CE - Sentencia 23001233300020170017801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023)1

Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG y otros

Tema: Sanción moratoria por el pago tardío de cesantías anualizadas. Leyes 344 de 1996 y 50 de 1990. Subtema. Prescripción extintiva de la sanción por mora en el pago tardío de cesantías anualizadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual declaró probada la excepción de prescripción propuesta por el departamento de Córdoba, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Oscar Andrés Gómez Barrera solicitó la nulidad de los actos mediante los cuales la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el municipio de San Carlos (Córdoba) y el

El señor Oscar Andrés Gómez Barrera solicitó la nulidad de los actos mediante los cuales la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el municipio de San Carlos (Córdoba) y el departamento de Córdoba le negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 344 de 1996 y 50 de 1990. Afirmó que tiene derecho al reconocimiento y pago de esta, por la omisión en la consignación oportuna de sus cesantías del 2006 al 2010.

1 Expediente digital.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Oscar Andrés Gómez Barrera, el 19 de abril de 2017 2 y mediante apoderados judiciales, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, el municipio de San Carlos (Córdoba) y el departamento de Córdoba, de conformidad con las pretensiones, hecho s y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.

2.1.1. Pretensiones

conformidad con las pretensiones, hecho s y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan3.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte actora solicitó que se declare la nulidad del Oficio núm. 0103 del 19 de octubre de 2016, recibido el 27 de octubre de 2016 y proveniente del alcalde municipal

de San Carlos.

3. Adicionalmente, que se declare la nulidad del Oficio núm. AF -0554 del 2 de noviembre de 2016, recibido el 11 de noviembre siguiente, expedido por el líder administrativo y financiero de la Secretaría de Educación de Córdoba.

4. También pidió que se anulara el acto ficto o presunto derivado del silencio del Ministerio de Educación Nacional frente a la petición presentada el 12 de octubre de 2016, luego de transcurridos los tres meses previstos en el artículo 83 del CPACA.

5. A título de restablecimiento del derecho , pidió condenar a las demandadas a pagar la sanción moratoria dispuesta en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990, por la omisión en la consignación del auxilio de cesantías correspondiente a las anualidades 2006 a 2010, inclusive, en el fondo administrador de cesantías al que se encontraba o se encuentra afiliado. Sanción moratoria que deb ía liquidarse para cada anualidad desde el 15 de febrero del año siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo hasta que se produjera la consignación de cada uno de los años reclamados.

6. Además, pidió que se ordenara el pago efectivo y material y que la suma que

siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo hasta que se produjera la consignación de cada uno de los años reclamados.

6. Además, pidió que se ordenara el pago efectivo y material y que la suma que resultara de la condena se ajustara de conformidad con el índice de precios al consumidor (IPC), según el inciso 4 del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

7. En el mismo sentido, reclamó el pago a su favor de costas procesales incluidas las agencias en derecho, en los términos del artículo 188 del CPACA. También solicitó el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con los artículos 192 y 195, inciso 4 del CPACA.

2 Samai, exp . 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37 A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 01expediente_230012333000201700178.pdf, sello que obra en la página 12 del archivo digital. 3 Samai, exp . 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37 A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 01expediente_230012333000201700178.pdf, páginas 3 a 12 del archivo digital.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos

archivo digital.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

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8. Por último, reclamó que se tuviera en cuenta la cuantía estimada en el medio de control en los términos que exige el artículo 152, numeral 2 del CPACA.

2.1.2. Hechos

9. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:

10. El señor Oscar Andrés Gómez Barrera labora como docente perteneciente a la planta del municipio de San Carlos, que se asimiló al departamento de Córdoba en 2003, en el grado 14 inscrito en el escalafón nacional , desde el 26 de julio de 2003 a la fecha.

11. Devenga actualmente un salario de $ 3.120.336 pesos según comprobante de pago expedido por la Secretaría de Educación de Córdoba para el mes de julio de

2016.

12. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, el municipio de San Carlos y el departamento de Córdoba no consignaron oportunamente sus cesantías por las anualidades comprendidas entre 2006 y 2010, ni en el plazo fijado por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990, artículos 99 a 104.

anualidades comprendidas entre 2006 y 2010, ni en el plazo fijado por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990, artículos 99 a 104.

13. Las entidades demandadas se hacen acreedoras de reconocer y pagar la sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retardo en cada uno de los auxilios de cesantías dejados de consignar a tiempo, a partir del 14 de febrero del año siguiente a su causación. En este orden, no le han pagado al actor la sanción por retardo y no han consignado oportunamente, en el fondo administrador, los valores correspondientes a sus cesantías.

14. El departamento de Córdoba es solidariamente responsable de la sanción y de los derechos reclamados, ya que los recursos del municipio de San Carlos provienen de este.

15. Mediante escrito presentado el 12 de octubre de 2016, radicó reclamación administrativa ante el municipio de San Carlos, el departamento de Córdoba y el Ministerio de Educación Nacional, en la que solicitó la consignación en el fondo respectivo de las cesantías correspondientes a las anualidades de 2006 a 2010, y el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas.

16. El municipio de San Carlos expidió el Oficio núm. 0103 del 19 de octubre de 2016 y el departamento de Córdoba profirió el Oficio núm. AF-0554 del 2 de noviembre de 2016. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional no respondió4.

2016 y el departamento de Córdoba profirió el Oficio núm. AF-0554 del 2 de noviembre de 2016. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional no respondió4.

4 Aunque en la constancia de conciliación extrajudicial aportada a este trámite se advierte que el actor solicitó declarar la nulidad del Oficio 2016-EE-151749 del 4 de noviembre de 2016 recibido el 17 de noviembre siguiente, en la demanda se pretendió la d eclaratoria de nulidad del acto ficto derivado de la ausencia de contestación. Por tanto, dado que no obra en el expediente acto expreso proferido , se tiene por cierto que se configuró el acto ficto pasado el término vencido en la normativa legal, soportado además en que, aunque la Nación, Ministerio de Educación Nacional contestó extemporáneamente, en ese escrito afirmó que era cierto el hecho noveno de la demanda referido a la interposición de la petición y al silencio, como se extraía de los documentos aportados al expediente.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

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17. El 6 de abril de 2017 se llevó a cabo diligencia de conciliación extrajudicial en la

Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos5.

www.consejodeestado.gov.co

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17. El 6 de abril de 2017 se llevó a cabo diligencia de conciliación extrajudicial en la

Procuraduría 33 Judicial II para Asuntos Administrativos5.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Constitución Política, artículos 13, 29, 53 y 209. • Artículos 138 y 192 del CPACA. • Artículo 13 de la Ley 344 de 1996. • Artículo 1 del Decreto 1582 de 1998. • Numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. • Artículo 21 y subsiguientes del Decreto 1063 de 1991. • Numeral 1 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.

18. Al explicar el concepto de violación expuso los siguientes argumentos:

19. Las entidades demandadas, al expedir los actos administrativos acusados, violaron el artículo 53 de la Constitución Política porque los trabajadores están en una situación de indefensión.

20. Además, con su conducta, transgredieron el contenido del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, toda vez que las personas vinculadas a partir de que entró en vigencia esta disposición tendrán determinado régimen de cesantías.

21. Los actos administrativos igualmente desconocieron el Decreto 1582 de 1998, dado que las personas vinculadas después del 31 de diciembre de 1996 tenían derecho a que sus cesantías fueran consignadas a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a cuando fueron causadas, en el fondo administrador de cesantías que estas hubieren escogido.

derecho a que sus cesantías fueran consignadas a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a cuando fueron causadas, en el fondo administrador de cesantías que estas hubieren escogido.

22. Como se vinculó en calidad de docente en la planta del municipio de San Carlos, desde el 26 de julio de 2003 y en la actualidad aun labora en la entidad, está cobijado por la Ley 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y la Ley 50 de 1990 , artículos 99, 102 y subsiguientes . De ahí que las entidades demandadas , al no consignar oportunamente sus cesantías al fondo , incurrieron en una violación de estas disposiciones, lo que da lugar a su nulidad.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Departamento de Córdoba

23. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Afirmó que el régimen de cesantías aplicable era el retroactivo cuyo reconocimiento se basa en el último salario devengado y que el demandante está incluido en el convenio suscrito entre el

5 Aportó la constancia según la cual presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 27 de febrero de 2017 en la cual convocó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, al municipio de San Carlos y al departamento de Córdoba. Aunque el acta inicial se suscribió con fecha del 6 de abril de 2017, el demandante allegó memorial en el que aportó la constancia corregida con número de radicación 193 de fecha 27 de febrero de 2017, del 19 de

abril de 2017, porque la anterior registraba una inconsistencia. Samai, exp. 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37 A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 01expediente_230012333000201700178.pdf, páginas 80 a 83 del archivo digital.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

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5 departamento y del fondo de pensiones Protección para cubrir las cesantías de estos funcionarios.

24. Planteó como excepciones la inexistencia del derecho reclamado, porque pese a que a los docentes se le consignaba en cuentas de Ley 50, la administración corrigió este error mediante la suscripción de un convenio en el que depositó estos aportes en una cuenta global. De modo que, pese a la ausencia de afiliación , los aportes a cesantías y pensión eran presupuest ados y girados por el Ministerio de Educación Nacional y en 2008 se suscribió un acuerdo de restructuración de pasivos lo que dio lugar a que el actor se vinculara al FOMAG en 2011, con pasivo prestacional y con una vinculación a partir del 2003. Por tanto, los aportes en materia de prestaciones no solo

lugar a que el actor se vinculara al FOMAG en 2011, con pasivo prestacional y con una vinculación a partir del 2003. Por tanto, los aportes en materia de prestaciones no solo los ha presupuestado el departamento, sino que los ha girado al FOMAG a pesar de la afiliación en 2011.

25. Especificó que en junio de 2016 se suscribió un acuerdo de pago para que el departamento recibiera los recursos de los docentes no afiliados al FOMAG y aquellos vinculados con pasivos prestacionales, en cuyo caso sería la Fiduprevisora quien pagaría todas las prestaciones incluidos los intereses a las cesantías.

26. Adicionalmente alegó prescripción porque reclamó hasta el 2016 por unos años que van del 2006 al 2010, habiendo transcurrido más de 3 años desde que se causó el derecho. También planteó la excepción de caducidad 6 frente al acto administrativo que se profirió el 19 de octubre de 2016 y la falta de legitimación en la causa por pasiva ya que la entidad encargada de manejar los recursos docentes es el FOMAG por la afiliación del actor7.

2.2.2. Municipio de San Carlos

27. Se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no vulneró las normas referidas en el concepto de violación. En este contexto, planteó como excepciones: (i) la inexistencia de la relación laboral entre el demandante y el municipio del 2006 al 2010 porque la prueba de la incorporación que obra en el expediente da cuenta de la relación que existía con el departamento de Córdoba; y (ii) la genérica o la innominada8.

2.2.3. Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG

cuenta de la relación que existía con el departamento de Córdoba; y (ii) la genérica o la innominada8.

2.2.3. Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG

28. Radicó escrito de contestación extemporáneamente9.

6 Esta excepción la resolvió el Tribunal en audiencia inicial al considerar que no se aprobó la notificación del acto demandado, por lo cual no operó el fenómeno prescriptivo. En esta oportunidad, la Sala considera que no se configuró la caducidad respecto del acto expedido por el municipio de San Carlos el 19 de octubre de 2016, porque, aunque obra sello de recibido el 27 de octubre de 2016, los 4 meses siguientes irían hasta el 27 de febrero de 2017. Sin embargo, en ese momento el demandante solicitó conciliación que interrumpió el término de caducidad y esta suspensión corrió hasta el 19 de abril de 2017, cuando se expidió la constancia debidamente corregida, día en que se radicó la demanda contencioso-administrativa. 7 Samai, exp. 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37 A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 01expediente_230012333000201700178.pdf, páginas 45 a 53 del archivo digital. 8 Samai, exp. 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37

A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 01expediente_230012333000201700178.pdf, páginas 84 a 89 del archivo digital. 9 Samai, exp . 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37 A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 01expediente_230012333000201700178.pdf, páginas 198 a 210 del archivo digital. Así se pronunció el Tribunal en audiencia inicial del 8 de junio de 2018.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

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2.3. Sentencia de primera instancia

29. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba profirió sentencia el 22 de abril de 2022 en la que declaró probada la excepción de prescripción formulada por el departamento de Córdoba10, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida. La providencia

se fundó en las siguientes consideraciones:

30. Está acreditado que el señor Oscar Andrés Gómez Barrera: (i) fue nombrado docente oficial al servicio del municipio de San Carlos mediante el Decreto núm. 067

se fundó en las siguientes consideraciones:

30. Está acreditado que el señor Oscar Andrés Gómez Barrera: (i) fue nombrado docente oficial al servicio del municipio de San Carlos mediante el Decreto núm. 067 del 31 de octubre de 2001; y (ii) se posesionó el 26 de julio de 2006.

31. De modo que el demandante estaba cobijado por el régimen anualizado de cesantías regulado por la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, por ende, se le hace extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

32. Igualmente está demostrado que el actor radicó reclamaciones ante el departamento de Córdoba, FOMAG y el municipio de San Carlos el 12 de octubre de 2016 en las que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la falta de consignación de sus cesantías del 2006 al 2010, de las cuales dos fueron contestadas.

33. En este orden, la última anualidad por la que reclamó el señor Oscar Andrés Gómez Barrera fue el 2010, cu ando el plazo venció el 14 de febrero de 2011. De ahí que operó el fenómeno de la prescripción como se ilustra en el siguiente cuadro:

Año Fecha de exigibilidad de la sanción Fecha límite para exigir el derecho so pena de prescripción Año 2006 15 de febrero de 2007 15 de febrero de 2010 Año 2007 15 de febrero de 2008 15 de febrero de 2011 Año 2008 15 de febrero de 2009 15 de febrero de 2012

Año 2006 15 de febrero de 2007 15 de febrero de 2010 Año 2007 15 de febrero de 2008 15 de febrero de 2011 Año 2008 15 de febrero de 2009 15 de febrero de 2012 Año 2009 15 de febrero de 2010 15 de febrero de 2013 Año 2010 15 de febrero de 2011 15 de febrero de 2014

34. En este contexto, el 15 de febrero de 2014 operó la prescripción trienal frente a la sanción moratoria causada frente al año 2010. Por tanto, la misma situación se predicaba con relación a todas las anualidades causadas con anterioridad.

35. En estos términos, aplicó el precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia CE -SUJ-SII-022-2020 y declaró probada la excepción de prescripción propuesta por el departamento de Córdoba, lo cual daba lugar a negar las pretensiones de la demanda y lo relevaba para estudiar los demás medios exceptivos propuestos dentro del proceso.

36. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida en el proceso, porque encontró que la demanda no fue interpuesta con manifiesta carencia de

10 El Tribunal difirió el estudio de esta excepción en audiencia inicial, para el momento de dictar sentencia.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos

(Córdoba) y departamento de Córdoba

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7 fundamento legal, de conformidad con los artículos 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 y 365 del Código General del Proceso11.

2.4. Recurso de apelación

37. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia para que se revoque la decisión y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento

en lo siguiente:

38. La prescripción está regulada en varias disposiciones del ordenamiento jurídico, a saber: (i) los artículos 2152 y 2153 del Código Civil, según los cuales esta, en su dimensión negativa, es una forma de extinción de los derechos por no ejercerlos en el tra nscurso del tiempo; (ii) el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 relativo a la prescripción de los derechos de carácter prestacional; y (iii) el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo que resulta aplicable a las controversias de los empleados públicos según la jurisprudencia del Consejo de

Estado.

39. De acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, el titular cuenta con 3 años para presentar reclamación administrativa y acudir ante el operador judicial para interrumpir el fenómeno prescriptivo.

Estado.

39. De acuerdo con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, el titular cuenta con 3 años para presentar reclamación administrativa y acudir ante el operador judicial para interrumpir el fenómeno prescriptivo.

40. La Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio en cuanto a la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías anualizadas en la sentencia CE-SUJ004 de 2016; de modo que, al resolver el caso en concreto, dispuso que la prescripción en estos casos opera de manera parcial, esto es, con respecto a las porciones de sanción que no fueron reclamadas oportunamente.

41. De ahí que la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016 reconoció, tanto en su parte considerativa, como en la resolutiva que, aunque la reclamación se presentó después de los 3 años, solo se perdieron los derechos que no fueron reclamados en tiempo.

42. En estos términos se pronunció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir sentencia del 1 de marzo de 2018, en la que se refirió al criterio unificado por la Sección Segunda de esta corporación el 25 de agosto de 2016; frente al cual desta có que la exigibilidad de la sanción corría desde el 15 de febrero del año siguiente a la causación de la prestación y hasta que la entidad cumpl a su deber legal, se produzca el pago efectivo o termine el vínculo laboral.

43. Por tanto, el Tribunal Administrativo de Córdoba le otorgó una lectura equivocada al precedente con lo cual violó sus derechos e intereses, toda vez que

deber legal, se produzca el pago efectivo o termine el vínculo laboral.

43. Por tanto, el Tribunal Administrativo de Córdoba le otorgó una lectura equivocada al precedente con lo cual violó sus derechos e intereses, toda vez que declaró que la sanción moratoria de las anualidades de 2006 a 2010 estaba prescrita en su totalidad, por la reclamación que presentó en 2016. Sin embargo, hasta la fecha no se le han consignado las cesantías.

44. En este orden, aplicado un silogismo a partir de la regla fijada en la sentencia CE-SUJ004 de 2016, según la cual como solo están prescritas las porciones de

11 Samai, exp. 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37 A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 02Sentencia2017 00178 00 OSCAR ANDRES GOMEZ BARRERASANCION MORATORIA Ley 344 de 1996.pdf.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

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8 sanción que no fueron reclamadas en tiempo, debe contarse tres años hacia atrás desde la fecha de la reclamación administrativa, lo cual daría como resultado la

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8 sanción que no fueron reclamadas en tiempo, debe contarse tres años hacia atrás desde la fecha de la reclamación administrativa, lo cual daría como resultado la prescripción de las porciones de la penalidad anteriores al 12 de octubre de 2013, ya que la solicitud la presentó el 12 de octubre de 2016. Así pues, el pago de la sanción moratoria debe efectuarse a partir de este momento, hasta cuando sean canceladas efectivamente las cesantías.

45. Aunque el Tribunal Administrativo de Córdoba aplicó el criterio dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, esta no existía para el momento de interposición de la demanda, el 3 de noviembre de 2017, cuando se mantenía la tesis de no declarar la prescripción porque esta operaba, para las cesantías, al momento de l retiro del servicio. Algo que no ocurre en su caso, ya que su relación laboral está vigente.

46. Adicionalmente, no es posible aplicar las reglas unificadas en la sentencia CESUJ-SII-022-2020 en la medida en que los cambios jurisprudenciales rigen hacia el futuro como lo ha dejado sentado el Consejo de Estado, por ejemplo, al expedir el fallo del 4 de mayo de 201112.

47. Por último, el hecho de haber declarado probada la excepción de prescripción vulnera sus derechos a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la garantía de seguridad jurídica en los términos de la sentencia T-502 del 27 de junio de 2002 de la Corte Constitucional13.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

garantía de seguridad jurídica en los términos de la sentencia T-502 del 27 de junio de 2002 de la Corte Constitucional13.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

48. Mediante auto del 14 de septiembre de 2023, el despacho ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia en los términos del artículo 247 del CPACA modificado por el numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 202114. Indicó que al no existir pruebas por decretar en segunda instancia se prescindiría del traslado y una vez notificada esta providencia el expediente ingresaría para dictar fallo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

49. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las s entencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

50. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

12 Expediente núm. 19001-23-31-000-1998-02300-01. 13 Samai, exp . 23001 -23-33-000-2017-00178-01, índice 2, 950C6D954CCA7335 4B07FA545E410F37

A7A70ADC102E6B32 C794105614CB6C68, 04RecursoApelacion.pdf. 14 Samai, exp. 23001-23-33-000-2017-00178-01, índice 4.Radicación: 23001-23-33-000-2017-00178-01 (2363-2023) Demandante: Oscar Andrés Gómez Barrera Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, municipio de San Carlos (Córdoba) y departamento de Córdoba

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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51. ¿Operó la prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria derivada de la no consignación de las cesantías anualizadas del señor Oscar Andrés Gómez Barrera, por las anualidades comprendidas de 2006 a 2010?

52. Para resolver este interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i) el régimen de cesantías anualizadas previsto en la Ley 50 de 1990 y la Ley 91 de 1989, así como la improcedencia de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 respecto de los docentes afiliados al FOMAG; y (ii) la prescripción de dicha sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas.

53. A partir de las anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

probados relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico planteado.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Régimen de cesantías anualizadas . L eyes 50 de 1990 y 91 de 1989. Improcedibilidad de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para docentes afiliados al FOMAG. Reiteración de jurisprudencia.

54. En lo que respecta al personal docente, el reconocimiento de sus cesantías se rige por los términos previstos en el artículo 15 de la Ley 91 de 198915:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de añ