CE - Sentencia 23001233300020160001802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

Demandado: Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Juez de la República .

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: la prima especial no constituye factor salarial. Subtema 2: prescripción trienal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 24 de enero de 2020, en la que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

César Gabriel Gómez Cantero , en condición de juez de la República , solicit ó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico . La entidad demandada se opuso al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que la demandante no tiene derecho a lo reclamado. El tribunal ordenó el reajuste salarial

Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico . La entidad demandada se opuso al reconocimiento de la prima especial con el argumento de que la demandante no tiene derecho a lo reclamado. El tribunal ordenó el reajuste salarial que corresponde al 30% del salario básico mensual , junto con la reliquidación de las prestaciones sociales a partir del del 27 de mayo de 2011 y mientras el demandante continue ejerciendo el cargo, tomando como base el 100% de la asignación básica mensual devengada.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. César Gabriel Gómez Cantero, mediante apoderada judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, el 19 de enero de 20161, con las siguientes:

1 Expediente físico, cuaderno principal folio 23.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad de la s Resoluciones 1691 del 11 de noviembre de 2014, 1790 del 9 de diciembre de 2014, expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería y 4260 del 10 de julio de 2015 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante las cuales se

1790 del 9 de diciembre de 2014, expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería y 4260 del 10 de julio de 2015 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante las cuales se negó al actor el reconocimiento y pago de las diferencias salariales correspondientes a la prima especial de servicios, desde el 1 de enero de 1993, en cuantía equivalente al 30% adicional sobre el salario básico mensual2.

(ii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar la prima especial de servicios en cuantía equivalente al 30 % del salario básico mensual, conforme con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , por todo el tiempo que ha ejercido el cargo de juez de la República. Asimismo, se ordene la reliquidación de todas las prestaciones sociales, vacaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social y demás emolumentos devengados desde el 1 de enero de 1993.

(iii) Que las sumas resultantes de la reliquidación de las prestaciones y derechos laborales se indexen mes a mes hasta cuando se verifique el pago.

(iv) Que se paguen los intereses a partir del reconocimiento del derecho.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente3:

(i) Se vinculó a la Rama Judicial desde el 2 de agosto de 1988, ejerciendo lo siguientes cargos:

• Juez Promiscuo Municipal de San Andrés de Sotavento. • Juez Municipal de Montelíbano. • Juez Civil del Circuito de Lorica.

siguientes cargos:

• Juez Promiscuo Municipal de San Andrés de Sotavento. • Juez Municipal de Montelíbano. • Juez Civil del Circuito de Lorica. • Juez Civil del Circuito de Cereté.

(ii) Indicó que, se le debe aplicar el régimen salarial y prestacional establecido en la Ley 4 de 1992 y demás decretos expedidos por el Gobierno Nacional.

(iii) Precisó que, la Rama Judicial le ha pagado la prima especial de servicios, liquidándola sobre el 70% de su asignación básica, omitiendo que esa norma la estableció como un 30% adicional al salario básico.

2 Expediente físico, cuaderno principal folios 2 al 38. 3 Expediente físico, cuaderno principal folios 5 al 7.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

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3 (iv) El 2 7 de mayo de 2014, el demandante presentó ante la Nación, Rama Judicial solicitud de reliquidación y pago de la diferencia de sueldo básico, correspondiente al 30% de lo devengado.

(v) Mediante la Resoluci ón 1691 del 11 de noviembre de 2014 , el director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Montería negó la solicitud reliquidación, reconocimiento y pago de la prima especial. Contra esta

(v) Mediante la Resoluci ón 1691 del 11 de noviembre de 2014 , el director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Montería negó la solicitud reliquidación, reconocimiento y pago de la prima especial. Contra esta decisión interpuso reposición, el cual fue resuelto en la Resolución 1790 del 9 de diciembre de 2014, que no repuso la decisión y concedió la apelación.

(vi) Posteriormente, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante Resolución 4260 del 10 de julio de 2015 confirmó la negativa al reconocimiento de la prima especial.

(vii) Finalmente, el demandante solicitó audiencia de conciliación con el fin de agotar el requisito de procedibilidad establecido en la Ley 640 de 2001. La Procuraduría 190 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá declaró fallida la conciliación en diligencia realizada el 9 de diciembre de 2015, debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes convocadas.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política artículos 1, 2,6,13,25, 53, 58, 150 núm. 19 inciso 1, literal y, 209 y 230; Ley 4 de 1992, artículo 1,2,3,4 y 14; Decreto 3135 de 1968; Decreto 1042 de 1878; Decreto 1045 de 1978 y demás normas concordantes.

4. En el concepto de violación, el demandante argumentó que la demandada debe liquidar las prestaciones sociales, cesantías, prima de servicio, prima de navidad,

1978 y demás normas concordantes.

4. En el concepto de violación, el demandante argumentó que la demandada debe liquidar las prestaciones sociales, cesantías, prima de servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados, vacaciones, aportes al Sistema de Seguridad Social, bonificaciones y demás emolumentos teniendo en cuenta como base el 100% de la remuneración, sin que haya lugar de tomar el 30% de la misma para darle la denominación de prima especial de servicio y no darle el carácter salarial a dicho porcentaje.

5. Precisó que el Gobierno nacional interpretó en forma errónea la normativa ya que al restar el 30% del salario de los empleados de que trata la Ley 4 de 1992, se modifica la remuneración integral con menoscabo de los derechos de los trabajadores, apartándose de la definición que trae el Código Sustantivo del Trabajo, que incluye las prestaciones sociales, vacaciones y demás emolumentos pues se calcula a partir del salario básico.

6. Indicó que las resoluciones demandadas carecen de fundamento legal y comportan una falsa motivación, toda vez que sus argumentos no se encuentran amparados en una normativa vigente y desconocen el precedente judicial previsto en la sentencia del 29 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección

Segunda, Sala Conjueces.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4 2.2. Contestación de la demanda

7. La apoderada de la entidad demandada se opuso a todas las pretensiones y propuso las excepciones de inexistencia del demandado y prescripción trienal4.

8. Señaló que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, conforme lo han reiterado diversos decretos salariales aplicables a los servidores de la Rama

Judicial.

9. Manifestó que, atendiendo la sentencia proferida por esta corporación el 29 de abril de 2014, mediante la cual se declaró la nulidad de los artículos relacionados con la prima especial de los jueces y magistrados de tribuna l, así como los decretos salariales correspondientes a los años 1993 a 2007, no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda respecto del tiempo laborado hasta el 31 de diciembre de 2007, en aplicación del principio de prescripción trienal , teniendo en cuenta que la fecha de reclamación administrativa fue presentada el 29 de mayo de 2014.

10. Argumentó que los derechos derivados del régimen prestacional aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales están sujetos a la prescripción establecida en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el cual dispone que «Las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribieran en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo

en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el cual dispone que «Las prestaciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribieran en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empelado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación d ebidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».

2.3. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia dictada el 24 de

enero de 20205, resolvió:

PRIMERO.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal propuesta por la parte demandada a partir del 27 de mayo de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

SEGUNDO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, así:

a) Resolución No. 1691 del 24 de noviembre 11 de 2014, suscrita por el director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de MonteríaCórdoba. b) Resolución No. 1790 del 9 de diciembre de 2014, suscrita por el director ejecutivo de Administración Judicial, por medio de la cual se resuelve un recurso de Reposición. c) Resolución No. 4260 de Julio 10 de 2015, suscrita por la directora ejecutiva de Administración Judicial, por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación.

TERCERO.- Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA - DIRECCIÓN! SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a

apelación.

TERCERO.- Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA - DIRECCIÓN! SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a

4 Expediente físico, cuaderno 2 folios 1 al 7. 5 Expediente físico, cuaderno principal folios 150 al 169.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

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5 reconocer y pagar a CESAR GABRIEL GÓMEZ CANTERO, retroactivamente el REAJUSTE SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual con sus consecuencias prestacionales en la reliquidación de la prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados, etc., porcentaje que le fue deducido, desde el 27 de Mayo de 2011 en adelante, en su calidad de Juez Primero Civil del Circuito de Cereté hasta la fecha, y mientras siga fungiendo en dicho cargo o uno de aquellos de los que son destinatarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para ese cargo, luego del pago de la prima consagrada en esa norma, ya cancelada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para ese cargo, luego del pago de la prima consagrada en esa norma, ya cancelada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

CUARTO.- En consecuencia, la NACIÓN - RAMA JUDICIALCONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, debe reconocer y pagar con carácter permanente al demandante el pago integral del salario incluyendo el 30% adeudado, lue go del pago de la prima consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 ya cancelada, con los correspondientes reajustes prestacionales.

QUINTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

SEXTO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan los supuestos de hecho y de derecho del artículo 195 del C.P.A.C.A.

SÉPTIMO.- Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 195 del C.P.A.C.A., acatando la Sentencia C - 188 de 1999.

OCTAVO.- Sin condena en costas. […]

12. Respecto de la excepción de inexistencia del demandado, propuesta por la Nación - Rama Judicial, el Tribunal consideró que esta no está llamada a prosperar.

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 256 de la Constitución Política, el cual establece que dicha entidad tiene la obligación de ejecutar su propio

Nación - Rama Judicial, el Tribunal consideró que esta no está llamada a prosperar. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 256 de la Constitución Política, el cual establece que dicha entidad tiene la obligación de ejecutar su propio presupuesto, en calidad de ordenador del gasto, para el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. En consecuencia, la demanda se encuentra correctamente dirigida contra dicha entidad, toda vez que participó en la expedición de las decisiones contenidas en los actos administrativos cuya nulidad se pretende.

2.4. Recurso de apelación

13. La apoderada de la entidad demandada adujo que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, conforme lo establece expresamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Por lo tanto, no debe incluirse como factor para la liquidación y pago de las prestaciones sociales, aunque sí para efectos de calcular el ingreso base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud.

14. Indicó que, para la administración judicial , es incuestionable que la prima especial otorgada para los servidores de la Rama Judicial constituye un ingresoRadicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

Demandado: Nación, Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 mensual. No obstante, ello no implica desconocer que las disposiciones vigentes limitan el carácter salarial de dicho concepto . En consecuencia, se concluye que la

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6 mensual. No obstante, ello no implica desconocer que las disposiciones vigentes limitan el carácter salarial de dicho concepto . En consecuencia, se concluye que la prima especial no constituye un factor salarial para efectos de la liquidación y pago de las prestaciones sociales ni de otros conceptos derivados del salario. Por tal razón, su representada no está obligada a reliquidar prestaciones sociales, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías, intereses sobre cesantías ni ningún otro concepto relacionado.

15. Consideró que al acceder a un pago adicional del 30 % por concepto de prima especial, como lo establece cada decreto salarial anual, implicaría que la remuneración mensual del servidor superaría el límite salarial fijado por el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, el cual establece techos del 47.7 %, 43% y 34.7%, del 70 % del total de los ingresos de los magistrados de altas cortes.

16. Precisó que tras la sentencia de nulidad proferida por esta corporación el 29 de abril de 2014, existe una imposibilidad tanto material como presupuestal para cumplir con el pago adicional del 30 % por concepto de prima especial, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, tal como lo solicita la demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

17. Mediante auto del 31 de marzo de 2022, la S ubsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido beneficiarios de la prima especial en

impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido beneficiarios de la prima especial en condición de magistrados de tribunal, circunstancia que generaba interés directo en el proceso6.

18. Los magistrados integrantes de la Subsección A presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso , porque fueron beneficiarios de la prima especial en condición de magistrados de tribunal , procuradores judiciales y/o magistrados auxiliares de esta corporación. Y ordenó a Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado a realizar el sorteo de conjueces7.

19. El conjuez designado por sorteo , en los términos el artículo 115 del CPACA8, admitió el recurso de apelación mediante auto del 1 de noviembre de 202 29 y posteriormente por providencia del 11 de abril de 202310, corrió traslado a las partes por el término común de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión.

20. La Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda , en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019 —Reglamento Interno del Consejo de E stado—, realizó la designación de conjueces e integró la lista

6 SAMAI, índice 008, 6_AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACION(.pdf). 7 SAMAI, índice 012, 6AUTOQUERESUELVE(.DOC) NroActua.

6 SAMAI, índice 008, 6_AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACION(.pdf). 7 SAMAI, índice 012, 6AUTOQUERESUELVE(.DOC) NroActua. 8 CPACA, artículo 115. Conjueces. (…) Le elección y sorteo de los conjueces se harán por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, en sus diferentes secciones y por la Sala de Consulta y Servicio Civil, según el caso. 9 SAMAI, índice 023, AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx). 10 SAMAI, índice 032, AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.docx).Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

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7 correspondiente en sesión del 23 de enero de 202511.

21. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 59 del sistema de gestión judicial SAMAI.

22. Mediante auto del 10 de marzo 202512, el conjuez designado por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA 13, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces , siempre que respecto de aquellos no se les predique

tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA 13, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces , siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

23. En este escenario, es oportuno precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país, en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

24. La mayoría de los integrantes de esta Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por lo s integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el

presente asunto, por tres razones, a saber14:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

25. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la

11 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en

supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la

11 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. 12 SAMAI, índice 61, 116_AutoOrdenaRemitirExpediente(.pdf). 13 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados

a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024, 5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

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8 integración de la Sala , en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Nación, Rama Judicial, la Sala procede a resolver

el siguiente problema jurídico:

28. ¿Tiene derecho el demandante al reconocimiento del reajuste salarial equivalente al 30% de su asignación básica mensual , así como a la reliquidación de sus prestaciones sociales, incluyendo la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992?

29. ¿El reconocimiento del 30% adicional por concepto de prima especial vulnera los límites máximos de remuneración establecidos en el Decreto 1251 de 2009 para los jueces de la República?

30. ¿Debe negarse el reconocimiento de la prima especial, por la imposibilidad presupuestal alegada por la parte demandada?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

31. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal

al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción pe nal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

32. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199315 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de

15 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 23001-23-33-000-2016-00018-02 (2385-2021)

Demandante: César Gabriel Gómez Cantero

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9 lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

33. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones co