CE - Sentencia 23001233300020170004601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023) Demandante: Domingo Ramón Montes Avilez Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente oficial.

Discusión sobre la demostración de un tiempo de servicios. Falta de acreditación de los 20 años de servicio para acceder a la pensión de la Ley 33 de 1985. Valoración probatoria. No se analiza falsedad de documentos, sino su idoneidad y conducencia. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, p or medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Domingo Ramón Montes Avilez instauró demanda1 en contra de la Nación

Tribunal Administrativo de Córdoba, p or medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Domingo Ramón Montes Avilez instauró demanda1 en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del silencio administrativo negativo ante la falta de respuesta a la petición del 17 de mayo de 2016 formulada ante la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con la que había solicitado el reconocimiento de una pensión ordinaria

1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

de jubilación con base en el régimen de la Ley 33 de 1985.

Que, a título de restablecimiento del derecho , se conceda dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y demás factores percibidos durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico.

Que se ordene el pago indexado de las mesadas adeudadas desde la fecha de efectividad de la prestación . Que la entidad accionada dé cumplimiento a la

anterior a la adquisición de su estatus jurídico.

Que se ordene el pago indexado de las mesadas adeudadas desde la fecha de efectividad de la prestación . Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que nació el 28 de mayo de 1958 y ejecutó unos contratos de prestación de servicios en calidad de educador del municipio de Ciénaga de Oro durante los siguientes períodos: del 20 de febrero al 30 de noviembre de 1987; del 2 de mayo al 30 de noviembre de 1988; del 3 de abril al 3 de noviembre de 1989; del 2 de abril al 30 de noviembre de 1990; del 1 de marzo al 30 de noviembre de 1991; del 4 de mayo al 4 de octubre de 1992; d el 1 de febrero al 30 de noviembre de 1993; del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1994; del 1 de marzo al 30 de diciembre de 1995; del 1 de febrero al 30 de diciembre de 1996; del 2 de enero al 30 de diciembre de 1997;

Que en 1998 continuó vinculado bajo el amparo de las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, situación que fue legalizada a través del Decreto 0036 de l 31 de enero de

2002. Que a partir del 1 .° de enero de 2002 pasó a formar parte de la planta de cargos del departamento de Córdoba, debido a la no certificación del mencionado

2002. Que a partir del 1 .° de enero de 2002 pasó a formar parte de la planta de cargos del departamento de Córdoba, debido a la no certificación del mencionado municipio, laborando hasta el 19 de agosto de 2010.

Que reporta un total de 193 semanas cotizadas a Colpensiones con motivo de los tiempos laborados al servicio del departamento de Córdoba.

Que, el 17 de mayo de 2016 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, expresando que le debía ser aplicado el régimen propio del magisterio para consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985 , por disposición de la Ley 91 de 1989. Que a la fecha de radicación de la demanda (17 de enero de 2017) esta petición no había sido respondida, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo y la consecuente generación de un acto presunto.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que con el acto administrativo demandado se transgredieron los artículos: 53 de laCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

Constitución Política; parágrafo transitorio 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005; 81 de la Ley 812 de 2003; 15 de la Ley 91 de 1989; y 1.º de la Ley 33 de 1985.

Que al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003 se encontraba adscrito

la Ley 812 de 2003; 15 de la Ley 91 de 1989; y 1.º de la Ley 33 de 1985.

Que al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003 se encontraba adscrito al servicio público educativo como docente mediante contratos de prestación de servicios, por lo que, como el legislador no distinguió el tipo de vinculación que debía tener el educador para determinar el régimen pensional aplicable en razón de la fecha de ingreso, no le estaría permitido hacerlo al juez ni a la entidad de previsión, de manera que su pensión debe ser otorgada con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985.

Que para determinar lo anterior debe darse aplicación de la tesis hasta ahora sostenida por el Consejo de Estado de los contratos de prestación de servicios como especie de vinculación al sector público de los maestros oficiales , según la cual debe observarse el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, más aún en el caso concreto en el que se utilizó dicho vínculo para encubrir una relación laboral con prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 10 de marzo de 2017 fue admitida la demanda,2 y se notificó a la Nación – Ministerio de Educación - FOMAG quien contestó de manera extemporánea.3

El 20 de junio de 20184 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el litigio, se declaró fallida la conciliación y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. Los días 17 de julio, 8 y 23 de agosto de 2018 5 se celebró la audiencia de

se declaró fallida la conciliación y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. Los días 17 de julio, 8 y 23 de agosto de 2018 5 se celebró la audiencia de pruebas en la que se recaudaron e incorporaron los medios de convicción, por lo que, una vez concluida esta etapa, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 12 de diciembre de 2022 negó las pretensiones, sin condena en costas.

Expresó que, conforme al material probatorio está acreditado que el actor nació el 28 de mayo de 1958, por lo que cumplió 55 años de edad el 28 de mayo de 2013, y que estuvo vinculado al Estado durante varios años. Que, por una parte, suscribió contratos de prestación de servicios con el municipio de Ciénaga de Oro entre los años 1987 a 1997, para prestar sus servicios como maestro oficial, obteniendo un

2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

total de tiempo de servicios de 8 años y 4 meses. Que también demostró que laboró como educador en provisionalidad desde el 1 de febrero de 2002 hasta el 19 de agosto de 2010, y posteriormente entre el 19 de abril de 2016 y por lo menos hasta

total de tiempo de servicios de 8 años y 4 meses. Que también demostró que laboró como educador en provisionalidad desde el 1 de febrero de 2002 hasta el 19 de agosto de 2010, y posteriormente entre el 19 de abril de 2016 y por lo menos hasta el 1 de agosto de 2018, esto es, por 10 años 10 meses.

Que, por tal motivo, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003), el demandante ya se encontraba prestando sus servicios como docente, de manera que le es aplicable el régimen pensional dispuesto en la Ley 91 de 1989, que en su artículo 157 dispone que dicha prestación para los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, será el dispuesto en el régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, que para el caso era la Ley 33 de 1985.

Que si bien para poder computar los tiempos laborados por el reclamante a través de vínculos contractuales sería necesario acreditar que durante ese tiempo se realizaron los aportes para pensión, según la postura que fue reafirmada en sentencia del 3 de marzo de 2022 dictada por el Consejo de Estado en el proceso con numero interno 4784 -2014, lo cierto es que esta línea no es pacífica en dicha corporación, por lo que por favorabilidad debe entenderse que sí puede computarse este tiempo, pero ordenando que se realicen las gestiones de cobro de los aportes faltantes para garantizar la financiación de la prestación.

Que, a pesar de estar demostrada la prestación de 8 años y 4 meses de servicio

este tiempo, pero ordenando que se realicen las gestiones de cobro de los aportes faltantes para garantizar la financiación de la prestación.

Que, a pesar de estar demostrada la prestación de 8 años y 4 meses de servicio docente, en razón de los nombramientos en provisionalidad, y un tiempo de 10 años y 10 meses mediante contratos de prestación de servicios, tales tiempos solo suman un total de 19 años y 2 meses que no le permiten al accionante tener satisfecho el requisito legal de los 20 años de labor oficial.

Que, aun en el entendido de que en la demanda se afirmó que “en el año 1998 continuó vinculado, amparad o por Ley 60 y 115, situación legali zada a través del Decreto 036 de 31 de enero de 2002”; y pese a que esto mismo se reportó en los certificados expedidos por el municipio de Ciénaga de Oro, lo cierto es que no obra en el expediente el aludido acto administrativo, y en todo caso no existe certeza sobre los extremos temporales por los cuales se produjo dicho vínculo entre las partes durante los años 1998 a 2001, sin que sea posible interpretar que fue una contratación ininterrumpida, pues no exi ste material probatorio que así lo demuestre.

Que, habiéndose requerido a la mencionada entidad territorial para que como prueba de oficio allegara las ordenes de prestación de servicios o los actos de nombramiento del accionante para los periodos de 1998 a 2001, se advierte que no se aportó documento alguno, por lo que estos no pueden ser tenidos en cuenta para

prueba de oficio allegara las ordenes de prestación de servicios o los actos de nombramiento del accionante para los periodos de 1998 a 2001, se advierte que no se aportó documento alguno, por lo que estos no pueden ser tenidos en cuenta para consolidar el derecho pensional pretendido, impidiendo acceder al mismo.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que, como se lee en las certificaciones que reposan en el expediente suscribió contratos de prestación de servicios solo hasta el año 1997, y, "en el año 1998 continu ó vinculado, amparado por la Ley 60 y 115, situación legalizada a través del Decreto 036 de enero 31 de 2002".

Que estos extremos laborales contenidos en dichas pruebas dan cuenta de que laboró todo el año 1998, al igual que en 1999, 2000 y 2001 como docente en el municipio de Ciénaga de Oro, tal como lo refrendó la Resolución 000546 de 21 de febrero de 2017 suscrita por el secretario de educación departamental de Córdoba, actuando en nombre y representación de la Nación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión, pero aceptando que tuvo vínculos contractuales con dicha entidad territorial.

Que la certificación tenida en cuenta por el juez de primera instancia no fue suscrita

reconocimiento de la pensión, pero aceptando que tuvo vínculos contractuales con dicha entidad territorial.

Que la certificación tenida en cuenta por el juez de primera instancia no fue suscrita por el alcalde del referido municipio , sino por el jefe de archivo , en la cual, no se está certificando el tiempo laborado, ya que solo se indican y enlistan los documentos que reposan en los archivos de esa entidad.

Que, por lo anterior, el análisis del tribunal es una contradicción a la que se llega por una acción valorativa contraevidente del material probatorio, lo que configura un defecto fáctico por valoración arbitraria , porque no se está teniendo en cuenta un certificado laboral por requerir en su lugar el acto administrativo de nombramiento, cuando el legislador no ha previsto un régimen de tarifa legal para comprobar lo propio.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 1.º de junio de 2023 8 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

El Ministerio Público9 solicitó que se confirme el fallo apelado. Señaló que si bien para los docentes vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 les es aplicable el régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985, tal como sería el caso del actor , lo cierto es que en el caso particular no resulta viable afirmar que cumplió con los

7 Ibid.

ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985, tal como sería el caso del actor , lo cierto es que en el caso particular no resulta viable afirmar que cumplió con los

7 Ibid. 8 Ver índice 4 de SAMAI. 9 Ver índice 9 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

requisitos necesarios para ser titular de la prestación reclamada, ya que no aportó prueba de la que se pueda inferir con certeza lo mencionado, máxime si se tiene en cuenta que la normativa es clara en la coexistencia de tod as las exigencias para consolidar el derecho , y por otra parte, en virtud del principio de la carga de la prueba, esta acreditación recaía exclusivamente sobre la parte demandante.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si el demandante demostró adecuadamente que sostuvo algún tipo de vínculo como docente oficial entre 1998 y 2001, y si tal período puede ser computable con el fin de satisfacer el requisito del tiempo de servicio necesario para reconocer una pensión ordinaria de jubilación con base en la Ley 33 de 1985.

Cuestión previa

El 26 de mayo del presente año, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con fundamento en la causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que conoció del

Cuestión previa

El 26 de mayo del presente año, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con fundamento en la causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que conoció del proceso de la referencia en primera instancia y suscribió la sentencia objeto de apelación en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba.

Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho q ue puedan comprometer el criterio que asuman los jueces en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.

Pues bien, una vez verificada la sentencia recurrida, la cual fue dictada el 12 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Córdoba , se observa que, en efecto, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves integró la respectiva Sala de decisión y en consecuencia suscribió la providencia controvertida en esta instancia en calidad de ponente. Por consiguiente, se considera que se presentan elementos subjetivos en la manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare a adoptar se en el asunto mencionado comporta para el magistrado una posible afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda

subjetivos en la manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare a adoptar se en el asunto mencionado comporta para el magistrado una posible afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la función jurisdiccional.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el mencionado magistrado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y transparencia.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver esta clase de litigios debe darse aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la forma de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados de la Ley 91 de 1989.

Lo anterior porque, además de dicho punto , tal providencia en sus reglas jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación al magisterio, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como

Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, tal como acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia de sus pretensiones.

Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición jurídica que no se hayan consolidado el fenómeno de cosa juzgada, tal como se presenta en el litigio objeto de examen.

Con las anteriores precisiones se resalta que la sentencia de unificación 11 en comento fijó en síntesis las siguientes reglas de interpretación normativa:

10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa. 11 El sustento jurídico de estas reglas fue, esencialmente, los siguientes planteamientos: «[…] 51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de

el mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala PlenaCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

«[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 , los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]». (Subrayado fuera de texto).

Resolución del caso concreto

Inicialmente se observa que la negativa del juez de primera instancia se basó en el incumplimiento por parte del actor del requisito de 20 años de labor oficial , al no tener demostrado un período supuestamente laborado entre 1998 y 2001.

En todo caso, en virtud de lo resuelto en el fallo recurrido y en el recurso de apelación, se concluye que no existe discusión respecto del régimen pensional aplicable al demandante, correspondiente al de la Ley 33 de 1985, así como tampoco frente al hecho de que se acreditó en debida forma un total de 19 años y 2 meses de actividad docente mediante una vinculación legal y reglamentaria en provisionalidad y una serie de contratos de prestación de servicios celebrados con

de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para

2 meses de actividad docente mediante una vinculación legal y reglamentaria en provisionalidad y una serie de contratos de prestación de servicios celebrados con

de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se h ayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

[...] 67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

Edad: 55 años

nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

Edad: 55 años Tiempo de servicios: 20 años Tasa de remplazo: 75%

Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de representac ión; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado

en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. […]». (Resalta la Sala).Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

el municipio de Ciénaga de Oro, sobre los cuales no se presenta debate en cuanto a la posibilidad de contabilizar los tiempos acumulados bajo dicha modalidad.

Pues bien, el accionante aseguró que, contrario al análisis probatorio del tribunal, el mencionado lapso de trabajo como educador sí se comprobó adecuadamente, solo basándose en el certificado del 11 de agosto de 2015 suscrito por el alcalde de la referida entidad territorial en la que se indicó expresamente lo siguiente: «[…] En el año 1998 continuó vinculado, amparado por la Ley 60 y 115, situación legalizada a través

referida entidad territorial en la que se indicó expresamente lo siguiente: «[…] En el año 1998 continuó vinculado, amparado por la Ley 60 y 115, situación legalizada a través del Decreto No 036 de enero 31 de 2002. […]»,12 así como en la certificación del 11 de noviembre de 2020 13 emanada del profesional del área de recursos humanos de dicho municipio que ratificó lo anterior al literalmente consignar la misma afirmación, allegada el 16 de noviembre de 2022 en respuesta a la prueba de oficio decretada el 28 de octubre de 202214 por el tribunal de origen.

Con base en este mismo requerimiento se aportaron los contratos de prestación de servicios celebrados con el reclamante, y una constancia generada el 10 de noviembre de 202215 por el jefe de archivo municipal en la que se indicó que en las instalaciones de la alcaldía reposaban los referidos documentos desde 1987 hasta 1997, precisando que en virtud del Decreto 036 de 2002 fue nombrado maestro en provisionalidad, pero sin mencionar la situación desde 1998 hasta 2001.

Ahora, para la Sala, al revisar la mencionada documentación se generaron una serie de preguntas respecto de su contenido y la capacidad de demostrar con plena credibilidad lo que allí se consignó, por ejemplo:

¿Si el demandante asegura que conforme a los certificados del 11 de agosto de 2015 y del 11 de noviembre de 2020, este siguió laborando sin solución de continuidad entre 1998 y 2001, por nombramiento efectuado a través del Decreto 036 del 31 de enero de 200 2, por qué no aportó ni solicitó que se allegara dicho acto?, si supuestamente el jefe de archivo del municipio de Ciénaga de Oro generó

036 del 31 de enero de 200 2, por qué no aportó ni solicitó que se allegara dicho acto?, si supuestamente el jefe de archivo del municipio de Ciénaga de Oro generó la certificación con base en los documentos obrantes en la entidad , ¿por qué no adjuntó tal decreto si lo mencionó expresamente ?, ¿si existe este documento, por qué en las certificaciones no se precisaron detalles respecto de la vinculación desde 1998, esto es, por qué no se indicaron los extremos temporales de inicio y fin de este supuesto nombramiento, el tipo de relación legal y la forma de terminación del vínculo en 2001?

Si eventualmente lo que sucede es que no se aportó esta prueba porque no existe dicho acto de nombramiento o un contrato de prestación de servicios para la época aludida por haberse extraviado o deteriorado, ¿por qué la parte activa nunca mencionó este hecho?, ¿por qué no se solicitó a la alcaldía municipal que realizara

12 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI. 13 Ibid. 14 Ibid. 15 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00046-01 (3222-2023)

un proceso de reconstrucción del expediente administrativo con base en