CE - Sentencia 23001233300020160001101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación Demandado: Nación–Rama Judicial Proceso: Medio de control de reparación directa

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-En eventos de error judicial se computa desde el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia contentiva del yerro. EJECUTORIA DE SENTENCIAS DE TUTELA-Ocurre cuando la Corte Constitucional la excluye de la revisión eventual o, habiéndola seleccionado, con la ejecutoria de la sentencia de revisión que emita. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL-Se exige que la providencia a la que se le acusa de contener el error esté en firme. DAÑOS CAUSADOS POR PROVIDENCIAS NO EJECUTORIADAS-Se analiza bajo la óptica de la falla en el servicio.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 25 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró la caducidad del medio de control. La decisión fue la siguiente:

demandante en contra de la sentencia de 25 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se declaró la caducidad del medio de control. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa de la referencia, conforme la motivación.

SEGUNDO: En consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda, por lo ya expuesto.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.”1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno al alegado error judicial contenido en las sentencias de tutela emitidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica

1 Índice SAMAI 27. expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de Córdoba.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

Demandado: Nación–Rama Judicial

Asunto: Reparación directa

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y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, en primera y segunda instancia, respectivamente, que le causaron el daño al PAR de Telecom al ordenar el pago de unas condenas que eran improcedentes, como posteriormente lo resolvió la Corte Constitucional en sede de revisión mediante sentencia SU-377 de 2014.

II. ANTECEDENTES La demanda

el pago de unas condenas que eran improcedentes, como posteriormente lo resolvió la Corte Constitucional en sede de revisión mediante sentencia SU-377 de 2014.

II. ANTECEDENTES La demanda

El 18 de diciembre de 2015, el Consorcio Remanentes Telecom y sus integrantes, Sociedad de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. y la Sociedad Fiduciaria Popular – Fiducar S.A.2, por medio de apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación –Rama Judicial por los perjuicios derivados del error judicial en el que se incurrió al proferir las sentencias de primera y segunda instancia en la acción de tutela con radicado 200900065, en los siguientes términos:

“1. Que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, sea declarada responsable por los daños sufridos por la parte demandante fruto del error judicial cometido dentro de la acción de tutela iniciada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica (Córdoba) baj o la radicación 200900065, que fue resuelta definitivamente mediante la sentencia SU377 de 2014 de la Corte Constitucional.

2. Que como consecuencia de lo anterior, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL debe indemnizar los siguientes perjuicios al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE

REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN:

a. La suma de dos mil ciento dos millones ochocientos sesenta y cuat ro mil ciento veintiocho pesos ($2.102’864.128,00) actualizados desde el 24 de septiembre de 2009 hasta la fecha de su pago definitivo.

a. La suma de dos mil ciento dos millones ochocientos sesenta y cuat ro mil ciento veintiocho pesos ($2.102’864.128,00) actualizados desde el 24 de septiembre de 2009 hasta la fecha de su pago definitivo.

b. Los intereses bancarios corrientes que generaban los anteriores dineros mientras estaban en la cuenta de la actora, con tabilizados desde el 24 de septiembre de 2009 hasta la fecha de pago definitivo.

c. Los intereses de mora sobre la suma descrita en el literal a), calculados desde el 24 de septiembre de 2009 hasta la fecha efectiva de pago total, pues el correcto manejo que debía dar mi mandante a esos dineros, significa que ellos deben generar alguna ganancia mientras no se ejecuten, pues de lo contrario se estaría en detrimento del patrimonio público.

3. Por las costas y agencias en derecho”.

La reforma de la demanda3 añadió las siguientes pretensiones:

“1. Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad por error judicial

2 Expediente Digital. Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 236 a 259. 3 Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 305 a 307.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

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cometido dentro del trámite de la acción de tutela 2009 -00029 se condene a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL al pago a titulo [sic] de indemnización al PATRIMONIO

AUTONOMO [sic] DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADAS EN

NACIÓN-RAMA JUDICIAL al pago a titulo [sic] de indemnización al PATRIMONIO AUTONOMO [sic] DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS ($414.746.209.8) o lo que se encuentre probado actualizados desde su desembolso hasta la fecha de su pago definitivo a favor del PAR.

2. Los intereses bancarios corrientes que generaban los dineros señalados en el numeral anterior mientras estaban en la cuenta de la demandante, contabilizados desde se [sic] desembolso hasta la fecha del pago definitivo.

3. Los intereses de mora sobre la suma descrita en el numeral 1), calculados desde su desembolso hasta la fecha efectiva de pago total, pues el correcto manejo que debía dar mi mandante a esos dineros, significa que ellos deben generar alguna ganancia mientras no se ejecuten, pues de lo contrario se estaría en detrimento del patrimonio público.”

Como hechos de la demanda, se expuso que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom fue liquidada por orden del Gobierno Nacional, por lo cual, agotado el proceso liquidatorio, se celebró un contrato de fiducia mercantil entre el liquidador de Telecom y el Consorcio Remanentes Telecom, en virtud del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR– para la administración y enajenación de bienes no afectos a la prestación, y el pago de las obligaciones remanentes y contingentes, entre otros.

Señaló que personas que habían estado vinculadas a Telecom antes de su liquidación presentaron una acción de tutela, identificada con el número de

obligaciones remanentes y contingentes, entre otros.

Señaló que personas que habían estado vinculadas a Telecom antes de su liquidación presentaron una acción de tutela, identificada con el número de radicación 200900065, solicitando que se les incluyera en el Plan de Pensión Anticipada (PPA), que había sido un programa ofrecido por la empresa a un grupo de sus trabajadores que reunieran ciertas condiciones, con el fin de pagarles unas sumas, hasta que el sistema de seguridad social les reconociera definitivamente su pensión regular.

Manifestó que, en la sentencia del 1 de septiembre de 2009 del proceso de tutela, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica tuteló los derechos fundamentales invocados y ordenó al PAR reconocer, liquidar y cancelar a los accionantes las mesadas correspondientes d esde la fecha de su desvinculación hasta cuando se reconociera su pensión definitiva, con la respectiva indexación. En segunda instancia, mediante proveído del 5 de octubre de 2009, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica confirmó la decisión.

El extremo activo indicó que el 24 de septiembre de 2009 efectuó los pagos a órdenes del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Lorica por un valor total deRadicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

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$2.102’864.128. Adicionalmente, según expuso en la reforma a la demanda, que, en cumplimiento de la o rden de tutela, incluyó a los actores en el Plan de Pensión

Asunto: Reparación directa

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$2.102’864.128. Adicionalmente, según expuso en la reforma a la demanda, que, en cumplimiento de la o rden de tutela, incluyó a los actores en el Plan de Pensión Anticipada, de modo que desde el 29 de noviembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2010 pagó las mesadas pensionales, que ascendieron a $414’746.209,8.

Alegó que, no obstante, en sede de revisión de las anteriores providencias, la Corte Constitucional emitió la sentencia SU-377 de 2014 en la que revocó “cualquier orden judicial de embargo ” dictada en el proceso de tutela (identificado por esa Corporación con el radicado T -2484301), se refirió a la im procedencia de esta medida cautelar y a la imposibilidad de amparar los derechos fundamentales.

De acuerdo con la narración, las sentencias de primera y segunda instancia constituyen un error judicial, por haber desconocido la cosa juzgada, inobservado el requisito de inmediatez y amparado los derechos aun cuando no se cumplían las exigencias previstas para los efectos, todo lo cual se reflejó en la sentencia de revisión de la Corte Constitucional, que causó el daño alegado por la demandante, consistente en el pago de la condena impuesta y el reconocimiento de las mesadas pensionales.

Contestación de la demanda

Por medio de apoderado judicial y de manera oportuna, la Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia 4 contestó la demanda proponiendo la excepción de ausencia de causa para demandar, en cuya virtud expuso que las decisiones de

Por medio de apoderado judicial y de manera oportuna, la Dirección Ejecutiva de la Administración de Justicia 4 contestó la demanda proponiendo la excepción de ausencia de causa para demandar, en cuya virtud expuso que las decisiones de primera y segunda instancia de la acción de tutela, así como su ejecución, se ajustaron a la Constitución y la ley, p uesto que las sentencias de tutela debían cumplirse inmediatamente, sin perjuicio de la impugnación y la revisión eventual de la Corte Constitucional que, en cualquier caso, se conceden en efecto devolutivo. Añadió que la demandante tenía la posibilidad de demandar a los beneficiarios con la sentencia de tutela con el fin de conseguir la restitución de las sumas pagadas.

Sentencia de primera instancia

El 25 de mayo del 2023 , el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de

4 Índice SAMAI 4. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de Córdoba.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

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Decisión profirió sentencia5 en la que declaró, de oficio, la caducidad del medio de control, con fundamento en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en eventos de responsabilidad por error judicial, el término se computa desde el siguiente día al de la ejecutoria de la decisión que contiene el aludido yerro. En este orden de ideas, consideró que, como la ejecutoria de la sentencia de tutela

Estado, en eventos de responsabilidad por error judicial, el término se computa desde el siguiente día al de la ejecutoria de la decisión que contiene el aludido yerro. En este orden de ideas, consideró que, como la ejecutoria de la sentencia de tutela había transcurrido entre el 6 y el 8 de octubre del 2009, la demanda debía presentarse a más tardar el 9 de octubre de 2011 y, sin embargo, se presentó el 18 de octubre de 2015.

Consideró que el inicio del término no se desplazaba hasta la sentencia de la Corte Constitucional SU -377 de 2014 —que revocó los fallos de tutela y evidenció las falencias en que incurrieron los juzgados— porque esa no era la interpretación admitida por la jurisprudencia y porque, en el curso de la acción de tutela, la empresa puso en conocimiento de los jueces de tutela los yerros que ahora sustentaban la demanda de reparación directa.

Aunó que no existía evidencia alguna en el expediente que diera cuenta del embargo narrado en la demanda.

Recurso de apelación

La demandante6 reprochó la decisión de declarar la caducidad, pues manifestó que, con ella, se desconocía que la selección de la tutela por parte de la Corte Constitucional había suspendido la ejecutoriedad de la sentencia de segunda instancia del proceso y, así, había afectado la cosa juzgada, por lo que la caducidad debía computarse desde la sentencia de revisión de la Corte Constitucional.

También se refirió a la procedencia de los intereses corrientes y moratorios sobre el capital de la demanda, pues negarlos implicaba cercenar la reparación integral, en

debía computarse desde la sentencia de revisión de la Corte Constitucional.

También se refirió a la procedencia de los intereses corrientes y moratorios sobre el capital de la demanda, pues negarlos implicaba cercenar la reparación integral, en cuanto la falta de disponibilidad del dinero generaba la pérdida de su rentabilidad.

5 Índice SAMAI 27. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de Córdoba. 6 Índice SAMAI 30. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de Córdoba.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

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Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 22 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba concedió el recurso presentado 7 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto del 29 de julio de 20248.

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 9. El Ministerio Público guardó silencio10.

III. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2015, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

silencio10.

III. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2015, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP) en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1.1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según el artículo 104 del CPACA , como ocurre en este caso en el que se atribuye responsabilidad a la Nación – Rama Judicial.

7 Índice SAMAI 32. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de Córdoba. 8 Índice SAMAI 20 ante el Consejo de Estado. 9 Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021. 10 Índice SAMAI 26 ante el Consejo de Estado.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)

9 Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021. 10 Índice SAMAI 26 ante el Consejo de Estado.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

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3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $322’175.00011.

1.2. Medio de control procedente

4. La reparación directa —aquí incoada — es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal d istinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya legalidad no se cuestiona12.

Como en este caso se reclama un daño causado por el error judicial endilgado a las sentencias del 1 de septiembre de 2009 dictada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, y la del 5 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, este es el medio de control procedente.

Municipal de Lorica, y la del 5 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, este es el medio de control procedente.

1.3. Demanda en tiempo

5. La oportunidad en la que la demanda fue presentada, además de ser un presupuesto procesal que le concierne al juez evaluar de oficio, se erige en el presente asunto como uno de los motivos de censura de la demandante, por cuanto su ocurrencia sirvió de sustento al fallo del a quo.

6. Se recuerda que la primera instancia de este proceso consideró que el término debía computarse desde el día siguiente al de la ejecutoria de la sentencia a la que

11 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 201 5 ($644.350) por 500. La pretensión mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $2.517’609.337,8, por concepto del daño emergente por la condena que se impuso a la demandante en las sentencias de tu tela de primera y segunda instancia (reforma a la demanda. Demanda con Anexos. P. 307). 12 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrati vos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)

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se le atribuye el error judicial. Como en el presente asunto se a legaba que las sentencias contentivas del error eran la del 1 de septiembre de 2009, emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica , y su confirmatoria, proferida el 5 de octubre de 2009 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lor ica, cuyo término de ejecutoria transcurrió entre el 6 y el 8 de octubre del 2009, era claro que el término de caducidad había iniciado su conteo el 9 de octubre de 2009 y había vencido el 9 de octubre de 2011, sin que en ese plazo se hubiera interpuesto la demanda.

La impugnación reprochó tal conclusión con base en que la selección de la tutela para revisión por parte de la Corte Constitucional había suspendido expresamente la ejecutoria de la sentencia del 5 de octubre de 2009 y había afectado la cosa juzgada, pues, según el criterio de esa misma Corporación, “un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal”. En este sentido, estimó que era a partir de la ejecutoria de la sentencia revisión de la Corte Constitucional que debían computarse los dos años de caducidad.

7. De acu erdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la

sentencia revisión de la Corte Constitucional que debían computarse los dos años de caducidad.

7. De acu erdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior (…)”.

La jurisprudencia ha explicado que, en eventos de error judicial, el término de caducidad inicia su conteo a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la decisión a la que se le endilga el yerro 13, por lo que debe precisarse lo atinente en las sentencias de tutela.

8. Sobre este aspecto, debe señalarse que, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, los fallos de tutela deben ser enviados a la Corte

13 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Conte ncioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp: 17493; auto del 9 de mayo de 2011. Exp: 40.196; sentencia del 27 de enero de 2012. Exp: 22.205 ; sentencia del 28 de febrero de 2020. Exp: 44809; sentencia del 28 de febrero de 2022. Exp: 57011.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

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Constitucional para su eventual revisión, al margen de si fueron impugnados o no, lo que supone que, de ser seleccionados, pueden ser incluso revocados o modificados por la alta Corporación14.

De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha admitido que la ejecutoria de estas sentencias únicamente se adquiere cuando la Corte Constitucional las excluye de la revisión, o cuando, habiéndolas seleccionado, cobra firmeza la providencia dictada por la Corte15, pues es a partir de esos momentos en los que las sentencias se tornan inmutables y definitivamente vinculantes, revistiéndose así de los efectos de cosa juzgada constitucional16:

“(…) la decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico. (…).

Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un

de cierre del sistema jurídico. (…).

Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). (…).

Una vez terminados definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.”17. (Negrillas fuera del texto original).

Así las cosas, la ejecutoriedad de las sentencias de tutela, en realidad, se difiere hasta que la Corte Constitucional adopta la decisión de excluirlas de su revisión o, si las selecciona, hasta la ejecutoria de la sentencia que profiera.

14 Artículo 35 del Decreto 2591 de 1991: “ Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas.” 15 “En esas ocasiones, el efecto jurídico de la no selección es concretamente el de la firmeza del fallo correspondiente, bien que haya sido de primera instancia, no impugnado, o de segundo grado”. Corte Constitucional. Auto 027 de 1998. En este mismo sentido : Corte Constitucional. Sentencias T-424

correspondiente, bien que haya sido de primera instancia, no impugnado, o de segundo grado”. Corte Constitucional. Auto 027 de 1998. En este mismo sentido : Corte Constitucional. Sentencias T-424 de 1995 y C-1716 de 2000; y Auto 034 de 1996. 16 “Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal.” Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021. 17 Corte Constitucional. Sentencia SU-1219 de 2001.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

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9. En consecuencia, la caducidad en los eventos de error judicial se computa desde la ejecutoria de la decisión contentiva del yerro, que, en los casos de fallos de tutela, ocurre cuando la Corte Constitucional no selecciona la sentencia para su revisión o, en caso contrario, con la ejecutoria de la providencia de dicha Corporación.

10. En el caso que o cupa la atención de la Sala, se advierte que el extremo activo atribuye el error judicial a las sentencias de primera y segunda instancia de tutela dentro del radicado 200900065, que fueron escogidas por la Sala número doce de Selección de la Corte Constitucional mediante auto del 9 de diciembre de 2009 bajo

atribuye el error judicial a las sentencias de primera y segunda instancia de tutela dentro del radicado 200900065, que fueron escogidas por la Sala número doce de Selección de la Corte Constitucional mediante auto del 9 de diciembre de 2009 bajo el radicado T-248430118, con lo que se concluye que su ejecutoria se desplazó hasta la ejecutoria de la sentencia de revisión, que correspondió a la SU -377 del 12 de junio de 201419, y que fue notificada mediante oficios enviados el 14 de noviembre del 201420.

Si bien se desconoce la fecha precisa en la que se surtió la notificación de la providencia, lo cierto es que ocurrió después del 12 de junio de 2014, de manera que la demanda, presentada el 18 de diciembre de 201521, fue oportuna.

11. En este orden de ideas, corresponde revocar la sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar, analizar el asunto de fondo.

1.4. Legitimación en la causa

12. El PAR de Telecom acreditó haber sido condenado mediante las sentencias de tutela objeto de este proceso22, de modo que está legitimado en la causa por activa.

13. Por su parte, la Nación está legitimada en la causa por pasiva y concurre al proceso debidamente representada por la Rama Judicial, pues el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica emitieron las sentencias objeto del reproche.

18 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 505 a 513. 19 Expediente Digital. Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 41 a 186.

Lorica emitieron las sentencias objeto del reproche.

18 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 505 a 513. 19 Expediente Digital. Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 41 a 186. 20 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 734 a 740. 21 Habiendo presentado previamente la solicitud de conciliación prejudicial para agotar el requisito de procedibilidad, el 5 de agosto de 2015, que se declaró fallida el 27 de octubre de 2015 ( Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 232 y 233). 22 En el expediente obran las sentencias del proceso de tutela (Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 326 a 343 y 344 a 360) que dan cuenta de la condena impuesta.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495) Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas – En liquidación

Demandado: Nación–Rama Judicial

Asunto: Reparación directa

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II. Problema Jurídico

14. En atención a que la sentencia de primera instancia será revocada y se decidirá de fondo, le corresponde a esta Sala definir, en línea con la causa petendi, si se acreditó la responsabilidad de la Nación -Rama Judicial por los fallos de tutela dictados en el proceso con radicado 200900065.

III. Análisis de la Sala

3.1. Responsabilidad del Estado por error judicial

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