CE - Sentencia 23001233300020160004501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 23001233300020160004501 (67245)

Demandante: SOCIEDAD VANEGAS DUMAR INGENIERÍA S.A.S.

Demandado: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Tema: Propiedad Intelectual. Derechos de autor sobre el “Proyecto Unidad Deportiva Universidad de Córdoba”. No se acreditó la propiedad sobre los derechos de autor. Falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del 26 de noviembre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2014, con la participación de un grupo de profesionales, se elaboró el “Proyecto Unidad Deportiva Universidad de Córdoba”, el cual fue aprobado por el Consejo Académico y el Consejo Superior de esa sede de educación superior. El 9 de febrero de 2015, la mentada institución educativa radicó el mencionado proyecto - para su viabilización - en la Dirección de Coldeportes.

La demandante reclama que “la Universidad de Córdoba ha hecho uso del proyecto elaborado por [la sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.] sin que a este se le

• para su viabilización - en la Dirección de Coldeportes.

La demandante reclama que “la Universidad de Córdoba ha hecho uso del proyecto elaborado por [la sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.] sin que a este se le hayan cancelado sus derechos [de autor], lo que le ha producido un daño […] en su calidad de propietaria de los derechos patrimoniales de autor del proyecto”.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

Demandante: Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 17 de febrero de 20161, la Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S., mediante apoderado judicial y en ejercicio d e la acción de reparación directa, present ó demanda en contra de la Universidad de Córdoba para que se le declare “administrativamente responsable de los perjuicios materiales causados [a la demandante] […] en su calidad de propietaria de los derechos patrimoniales de autor del proyecto Unidad Deportiva Universidad de Córdoba”.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad accionada a pagar, a favor de la Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S. la suma de $4.106.286.831.60.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que , en fecha indeterminada, en el marco del " Plan de Desarrollo Rectoral " la Universidad de Córdoba planteó la necesidad de ejecutar un proyecto para ampliar su Unidad Deportiva, abarcando diversas disciplinas deportivas.

Sostiene que, en fecha que tampoco precisa , Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

Córdoba planteó la necesidad de ejecutar un proyecto para ampliar su Unidad Deportiva, abarcando diversas disciplinas deportivas.

Sostiene que, en fecha que tampoco precisa , Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S. elaboró el diseño y proyecto de la "Unidad Deportiva de la Universidad de Córdoba", contando con el acompañamiento de las directivas de la Universidad, quienes facilitaron espacios dentro de sus edificaciones, adecuaron oficinas y permitieron la circulación libre en los terrenos dond e se llevarían a cabo las construcciones. Además, brindaron asesoría continua a través de funcionarios encargados de establecer las necesidades de la institución.

Señala que el 12 de agosto de 2014, el Consejo de la Universidad aprobó el proyecto " Complejo Deportivo Universidad de Córdoba ", el cual incluyó estudios técnicos detallados, como el recorrido aéreo de la zona, levantamiento topográfico, estudios de suelos, diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos y soluciones energétic as alternativas (solar), además de un análisis de costos y beneficios al implementar sistemas de energía solar fotovoltaica (PSFV) en

1 Fl. 1 a 15, C.1.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

Demandante: Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

3 los salones múltiples proyectados. Dice que t ambién se presentó un resumen y tabulación de los costos por zonas y las inve rsiones necesarias por parte de Coldeportes.

Indica que, posteriormente, el 14 de agosto de 2014 el Consejo Académico de la

tabulación de los costos por zonas y las inve rsiones necesarias por parte de Coldeportes.

Indica que, posteriormente, el 14 de agosto de 2014 el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba discutió diversos aspectos técnicos y arquitectónicos del proyecto, como el inventario de escenarios, el plano maestro de la Universidad y los planos de ubicación de los distintos escenarios deportivos, incluyendo el estadio de fútbol y atletismo, el coliseo cubierto, el patinódromo y el estadio de béisbol, entre otros.

Afirma que, en fecha indeterminada, el Consejo Académico aprobó el proyecto por unanimidad y decidió remitirlo al Consejo Superior para su ratificación.

Asevera que el 26 de agosto de 2014, el proyecto fue nuevamente presentado por el equipo de profesionales contratados, quie nes detallaron el avance y la planificación del proyecto ante el Consejo Superior Universitario. Asegura que, en el acta del Consejo Superior , se consignó que la Universidad de Córdoba tenía el compromiso de destinar recursos para el estudio previo del proyecto, el cual incluía análisis arquitectónicos, estructurales, presupuestarios y de ingeniería hidrosanitaria, con un monto estimado entre mil millones y mil doscientos millones de pesos.

Manifiesta que el 23 de enero de 2015, el proyecto fue debidamente radicado ante el Banco de Proyectos de la Universidad.

Advierte que el 9 de febrero de 2015, el Secretario General de la Universidad de Córdoba le comunicó que el proyecto de la "Unidad Deportiva de la Universidad de Córdoba" había sido avalado tanto por el Consejo Académico como por el Consejo

Advierte que el 9 de febrero de 2015, el Secretario General de la Universidad de Córdoba le comunicó que el proyecto de la "Unidad Deportiva de la Universidad de Córdoba" había sido avalado tanto por el Consejo Académico como por el Consejo Superior.

Agrega que el mismo 9 de febrero de 2015, la Rectora de la Universidad radicó ante Coldeportes la solicitud de viabilidad y recursos para el proyecto, adjuntando 3,670 folios, 80 planos y 12 carpetas AZ con información adicional, con un costo total del proyecto estimado en $65,793,958,405.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

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4 Declara que el 23 de junio de 2015, la Oficina Jurídica de la Universidad solicitó a Coldeportes información sobre el estado del proyecto.

Narra que e l 29 de septiembre de 2015, Coldeportes confirmó la existencia del certificado de disponibilidad número 942 de fecha 29 de mayo de 2015.

Argumenta que el 30 de septiembre de 2015, la Universidad de Córdoba elaboró y envió la minuta corresp ondiente para el contrato de compraventa y cesión de los derechos patrimoniales del proyecto , pero no canceló el costo de los derechos de autor del proyecto.

Concluye que, en fecha indeterminada , la Universidad de Córdoba ejecutó el proyecto elaborado po r Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S. , sin haber pagado los derechos de autor que ascienden a la suma de $4.106.286.831.60.

La demanda reclama que “la Universidad de Córdoba ha hecho uso del proyecto

proyecto elaborado po r Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S. , sin haber pagado los derechos de autor que ascienden a la suma de $4.106.286.831.60.

La demanda reclama que “la Universidad de Córdoba ha hecho uso del proyecto elaborado por [la sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.] sin que a éste (sic) se le hayan cancelado sus derechos [de autor], lo que le ha producido un daño, que debe ser reparado […] por el daño sufrido en su calidad de propietario de los derechos patrimoniales de autor del proyecto Unidad De portiva Universidad de Córdoba”.

2. Contestación

El 19 de abril de 2016 2, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Universidad de Córdoba3 señaló que los derechos patrimoniales reclamados en la demanda solo podrían ser reconocidos en el evento en que entre la demandante y la demandada se hubiera concretado el respectivo convenio interadministrativo, lo cual no ocurrió . Presentó como excepciones la inexistencia de daño antijurídico, la inexistencia de una falla en el servicio, la culpa exclusiva de la demandante y la inexistencia de responsabilidad extracontractual de la Universidad.

2 Fl. 70, C.1. 3 Fl. 114 a 121, C.1.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

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3. Audiencia inicial

El 13 de octubre de 20164 el Tribunal Administrativo de Córdoba celebró la audiencia

Demandante: Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

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3. Audiencia inicial

El 13 de octubre de 20164 el Tribunal Administrativo de Córdoba celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, s eñaló que se trataba de “determinar si la Universidad de Córdoba es administrativamente responsable de los perjuicios materiales causados a la parte actora, por el daño sufrido en calidad de propietario de los derechos patrimoniales de autor del proyecto “ Unidad Deportiva Universidad de Córdoba” más concretamente debido a que el ente accionado se valió de dicho proyecto con la finalidad de realizar un convenio con Coldeportes a fin de conseguir su ejecución . De igual modo, corresponde analizar si en el presente caso se configuran los presupuestos jurisprudenciales para la aplicación de la teoría de la actio in rem verso o enriquecimiento sin causa, asimismo si se acredita la estructuración de algún tipo de im putación o responsabilidad al Estado, y si en la presente causa se presentaron algunos de los supuestos de exclusión de responsabilidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 6 de diciembre de 20165 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora 6, luego de hacer un pronunciamiento sobre las excepciones presentadas por la demandada y sobre las pruebas allegadas al plenario , estimó

alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora 6, luego de hacer un pronunciamiento sobre las excepciones presentadas por la demandada y sobre las pruebas allegadas al plenario , estimó acreditada “la soltura de los servicios prestados […] [y] la utilización del proyecto ” por parte de la Universidad de Córdoba , sin realizar el pago de los respectivos derechos de autor.

4.2. La Universidad de Córdoba 7 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y concluyó que la empresa particular demandante sabía que los derechos

4 Fl. 141 a 144, C..1. 5 Fl. 485 a 488, C.3. En la audiencia de pruebas. 6 Fl. 526 a 534, C.3. 7 Fl. 535 a 538, C.3.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

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6 sobre el proyecto solo serían reconocidos una vez se celebrara con Coldeportes el negocio jurídico que formalizaría dicho proyecto. En ese sentido, afirmó que la sociedad demandante había aceptado esta situación, y subrayó que, tratándose de una empresa con trayectoria, resultaba razonable suponer que dicha empresa estaba plenamente consciente de las circunstancias que regían la contratación estatal, así como de los formalismos requeridos para tal efecto.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2020 8, el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda. Declaró la inexistencia del daño y

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2020 8, el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda. Declaró la inexistencia del daño y advirtió que esto hacia inocuo el estudio de algún otro aspecto de la demanda o de la contestación. En sustento de su decisión, el a quo señaló que no se acreditó la existencia de un contrato formal entre la Universidad de Córdoba y la sociedad demandante, ni de una promesa contractual válida. Sostuvo que los documentos presentados no demostraron de manera clara que el proyecto desarrollado fuera de propiedad de la sociedad demandante, ni que los profesionales involucrados trabajaran bajo su contrato. Además, consideró que los testimonios y las pruebas aportadas no fueron suficientes para probar la autoría del proyecto ni el incumplimiento de la universidad demandada.

En cuanto al enriquecimiento sin causa, indicó que no se acreditó que la Universidad de Córdoba hubiera obtenido un beneficio económico injustificado del proyecto, dado que este no fue viabilizado ni cofinanciado por Coldeportes.

Finalmente, refirió que e n este evento no se probó la falla del servicio, ni se evidenció un daño especial ni un riesgo excepcional que justificaran la responsabilidad de la entidad accionada.

8 Fl. 601 a 614, C.4.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

Demandante: Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

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6. Recurso de apelación

El 10 de diciembre de 2020, la parte actora interpuso el recurso de apelación el cual

Demandante: Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

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6. Recurso de apelación

El 10 de diciembre de 2020, la parte actora interpuso el recurso de apelación el cual fue concedido el 25 de marzo de 20219 y admitido el 17 de noviembre de 202110.

6.1. La parte actora11 sostuvo que hubo una indebida valoración de los testimonios de los funcionarios de Coldeportes, señalando que estos sí habían ofrecido declaraciones coherentes y documentadas que demostraban el uso indebido del proyecto por parte de la Universidad de Córdoba. Igualmente, señaló que la sentencia recurrida no le otorgó valor probatorio ni credibilidad a documentos que demostraban la relación contractual y la ejecución de los trabajos encargados a la firma demandante, así como el sustento del proyecto aprobado por las directivas de la Universidad de Córdoba.

Advirtió que probó que la Universidad demandada utilizó el proyecto en diversas ocasiones, a saber, cuando lo registró como propio en el Banco de Proyectos, cuando designó al Coordinador del Proyecto, cuando el Consejo Superior avaló el proyecto, cuando la Rectora lo presentó públicamente como parte del Plan de Desarrollo de la Institución y en la presentación ante Coldeportes, así como en las gestiones para su aprobación y financiamiento.

En síntesis, estimó que el Tribunal no valoró correctamente las pruebas que demostraban que la Universidad de Córdoba registró como suyo el proyecto y autorizó a los profesionales para desarrollar el proyecto en sus instalaciones.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de enero de 202212 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

a los profesionales para desarrollar el proyecto en sus instalaciones.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de enero de 202212 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte actora13 y la Universidad de Córdoba14 reiteraron lo dicho en la demanda, en la contestación de la misma, respectivamente.

9 Fl. 618, C.4. 10 Fl. 623, C.4. 11 Fl. 615 a 616, C.4. 12 Fl. 624, C.4. 13 Índice 26 Samai. 1414 Índice 27 Samai.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

Demandante: Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

8 7.2. El Ministerio Público guardó silencio15.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción es la función pública que tiene como finalidad la administración de justicia, ejercida por el Estado mediante los órganos que la ley dispone para ello 16. La determinación de la jurisdicción resulta ser un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, que implica la garantía de ser juzgado por el funcionario judicial a quien el ordenamiento jurídico prev iamente le ha atribuido dicha competencia17. A dicho efecto, el ejercicio de la facultad de administrar justicia en el territorio nacional se ha distribuido en diferentes ramas jurisdiccionales como lo son, entre otras, i) la ordinaria, ii) la contencioso administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena, y vi) la especial para la

lo son, entre otras, i) la ordinaria, ii) la contencioso administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena, y vi) la especial para la paz.

15 Índice 28 Samai. 16 Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado: “La jurisdicción es la potestad propia de la función jurisdiccional del poder público, que se concreta en la posibilidad de impartir justicia sobre los diferentes conflictos o situaciones que deban tramitarse y resolverse de conformidad con los principios, parámetros y disposiciones del ordenamiento jurídico. En ese contexto, corresponde al constituyente definir quiénes ejercen jurisdicción, cómo se divide y en qué forma se ejerce, dependiendo, en cada caso en concreto, de los supuestos de hecho que sean sometidos a definición judicial (art. 116 C.P.). […] Así las cosas, debe precisarse el carácter único, exclusivo y excluyente de la jurisdicción, en tanto que no es factible su división como función estatal; c osa distinta es la repartición que el propio ordenamiento jurídico hace de la misma según las diversas ramas del derecho para racionalizar adecuadamente su prestación. En esa perspectiva, el legislador por razones metodológicas y de especialidad jurídica asigna la función de administración de justicia en diferentes jurisdicciones, correspondiendo esta repartición, técnicamente, a una distribución de competencias entre los diversos campos del conocimiento jurídico. Como se aprecia, el fraccionamiento que h ace el ordenamiento jurídico en materia de jurisdicción y de competencia, tiene fundamento en los principios de pragmatismo y de especialidad, por cuanto

jurídico. Como se aprecia, el fraccionamiento que h ace el ordenamiento jurídico en materia de jurisdicción y de competencia, tiene fundamento en los principios de pragmatismo y de especialidad, por cuanto permite facilitar el acceso de las personas a jueces especializados en las diferentes materias del derecho, circunstancia que contribuye a solucionar, de manera más eficiente y expedita, las controversias sometidas a consideración de la administración de justicia. En ese orden, el legislador, en principio, a través de los códigos o estatutos sustantivos y procesales distribuye propiamente la competencia entre las Cortes, Tribunales y jueces que integran la Rama Judicial del Poder Público; es en virtud de dicha distr ibución que se radica en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa una serie de materias y asuntos propios de su conocimiento. Con ocasión del anterior procedimiento surge jurídicamente el fenómeno procesal de la competencia, es decir, la deter minación en sentido estricto del juez que debe conocer, específicamente un determinado litigio o controversia sometida a decisión judicial.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 3 de agosto de 2006. Rad.: 32 499. 17 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-685 de 26 de septiembre de 2013.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

Demandante: Sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.

9 De conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce “[…] además de lo dispuesto en

9 De conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce “[…] además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”.

En el caso de autos se reclama que “la Universidad de Córdoba ha hecho uso del proyecto elaborado por [la sociedad Vanegas Dumar Ingeniería S.A.S.] sin que a este se le hayan cancelado sus derechos [de autor], lo que le ha producido un daño […] en su calidad de propietaria de los derechos patrimoniales de autor del proyecto”.

Bajo este entendido la demanda solicita que se declare a la Universidad de Córdoba “administrativamente responsable de los perjuicios materiales causados [a la demandante] […] en su calidad de propietaria de los derechos patrimoniales de autor del proyecto Unidad Deportiva Universidad de Córdoba”.

Dicho esto, se advierte que las pretensiones están claramente encaminadas a que se declare la responsabilidad administrativa del Estado por el daño antijuridico causado con un hecho de la entidad pública – Universidad de Córdoba, consistente en el uso del proyecto arquitectónico – Unidad Deportiva de la Universidad de Córdoba sin haber pagado los correspondientes derechos patrimoniales de autor, frente a lo cual se solicita una indemnización de $4.106.286.831.60, de donde se concluye que la jurisdicción competente para declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado es la Contencioso Administrativa.

solicita una indemnización de $4.106.286.831.60, de donde se concluye que la jurisdicción competente para declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado es la Contencioso Administrativa.

Al respecto conviene aclarar que la demanda de reparación directa no pretende que se declare la titularidad de l proyecto en cabeza de la demandante, pues esta competencia se encuentra instituida mediante las funciones jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor18. Por el contrario, se reitera que la demandante afirma la titularidad de la propiedad intelectual y sostiene ser víctima de

18 “Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones juris diccionales conforme a las siguientes reglas: […] 3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual: […] b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos .” Condicionalmente exequible, conforme a las sentencias C-436 de 2013 y C-178 de 2014.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

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10 la lesión antijurídica de su derecho , que debe ser dilucidada por los jueces administrativos19.

Asimismo, se tiene que el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba , puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda supera los 500 SMLMV para l a fecha de su

por el Tribunal Administrativo de Córdoba , puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda supera los 500 SMLMV para l a fecha de su presentación20, exigidos para que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 150, 152 numeral 6 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a u n contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Universidad de Córdoba y la posible configuración de un enriquecimiento sin causa21.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control , ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 28 de febrero de 2018, Exp. 28018A.

que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 28 de febrero de 2018, Exp. 28018A. 20 La pretensión de la demanda es de $4.106.286.831.60 , lo cual es mayor a $344.7 27.500, que corresponden a 500 SMLMV de la fecha de presentación de la demanda. 21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897. la jurisprudencia unificada de la Sala ha establecido que la pretensión del enriquecimiento sin justa causa se debe ventilar en sede judicial a través de la acción de reparación directa.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

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11 tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio22.

Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés gene ral23, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, ademá s, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 24, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla d e oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado soci al de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los p lazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.Radicado: 23001233300020160004501 (67245)

Demandante: Sociedad Vanegas