CE - Sentencia 23001233300020160030401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023)

Demandantes: Shirley María Morales de Blanco y Manuel Guillermo Blanco

Ballesteros

Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones1

Tema: Reliquidación pensional

Sentencia de segunda instancia ________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad de previsión social demandada contra la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, S ala Cuarta de Decisión, por medio de la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Shirley María Morales de Blanco y Manuel Guillermo Blanco Ballesteros presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 006786 del 7 de abril de 2009, por

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 006786 del 7 de abril de 2009, por medio de la cual el extinto Instituto de Seguro Social 3, hoy Colpensiones, le reconoció a aquella la pensión de jubilación y, total, de las resoluciones GNR 267735 del 31 de agosto de 2015, a través de la cual esta última entidad le negó la reliquidación de la prestación, así como su incremento en un 14 % y la indexación de la primera mesada; GNR 364128 de 19 de noviembre de 2015; y VPB 6821 del 11 de febrero de 2016, que confirmaron el anterior acto administrativo al resolver

1 En lo que sigue Colpensiones. 2 En adelante CPACA. 3 En lo que sigue ISS.2

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro los recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra, respectivamente.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitaron i) la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio según las leyes 33 y 62 de 1985 o, de forma subsidiaria, en caso de que resultara más favorable, de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 ; ii) la indexación de la primera mesada pensional; iii) el incremento del 14% sobre la pensión, de conformidad con

de 1985 o, de forma subsidiaria, en caso de que resultara más favorable, de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 ; ii) la indexación de la primera mesada pensional; iii) el incremento del 14% sobre la pensión, de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, según el cual «(l)as pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán (e)n un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión ; y iv) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Shirley María Morales de Blanco nació el 18 de junio de 1953 y laboró al servicio del Hospital San Jerónimo de Montería por alrededor de 26 años, 5 meses y 10 días. Su cónyuge era Manuel Guillermo Blanco Ballesteros, quien dependía económicamente de ella.

3.2. A través de la Resolución 006786 del 7 de abril de 20 09, el entonces ISS le reconoció la pensión de jubilación en consideración al cumplimiento de los requisitos de la Ley 33 de 1985 al ser beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con aplicación de un 75% de lo devengado sobre el salario promedio de los 10 últimos años de conformidad con lo dispuesto en la aludida ley. La cuantía de la prestación resultó en $563.772, a partir del 1 de enero de 2009.

el salario promedio de los 10 últimos años de conformidad con lo dispuesto en la aludida ley. La cuantía de la prestación resultó en $563.772, a partir del 1 de enero de 2009.

3.3. El 3 de junio de 2015, solicitó a Colpensiones la reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, la indexación de la primera mesada pensional por la pérdida de poder adquisitivo, toda vez que el retiro del servicio (30 de junio de 2000) se dio 8 años antes del cumplimiento del requisito de la edad de 55 años (18 de junio de 2008), y el incremento del 14% sobre la pensión de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990 , en virtud de la relación conyugal con Manuel Guillermo Blanco Ballesteros y de la dependencia económica de él respecto de ella.

3.4. Por medio de la Resolución GNR 267735 del 31 de agosto de 2015 la gerente3

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro nacional de reconocimiento de Colpensiones negó la anterior petición, acto administrativo que fue confirmado al resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra a través de las resoluciones GNR 364128 de 19 de noviembre de 2015; y VPB 6821 del 11 de febrero de 2016, respectivamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

interpuestos en su contra a través de las resoluciones GNR 364128 de 19 de noviembre de 2015; y VPB 6821 del 11 de febrero de 2016, respectivamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 48, 53 y 58 de la Constitución Política; y 36 de la Ley 100 de 1993; las leyes 6ª de 1945, 33 y 62 de 1985 y 71 de 1988; los decretos 2661 de 1960 y 1743 de 1966; y el Acuerdo 0089 de 1985.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:

5.1. El ente de previsión demandado desconoció que la pensión de jubilación de Shirley María Morales de Blanco, al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debía ser reconocida según la Ley 33 de 1985 en su «integralidad», conforme con la cual la prestación tenía que ser liquidada con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio . Lo anterior, en consideración a la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 , según la cual «la Ley 33 de 1985, no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios» (sic).

5.2. Colpensiones vulneró el principio de inescindibilidad de la ley, por cuanto para el reconocimiento pensional aplicó la edad y tiempo de servicio que estableció

trabajador durante el último año de prestación de servicios» (sic).

5.2. Colpensiones vulneró el principio de inescindibilidad de la ley, por cuanto para el reconocimiento pensional aplicó la edad y tiempo de servicio que estableció la Ley 33 de 1985 y en lo que tiene que ver con el ingreso base de liquidación 5 el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

5.3. Era procedente el reconocimiento del incremento del 14% sobre la pensión según el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, pues este concepto no desapareció en atención a que no existió derogatoria expresa ni tacita de la norma que lo estableció, por lo tanto, siguió aplicándose, incluso los jueces lo reconocían.

5.4. La indexación de la primera mesada pensional era un derecho constitucional que no podía ser desconocido por Colpensiones, el cual se presenta cuando la mesada ha perdido valor adquisitivo al haberse adquirido el derecho y reconocerse con posterioridad, lo que en el caso concreto ocurrió, pues el retiro del servicio (30

4 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_C01_02 DEMANDA(.pdf) NroActua 4». 5 En lo que sucesivo IBL.4

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro de junio de 2000) se dio 8 años antes del cumplimiento del requisito de la edad de 55 años (18 de junio de 2008) . Al respecto, el Consejo de Estado consideró que «(l)a indexación de la primera mesada se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del

55 años (18 de junio de 2008) . Al respecto, el Consejo de Estado consideró que «(l)a indexación de la primera mesada se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro , de modo que con ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido detrimento6».

1.2. Contestación de la demanda

6. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en

las siguientes consideraciones7:

6.1. De conformidad con el precedente de la Corte Constitucional la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a sus beneficiarios únicamente comprendía los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo establecidos con base en la norma anterior, por ello el IBL no hac ía parte del beneficio de la transición. En consecuencia, la base de liquidación de la pensión que así debía reconocerse se definía con fundamento en los artículos 36 (inciso 3) o 21 de esta disposición, según sea el caso, y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización, como lo realizó la entidad.

6.2. No había lugar al incremento del 14% sobre el monto pensional por «cónyuge a cargo », toda vez que este e ra reconocido única y exclusivamente a los pensionados bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990 y fue claro que la demandante era una empleada publica que obtuvo su pensión bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985.

6.3. Propuso las excepciones de: i) «inexistencia de las obligaciones

era una empleada publica que obtuvo su pensión bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985.

6.3. Propuso las excepciones de: i) «inexistencia de las obligaciones reclamadas»; ii) «inexistencia de las obligaciones reclamadas respecto a los incrementos pensionales »; iii) «improcedencia para reliquidar la pensión de jubilación»; y iv) «prescripción».

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia del 31 de marzo de 2022 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda y

6 «Sentencia de siete (07) de marzo de dos mil trece (2013) del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Rad; Nº. 76001 -23-31-000-200801205-01 (1995-11). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero». 7 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento « ED_C01_25

CONSTESTACION DE LA DEMANDA(.pdf) NroActua 4».5

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro condenó en costas a la entidad demandada. Al efecto dispuso lo siguiente8:

«PRIMERO: Declarar probadas las excepciones propuestas por Colpensiones, denominadas “ improcedencia para reliquidar la pensión de jubilación ” (esto en cuanto a la reliquidación de la mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales); la de “inexistencia de las obligaciones reclamadas respecto a los

denominadas “ improcedencia para reliquidar la pensión de jubilación ” (esto en cuanto a la reliquidación de la mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales); la de “inexistencia de las obligaciones reclamadas respecto a los incrementos pensionales” y la de “prescripción”, conforme las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Declararla nulidad parcial de la Resolución de 7 de abril de 2009, proferida por el Instituto de Seguro Social, mediante la cual reconoció el derecho pensional a la demandante; así como la nulidad de las Resoluciones GNR 267735 de 31 de agosto de 2015, Resolución GNR 364128 de 19 de noviembre de 2015, y VBP 6821 de 11 de febrero de 2016, mediante las cuales Colpensiones negó una reliquidación pensional.

En cuanto a la negativ a al reconocimiento y pag o del incremento pensional del 14% a favor del cónyuge de la actora, contemplado en el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, se mantendrán incólume dichos actos, así como frente a la negativa de la reliquidación pensión con inclusión de todos los factores salariales.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordenará a Colpensiones proceder a reliquidar la mesada pensional de la actora, en atención al principio de favorabilidad, con aplicación integra de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, esto es, artículos 33 y 34, respecto a la edad y semanas cotizadas; y en atención al promedio de los salari os devengados durante los últimos 10 años de servicios, contemplados en el Decreto 1158 de 1994, y sobre los cuales se haya realizado la respectiv a cotización, esto es, la asignación

edad y semanas cotizadas; y en atención al promedio de los salari os devengados durante los últimos 10 años de servicios, contemplados en el Decreto 1158 de 1994, y sobre los cuales se haya realizado la respectiv a cotización, esto es, la asignación mensual, prim a de antigüedad, bonificación por servicios prestados, y dominicales y feriados, certificados a folios 68 a 74 del expediente; con una tasa de reemplazo del 85%. Así como deberá proceder a indexar la primera mesada pensional.

Todo lo anterior a partir del 2 de junio de 2012, teniendo en cu enta que las diferencias causadas con anterioridad a dicha fecha se encuentran afectadas por el fenómeno de la prescripción.

TERCERO: Se ordena que la suma a reconocer sea indexada en los términos del inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo, es decir, de acuerdo con el índice de precios al consumidor y la siguiente formula, utilizada para estos eventos por el H. Consejo de Estado:

R= RH X INDICE FINAL

INDICE INICIAL

En la que el valor presente (R) se determine multiplicando el valor histórico (R.H), que es lo dejado de percibir por la demandante hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo' que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos

8 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_C01_54 FALLO(.pdf) NroActua 4».6

en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos

8 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_C01_54 FALLO(.pdf) NroActua 4».6

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro o reajustes producidos o decretados durante dicho periodo.

CUARTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo indicado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, so pena de ser condenada al pago de los intereses previstos en el artículo 195 ibidem.

QUINTO: Deniéguese las demás pretensiones.

SEXTO: Condenar en costas a Colpensiones y en favor de la parte demandante en su rubro de agendas en derecho, por el equivalente al 3% del valor de las pretensiones reconocidas, de acuerdo con Io expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

(…)» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al

asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

8.1. Si bien no había lugar a la reliquidación de la pensión de jubilación de Shirley María Morales de Blanco con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, pues las pensiones de los beneficiarios del régimen de la Ley 33 de 1985 se debían liquidar en consideración al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo de esta norma y con un IBL calcula do en

devengados en el último año de servicios, pues las pensiones de los beneficiarios del régimen de la Ley 33 de 1985 se debían liquidar en consideración al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo de esta norma y con un IBL calcula do en atención con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 ( artículos 21 y 36) y con los emolumentos sobre los cuales se haya efectuado cotizaci ones, enlistados en el Decreto 1158 de 1994, lo cierto es que a aquella le resulta ba más favorable la reliquidación de su mesada en los términos de la segunda ley, toda vez que le permitía al haber alcanzado 1403 semanas de cotización un monto del 85% de los emolumentos salariales devengados en los últimos 10 a ños de servicios, mientras que la otra únicamente el 75%.

8.2. En consideración a que entre la fecha del retiro del servicio de la actora (junio de 2000) y el cumplimiento del requisito de la edad para adquirir el estatus pensional (junio de 2008) transcurrieron 8 años aproximadamente, y a que la pensión se reconoció en abril de 2009, se imponía ordenar la indexación de la primera mesada.

8.3. No había lugar a la pretensión tendiente al aumento del 14% de la mesada pensional en virtud de lo dispuesto en el literal b) del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, pues en atención a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-140 de 2019 el citado incremento fue derogado con la Ley 100 de 1993.

8.4. La condena en costas era procedente, toda vez que la parte demandante

SU-140 de 2019 el citado incremento fue derogado con la Ley 100 de 1993.

8.4. La condena en costas era procedente, toda vez que la parte demandante acudió al proceso a través de apoderado judicial y efectuó el pago de gastos procesales, en consideración a lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del7

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023)

Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro

Código General del Proceso9.

1.4. El recurso de apelación

9. Colpensiones interpuso recurso de apelación con fundamento en los siguientes

argumentos10:

9.1. La entidad reconoció y liquidó la pensión de jubilación de Shirley María Morales de Blanco ajustada a los parámetros legales que regulan la materia, como lo eran los establecidos en las leyes 100 de 1993 y 33 de 1985 , y demás normas concordantes.

9.2. Para conceder la p ensión, por encontrarse aquella cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se tuvieron en cuenta los requisitos del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, norma que exigía acreditar mínimo 20 años de servicios como empleado público y 55 años de edad para su reconocimiento en un 75% del monto que sirvió para su liquidación.

9.3. Ahora, como el IBL no e ra un aspecto de la transición, como lo ha considerado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la base de liquidación de la pensión se definió con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es

considerado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la base de liquidación de la pensión se definió con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir con base en el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los 10 últimos años de labor es, o en el tiempo que hacía falta para adquirir el derecho a la prestación si este fuera menor, como lo hizo la entidad.

9.4. En relación con la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que previó el régimen de transición pensional en el Sistema General de Pensiones, la Sala Plena del Consejo de Estado profirió sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radica do 52001 -23-33-000-2012-00143-01, fijó reglas jurisprudenciales para decidir las controversias judiciales tramitadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, relacionadas con el IBL, así;

«Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley33 de 1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo

9 En lo que sigue CGP. 10 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_C01_56 RECURSO

adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo

9 En lo que sigue CGP. 10 Samai, índice 4, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «ED_C01_56 RECURSO APELACION(.pdf) NroActua 4».8

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo et tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. - Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salaries o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la varia ción del Índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones." (negrillas fuera de texto).

(…)» (sic).

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se contra e a determinar ¿si es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de Shirley María Morales de Blanco con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de

1993?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley 33 de 1985

13. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes

11 Tal y como se indicó en el auto del 1 de junio de 2023. Samai, índice 5, actuación «Auto que admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 5».9

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio percibido el último año de servicio.

Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio percibido el último año de servicio.

14. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los emplea dos oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

15. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes

términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

16. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para acceder a la pensión.

17. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley10

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00304-01 (1939-2023) Demandante: Shirley María Morales de Blanco y otro 3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley 6ª de 194512 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley 33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante» 13; este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»14.

18. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 15, esta corporación 16 señaló que si el servidor era de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de 1968 y si era de orden territorial se acudiría a la Ley 6ª de 1945, ello en cuanto a la

edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194517 se aplicó para efectos de las prestaciones sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los servidores públicos del nivel territorial (…).

(…)

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y

se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).

19. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968 previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado 25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 13 Consejo de Estado