CE - Sentencia 23001233300020170010101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023)

Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Reliquidación de pensión de jubilación. Régimen docente.

Vinculación a través de contratos de prestación de servicios . Efectividad de la prestación. Prescripción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Eleuterio Enrique Conde Pérez presentó demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en

1. Eleuterio Enrique Conde Pérez presentó demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad i) absoluta del oficio del 20 de marzo de 2014, por el cual la Secretaría de Educación d el municipio de Santa Cruz de Lorica, le

1 En lo que sigue CPACA.2

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023) Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez negó el reconocimiento de una pensión de jubilación; ii) parcial de la Resolución 036 del 28 de marzo de 2016 por la cual esa entidad le reconoció la pensión de jubilación a partir del 15 de septiembre de 2015; y iii) absoluta del oficio del 3 de octubre de 2016 por el cual el municipio de Santa Cruz de Loric a negó la solicitud de reliquidación de la prestación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral con el municipio de Santa Cruz de Lorica entre el 1° de abril de 1987 y 15 de septiembre de 1995 , en caso de que el municipio «diga que no existió conciliación en el año 2000» ; ii) el pago de las mesadas causadas entre el 27 de mayo de 2011 y el 15 de septiembre de 2015; iii) la rel iquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio , en atención a que adquirió el

de las mesadas causadas entre el 27 de mayo de 2011 y el 15 de septiembre de 2015; iii) la rel iquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio , en atención a que adquirió el estatus jurídico de pensionado el 27 de mayo de 2011 ; iv) la actualización de los valores reconocidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; v) la indexación de la primera mesada pensional; vi) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; vii) el pago de los intereses moratorios; y viii) la condena en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Eleuterio Enrique Conde Pérez nació el 27 de mayo de 1956.

3.2. Laboró como docente de manera ininterrumpida al servicio del municipio de Santa Cruz de Lorica desde el 1° de abril de 19 87 hasta la fecha de presentación de la demanda.

3.3. Entre el 1° de abril de 1987 y el 14 de septiembre de 1995, se vinculó mediante contratos de prestación de servicio s. Ese tiempo fue reconocido por la entidad demandada como una verdadera relación laboral en el año 2000, en virtud del cual le pagaron todas las prestaciones sociales derivadas de su reconocimiento.

3.4. El 20 de marzo de 2014, la Secretaría de Educación del municipio de Medellín le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en que «el

le pagaron todas las prestaciones sociales derivadas de su reconocimiento.

3.4. El 20 de marzo de 2014, la Secretaría de Educación del municipio de Medellín le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en que «el vínculo que existió entre el accionante y la entidad fue el de contrato de prestación de servicio y que, por tanto, era él quien debía hacer los aportes a pensión».

3.5. Mediante Resolución 036 del 28 de marzo de 2016, le reconoció la prestación, pero con efectos fiscales a partir del 15 de septiembre de 2015; sin embargo, no tuvo en cuenta el tiempo laborado como docente entre el 1° de abril de 1987 y el 143

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023) Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez de septiembre de 1995.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 13, 29 y 53 de la Constitución Política; 2 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo; y 23 del Decreto 2277 de 1979.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. Los docentes que acreditaron tiempo laborado bajo iguales condiciones de trabajo de aquellos nombrados reglamentariamente tienen derecho al pago de prestaciones sociales y nivelaciones salariales en condiciones de igualdad . Con la expedición de l os actos demandados se desconoció la jurisprudencia, pues se omitió que la actividad docente se puede desempeñar bajo la modalidad de prestación de servicios.

expedición de l os actos demandados se desconoció la jurisprudencia, pues se omitió que la actividad docente se puede desempeñar bajo la modalidad de prestación de servicios.

5.2. En virtud d el reconocimiento de la existencia de una relación laboral con el municipio de Santa Cruz de Lorica debían tenerse en cuenta los períodos comprendidos entre el 1° de abril de 1987 y el 15 de septiembre de 1995, que en total corresponden a 6 años, 7 meses y 26 días, los cuales, pese a estar certificados, no fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento pensional. Así las cosas, el demandante debió pensionarse desde el 27 de mayo de 2011, cuando cumplió los 55 años de edad y contaba con 20 de servicio como docente.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con

fundamento en lo siguiente3:

6.1. Las pretensiones no se ajustaron a derecho por cuanto no e ra viable reliquidar la prestación con la inclusión de todos los factores salariales sobre los cuales no ha cotizado durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionado. La liquidación de la pensión que se dispuso en el acto acusado se efectuó de conformidad con la Ley 33 de 1985, en atención a los requisitos de 55 años de edad y 20 años de servicio.

6.2. La Ley 6ª de 1945 precisó sobre qué factores se deb ían efectuar aportes para los servidores públicos que, a la postre, s ervirían para el reconocimiento de las

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf « 00EXPEDIENTE 00020170010100

los servidores públicos que, a la postre, s ervirían para el reconocimiento de las

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf « 00EXPEDIENTE 00020170010100 ELEUTERIO CONDE PEREZ VS MUNICIPIO DE LORICA Y OTROS», páginas 7 a 19. 3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf « 00EXPEDIENTE 00020170010100

ELEUTERIO CONDE PEREZ VS MUNICIPIO DE LORICA Y OTROS». páginas 135 a 160.4

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023) Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez prestaciones asistenciales y económicas a las cuales podían tener derecho.

6.3. Los actos demandados gozan de presunción de legalidad y el demandante no acreditó siquiera sumariamente que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que se fundan, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia o de defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

6.4. Se debe tener en cuenta el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, y en caso de acceder a las pretensiones de la demanda, se debería determinar la actualización a valor presente del pago que debe ría realizar el docente por los factores sobre los cuales nunca cotizó.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, profirió sentencia el 27 de marzo de 2023, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, profirió sentencia el 27 de marzo de 2023, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar que el tiempo comprendido entre los interregnos: 1 de abril de 1987 a 30 noviembre de 1987, 1 de febrero de 1989 a 30 marzo de 1989, 8 de febrero de 1993 a 30 de noviembre de 1993, 1 de febrero de 1994 a 30 de noviembre de 1994 y 1 de febrero de 1995 a 30 de noviembre de 1995, laborado por el actor mediante contrato de prestación de servicios puede ser usado para el computo de tiempo a efectos pensionales.

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de la Resolución 036 de 28 de marzo de 2016, solo en lo que respecta a la fecha de estatus pensional del señor Eleuterio Conde Pérez, la cual, conforme se expuso en este proveído será el 15 de mayo de 2012.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del MagisterioFOMAG a pagar al señor Eleuterio Conde Pérez las mesadas retroactivas causadas entre el 12 de septiembre de 2013 al 14 de septiembre de 2015.

CUARTO: Ordenar, en cuanto a las cotizaciones pensionales del actor en los interregnos: 1 de abril de 1987 a 30 noviembre de 1987, 1 de febrero de 1989 a 30 marzo

CUARTO: Ordenar, en cuanto a las cotizaciones pensionales del actor en los interregnos: 1 de abril de 1987 a 30 noviembre de 1987, 1 de febrero de 1989 a 30 marzo de 1989, 8 de febrero de 1993 a 30 de noviembre de 1993, 1 de febrero de 1994 a 30 de noviembre de 1994 y 1 de febrero de 1995 a 30 de noviembre de 1995, lo siguiente:

a). Al señor Eleuterio Conde Pérez , acreditar documentalmente y manifestar al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como docente contratista del Municipio de Lorica -Córdoba –, en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes, indicar lo propio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. b). A la Nación-Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales5

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023) Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez del Magisterio, repetir en contra de la entidad -o entidadesde previsión a la cual el demandante acredite que se encontraba afiliado durante el lapso que subsistió la relación contractual con el Municipio Lorica – Córdoba, a fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por aquél en dicha oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure el señor Eleuterio Conde Pérez de acuerdo con el literal «a» de este ordinal. En todo caso, se autoriza al mentado fondo, descontar de los

cuando así lo demuestre o asegure el señor Eleuterio Conde Pérez de acuerdo con el literal «a» de este ordinal. En todo caso, se autoriza al mentado fondo, descontar de los valores adeudados al libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra si existen después del cumplimiento de lo anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le correspondía efectuar por los períodos referidos en los literales «b» y «c» de este ordinal.

c) A la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional, repetir en contra del Municipio de Lorica – Córdoba, a fin de obtener el pago por concepto de aportes a pensión a favor del señor Eleuterio Conde Pérez , únicamente en la proporción que como empleador le correspondía a dicho ente, durante los períodos en los que el demandante se desempeñó como docente para dicha entidad territorial por medio de órdenes de prestación de servicios. Lo anterior calculado con base en el monto que el primero devengó a título de honorarios.

QUINTO: Se ordena que la suma a reconocer sea indexada en los términos del inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, de acuerdo con el índice de precios al consumidor y la siguiente fórmula, utilizada para estos eventos por el H. Consejo de Estado:

ÍNDICE FINAL

R= RH X ÍNDICE INICIAL

En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de

ÍNDICE FINAL

R= RH X ÍNDICE INICIAL

En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por el índice inicial vigente para la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la formula se aplicará separadamente mes por mes.

SEXTO: Declarar probada la excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 12 de septiembre de 2013, esto es, las comprendidas en el interregno 15 de mayo de 2012 al 11 de septiembre de 2013.

SÉPTIMO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo indicado en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, so pena de ser condenadas al pago de los intereses previstos en el artículo 195 ibídem.

OCTAVO: Condenar en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y en favor de la parte demandante en su rubro de agencias en derecho, por el equivalente al 3% del valor de las pretensiones r econocidas, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. […]» [Resaltado del texto original].6

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023)

las pretensiones r econocidas, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. […]» [Resaltado del texto original].6

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023)

Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:

8.1. En el acto de reconocimiento pensional la entidad territorial tuvo como disposiciones aplicables los decretos «3835 de 1969» (sic), 1848 de 1969 y 3752 de 2003 y la Ley 812 de 2003, le exigió que acreditara 55 años de edad y 20 de servicio y, para estimar la cuantía de la mesada pensional, aplicó una tasa de remplazo del 75 % del último año laboral . Del reconocimiento prestacional «llama la atención que la entidad no aplicó al demandante las normas que rigen a los docentes teniendo en cuenta su fecha de vinculación al magisterio, esto es la Ley 91 de 1989, como también lo reseñado en las leyes 33 y 62 de 1985, sino que utilizó las no rmas vigentes con anterioridad a esa normativa. Se advierte que, para el año 1969, época de vigencia de los preceptos aplicados al reconocimiento del demandante, este no tenía derechos adquiridos ni siquiera expectativas respecto los mismos».

8.2. En relación con el tiempo de servicio a través de la modalidad contractual se presentaron diferencias entre los interregnos certificados por la entidad, debido a que mediante certificado del 17 de junio de 2013 se dejó constancia de la prestación del servicio docente en algunos meses de los años 1987 a 1995; sin embargo, la

presentaron diferencias entre los interregnos certificados por la entidad, debido a que mediante certificado del 17 de junio de 2013 se dejó constancia de la prestación del servicio docente en algunos meses de los años 1987 a 1995; sin embargo, la constancia expedida el 26 de julio de 2018 comprende la prestación de servicios por varios meses de los años 1987, 1989, 1994 y 1995.

8.3. Las certificaciones «por s í solas no dan fe de los tiempos prestados mediante contratos de prestación de servicios», y solo se allegó soporte de 5 contratos suscritos por el demandante con el objeto de laborar como docente al servicio del municipio de Lorica.

8.4. Así entonces, demostró haber servido mediante contratos de prestación de servicios como docente por un término de 40 meses, equivalente a 1200 días con solución de continuidad en los años 1987, 1989, 1993, 1994 y 1995, por lo tanto, el tiempo comprendido entre los interregnos del 1° de abril al 30 noviembre de 1987, del 1° de febrero al 30 marzo de 1989, del 8 de febrero al 30 de noviembre de 1993, del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1994 y del 1° de febrero al 30 de noviembre de 1995 puede ser usado para el cómputo de tiempo a efectos pensionales.

8.5. Aun sumándole el tiempo acreditado mediante contratos de prestación de servicios, para el 27 de mayo de 2011 (fecha en la que el docente lleg ó a la edad de 55 años), no alcanzaba los 20 años de servicios o 7200 días requeridos para el derecho pensional. Al aplicar los requisitos exigidos para el reconocimiento

servicios, para el 27 de mayo de 2011 (fecha en la que el docente lleg ó a la edad de 55 años), no alcanzaba los 20 años de servicios o 7200 días requeridos para el derecho pensional. Al aplicar los requisitos exigidos para el reconocimiento pensional a la luz de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, los 20 años requeridos los acreditó el 15 de mayo de 2012.

4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «08Sentencia».7

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023)

Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez

8.6. Aunque la modificación de la fecha del estatus pensional genera un retroactivo pensional del 15 de mayo de 2012 al 14 de septiembre de 2015, en la medida en que en la Resolución 036 del 28 de marzo de 2016 el municipio de Lorica tuvo como fecha de efectividad de la pensión reconocida el 15 de septiembre de 2015, lo cierto es que las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 12 de septiembre de 2013 se e ncuentran afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción trienal , pues la solicitud de modif icación de la fecha del estatus pensional y pago de l retroactivo se presentó el 12 de septiembre de 2016, por lo que el retroactivo pensional adeudado corresponde al periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2013 y el 14 de septiembre de 2015.

8.7. Los factores salariales reclamados no se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985 y la única constancia relacionada con los factores devengados por el

de 2013 y el 14 de septiembre de 2015.

8.7. Los factores salariales reclamados no se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985 y la única constancia relacionada con los factores devengados por el demandante indica que entre el 1° de enero de 2015 y el 15 de septiembre de 2016, además de la asignación básica percibía prima s de navidad y de vacaciones , emolumentos que tampoco están previstos en la referida Ley 62.

1.4. El recurso de apelación

9. El demandante presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente5:

9.1. Laboró como docente del municipio de Lorica (Córdoba) vinculado por contratos de prestación de servicio s sucesivos desde el 1 ° de abril de 1987 hasta el 15 de septiembre de 1995, fecha en la que fue nombrado en propiedad. Con ello qued ó demostrado que, al 27 de mayo de 2011, fecha en la que cumplió 55 años de edad había completado más de 20 años de servicio.

9.2. El tribunal restó valor probatorio a la certificación expedida el 17 de julio de 2013 por el Área de Talento Humano, así como a los oficios que d ieron cuenta de sus vinculaciones con la entidad territorial para ejercer la labor docente.

9.3. En el año 2014 solicitó al municipio de Lorica el reconocimiento de la pensión de jubilación, prestación que le fue negada mediante acto administrativo del 20 de marzo de 2014, por lo que las mesadas pensionales que datan del 27 de mayo de 2011 en adelante no se encuentran afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción.

marzo de 2014, por lo que las mesadas pensionales que datan del 27 de mayo de 2011 en adelante no se encuentran afectadas por el fenómeno jurídico de la prescripción.

9.4. El tribunal no efectuó ningún pronunciamiento en torno a la nulidad absoluta del acto administrativo de l 20 de marzo de 2014 con lo que desconoció que con la

5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo en formato pdf, «13RecursoApelacion».8

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023) Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez solicitud que dio origen al acto en mención se estaba interrumpiendo la prescripción trienal de las mesadas pensionales . Y comoquiera que la demanda se presentó el 15 de febrero de 2017, no habían transcurrido 3 años desde la expedición del acto administrativo del 20 de marzo de 2014 a través del cual se negó el reconocimiento de la prestación.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar6.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta instancia7.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación , lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 8, se circunscribe n a

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación , lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 8, se circunscribe n a establecer lo siguiente: ¿cuál es el documento idóneo para acreditar la prestación del servicio?, ¿si las vinculaciones a través de contratos de prestación de servicio son útiles para reliquidar la pensión reconocida a Eleuterio Enrique Conde Pérez ?, ¿si es posible la reliquidación de la prestación a fin de

6 Tal y como se indicó en el auto del 6 de marzo de 2024. Índice 4 de Samai. 7 Así se desprende del informe secretarial del 3 de mayo de 2024. Índice 8 de Samai. 8 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades

modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».9

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023) Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez modificar la fecha de adquisición del estatus pensional? y, ¿si la prestación está afectada por el fenómeno de la prescripción?

13. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala encuentra necesario abordar la siguiente temática en el marco normativo de la decisión: i) el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag; ii) la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes oficiales; y iii) la posibilidad de tener en cuenta las órdenes o contratos de prestación de servicios para efectos del reconocimiento pensional.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la

control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la invalidez, la enfermedad o la muerte9. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de « derecho irrenunciable », por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas10.

15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción11. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social»12. El sistema quedó conformado por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios

Sociales Complementarios.

16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó

9 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 10 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T -395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001 11 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 12 Preámbulo y artículo 6.10

11 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 12 Preámbulo y artículo 6.10

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00101-01 (6341-2023) Demandante: Eleuterio Enrique Conde Pérez los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue expuesto en sus antecedentes legislativos 13. Está integrado por 2 regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».

Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que todos los trabajadores públicos, privados e independientes deb ían cotizar a sus subsistemas.

18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,

para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la

de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag, para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida». [Resalta la Sala].

13 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán lo