CE - Sentencia 23001233300020170008601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: JORGE LUIS GONZÁLEZ SALGADO

Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

Tema: Responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por destrucción de maquinaria pesada en diligencia de allanamiento y registro a actividad minera ilegal – aplicación del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, artículo 6 de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y artículo 2 del Decreto 2235 de 2012 para destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin el correspondiente título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo d e Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de noviembre de 2014, la Policía Nacional realizó un operat ivo contra la minería ilegal en la mina denominada “ Inversiones La Voluntad ”, ubicada en el

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de noviembre de 2014, la Policía Nacional realizó un operat ivo contra la minería ilegal en la mina denominada “ Inversiones La Voluntad ”, ubicada en el corregimiento El Cedro, vereda Quebradona Medio del municipio de Ayapel, Córdoba, en la cual destruyó la m áquina retroexcavadora marca Hyundai 210 LC7 y el motor Cummis NT 855 P serie 36075105 , hallados en el lugar, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2235 de 20121.

1 “Por el cual se reglamentan e l artículo 6° de la Decisión número 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”.2

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

El demandante considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable a título de falla en el servicio por la destrucción de la máquina retroexcavadora marca Hyundai 210 LC -7 y el motor Cummis NT 855 P serie 36075105, los cuales, alega, eran de su propiedad.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de febrero de 2017 2, Jorge Luis González Salgado , mediante apod erado judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, present ó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional para

El 15 de febrero de 2017 2, Jorge Luis González Salgado , mediante apod erado judicial y en ejercicio de l medio de control de reparación directa, present ó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional para que s e le declarara patrimonialmente responsable por la destrucción de la máquina retroexcavadora marca Hyundai 210 LC -7 y el motor Cummis NT 855 P serie 36075105 de su propiedad, durante el operativo realizado el 19 de noviembre de 2014 en la mina “Inversiones La Voluntad” ubicada en zona rural del municipio de Ayapel.

Como pretensiones de su dem anda, el actor solicita condenar a la entidad accionada a pagarle, por daño emergente, la suma de $402’452.091 y, por lucro cesante, la cantidad de $574’310.900.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 19 de junio de 2012 presentó solicitud para la legalización y reconocimiento de su actividad minera, esta era, la explotación de minerales de oro y sus concentrados, en el municipio de Ayapel.

Manifiesta que , el 19 de noviembre de 2014, la Policía Nacional realizó un operativo en la mina “ Inversiones La Voluntad ” ubicada en el corregimiento El Cedro, vereda Quebradona Medio del municipio de Ayapel, en la cual desarrollaba

2 Páginas 1 a 47 del archivo “ ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_02DEMANDA(.pdf) NroActua 28.pdf ” y archivo “ ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_01ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 28.pdf” índice 28, Samai.3

NroActua 28.pdf ” y archivo “ ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_01ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 28.pdf” índice 28, Samai.3

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

su actividad y le exigió que exhibiera el titulo que lo autorizaba para hacer la explotación minera en ese lugar.

Sostiene que la Policía Nacional hizo caso omiso de la solicitud de legalización exhibida por el administrador de la mina “ Inversiones La Voluntad ” y procedió a destruir la máquina retroexcavadora marca Hyundai 210 LC -7, el motor Cummis NT 855 P serie 36 075105 y a capturar a 3 empleados de la Mina por el supuesto delito de contaminación ambiental por explotación ilegal de yacimiento minero y daño a los recursos natura les, sin que los funcionarios levantaran un acta o dejaran constancia alguna del operativo.

La parte demandante considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable a título de falla en el servicio por la destrucción de la máquina retroexcavadora marca Hyundai 210 LC -7 y el motor Cummis NT 855 P serie 36075105 que alega, eran de su propiedad.

2. Contestaciones

El 17 de mayo de 2017 3, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó su notif icación a la s entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 4 se opuso a las

demanda y ordenó su notif icación a la s entidades demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 4 se opuso a las pretensiones, con fundamento en que actuó conforme la constitución y la ley, pues respetó las garantías de los intervinientes en el operativo, el cual realizó bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Na ción. Propuso la s excepciones de “hecho de un tercero”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y la innominada.

3 Archivo “ED_CUADERNO3-REPARACIÓNDIRECTA_03AUTOADMISORIO-CONTINUACIÓN (.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 4 Archivo “ ED_CUADERNO3-REPARACIÓNDIRECTA_13CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai.4

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

3. Audiencia inicial

El 20 de marzo de 2018 5 el Tribunal Administrativo de Córdoba realizó la audiencia inicial, en la que declaró s aneado el proceso, resolvió excepciones, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si procede o no declarar administrativa y patrimonialmente res ponsable a la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de los daños presuntamente causados al demandante con ocasión del

circunscribiría a determinar “si procede o no declarar administrativa y patrimonialmente res ponsable a la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de los daños presuntamente causados al demandante con ocasión del operativo policivo adelantado por miem bros de esa entidad, en inmediaciones de la mina Inversiones La Voluntad, explotada por e l a ctor, y que culminó con la destrucción de una maquinaria pesada de propiedad de aquél; así como establecer si es procedente condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de los perjuicios solicitados por aquél, de orden moral y material; o si p or el contrario, se encuentra probada la causal eximente de responsabilidad denominada hecho exclusivo y determinante de un tercero, tal como lo propone la entidad demandada”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 22 de mayo de 20186 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. El demandante7 y la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contest ación de esta, respectivamente.

5 Archivo “ ED_CUADERNO4-REPARACIÓNDIRECTA_07AUDIENCIAINICIALP(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 6 Archivo “ED_-REPARACIÓNDIRECTA_26AUDIENCIAPRUEBASP(.pdf) NroActua 28.pdf ”, índice 28, Samai. 7 Páginas 1 a 18 del a rchivo “ ED_-REPARACIÓNDIRECTA_29ALEGATOS28, Samai. 7 Páginas 1 a 18 del a rchivo “ ED_-REPARACIÓNDIRECTA_29ALEGATOSALEGATOSDECONCLUSIÓN(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 8 Páginas 1 9 a 23 del a rchivo “ ED_-REPARACIÓNDIRECTA_29ALEGATOSALEGATOSDECONCLUSIÓN(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai.5

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

4.2. El Ministerio Público guardo silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de febrero de 2019 9 el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la Policía Nacional, como autoridad competente para la realización de este tipo de operativos, debía dar cumplimiento a la norma regulada en el Decreto 2235 de 2012 y proceder a la destrucción de la maquinaria pesada que se encontraba en la mina denominada “ Inversiones La Voluntad ”, pues, la única circunstancia que podía impedir tal actuación era la exhibición del t ítulo minero, pero a la fecha del operativo, el demandante apenas se encontraba tramitando una solicitud de legalización de su actividad minera.

6. Recurso de apelación

El 19 de marzo de 201910 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de abril de 201911 y admitido el 14 de junio de 201912.

6. Recurso de apelación

El 19 de marzo de 201910 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 2 de abril de 201911 y admitido el 14 de junio de 201912.

6.1. La parte actora13 consideró que el a quo no tuvo en cuenta que el artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 ampara ba la actividad minera mientras estaba en trámite la solicitud de legalización, de ahí que no procedía la medida de destrucción de maquinaria contemplada en el Decreto 2235 de 2012, toda vez que el demandante contaba con todos los permisos de ley en el ejercicio de su actividad, lo cual no fue verificado previamente por la Policía Nacional y qu e a todas luces constit uía un daño antijuridico ocasionado por la fuerza policiva.

9 Archivo “ED_CUADERNO1_01FALLO-FALLOPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 28 .pdf”, índice 28, Samai. 10 Archivo “ ED_CUADERNO1_03RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 28.pdf ”, índice 28, Samai. 11Archivo“ED_CUADERNO1_05AUTOCONCEDECONCEDERECURSODEAPELACIÓNENEFECT OSUSPENSIVO(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 12 Archivo “ ED_CUADERNO1_10AUTOADMITEYOADMITEADMITERECURSODEAPELACIÓN(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 13 Páginas 25 a 35 del archivo “ ED_C02_01 OTROS -CUADERNO 02 APELACION SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.6

13 Páginas 25 a 35 del archivo “ ED_C02_01 OTROS -CUADERNO 02 APELACION SENTENCIA(.pdf) NroActua 36.pdf”, índice 36, Samai.6

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

7. Trámite en segunda instancia

El 29 de julio de 201914 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

7.1. La parte demandante 15 reiteró los argumentos señalados en el recurso de apelación.

7.2. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2019 , proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo d ispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretens ión mayor16 de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV , para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa , tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación17.

14Archivo“ED_CUADERNO1_13AUTOCORRETRASLADOPCORRETRASLADOPARAEMITIRCON CEPTODELMINISTERIOPÚBLICO(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 15 Archivo “ED_CUADERNO1_15ALEGATOS-ALEGATOSDECONCLUSIÓN(.pdf)NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 16 El artículo 157 del CPACA dispone que: “ la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se ac umulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”. 17 Para la fecha de presentación de la demanda ( 15 de febrero de 2017) 500 SMLMV equivalían a la suma de $368’858.500 y en el presente caso la pretensión mayor de l a demanda es de $574’310.900.7

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contr ato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contr ato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 18 del Código de Pro cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño atribuido a la acción u omisión de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario veri ficar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio19.

18 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política , la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmuebl e por causa de trabajos público s o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en l a sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada

misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en l a sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 2 1093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por m anera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el a uto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo - artículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”8

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 20, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada un o de los medios de control judicial. Estos plazos resultan

jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 20, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada un o de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr m ayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 21, ofr ecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

20 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el dere cho que tiene toda persona de a cceder a la jurisdicción con el fin de obtener

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el dere cho que tiene toda persona de a cceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es a bsoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno d e sus objetivos, racionalizar e l ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.9

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.9

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la ha lle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando co mo una sanción ipso iure 22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 23, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo co ncedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenci oso Administrativo24, señala que el medio de control de reparación directa deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perder án la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararl a de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencio nado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciuda dano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 24 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposicione s procesales contenidas en el C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la in tegración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.10

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo teniendo en cuenta: i) que el 19 de noviembre de 2014 la Policía Nacional realizó el operativo en la mina “ Inversiones La Voluntad ”, en el cual destruyó la maquinaria que el demandante alega era de su propiedad (hecho probado 7.1.6.); ii) que el 2 de noviembre de 2016 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial la cual se declaró fallida el 1 de febrero de 2017 25; y, iii) que la demanda se presentó el 15 de febrero de 2017 26, esto es, dentro del plazo establecido en la norma antes citada.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la

establecido en la norma antes citada.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.

4.1. Jorge Luis González Salgado es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso y está legitimad o en la causa por activa , en razón a que para la fecha del operativo del 19 de noviembre de 2014 era el tenedor de la máquina retroexcavadora marca Hyundai 210 LC -7 (hecho probado 7.1.1.) y el propietario del motor Cummis NT 855 P serie 36075105 que fueron destruidos por la Policía Nacional en dicho operativo (hecho probado 7.1.2.).

4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, dado que fue la entidad que realizó el operativo del 19 de noviembre de 2014 en la mina “ Inversiones La Voluntad ”, ubicada en el corregimiento El Cedro, vereda Quebradona Medio del municipio de Ayapel, con ocasión del cual destruyó la

25 Páginas 3 y 4 del a rchivo “ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_04ANEXOSDEMANDAANEXOS(.pdf) NroActua 28.pdf”, índice 28, Samai. 26 Páginas 1 a 47 del archivo “ ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_02DEMANDA(.pdf) NroActua 28.pdf ” y archivo “ ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_01ACTAREPARTO(.pdf)

26 Páginas 1 a 47 del archivo “ ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_02DEMANDA(.pdf) NroActua 28.pdf ” y archivo “ ED_CUADERNO2-REPARACIÓNDIRECTA_01ACTAREPARTO(.pdf) NroActua 28.pdf” índice 28, Samai. 27 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa co nstituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.”11

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

maquinaria que el demandante alega como propia (hechos probados 7.1.6. y 7.1.7.).

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la destrucción de la máquina retroexcavadora marca Hyundai 210 LC -7 y del motor Cummis NT 855 P serie 36075105 durante el o perativo realizado el 19 de noviembre de 2014 en la mina “Inversiones La Voluntad”.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es men ester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 28 consagró dos condiciones para

Antes de resolver el problema jurídico es men ester hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 28 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial o bjeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel,

28 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonia lmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.12

Radicado: 23001233300020170008601 (63877)

Demandante: Jorge Luis González Salgado

lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo

Demandante: Jorge Luis González Salgado

lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por sup uesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros29.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra