato fechado 12 de julio de 2012, suscrito por las partes.

SEGUNDO: Declarar que no hay lugar a restituciones mutuas.

TERCERO: Sin costas en esta instancia”.

SÍNTESIS DEL CASO

GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUEZ, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales solicita que se declare el incumplimiento del contrato de prestación de servicios por parte del Municipio de Ayapel y se ordené el pago de los honorarios, mientras el ente territorial sostiene que el negocio adolece de nulidad absoluta y que no se acreditaron las gestiones del contrato.

1 Exp. Digital, Documento 39.2

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

ANTECEDENTES

1. La demanda

El 18 de marzo de 2015, GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUEZ presentó demanda de controversias contractuales en contra del MUNICIPIO DE AYAPEL (CÓRDOBA), con el objeto de que accediera a las siguientes pretensiones, que se trascriben literalmente:

PRIMERA.- Que el MUNICIPIO DE AYAPEL CORDOBA demandado incumplió el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 12 de julio de 2012, concertado entre esa entidad estatal y mi poderdante, señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR

el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 12 de julio de 2012, concertado entre esa entidad estatal y mi poderdante, señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR

MARQUEZ.

SEGUNDA.- Que el demandado MUNICIPIO DE AYAPEL CORDOBA, dio por terminado, sin justa causa y en forma arbitraria, el contrato de prestación de servicios a que se contrae la pretensión anterior con mi poderdante, sin que fuese notificado por la entidad contratante.

TERCERA.- Que con fundamento en las anteriores declaraciones se condene a la entidad estatal demandada a pagar a mi poderdante señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUEZ, la suma de $1.142.059.433,81 ML. junto con la corrección monetaria y los intereses a que haya lugar de conformidad con el artículo 178 del C.C.A., desde la fecha en que se dio por terminado el contrato de prestación de servicios de manera injusta y hasta tanto se produzca el pago, suma ésta que corresponde al 20% de los dineros por concepto de ret iro de excedentes de conformidad con los decretos 4105 de 2004 y 055 de 2009 que fueron desembolsados al Municipio de Ayapel Córdoba, en cuantía de $5.710.297.169,06 M.L. tal y como se pactó en el Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre aquel y la entidad pública mencionada.

CUARTA.- Que por las anteriores declaraciones, además se condene al MUNICIPIO DE AYAPEL CORDOBA a indemnizar a mi mandante la totalidad de los perjuicios que se le irrogaron por el incumplimiento e injusta terminación del Contrato de Prestación de Servicio s de fecha 12 de Julio de 2012, firmado

MUNICIPIO DE AYAPEL CORDOBA a indemnizar a mi mandante la totalidad de los perjuicios que se le irrogaron por el incumplimiento e injusta terminación del Contrato de Prestación de Servicio s de fecha 12 de Julio de 2012, firmado con él mismo.

QUINTA.- SUBSIDIARIA.- En subsidio que se condene al MUNICIPIO DE AYAPEL CORDOBA demandado el pago de los perjuicios que se prueben dentro del proceso y que se causaron con la injusta terminación e incumplimiento del contrato de prestación de servicios antes mencionado, junto con la corrección monetaria y los intereses a que haya lugar.

SEXTA.- Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, conforme al artículo 176 del C.C.A. y se tenga en cuenta lo preceptuado por el artículo 177 de la misma obra”.

Como fundamento fáctico de la demanda señaló, en síntesis, que presentó propuesta ante la Alcaldía del Municipio de Ayapel, con fundamento en la cual se suscribió el contrato de prestación de servicios el día 12 de julio de 2012, cuyo objeto fue: Que el co ntratista se obliga a prestar sus servicios profesionales al municipio por su cuenta y riesgo, con plena autonomía e independencia profesional, con el fin3

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

de verificar el cubrimiento del pasivo pensional y la recuperación de excedentes del

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

de verificar el cubrimiento del pasivo pensional y la recuperación de excedentes del pasivo cubierto por el municipio ante el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales -FONPETMinisterio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la normatividad vigente.

Las partes pactaron que el valor del contrato es indeterminado en razón a que no se podía cuantificar el valor a recuperar al momento de la firma del mismo, motivo por el cual fijaron un valor fiscal de dos millones de pesos ($2.000.000), con la precisión de que el municipio cancelaría al contratista cada éxito obtenido en un porcentaje del veinte por ciento (20%) sobre el saldo a favor del municipio, tras la depuración de la información, levantada y legalizada la respectiva acta de conciliación, y la devolución real y efectiva de cuentas de dichos dineros o saldos al municipio. Igualmente, establecieron que los honorarios no superarían el porcentaje previsto sobre los saldos a favor de las cuentas conciliadas con el FONPET Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En cumplimiento del objeto contractual, el actor recopiló información y elevó solicitud ante el Director de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el día 7 de septiembre de 2012. Tras un tiempo prudencial, radicó petición el 15 de febrero de 2013 sin obtener respuesta y tras su insistencia, el demandante recibió respuesta el 11 de abril de 2013, en la que se informó la devolución de las peticiones al municipio por solicitud expresa del alcalde

prudencial, radicó petición el 15 de febrero de 2013 sin obtener respuesta y tras su insistencia, el demandante recibió respuesta el 11 de abril de 2013, en la que se informó la devolución de las peticiones al municipio por solicitud expresa del alcalde del día 9 de a bril de 2013, quien informó de la revocatoria del poder, adjuntándole la misiva referenciada que señala los motivos de la decisión y determina la persona autorizada para recibir la información, prohibiendo la entrega de información sin autorización expresa y por escrito otorgada ante notaría pública.

Indicó que en estas condiciones, al actor le fue imposible continuar con el cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios y ante la negativa de la entrega de la información sobre el trámite iniciado, debió presentar peticiones y acudir a la acción de tutela, hasta que el 31 de octubre de 2014, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta a su petición e hizo entrega de lo solicitado, incluyendo las resoluciones que autorizan el retiro de recursos del FONPET al ente municipal.

Señaló que el demandante cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, la entidad accionada incumplió sin justa causa el contrato y que el municipio de Ayapel recibió el desembolso en cuantía de $5.710’297.169 por concepto de retiro de excedentes4

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

conforme a los Decretos 4105 de 2004 y 055 de 2009. Por lo tanto, con la acción

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

conforme a los Decretos 4105 de 2004 y 055 de 2009. Por lo tanto, con la acción judicial se persigue el pago de los honorarios pactados junto con los intereses e indemnizaciones a que haya lugar.

2. El trámite en primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba, por auto del 27 de julio de 2015, inadmitió la demanda para que se precisará los perjuicios y razonara la cuantía 2. Tras la subsanación de la demanda, en la cual la parte demandante renunció expresamente a las pretensiones 4 y 53, el ad quo profirió auto del 20 de agosto de 2015, admitió la demanda y ordenó su notificación personal a las partes y al Ministerio Público4.

El Municipio de Ayapel contestó oportunamente la demanda 5. Se opuso a las pretensiones, precisando que no le constaban la mayoría de los hechos, y que si bien puede ser cierto el contrato de prestación de servicios según los documentos aportados, la Oficina de Planeación del ente territorial certificó que no obr aba carpeta contentiva de dicho contrato; que este no tiene radicado de consecutivo y que la resolución que supuestamente aprobaba la póliza tenía un consecutivo que correspondía a otro tema, y fue expedida con anterioridad a la fecha descrita. Precisó q ue fue esta la razón por la cual contestó en forma extemporánea las peticiones que se le formularon.

Afirmó que el objeto del contrato aportado es ilícito, conforme a la Ley 1386 de 2010. Además, que la duración del contrato fue de 2 meses hasta el 12 de septiembre de

peticiones que se le formularon.

Afirmó que el objeto del contrato aportado es ilícito, conforme a la Ley 1386 de 2010. Además, que la duración del contrato fue de 2 meses hasta el 12 de septiembre de 2012 y que según información devuelta por el Ministerio de Hacienda, el día 5 de diciembre de 2012, el señor Tafur Márquez no presentó ninguna solicitud de entrega de recursos, razón por la cual el alcalde elevó petición de devolución de los dineros.

Señaló que el Alcalde municipal revocó el poder porque creía que el demandante era abogado y no contador, y no tenía conocimiento de que no requería de intermediario para ese trámite; además, de que su objeto estaba prohibido por la Ley 1386 de 2010. Indicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Circular del 23 de diciembre de 2013, dirigida a los entes territoriales, en la que se reafirmaba que no era posible agilizar los trámites de retiro de recursos del FONPET y que las entidades no requerían ningún tipo de asesoría externa al Ministerio.

2 Exp. Digital. Documento 6. 3 Exp. Digital. Documento 7. 4 Exp. Digital. Documento 8. 5 Exp. Digital. Documento 11.5

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

Finalmente propuso las excepciones de caducidad de la acción, nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito e inexistencia de incumplimiento del contrato por parte

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

Finalmente propuso las excepciones de caducidad de la acción, nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito e inexistencia de incumplimiento del contrato por parte del municipio. Sobre el medio exceptivo de nulidad argumentó que el contrato desconoció la prohibición de la Ley 1386 de 2010 que prohíbe delegar en terceros la devolución de tributos.

El Ministerio Público guardó silencio.

El 26 de julio de 2016 se realizó audiencia inicial 6, se fijó el litigio, se decretaron pruebas y se fijó fecha de audiencia de prácticas de pruebas para el día 13 de septiembre de 2017, fecha en la cual se incorporaron las documentales allegadas y se corrió traslado para alegatos de conclusión 7. La parte actora en sus alegatos reiteró los argumentos que soportan la demanda8. Hizo énfasis en que el alcalde, al revocar el poder del demandante, no señaló la falta de cumplimiento; que el demandante cumplió el contrato y que las potestades de los artículos 17, 44 y 45 de la Ley 80 no se utilizaron en sede administrativa porque no se configuraron las exigencias legales para la terminación del contrato y la declaratoria de nulidad.

La parte demandada no presentó alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió la sentencia el día 6 de febrero de 20209, mediante la cual declaró de oficio la nulidad absoluta por objeto ilícito del

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba profirió la sentencia el día 6 de febrero de 20209, mediante la cual declaró de oficio la nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato suscrito el día 12 de julio de 2012 y determinó que no hay lugar a restituciones mutuas.

El problema jurídico propuesto por el a quo fue determinar si se configura la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios por objeto ilícito. Y en el evento de no prosperar la nulidad del contrato, establecer si existió incumplimiento por parte del municipio del contrato celebrado entr e las partes. Igualmente, establecer el alcance de la Ley 1386 de 2010 conforme a los términos alegados por las partes y examinar si el municipio está legitimado para proponer la excepción de nulidad absoluta del contrato, pese a no haberla declarado en sede administrativa.

6 Exp. Digital. Documento 24. 7 Exp. Digital. Documento 31. 8 Exp. Digital. Documento 34. 9 Exp. Digital. Documento 39.6

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

El Tribunal referenció los hechos acreditados y las disposiciones que regulan el origen de los recursos destinados al pago de los pasivos pensionales de las entidades territoriales, especialmente, los artículos 48, 49 y 51 de la Ley 863 de 2003, que dispo nen, entre otros, que los saldos de descuentos conservarán su

origen de los recursos destinados al pago de los pasivos pensionales de las entidades territoriales, especialmente, los artículos 48, 49 y 51 de la Ley 863 de 2003, que dispo nen, entre otros, que los saldos de descuentos conservarán su destinación; regula los porcentajes de distribución de las fuentes de los recursos aportados al FONPET y establecen la posibilidad de utilizar los recursos de esa cuenta para cubrir obligaciones por bonos pensionales y cuotas partes de bonos pensionales y aclara la naturaleza y función del Fondo Nacional de Pensiones de la Entidades Territoriales, FONPET.

Luego de referenciar las diferentes fuentes destinadas a financiar el pasivo pensional, destacó que no se pueden retirar recursos del FONPET mientras no se haya cubierto el ciento por ciento (100%) del pasivo pensional. Cumplido lo anterior, los recursos podrán destinarse a pasivo pensional o a los fines que corresponda, de acuerdo con las leyes que regulan su destinación.

En estos términos, concluye que el municipio de Ayapel no incurrió en la prohibición de la Ley 1386 de 2010, asociada a la prohibición de delegar a cualquier título la administración de los diferentes tributos. Sin embargo, el a quo de oficio, encontró que se configura la nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito. Al respecto, señaló que el objeto del contrato constituye la delegación de una facultad “privativa” del ente territorial de retirar los recursos de la cuenta FONPET que exceda los montos del artículo 6 de la Ley 549 de 1999 y el Decreto 055 de 2009, al tratarse de una materia no susceptible de delegación. Adicionalmente, la legislación que regula el retiro de los excedentes del FONPET no establece la posibilidad de delegar en

una materia no susceptible de delegación. Adicionalmente, la legislación que regula el retiro de los excedentes del FONPET no establece la posibilidad de delegar en los particulare s dicha facultad, máxime que los recursos a devolver deben destinarse a los fines previstos originalmente en las disposiciones que los consagran (regalías y sistema general de participaciones).

El Tribunal concluye que estos recursos tienen una destinación específica y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, razón por la cual no es posible, jurídicamente, atribuir a un particular la facultad delegada en el contrato objeto de la litis; por tanto, el representante legal del municipio de Ayapel al atribuir al particular contratista esa función pública indelegable termina cambiando la destinación de los recursos del sistema general de participaciones y sistema general de regalías, en contr avención directa del artículo 6 de la Ley 549 de 1999. Finalmente, el Tribunal decidió que no hay lugar a restituciones mutuas, porque la petición presentada por el demandante fue devuelta y la devolución de los recursos7

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

retenidos como excedentes se dio por las solicitudes formuladas por el Alcalde los días 31 de mayo de 2013 y 19 de febrero de 2014.

5. Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual pidió que se revocara la sentencia de primera instancia y se concedieran las pretensiones 10. Sustentó su solicitud al considerar que no opera la nulidad del contrato por objeto

La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el cual pidió que se revocara la sentencia de primera instancia y se concedieran las pretensiones 10. Sustentó su solicitud al considerar que no opera la nulidad del contrato por objeto ilícito aduciendo que el compromiso asumido no afecta la destinación de los recursos comprometidos en el vínculo contractual, al tratarse de conceptos incorporados dentro del sector propósito general.

También señala que la Ley 715 de 2001, al definir la distribución sectorial de los recursos establece que del 100% de estos, el 58,5% corresponde al sector de educación; el 24,5%, al de salud, y un 17%, para el sector de propósito general, y que en los municipios de categoría 4, 5 y 6 se puede destinar libremente hasta un 28% de los recursos. En este sentido, señala que de estos recursos el municipio debe pagar la gestión realizada por el poderdante, por lo cual, el fallo emitido tiene un defecto sustantivo.

Alegó que aun cuando no se abordó en el fallo, el contrato suscrito corresponde a un contrato de mandato, el cual conforme al artículo 1498 del Código Civil puede ser aleatorio para el mandatario. Expuso que fue después de la celebración del contrato y la gestión del demandante, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió la Carta Circular el 26 de diciembre de 2013, que indica que no requiere ningún tipo de intermediación ni de asesoría externa a dicha entidad y concluyó señalando que el contrato de la litis goza del principio de legalidad.

6. Trámite en segunda instancia

requiere ningún tipo de intermediación ni de asesoría externa a dicha entidad y concluyó señalando que el contrato de la litis goza del principio de legalidad.

6. Trámite en segunda instancia

Por auto de 31 de mayo de 2021 se admitió el recurso de apelación11 y el 9 de julio del mismo año, se corrió traslado para alegar de conclusión12. La parte demandante presentó alegatos finales 13, en los cuales reiteró los fundamentos del recurso de apelación y señaló que la sentencia del a quo adolece de defecto sustantivo en la interpretación de las normas aplicables, puesto que el objeto del contrato implicó una gestión que para la fecha de su celebración no estaba prohibida.

10 Exp. digital. Documento 40. 11 Exp. digital. Documento 44. 12 Exp. digital. Documento 47. 13 Exp. digital. Documento 49.8

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

Adicionalmente, manifestó que el demandante acreditó el cumplimiento del contrato y que la parte demandada incumplida debe pagar los honorarios y la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.

El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de

1. Jurisdicción y competencia

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el municipio de Ayapel (Córdoba).

Se precisa que, si bien en la cláusula décima del contrato objeto de la controversia se previó un pacto arbitral, se entiende renunciado por las partes, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, porque el señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUÉZ presentó demanda ante esta jurisdicción y el MUNICIPIO DE AYAPEL no formuló la excepción de cláusula compromisoria.

También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.14

2. La caducidad de la acción

El artículo 164, numeral 2, literal j, del CPACA, establece que el medio de control de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados a partir del vencimiento del plazo establecido contractual o legalmente para liquidar el contrato, así: “j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años

liquidación, en el término de dos años, contados a partir del vencimiento del plazo establecido contractual o legalmente para liquidar el contrato, así: “j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.[…]

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así: […]

14 En el año 2015, momento en que se presentó la demanda, el salario mínimo correspondía a $644,350 y la estimación de la cuantía en la demanda asciende a $1.142.059.433,81, equivalentes a 1772,4 salarios mínimos mensuales legales vigentes del año 2015.9

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

1. En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”.

De conformidad con los hechos de la demanda y pruebas allegadas se verifica que el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes de la litis requiere de liquidación porque expresamente lo estipularon las partes, así:

De conformidad con los hechos de la demanda y pruebas allegadas se verifica que el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes de la litis requiere de liquidación porque expresamente lo estipularon las partes, así:

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - El presente contrato se liquidará de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a partir de la finalización del mismo o de la expedición del acto administrativo que ordene la terminación a la fecha del acuerdo que lo disponga”.

Conforme al acervo probatorio, esta instancia encuentra que las partes establecieron un plazo de 4 meses para realizar la liquidación bilateral. Además, al tratarse de un contrato de tracto sucesivo y pactarse la liquidación, la misma se rige por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme a los cuales el contrato debía ser liquidado de común acuerdo entre las partes dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación y, si ello no era posible, de manera unilateral por la entidad, lo cual debía llevarse a cabo dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral.

Así, el contrato se suscribió el 12 de julio de 2012 y sobre su duración dispuso “El plazo de ejecución del presente contrato será a partir de la firma y dos (2) meses más”, esto significa que se extendió hasta el 12 de septiembre de 2012. Por tanto, el término para la liquidación bilateral previsto por las partes empezó a contar desde el día siguiente hasta el 13 de enero de 2013, por lo cual el término para la liquidación unilateral se extendió hasta el 14 de marzo de 2013 y a partir del 15 de

el término para la liquidación bilateral previsto por las partes empezó a contar desde el día siguiente hasta el 13 de enero de 2013, por lo cual el término para la liquidación unilateral se extendió hasta el 14 de marzo de 2013 y a partir del 15 de marzo de 2013 empezó a correr el término de caducidad, el cual finalizaba el día 15 de marzo de 2015.

El día 21 de enero de 2015, faltando un mes y veintidós (22) días para la configuración de la caducidad, la parte demandante solicitó audiencia de conciliación ante la Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos, fecha en la que operó la suspe nsión del término de caducidad, el cual se reanudó el día 10 de marzo de 2015, por expedirse constancia de audiencia fallida 15. En

15 Exp. digital. Documento 4, fl. 99.10

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

consecuencia, el término para demandar se extendió desde el 11 de marzo de 2015 hasta el 4 de mayo del mismo año, fecha en la cual finalizaron los dos años para demandar.

En atención a que la demanda se interpuso el día 18 de marzo de 2015, se concluye que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal, conforme al artículo 164, numeral 2, del CPACA, sin que se haya configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

3. La legitimación en la causa

que la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal, conforme al artículo 164, numeral 2, del CPACA, sin que se haya configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

3. La legitimación en la causa

Por la parte activa, GUSTAVO ADOLFO TAFUR MARQUEZ se encuentra debidamente legitimado para actuar en el proceso en su calidad de contratista del contrato de prestación de servicios y, por la parte pasiva, el MUNICIPIO DE AYAPEL (Córdoba), entidad territorial que suscribió el contrato referenciado y a quien se le atribuye su incumplimiento, razones que acreditan su legitimación en la causa por pasiva.

4. Objeto de la apelación y problema jurídico

Le corresponde a la Sala verificar si el juez de primera instancia incurrió en defecto sustantivo al declarar de oficio la nulidad del contrato de prestación de servicios por objeto ilícito del contrato, conforme al objeto y actividades pactadas como la naturaleza y destinación de los recursos referenciados en el contrato, que según el recurso de apelación no violaron el ordenamiento jurídico.

La Sala precisa que en la apelación se solicita adicionalmente la aplicación de la cláusula penal del contrato; sin embargo, esa pretensión no se formuló en la demanda, ni hubo reforma que la incluyera, razón por la cual es improcedente su estudio en esta instancia.

Para resolver la cuestión, se analizará: i) el objeto ilícito como causal de nulidad absoluta; ii) la naturaleza del contrato suscrito entre el MUNICIPIO DE AYAPEL y el señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR MÁRQUEZ; iii) el objeto contractual y la

absoluta; ii) la naturaleza del contrato suscrito entre el MUNICIPIO DE AYAPEL y el señor GUSTAVO ADOLFO TAFUR MÁRQUEZ; iii) el objeto contractual y la normatividad del retiro de excedentes del FONPET; iv) la naturaleza y destinación de los excedentes del pasivo pensional a cargo del FONPET; v) las restituciones mutuas; y vi) las costas del proceso.11

Radicación: 23001-23-33-000-2015-00089-01 (66556)

Demandante: Gustavo Adolfo Tafur Márquez

Demandado: Municipio de Ayapel (Córdoba)

Referencia: Controversias contractuales

5. Objeto ilícito como causal de nulidad absoluta del contrato estatal

La Ley 80 de 1993 establece la regulación de