CE - Sentencia 23001233300020170021301 de 2025

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

Demandante DISTRIBUIDORA TROPISINU S.A.S.

Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2013. Alcance del recurso de apelación. Pactos de desalarización. Aportes a seguridad social y parafiscales. Requisitos de deducibilidad. Sanción por inexactitud. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 6 de junio de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión1, que resolvió lo siguiente: “PRIMERO: Declarar la nulidad de la liquidación oficial de revisión N° 122412015000010 del 30 de diciembre de 2015, la cual modificó la declaración privada y determinó un valor a pagar por impuesto de renta para el año 2013, por la suma de $3.166.000, más una sanción por

30 de diciembre de 2015, la cual modificó la declaración privada y determinó un valor a pagar por impuesto de renta para el año 2013, por la suma de $3.166.000, más una sanción por inexactitud de $45.000.000. Del mismo modo, declarar la nulidad de la Resolución N° 1220120169000001 del 26 de diciembre de 2016, a través de la cual se resolvió el recurso de reconsideración.

SEGUNDO: Como consecuencia de los anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar en firme la liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios de 2013,

presentada por Distribuidora Tropisinú S.A.S.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

(…)” ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 8 de abril de 2014 , Tropisinu S.A.S. presentó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2013, con saldo a favor. Previa emisión del requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió la liquidación oficial de revisión nro. 122412015000010 del 30 de diciembre de 2015 , que desconoció parcialmente los gastos operacionales de ventas , reliquidó el impuesto e impuso sanción por inexactitud, determinando saldo a pagar. A continuación, Tropisinu S.A.S. interpuso recurso de reconsideración , el cual fue resuelto mediante la Resolución nro. 122012016000001 del 26 de diciembre de 2016 que confirmó la liquidación oficial.

1 Samai Tribunal, índice 32.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.

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2016 que confirmó la liquidación oficial.

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Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones2: “4.1.- Solicito se sirva declarar la NULIDAD del acto administrativo complejo proferido por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Montería - DIANintegrado por los siguientes actos administrativos: 4.1.1. Requerimiento Especial No. 122382015000005 del 22 de mayo de 2015, acto proferido por el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización Tributaria de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Montería, por medio del cual se propone la modificación del Impuesto sobre la Renta del período gravable 2013. Se pide la nulidad de este acto por cuanto no fue debidamente motivado y esa nulidad se proyecta en el acto liquidatorio definitivo. 4.1.2. Liquidación Oficial de Revisión No. 122412015000010 del 30 de diciembre de 2015, acto proferido por el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección

acto liquidatorio definitivo. 4.1.2. Liquidación Oficial de Revisión No. 122412015000010 del 30 de diciembre de 2015, acto proferido por el Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Montería, por medio del cual se modifica la liquidación privada del Impuesto sobre la renta del período gravable 2013. 4.1.3. Resolución No. 1220120169000001 de 26 de Diciembre de 2016, expedida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Montería, notificada personalmente el día 03 de enero de 2017, mediante la cual al decidir el recurso de reconsideración se confirma la Liquidación O ficial de Revisión No. 122412015000010 del 30 de diciembre de 2015. 4.2.- Declarada la nulidad de los actos administrativos descritos , RESTABLECER EL DERECHO de mi poderdante DISTRIBUIDORA TROPISINÚ S.A.S con NIT 811.026.170-9, declarando la firmeza de la declaración privada del Impuesto sobre la renta del año gravable 2013, presentada el día 8 de abril del 2014 mediante formulario número 1104600882913 y en consecuencia se decrete la procedencia del saldo a favor determinado por dicha vigencia en cuantía de $ 113.706.000, no encontrándose mi poderdante obligada a cancelar los mayores valores a título de Impuesto sobre la Renta.” A los anteriores efectos, la demandante invocó la vulneración de los artículos 29, 83 y 363 de la Constitución Política ; 10 y 137 de la Ley 1437 de 2011 ; 127 y 128 del

Renta.” A los anteriores efectos, la demandante invocó la vulneración de los artículos 29, 83 y 363 de la Constitución Política ; 10 y 137 de la Ley 1437 de 2011 ; 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo; y 15 de la Ley 50 de 1990. De forma preliminar, señaló que el rechazo de las deducciones no correspondía en su totalidad a viáticos y así lo pudo ve rificar la DIAN en las cuentas contables correspondientes, y en los soportes que discriminaron gastos de alojamiento y manutención, pasajes terrestres, y otros gastos e incentivos no salariales reconocidos a la fuerza de ventas. Añadió que los pagos por me ra liberalidad pueden pactarse en modalidad no salarial, como se desprende de los otrosíes de los contratos de trabajo, los cuales constituyen ley para las partes y evidencian su voluntad. Cuestionó que la demandada sostuviera que no constituye salario lo que se paga ocasionalmente, contrariando la ley y la jurisprudencia. Anotó que en los documentos soporte de los pagos se reseña el concepto de cada uno de ellos y que todos cumplen los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad.

2 Samai, índice 2.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que su actuación se fundamentó en los artículos 127 y 128 del Código

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Sostuvo que su actuación se fundamentó en los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y 17 de la Ley 344 de 1996, los cuales disponen que no constituye salario los beneficios o bonificaciones habituales u ocasionales de carácter legal, si las partes así lo acuerdan, y acotó que estos no hacen parte de la base de cálculo de los aportes parafiscales al ICBF, al no ser parte de la nómina mensual de los salarios.3 Comentó que no forman parte del salario los emolumentos p ercibidos por el trabajador cuando las partes han acordado expresamente que estos no constituyen salario.4 Añadió que la deducción de los pagos por concepto de incentivos no requiere el cumplimiento de los requisitos del artículo 108 del Estatuto Tributar io debido a que no constituyen salario y que cuando estos excedieron el 40% del total del ingreso, la diferencia se consideró como base de los aportes a seguridad social. Cuestionó que la DIAN asumiera que los pagos realizados eran salario por su habitualidad, ignorando la posibilidad de elaborar acuerdos entre las partes por escrito, que los excluyan de tal calidad. Acusó a los actos de falsa motivación dado que los pagos cuestionados eran no salariales y se entregaron para el cumplimiento de la labor y no para incrementar el patrimonio, como compensación por el desempeño de las funciones por fuera de la ciudad. Agregó que dichos pagos no pueden tratarse como reembolso de gastos dado que el trabajador no entrega las

de la labor y no para incrementar el patrimonio, como compensación por el desempeño de las funciones por fuera de la ciudad. Agregó que dichos pagos no pueden tratarse como reembolso de gastos dado que el trabajador no entrega las facturas y documentos que lo s sustenten por imposibilidad práctica y que , al ser pagos de la relación laboral , no es lógico exigir facturas para la procedencia de la deducción. Precisó que la demandada rechazó también los incentivos a trabajadores por el cumplimiento de las metas trazadas desde la gerencia, que conducen al incremento de ventas y a la obtención de nuevos clientes, los cuales fueron pactados como no constitutivos de salario. Insistió en que estos pagos no forman base del cálculo de aportes al sistema de seguridad social, y que las bonificaciones por mera liberalidad tampoco constituyen factor salarial, sin que se requiera acuerdo entre las partes. Resaltó que los pagos rechazados se pactaron como no salariales en los otrosí es de los contratos de trabajo, cuyos apartes transcribió. Mencionó que la jurisprudencia y los conceptos del Ministerio del Trabajo respaldan su actuación. 5 Cuestionó que la DIAN exigiera que los contratos de trabajo tuvieran fecha cierta pues la prueba de estos no está tarifada y su autenticidad se puede determinar por otros medios probatorios. Enfatizó en que los contratos fueron suscritos por las partes y dos testigos, todos los trabajadores estaban afiliados a seguridad social, y constaban los soportes de pago y las fechas de inicio de los contratos, documentos que dan certeza de la existencia de la relación laboral y los pactos entre empleador y trabajador. Tachó de exceso de formalismo la exigencia de fecha cierta de los contratos, sobre

constaban los soportes de pago y las fechas de inicio de los contratos, documentos que dan certeza de la existencia de la relación laboral y los pactos entre empleador y trabajador. Tachó de exceso de formalismo la exigencia de fecha cierta de los contratos, sobre lo cual citó el Concepto DIAN 097942 de 2012, para conclu ir que la exigencia de fecha cierta opera solo para demostrar pasivos en las personas no obligadas a llevar contabilidad.

3 Al respecto citó las sentencias del 06 de agosto de 2014, exp. 20030, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia del Consejo de Estado, C-521 de 1995 de la Corte Constitucional, del 11 de febrero de 2015, rad. 37348, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y los Conceptos 101294 de 2011 y 147921 de 2013 del Ministerio del Trabajo. 4 Invocó la sentencia del 12 de febrero de 1993, rad. 5481, M.P. Hugo Suescún Pujols de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 5 Reiteró la sentencia del Consejo de Estado citada previamente y los Conceptos del Ministerio del Trabajo e hizo referencia a la sentencia del 5 de octubre de 2016, exp. 19366, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez del Consejo de Estado.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Subrayó que la relación laboral y los pactos realizados en su ejercicio se pueden demostrar sin exigir la autenticación de los docume ntos. Puntualizó que, en este caso, la contabilidad sí podía tomarse como medio de prueba a favor del contribuyente pues se llevaba en debida forma. Resaltó que los libros contables prevalecen sobre la declaración tributaria. Oposición de la demanda La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda6: Comentó que el rechazo de los gastos obedeció a que se detectaron pagos correspondientes a incentivos por venta y viáticos permanentes que constituían salario y sobre los cuales no se pagó la totalidad de los aportes parafiscales ni se acreditó el soporte correspondiente, esto es, las facturas o documentos equivalentes. Añadió que la actora solo aportó los contratos de trabajo hasta la respuesta al requerimiento especial y, por ende, no los puede hacer valer como documentos de fecha cierta. Insistió en que los pagos eran viáticos permanentes y que el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que son los destinados a proporcionar manutención y alojamiento, pese a que lo definido por la ley fue el viático ocasional. Citó la definición jurisprudencial de los viáticos permanentes prevista en la sentencia del 30 de septiembre de 2008, rad. 33156, M.P. Eduardo López Villegas de la Corte Suprema de Justicia , como aquellos pagos fijos que recibe periódicamente el

30 de septiembre de 2008, rad. 33156, M.P. Eduardo López Villegas de la Corte Suprema de Justicia , como aquellos pagos fijos que recibe periódicamente el trabajador para cubrir gastos de movilización en desarrollo de su actividad. Agregó que los viáticos permanentes afectan la base de cálculo de prestaciones y aportes a seguridad social y parafiscales. Explicó que los pagos de alimentación y alojamiento son viáticos ordinarios , por cuanto suplen necesidades del trabajador que se deben cubrir con su salario .7 Reparó en que los gastos rechazados eran salario sobre los cuales no se pagaron aportes parafiscales , y que el pacto previsto en los otrosíes de los contratos de trabajo no es prueba fehaciente de que los pagos no constituyan salario , dado que en la contabilidad se evidencia que estos se realizan permanentemente a los empleados. Precisó que los soportes aportados por el contribuyente, esto son las facturas y documentos equivalentes, no cumplen los requisitos legales. Consideró procedente la sanción por inexactitud dada la inclusión de deducciones improcedentes y descartó la diferencia de criterios , debido al incumplimiento de los requisitos para que un gasto sea expensa necesaria. Insistió en que la contabilidad evidencia que los pagos realizados eran permanentes al realizarse mensualmente y, en consecuencia, salariales, lo cual no desconoce el pacto suscrito entre las partes. Acotó que las pruebas aportadas no desvirtuaron la contabilidad e hizo referencia al Concepto DIAN 071735 de 2000. Reconoció que los contratos laborales soportan la exclusión del 40% prevista en la Ley 1393 de 2010. Reiteró que la demandante

al Concepto DIAN 071735 de 2000. Reconoció que los contratos laborales soportan la exclusión del 40% prevista en la Ley 1393 de 2010. Reiteró que la demandante no probó que los incentivos no fuesen constitutivos de salario, y que contablemente no se específico el concepto y valor pagado para saber si son o no salario. Precisó que, según la jurisprudencia, la calidad de viático ocasional o permanente no depende de la voluntad de las partes sino de la realidad del contrato.

6 Samai, índice 2. 7 Sobre el tema citó la sentencia C-081 de 1996 de la Corte Constitucional y el Concepto DIAN 071735 de 2000.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Relató que los pagos de gastos de transporte carecían de soportes pues eran legalizados con certificados expedidos por el mismo empleado como documentos equivalentes, sin identificar los beneficiarios de los pagos, el concepto y valor de los mismos. Enunció que, ante la falta de factura emitida a nombre del empleador, pese a que el gasto sea no constitutivo de salario, tributariamente es ingreso para el trabajador, sobre lo cual citó los Conceptos DIAN 071735 de 2000, 055340 de 1999 y 013208 de 2014. Precisó que no puede aceptar documentos que exigen condiciones especiales como la fecha cierta de que trata el artículo 767 del Estatuto Tributario 8, y adujo que el

y 013208 de 2014. Precisó que no puede aceptar documentos que exigen condiciones especiales como la fecha cierta de que trata el artículo 767 del Estatuto Tributario 8, y adujo que el rechazo de los otrosíes de los contratos de trabajo obedeció a que la exclusión salarial pactada se hizo con referencia a pagos ocasionales y por mera liberalidad por concepto de primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales. Insistió en que los pagos eran viáticos permanentes y que lo que generó el rechazo no fue la falta de fecha cierta sino el hecho de no demostrarse que estos no eran salario. Reconoció que la contabilidad se llevaba en debida forma y afirmó que de esta se concluyó el carácter permanente de los viáticos. Consideró procedente la sanción por inexactitud y conceptualizó el debido proceso para asegurar que fue respetado en la investigación, así como el espíritu de justicia y los principios de legalidad, buena fe, igual dad y eficiencia. Descartó la falsa motivación de los actos administrativos. Sentencia apelada El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, declaró la nulidad de los actos, con fundamento en las siguientes consideraciones:9 Preliminarmente, descartó pronunciarse sobre el requerimiento especial al ser un acto de trámite. Refirió que los pagos salariales son deducibles en la medida en que se hubiese pagado la seguridad social y los aportes parafiscales10, y que los pagos no sal ariales no hacen parte de la base para determinar estos últimos aportes, siempre que no excedan el 40% de la remuneración total del trabajador. Clarificó que los pagos no salariales deben pactarse en el contrato de trabajo, sin perjuicio

no sal ariales no hacen parte de la base para determinar estos últimos aportes, siempre que no excedan el 40% de la remuneración total del trabajador. Clarificó que los pagos no salariales deben pactarse en el contrato de trabajo, sin perjuicio de que constituyan renta laboral. En el caso concreto, transcribió apartes del contrato laboral modelo utilizado por la demandante para establecer que en este se pactó que las bonificaciones e incentivos por ventas y viáticos tenían naturaleza no salarial y, en consecuencia, la actora no estaba obligada al pago de parafiscales y seguridad social. No obstante, estimó que el contrato no era suficiente para soportar la deducción, dado que no había claridad en la cuantía de los pagos, por lo que debían analizarse los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Transcribió el objeto social de la empresa y advirtió que la mano de obra era factor determinante para su desarrollo y tiene participación activa en la acción productora de renta, de tal forma que los incentiv os al trabajador son deducibles. Resaltó que la demandada no discutió la veracidad de los pagos, ni si estos se hicieron efectivos o no. Comentó que, debido al pacto de desalarización, los pagos no salariales no constituían base para el pago de seguridad social y parafiscales, y tampoco se debía

8 Citó la sentencia del 24 de octubre de 2007, exp. 15093 del Consejo de Estado. 9 Samai Tribunal, índice 32. 10 Hizo referencia a la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185 del Consejo de Estado.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

9 Samai Tribunal, índice 32. 10 Hizo referencia a la sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, exp. 25185 del Consejo de Estado.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

Demandante: Distribuidora Tropisinu S.A.S.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co exigir factura ni documento equivalente como soporte de la operación, dado que la operación no tenía naturaleza comercial. Citó jurisprudencia del Consejo de Estado11 y subrayó que la revisora fiscal certificó el valor pagado a los trabajadores, al igual que los premios y bonos por ventas, erogaciones deducibles. Añadió que la contabilidad interna de la empresa era soporte válido de las deducciones , pues en este caso no debe primar el criterio comercial y que, acorde con el certificado de la revisora fiscal, los pagos se realizaron en 2013. Concluyó que los pagos eran necesarios y procedía su deducción. Avaló que los soportes de los gastos de pasajes y transporte terrestre estuvieran a nombre de los empleados, dado que se efectuaron para desarrollar el objeto social de la empresa, sobre lo cual citó la sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 16739, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Estimó im procedente la sanción por inexactitud dado que, pese a deficiencias formales de la prueba, no existieron operaciones simuladas ni se utilizaron factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados en la declaración. Por último, se abstuvo de condenar en costas. Recurso de apelación

formales de la prueba, no existieron operaciones simuladas ni se utilizaron factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados en la declaración. Por último, se abstuvo de condenar en costas. Recurso de apelación La demandada apeló la decisión de primera instancia12. Precisó que el Tribunal erró al mencionar que los soportes allegados cumplen con los requisitos para ser categorizados como deducibles del impuesto sobre la renta , dado que no existían facturas ni documentos equivalentes, que no estaba probada la existencia del pacto de desalarización , y que el contrato no demostraba los criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad de la expensa , al no demostrar la cuantía de los pagos. Sostuvo que el acto se motivó debidamente y que la demandante no demostró que los valores glosados son errados o carecen de soporte legal, teniendo la carga de la prueba. Reiteró que la modificación de la declaración obedeció a que la actora efectuó pagos de viáticos permanentes, sin acreditar los aportes parafiscales y sin documentos soporte. Anotó que son viáticos permanentes los realizados para cubrir gastos de movilización y alimentación del trabajador para cumplir con la labor contratada , lo cual desvirtúa el pacto señalado por la actora. Recalcó que la ausencia de pago de aportes parafiscales impide la deducibilidad de las erogaciones. Estimó procedente la sanción por inexactitud dadas las irregularidades contables y tributarias en que se encuentra inmersa la demandante al incluir deducciones improcedentes. Sostuvo que la dema ndante obró de mala fe pues incluyó deducciones sin requisitos de ley e intentó afectar las arcas del Estado.

tributarias en que se encuentra inmersa la demandante al incluir deducciones improcedentes. Sostuvo que la dema ndante obró de mala fe pues incluyó deducciones sin requisitos de ley e intentó afectar las arcas del Estado.

Expuso que: “con respecto a la prueba oficiosa decretada por el honorable despacho e insertado su resultado dentro del presente expediente judicial, se acude al juicio imparcial del fallador para su interpretación y darle el valor que la misma amerite, no obstante dejar sentado que la misma ha sido

11 Sentencias de Unificación 2020CE-SUJ-4-005 y del 10 de octubre de 2016, exp. 19366, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 12 Samai, índice 2.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co aportada por persona la cual tiene intereses creados dentro de la presente litis y más aún se encuentra bajo la subordinación y dependencia de la parte demandante. ” Concluyó que la sentencia no tuvo en cuenta el material probatorio aportado por la DIAN. Oposición a la apelación La demandante guardo silencio. Intervención del Ministerio Público El Ministerio Público no allegó concepto. CONSIDERACIONES DE LA SALA Precisión preliminar De forma previa al estudio de fondo de los cargos de la apelación, la Sala debe reiterar el criterio expuesto en las sentencias del 11 de octubre de 2024, exp. 27637

CONSIDERACIONES DE LA SALA Precisión preliminar De forma previa al estudio de fondo de los cargos de la apelación, la Sala debe reiterar el criterio expuesto en las sentencias del 11 de octubre de 2024, exp. 27637 y del 9 de mayo de 2024, exp. 28297, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, frente al alcance del recurso de apelación. En dichas providencias se indicó que, según el artículo 320 del Código General del Proceso, el objeto del recurso de apelación co nsiste en que el superior examine la cuestión decidida, únicamente, respecto de los reparos concretos formulados por el apelante. Esto es concordante con el artículo 328 ibidem, conforme con el cual la competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el recurrente. Lo anterior, en la medida en que los argumentos con los que se pretende censurar la sentencia apelada deben estar acordes con lo planteado en el concepto de violación de la demanda (en el caso del demandante), con lo expuesto en la oposición a la demanda (en el caso del demandando) y, en cualquier caso, con lo razonado por el juez de primera instancia13. Así las cosas, está prohibido que el apelante exponga en el recurso de apelación hechos, cargos y pretensiones nuevas que no presentó en la demanda o en la contestación de ese escrito, según el caso. Un entendimiento contrario, vulneraría el derecho de contradicción de las partes, el principio de congruencia y la lealtad procesal y, además, implicar ía que el recurso de apelación pueda fundamentarse en hechos o argumentos que no pudo tener en cuenta el juez de primera instancia por no haber sido puestos a su consideración en

principio de congruencia y la lealtad procesal y, además, implicar ía que el recurso de apelación pueda fundamentarse en hechos o argumentos que no pudo tener en cuenta el juez de primera instancia por no haber sido puestos a su consideración en la etapa procesal oportuna que, en este caso, era el escrito de oposición a l a demanda. Por esa razón, esta Sección ha señalado que “Invalidar una providencia con base en hechos y/o argumentos completamente ajenos al debate procesal suscitado, que dio lugar la decisión judicial impugnada, escapa a la lógica procesal del recurso de apelación”14. La Sala precisa que, en virtud del principio a la igualdad y de equilibrio procesal, la carga procesal consistente en sustentar el recurso de apelación en concordancia con lo expuesto en la sentencia impugnada y con los hechos, argumentos,

13 Ver sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp. 27886, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de mayo de 2013, Exp. 18847, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en la sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 25687. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.Radicado: 23001-23-33-000-2017-00213-01 (28035)

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretensiones y e xcepciones expuestas en primera instancia, no sólo recae en la

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pretensiones y e xcepciones expuestas en primera instancia, no sólo recae en la parte demandante, sino también en la parte demandada15. En el presente evento, la Administración rechazó los gastos operacionales de ventas asociados a las cuentas 525505Alojamiento y manuten ción, 525520 – Pasajes Terrestres, 525595 – Otros, y 529595 - Otros gastos de venta e incentivos , en cuantía de $283.887.000. La DIAN consideró que dichas erogaciones correspondían a viáticos permanentes, cuya deducibilidad estaba sujeta a la acreditación del pago de aportes a seguridad social y parafiscales , así como a estar debidamente soportados con facturas o documentos equivalente. Puntualmente , respecto de los gastos por pasajes terrestres, la demandada señaló que no se aportaron los sopo rtes que cumplieran los requisitos de los artículos 617, 618 y 771-2 del Estatuto Tributario. La sentencia de primera instancia al examinar el último argumento del rechazo, referente a la carencia de soportes, con fundamento en el Decreto Único Reglamentario 535 de 1987, aseveró que: “los anexos al informe del revisor fiscal pese (sic) encontrarse a favor de los empleados, dicha situación está permitida a fin de legalizar los gastos de transporte, manutención y alojamiento cuando se trata de desarrollar el objeto.” y agregó que: “En este caso, los soportes allegados por el contribuyente cumplen con los requisitos para ser

transporte, manutención y alojamiento cuando se trata de desarrollar el objeto.” y agregó que: “En este caso, los soportes allegados por el contribuyente cumplen con los requisitos para ser categorizados como deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 2013, basta revisar los folios 1201 y siguientes del cuaderno principal (facturas o documentos equivalentes)” En el recurso de apelación, la demandada se limit ó a insistir en que los gastos rechazados carecían de soportes, esto es de facturas o documentos equivalentes, sin pronunciarse en form a expresa frente a la norma que aplicó el Tribunal como sustento para avalar los gastos asociados a la cuenta de pasajes, ni frente a los argumentos planteados por la sentencia de primera instancia al efecto. Así mismo plante ó de manera genérica que los ac tos est aban debidamente motivados y afirmó que: “el contrato no demostraba los criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad de la expensa al no demo