CE - Sentencia 23001233300020150038502 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024)

Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda

Demandado: Procuraduría General de la Nación1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Julio Francisco Ruiz Miranda presentó demanda 1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad del oficio GSA-003517 del 30 de julio de 2014 proferido por la Secretaría General de la PGN, por medio del cual la entidad negó

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad del oficio GSA-003517 del 30 de julio de 2014 proferido por la Secretaría General de la PGN, por medio del cual la entidad negó el reconocimiento y reliquidación de las diferencias salariales y prestaciones sociales por concepto de prima especial de servicios, prevista el artículo 14 de la

1 En adelante PGN. La demanda fue presentada el 23 de febrero de 2015. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024) Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda Ley 4ª de 1992 al haber desempeñado el cargo de procurador judicial II.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago de la prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 con las consecuencias prestacionales y de seguridad social, desde el 1° de enero de 1993 hasta que se desempeñe en el cargo de procurador judicial; ii) la indexación de las sumas adeudadas; iii) el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos previstos en el CPACA; y iv) la condena en costas y agencias en derecho.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Julio Francisco Ruiz Miranda se encuentra vinculado a la PGN desde el 14 de agosto de 1992 y se desempeña como procurador judicial II administrativo de Montería (Córdoba).

3.1. Julio Francisco Ruiz Miranda se encuentra vinculado a la PGN desde el 14 de agosto de 1992 y se desempeña como procurador judicial II administrativo de Montería (Córdoba).

3.2. El 9 de julio de 2014 solicitó a la entidad el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto de prima especial de servicios equivalente al 30%.

3.3. Mediante el Oficio GSA -003517 del 30 de julio de 2014 expedido por la Secretaría General de la PGN se le negó la petición.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 23, 53, 93, 122, 123 y 150 de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 1, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 127, 128, 132 del Código Sustantivo del Trabajo; 12 del Decreto 717 de 1978; 54 y 56 del Decreto 2699 de 2001; Ley 936 de 2004; decretos 3135 de 1968, 174 y 230 de 1975, 1042 y 1045 de 1978; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 « con carácter salarial» constituye un factor adicional al salario básico mensual a la cual tenía derecho al ejercer el cargo de procurador judicial grado II la cual le fue sustraída por la entidad.

prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 « con carácter salarial» constituye un factor adicional al salario básico mensual a la cual tenía derecho al ejercer el cargo de procurador judicial grado II la cual le fue sustraída por la entidad.

3 Índice 2 del aplicativo Samai.3

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024)

Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda

1.2. Contestación de la demanda

6. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan a continuación4

6.1. La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 ª de 1992 solo constituye factor salarial para liquidar la pensión de jubilación, según la Ley 332 de 1996, y no para prestaciones sociales. La entidad no tiene facultades para definir el régimen salarial de sus funcionarios ya que esta competencia corresponde al gobierno nacional, que establece anualmente los mon tos presupuestales de cada entidad. De reconocerse el derecho no se puede superar el 80% fijado en los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.

6.2. Procede la excepción de prescripción de los periodos correspondientes a los tres años anteriores a la petición del 9 de julio de 2014.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces, en sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 7, accedió a las pretensiones de la

demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de Conjueces, en sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 7, accedió a las pretensiones de la

demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO. Declarase la nulidad del acto administrativo S.G No 003517 de 30 de julio de 2014 proferido por la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se niegan las peticiones elevadas por el accionante.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, condenase a la Procuraduría General de la Nación a reconocer la Prima Especial del 30%, su naturaleza salarial y sus consecuencias prestacionales y de la seguridad social al acto r Julio Francisco Ruiz Miranda, a partir del 9 de julio de 2011 en aplicación de la prescripción trienal.

TERCERO. Condenase a la Procuraduría General de la Nación reconocer y pagar al actor la reliquidación de sus prestaciones sociales con la inclusión de la Prima Especial del 30% a partir del 9 de julio de 2011, teniendo en cuenta que no debe superar el monto del 80% que por todo concepto perciben los Magistrados de las Altas Cortes, tal como se expuso en la parte motiva

CUARTO. Las sumas reconocidas serán ajustadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del C.P.C.A. Ley 1437 de 2011.

4 Índice 2 del aplicativo Samai.4

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024)

Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda

4 Índice 2 del aplicativo Samai.4

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024) Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda QUINTO. A la presente decisión désele cumplimiento conforme con los términos de los artículos 192, 194 y 195 del CPACA. Los dineros reconocidos se ajustarán tomando en cuenta como base el índice de precios al consumidor de conformidad a la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. Sin condena en costas en esta instancia.

SEPTIMO. La presente decisión se notificará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del CPACA y contra la misma procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, para ante el respectivo superior, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) siguientes a su notificación (Art. 247 del CPACA)

OCTAVO. De no ser apelada la presente providencia, procédase al archivo del expediente, previas las anotaciones en el Sistema SAMAI (sic)».

8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

8.1. De conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en las sentencias del 29 de abril de 2014 5 y 2 de septiembre del 2019 6, la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992 es un incremento y no una disminución de la remuneración básica.

8.2. Las prestaciones sociales se deben reliquidar sobre el 100% del salario básico, es decir, se debe tener en cuenta el 30% que había sido excluido a título de prima especial.

8.3. El demandante tenía derecho al reconcomiendo y pago de «la diferencia entre lo

es decir, se debe tener en cuenta el 30% que había sido excluido a título de prima especial.

8.3. El demandante tenía derecho al reconcomiendo y pago de «la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir durante el tiempo que se desempeñó como Procurador 33 Judicial II Administrativo de Montería ». La liquidación y pago de las diferencias salariales no puede n exceder el 80% de lo que perciben, por todo concepto, los magistrados de las altas cortes.

8.4. Los periodos causados con anterioridad al 9 de julio de 2011 se encuentran prescritos al haberse presentado la reclamación el 9 de julio de 2014.

1.4. El recurso de apelación

9. La demandada presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de

primera instancia en los siguientes términos7:

9.1. La PGN actuó de conformidad con las normas que regularon la situación laboral del demandante. No se encontraba facultada para definir el régimen salarial de los

5 Con radicado 11001032500020070008700. 6 Con radicado 41001 23 33 000 2016 000 41 02 (2204 2018). 7 Samai Tribunales y Juzgados índice 51.5

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024) Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda funcionarios vinculados a la entidad; de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, esta competencia correspondía al gobierno nacional.

9.2. Los efectos de las sentencias por medio de las cuales la Sección Segunda del

funcionarios vinculados a la entidad; de conformidad con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, esta competencia correspondía al gobierno nacional.

9.2. Los efectos de las sentencias por medio de las cuales la Sección Segunda del Consejo de Estado anuló los decretos salariales expedidos por el gobierno nacional desde el año 1993 hasta el año 2007 se aplican únicamente a situaciones jurídicas que no se encuentren consolidadas. Con ello no le surgió el derecho al demandante al pago de nuevos valores por concepto de prima especial de servicios y prestaciones sociales.

9.3. No procede reconocer ni pagar sumas adicionales, ya que durante la vigencia de los decretos 4040 de 2004 y 1102 de 2012 se le pagó el salario y las prestaciones por el monto máximo autorizado. Los posibles valores en exceso derivados de la reliquidación de la prima especial de servicios como factor salarial ya fueron cubiertos mediante la bonificación judicial y de compensación, ajustando los ingresos anuales al 70% y 80% de lo percibido por los magistrados de alta corte.

9.4. Un pago adicional sin fundamento obligaría a reducir las bonificaciones, pues la remuneración de un procurador judicial II no puede superar esos porcentajes , por ello, se aplicaría la figura de la compensación prevista en el artículo 1714 del Código Civil para extinguir las obligaciones por los eventuales excesos de la reliquidación . En consecuencia, se generaría un detrimento salarial y prestacional del demandante al reducir la bonificación referida se causarían menores aportes a pensión.

1.3. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el

al reducir la bonificación referida se causarían menores aportes a pensión.

1.3. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar8.

1.4. El Ministerio Público

11. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.

8 Auto en el índice 4 de Samai.6

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024)

Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 9, se circunscriben a establecer ¿si es procedente el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 a favor de Julio Francisco Ruiz Miranda considerando que i) la PGN actuó conforme con las normas que regularon su situación laboral; ii) las sentencias que anularon los decretos salariales anuales relativos a dicha prima no le resultaban aplicables; y iii) el eventual reconocimiento del derecho reclamado excedería los topes fijados por el gobierno nacional por concepto de bonificaci ón de gestión judicial y de compensación?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores

gobierno nacional por concepto de bonificaci ón de gestión judicial y de compensación?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial, de la PGN y de la Justicia Penal Militar

13. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

14. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

9 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».7

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024) Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda «El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 10 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen

funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

15. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículos 1 y 2].

16. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de lo s Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

17. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de

únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores

10 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».8

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024) Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

18. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474

de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006, 618 de 200711, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014, 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar12».

19. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

20. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado como prima.

21. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 200913, fijó, entre otras, las siguientes

11 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

12 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)9

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024)

Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda

pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido

tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

22. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 201914.

23. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de

la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de septiembre de 201914.

23. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-0002016-00041-02(2204-2018).10

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024) Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda 201415 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos , razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».

[Se resalta].

24. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 16 «la interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos 43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios

interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos 43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condic iones, esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial» . De acuerdo con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

25. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a

15 Radicado 11001 -03-25-000-2007-00087-00 (1686 -07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de

1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 19 98; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de

2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3 568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007. 16 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012, Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.11

Radicado: 23001-23-33-000-2015-00385-02 (4596-2024) Demandante: Julio Francisco Ruiz Miranda partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

26. En sentencia del 2 de septiembre de 200917, el Consej