CE - Sentencia 23001233300020160012002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 23001-23-33-000-2016-00120-02 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

Demandado: Municipio de Montería

Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN CAS OS DE OCUPACIÓN PERMANENTE POR CAUSA DE UNA OBRA PÚBLICA - El tØrmino preclusivo debe contarse, por regla general, a partir del día siguiente al de la finalización de la obra, pues desde esa fecha el afectado tiene interØs cierto para acudir ante la jurisdicción contenciosa con el fin de obtener la reparación de los daæos causados, salvo que exista prueba que dØ cuenta que dicho conocimiento solo fue posible en un momento posterior, en cuyo caso el tØrmino preclusivo comenzarÆ a correr desde el conocimiento de la terminación de los trabajos.

CONFESIÓN POR APODERADO - ValdrÆ cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes con tra la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes con tra la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. S˝NTESIS DEL CASO

Con ocasión de la construcción de la ronda norte del rio Sinœ y la pavimentación de la vía paralela correspondiente a ese corredor, el municipio de Montería ocupó una franja de terreno del predio identificado con folio de matrícula No. 140-3 6334, de propiedad de Mara Bechara de Zuleta, Ilse Bechara Castilla, Rossana Bechara Castilla y Rolando Bechara Castilla. Los demandantes consideran que la entida d territorial es patrimonialmente responsable por la ocupación permanente del inmueble de su propiedad.

El Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el municipio de Montería ocupó permanentemente una franja del predio de los demandantes. La sentencia fue apelada p or la parte actora y por la entidad territorial accionada.

II. ANTECEDENTES

1. La demandaRadicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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El 16 de abril de 2016 1, Mara Bechara de Zuleta, Ilse Bechara Castilla, Rossana Bechara Castilla y Rolando Bechara Castilla, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa ,

El 16 de abril de 2016 1, Mara Bechara de Zuleta, Ilse Bechara Castilla, Rossana Bechara Castilla y Rolando Bechara Castilla, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa , contra el municipio de Montería, para que fuera declarado patrimonialme nte responsable por la ocupación permanente de un predio de su propiedad.

En consecuencia, solicitaron condenar a la entidad demandada a pagar: i) por lucro cesante, la suma de $9.180.600.000; y ii) por “pØrdida de oportunidad ”, la suma de dinero que se pruebe “como consecuencia… [de no haber podido realizar] la ejecución del proyecto urbanístico World Trade Center de Montería”.

Como antecedentes fÆcticos, la parte actora manifestó ser propietaria del inmueble identificado con folio de matrícula No. 140-36334, ubicado en el municipio de Montería.

Asimismo, seæaló que, en el aæo 2013, el ente territorial ocupó p ermanentemente una franja de terreno de dicho bien, al momento de construir la ronda hídrica del río Sinœ y su vía paralela. Precisó que las obras pœblicas finalizaron en diciembre de l aæo 2015.

Indicó que, en fecha indeterminada, los accionantes presentaron un de recho de petición a la Alcaldía de Montería, indagando por la “ocupación permanente” de la que había sido objeto el lote de su propiedad.

A su turno, refirió que, el 21 de octubre de 2013 la administración municip al de Montería respondió la petición, indicando que la construcción de la ronda norte del

que había sido objeto el lote de su propiedad.

A su turno, refirió que, el 21 de octubre de 2013 la administración municip al de Montería respondió la petición, indicando que la construcción de la ronda norte del río Sinœ y de la vía paralela había afectado 3.531 m 2 de su predio, por lo que les propuso llevar a cabo una cesión anticipada del Ærea de terreno.

Refirió, igualmente, que, en fecha indeterminada, la familia Bechara Castilla empezó a desarrollar sobre su inmueble un proyecto urbanístico de gran envergadura, denominado “World Trade Center de Montería”. Sin embargo, aseguró que las obras ejecutadas por la entidad territorial impidieron que el proyecto pudiera materializarse.

Por todo lo anterior, los demandantes consideran que el municipio de M ontería es patrimonialmente responsable por la ocupación permanente del inmueble de s u propiedad.

2. Contestación

2.1. El municipio de Montería2 se opuso a las pretensiones de la demanda. Seæaló que no ocasionó un daæo antijurídico a la parte demandante, po rque la ocupación

1 Fl. 1 a 41 y 47 a 86, C.1. 2 Fl. 95 a 192, C.1.Radicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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alegada se efectuó sobre la faja paralela a la línea del cauce permane nte del rio Sinœ, la cual, de acuerdo con los artículos 833 y 844 del Decreto 2811 de 19745, era

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alegada se efectuó sobre la faja paralela a la línea del cauce permane nte del rio Sinœ, la cual, de acuerdo con los artículos 833 y 844 del Decreto 2811 de 19745, era un bien inalienable del Estado . Asimismo, sostuvo que no se probó el daæo por la “pØrdida de oportunidad ” de ejecutar el proyecto urbanístico World Trade Center de Montería, porque Øste carecía de viabilidad jurídica, dado que había sido concebido sobre una franja de terreno que el Plan de Ordenamiento Territorial clasificaba como espacio pœblico. Como excepción propuso la de caducidad del medio de control, aduciendo que habían transcurrido mÆs de dos (2) aæos desde la fecha e n que culminaron las obras en la ronda norte del Sinœ y aquella en la que se prese ntó la demanda.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte actora 6 y el municipio de Montería 7 insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.

3.2. El Ministerio Pœblico guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 13 de mayo de 20218, el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el municipio de Montería ocupó permanente una parte del predio de los demandantes, con la construcción de la ronda norte del río Sinœ y la vía paralela de salida del barrio “El Recreo”.

En la parte resolutiva condenó al ente territorial a pagar a los demandantes la suma

con la construcción de la ronda norte del río Sinœ y la vía paralela de salida del barrio “El Recreo”.

En la parte resolutiva condenó al ente territorial a pagar a los demandantes la suma de $5.231.441.600, por la extensión del predio que ocupó. Negó el p erjuicio solicitado a título de “ pØrdida de oportunidad ”, porque no se demostró que el proyecto inmobiliario “World Trade Center” hubiese tenido registro de planos o licencia urbanística.

5. Apelaciones

3 “Artículo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: a). El Ælveo o cauce natural de las corrientes; b). El lecho de los depósitos naturales de agua; c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres; d). Una faja paral ela a la línea de mareas mÆximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metr os de ancho; e). Las Æreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares; f). L os estratos o depósitos de las aguas subterráneas”. 4 “Artículo 84. La adjudicación de un baldío no comprende la propiedad de aguas, cau ces ni, en general, la de bienes a que se refiere el artículo anterior, que pertenecen al dominio público”. 5 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de P rotección al Medio Ambiente”. 6 Fl. 667 a 674, C.3. 7 Fl. 675 a 683, C.3.

5 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de P rotección al Medio Ambiente”. 6 Fl. 667 a 674, C.3. 7 Fl. 675 a 683, C.3. 8 Fl. 688 a 704, C. Ppal.Radicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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5.1. La parte actora9 interpuso recurso de apelación, en el que solicitó incrementar el valor de la condena impuesta contra la entidad demandada, aduciendo que la extensión que ocupó en su predio fue mucho mayor a la que consideró el Tribunal.

5.2. El municipio de Montería 10 interpuso recurso de apelación, solicitando revocar la sentencia de primera instancia. Insistió en la caducidad del medio de contro l de reparación directa, porque desde la fecha de entrega de las obras hasta aquella en que los demandantes presentaron la demanda, transcurrieron mÆs de dos (2) aæos.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Como no se decretaron pruebas, ni se solicitaron en el tØrmino de e jecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral quinto del artículo 24711 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 6712 de la Ley 2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para a legar de conclusión en segunda instancia. En esta instancia el Ministerio Pœblico guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirÆ el siguiente orden para resolver los recursos de apelación

conclusión en segunda instancia. En esta instancia el Ministerio Pœblico guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirÆ el siguiente orden para resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) anÆlisis de la caducidad frente a la ocupación permanente por obras o trabajos pœblicos, (5) conclusión y (6) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 13 del Código de

9 Fl. 722 a 724, C. Ppal. 10 Fl. 714 a 721, C. Ppal. 11 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en prime ra instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizarÆ la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederÆ un tØrmino de diez (10) días. En caso contrario, no habrÆ lugar a dar traslado para alegar . El secretario pasarÆ el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso” . 12 “Artículo 67. Modifíquese el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedarÆ así: El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitar Æ de acuerdo con el

12 “Artículo 67. Modifíquese el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedarÆ así: El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitar Æ de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizarÆ la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederÆ un t Ørmino de diez (10) días. En caso contrario, no habrÆ lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasarÆ el e xpediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el tØrmino para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso. […]”. 13 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Juris dicción de lo Contencioso Administrativo estÆ instituida para conocer, ademÆs de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estØn inv olucradas las entidades pœblicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pœblica, cualquiera que sea el rØgimen aplicable […]”Radicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), porque se demanda la responsabilidad extracontractual del municipio de Monterí a14.

Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), porque se demanda la responsabilidad extracontractual del municipio de Monterí a14. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dada la vocación de doble instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 500 15 SMLMV, en concordancia con los artículos 15016 y 15217 del CPACA.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daæo invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los tØrminos del artículo 14018 del CPACA.

En el presente caso el medio de control de reparación directa ejercido po r la parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de un daæo prove niente de la ocupación permanente de un predio, por parte del municipio de Montería.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se ejerció oportunamente el medio d e control de reparación directa frente a la ocupación permanente alegada en la d emanda o

14 Constitución Política de Colombia. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. […] ”, “Artículo 287. Las entidades territoriales

14 Constitución Política de Colombia. “Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. […] ”, “Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Cons titución y la ley. En tal virtud tendrÆn los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en las rentas nacionales”. 15 La pretensión de la demanda se estima en $9.180.600.000 por concepto de perjuicios materiales, lo que es superior a 500 SMLMV de la fecha en que esta fue presentada, esto es, del aæ o 2016, en el que el salario mínimo correspondía a la suma de $ 689.454. 16 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Cont encioso Administrativo conocerÆ en segunda instancia de las apelaciones de las senten cias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 17 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) sa larios mínimos legales mensuales vigentes. […]”. 18 “Artículo 140. Reparación directa. En los tØrminos del artículo 90 de la Constitu ción Política, la

mensuales vigentes. […]”. 18 “Artículo 140. Reparación directa. En los tØrminos del artículo 90 de la Constitu ción Política, la persona interesada podrÆ demandar directamente la reparación del daæo anti jurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderÆ, entre otras, cuando la causa del daæo sea un hecho, una omisión, una oper ación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos pœblicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pœblica o a un part icular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. […]. En todos los casos en los que en la causación del daæo estØn involucrados particulares y entidades pœblicas, en la sen tencia se determinarÆ la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la i nfluencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.Radicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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si, por el contrario, este se encontraba caducado al momento en que Østa se presentó.

3. Hechos probados

Antes de exponer cuÆles son los hechos probados, es necesa rio seæalar que, en atención a lo previsto en el artículo 222 19 del Código General del Proceso (en adelante CGP), no se otorgarÆ valor probatorio a la declaración extrajuicio rendid a por Mara Bechara de Zuleta 20, pues su atestación practicada sin citación de la entidad demandada no fue ratificada en este proceso.

adelante CGP), no se otorgarÆ valor probatorio a la declaración extrajuicio rendid a por Mara Bechara de Zuleta 20, pues su atestación practicada sin citación de la entidad demandada no fue ratificada en este proceso.

Ahora bien, examinado el acervo probatorio que reposa en el e xpediente, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema jurídico planteado en el presente asunto:

3.1. El 17 de diciembre de 2001, Mara Bechara de Zuleta, Ilse Bechara Cast illa, Rossana Bechara Castilla y Rolando Bechara Castilla adquirieron la propiedad de un lote de terreno ubicado en la carrera 4 (vía paralela de salida al barrio “El Recreo”) nœmero 59-21 del municipio de Montería. Dicho inmueble, identificado con folio de matrícula No. 140-36334, limitaba al oeste con la margen derecha del rio Sinœ21.

3.2. El 29 de enero de 2010, el municipio de Montería celebró el contrat o nœmero 004 para la construcción de las obras de la ronda hídrica del Sinœ, entre calles 56 y 62, las cuales finalizaron el 30 de noviembre de esa anualidad. Dichos trabajos fueron entregados por el contratista y recibidos a entera satisfacción por la Alcaldía de Montería en esta œltima fecha22.

3.3. El 25 de junio de 2013, el municipio de Montería celebró el contrato nœmero 247 para la construcción de pavimento rígido de la avenida primera (ronda del Sinœ) , entre la avenida circunvalar y la calle 64 de dicho ente territorial. Esta obra fue

para la construcción de pavimento rígido de la avenida primera (ronda del Sinœ) , entre la avenida circunvalar y la calle 64 de dicho ente territorial. Esta obra fue

19 “Artículo 222. Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la person a contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite. Para la ratificación se repeti rÆ el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir qu e el testigo lea su declaración anterior”. 20 Fl. 382, C.1. 21 Certificado de tradición del inmueble expedido el 20 de enero de 2016 por la O ficina de Registro de Instrumentos Pœblicos de Montería, escritura pœblica nœmero 2344 del 17 de diciembre de 2001 de la Notaría Primera del Círculo de Montería y certificado catastral expedido el 29 de noviembre de 2013 por el Instituto GeogrÆfico Agustín Codazzi. Fl. 27 a 31 y 176, C.1. 22 Contrato 004-2010 y acta de liquidación de dicho negocio jurídico suscrita el 19 de enero de 2011 por el contratista y el secretario de Infraestructura de Montería. Fl. 113 a 125,130 a 131 y 133 a 140, C.1.Radicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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entregada por el contratista y recibida a satisfacción por la Alcaldía de Montería, el 16 de diciembre de 201323.

Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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entregada por el contratista y recibida a satisfacción por la Alcaldía de Montería, el 16 de diciembre de 201323.

3.4. El 21 de octubre de 2013, la Secretaría de Planeación de Montería informó a la “familia Bechara Castilla” que, “atendiendo la solicitud presentada por ustedes [se], efectuó una revisión del sector donde se desarrolló la construcción de la Ronda Norte y la vía paralela que da salida al Barrio el Recreo, y [se] pudo comprob ar mediante levantamiento topográfico” que con dicha intervención se había afectado el predio identificado con folio de matrícula No. 140-363334, en una ext ensión de 3531 m2. Por esta razón, propuso a los demandantes la cesión anticipada de aquella Ærea de terreno 24.

4. AnÆlisis de la caducidad frente a la ocupación permanente por obras o trabajos pœblicos

4.1. En el presente asunto el daæo alegado por la parte demandan te se hace consistir en la ocupación de una franja de terreno del predio de su propied ad, identificado con folio de matrícula No.140-36334, como consecuencia de la construcción de las obras de la ronda norte del Sinœ, entre calles 56 y 62, y la pavimentación de la vía paralela a dicha infraestructura que daba salida al barrio “El Recreo”, llevadas a cabo por el municipio de Montería.

Frente a la oportunidad para ejercer el medio de control de reparación directa en

pavimentación de la vía paralela a dicha infraestructura que daba salida al barrio “El Recreo”, llevadas a cabo por el municipio de Montería.

Frente a la oportunidad para ejercer el medio de control de reparación directa en casos de ocupación permanente por obra pœblica, el artículo 164 del CPACA seæala que la “demanda deberÆ presentarse dentro del tØrmino de dos (2) aæos, con tados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión ca usante del daæo, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimien to del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

A su vez, en cuanto al cómputo de caducidad de la pretensión de reparación directa en estos eventos, la Corporación, en auto de unificación del 9 de febrero de 201125, indicó que debe realizarse “desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un mo mento anterior”.

De manera que, en los casos de ocupación permanente por causa de una obra pœblica, el tØrmino preclusivo debe contarse, por regla general, a partir del d ía siguiente al de la finalización de la obra, pues es claro que desde esa fecha el afectado tiene interØs cierto para acudir ante la jurisdicción contenciosa con el fin

23 Contrato 247-2013 y acta de liquidación correspondiente a dicho acuerdo contractual s uscrita el 20 de diciembre de 2013 por el contratista y el alcalde de Montería (e). Fl. 223 a 229 y 257 a 258, C.1.

23 Contrato 247-2013 y acta de liquidación correspondiente a dicho acuerdo contractual s uscrita el 20 de diciembre de 2013 por el contratista y el alcalde de Montería (e). Fl. 223 a 229 y 257 a 258, C.1. 24 Oficio S.P.M. 1779 del 21 de octubre de 2013 expedido por la Secretaría de Planea ción del municipio de Montería. Fl. 26, C.1. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Auto del 9 de febrero de 2011, Rad.: 38271.Radicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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de obtener la reparación de los daæos causados, salvo que exista prueba que dØ cuenta que dicho conocimiento solo fue posible en un momento posterio r, en cuyo caso el tØrmino preclusivo comenzarÆ a correr desde el conocimiento de la terminación de los trabajos. Ello, toda vez que el tØrmino preclusivo no pue de quedar suspendido a perpetuidad, ni puede depender de la volunta d de las partes, pues, debe recordarse, que opera por ministerio de la ley26.

4.2. Así pues, aunado a los elementos de prueba que vienen de descri birse en el acÆpite de hechos probados, en el presente proceso se recepcionaron los testimonios de Hipólito SÆenz Villalobos, IvÆn JosØ De La Vega GonzÆlez y CØsar Antonio Tapia `vila.

(i) Hipólito SÆenz Villalobos 27, dijo trabajar para la familia Bechara Castilla y haber tenido conocimiento del lote porque era el encargado de supervisar y realizar e l

Antonio Tapia `vila.

(i) Hipólito SÆenz Villalobos 27, dijo trabajar para la familia Bechara Castilla y haber tenido conocimiento del lote porque era el encargado de supervisar y realizar e l mantenimiento de los terrenos de ese grupo familiar en el municipio de Montería. En su declaración explicó que las obras que afectaron el inmueble de los demandantes fueron la ronda del Sinœ y la “avenida esa que construyeron” , que daba salida al sector norte de la ciudad. En cuanto a la duración de esto s trabajos, manifestó que, a finales de 2014, la vía aœn no había sido termina da, porque no había sido conectada con la troncal. Incluso, seæaló que, aunque “la calle” fue inaugurada en febrero de 2016, aquellas labores no habían finalizado, p ues los andenes no estaban terminados y en el predio aœn reposaban escombros y material de obra.

(ii) IvÆn De La Vega GonzÆlez 28 manifestó que, para la Øpoca en que fue construida la obra, se desempeæaba como jefe de mantenimiento y servicios institucionales de la Universidad del Sinœ, por lo que le correspondía el mantenimiento de tod os los bienes, tanto de esa institución, como de la familia Bechara Castilla. En la diligencia afirmó que, debido a sus funciones, tuvo conocimiento de los trabajos adelanta dos por el municipio de Montería en el lote de los demandantes, correspondientes a “la ronda del Sinú y la vía de acceso que hay actualmente”. En cuanto a la duración de esos trabajos, explicó que empezaron a finales de 2013 y que, aunqu e la vía fue

ronda del Sinú y la vía de acceso que hay actualmente”. En cuanto a la duración de esos trabajos, explicó que empezaron a finales de 2013 y que, aunqu e la vía fue habilitada a finales de 2015, en su opinión, aœn no había sido terminada, porque aœn le faltaban algunos andenes. Sostuvo, ademÆs, que el lote con tinuaba siendo ocupado por el municipio, pues en Øl reposaban materiales utilizados pa ra la construcción de la ronda y la cimentación de la vía.

(iii) CØsar Antonio Tapia `vila 29 dijo trabajar para la familia Bechara y conocer el

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2025, Rad.: 70517. 27 Audiencia inicial de 30 de marzo de 2017, CD obrante a folio 376, C.1., minuto 18:40 a 41:25. Audiencia de pruebas de 13 de septiembre de 2018, CD obrante a folio 534, C.2., minu to 21:05 a 45:22. 28 Audiencia inicial de 30 de marzo de 2017, CD obrante a folio 376, C.1., minuto 42 :36 a 52:45. Audiencia de pruebas de 13 de septiembre de 2018, CD obrante a folio 534, C.2., 47:02 a 1:12:30. 29 Audiencia inicial de 30 de marzo de 2017, CD obrante a folio 376, C.1., minuto 55 :26 a 59:17.

Audiencia de pruebas de 13 de septiembre de 2018, CD obrante a folio 534, C.2., 1:13:52 a 1:27:26.Radicado: 23001233300020160012002 (67677) Demandante: Mara Bechara de Zuleta y otros

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predio de los demandantes, ubicado “entre la 59 y 60 del barrio ‘La Castellana’” del municipio de Montería. En su atestación, aseguró tener conocimiento de la intervención efectuada en dicho inmueble, no solo porque laboraba en otro lote cercano, sino tambiØn “porque su jefe inmediato le decía que fuera a dar una vuelta por allá”. Indicó que la vía aledaæa a la ronda “la empezaron a construir a final de 2013 y la terminaron a finales de 2015”.

4.3. Ahora bien, los testimonios antes reseæados resultan sospechosos, a voces d el artículo 211 30 del CGP, pues provienen de personas que reconocieron haber sostenido un vínculo laboral y de subordinación con los demandantes, condició n que puede afectar su imparcialidad y, con ello, su credibilidad. Sin em bargo, sus declaraciones serÆn valoradas conforme lo ha manifestado esta Corporación, es decir, examinadas de cara a las demÆs pruebas que reposan en el expedient e y de acuerdo con las circunstancias propias del asunto litigioso. Al punto, debe recordarse que, frente a los testimonios sospechosos 31, esta Corporación ha destacado que su valoración debe efectuarse de manera conjunta con los demÆs medios de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para

recordarse que, frente a los testimonios sospechosos 31, esta Corporación ha destacado que su valoración debe efectuarse de manera conjunta con los demÆs medios de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos resulten distorsionados.

4.4. En consecuencia, una vez valorado el acervo probatorio que reposa en el expediente, de cara al problema jurídico planteado, la Sala encuentra demostrado: i) que las obras de la ronda del Sinœ, entre calles 56 y 62, finaliza ron el 30 de noviembre de 2010 (hecho probado 3.2.); ii) que el 21 de octubre de 2013, la Secretaría de Planeación de Montería informó a la “familia Bechara Castilla ” que debido a la construcción de la ronda norte y el proyecto de pavimentación de la vía paralela a ese corredor, que daba salida al barrio “El Recreo”, se había afectado su predio, identificado con folio de matrícula