CE - Sentencia 23001233300020170028702 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

Demandante: Universidad del Sinú

Demandado: Departamento de Córdoba Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CONVENIO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - naturaleza y normatividad aplicable / RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO – impide el ejercicio de prerrogativas públicas / su análisis judicial corresponde al examen de incumplimiento del negocio jurídico no al de nulidad propio de los actos administrativos

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

La controversia se centra en determinar si es procedente decretar la nulidad de l acto por medio de la cual el Departamento de Córdoba declaró el incumplimiento de un convenio de cooperación de ciencia y tecnología, impuso la cláusula penal pecuniaria, e hizo efectiva la póliza de garantía.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 15 de abril de 20211, por medio de la cual el Tribunal

e hizo efectiva la póliza de garantía.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida el 15 de abril de 20211, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Quinta de Decisión, resolvió (transcripción literal):

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 002 del 26 de enero de 2017 –expedida por la entidad demandada -, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: A esta sentencia se le dará cumplimiento según lo previsto en los artículos

(sic) 192 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase a la parte demandante el excedente, si los hubiere, de las sumas consignadas por concepto de gastos del proceso. Cancélese su radicación. Archívese el expediente, previa anotación en el

Sistema Informático de Administración Judicial de Siglo XXI. (…)”.

1 Fls. 204 a 21, c. principal.Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

Demandante: Universidad del Sinú

Demandado: Departamento de Córdoba

Asunto: Controversias contractuales

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2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 9 de junio de 2017 2 por la Universidad del Sinú (en adelante “la Universidad”) contra el Departamento de

Asunto: Controversias contractuales

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2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 9 de junio de 2017 2 por la Universidad del Sinú (en adelante “la Universidad”) contra el Departamento de Córdoba, (en adelante el “Departamento”) cuyas pretensiones, hechos principales y

fundamentos jurídicos, son los siguientes:

Pretensiones (transcripción literal, incluidos eventuales errores)

“1. Sírvanse declarar la nulidad de la Resolución No. 002 del 26 de enero de 2017, por medio de la cual el Gobernador Ad Hoc del Departamento de Córdoba declaró el incumplimiento del convenio especial de cooperación de ciencia y tecnología No. 754 de 2013 por parte de la Universidad del Sinú, se ordenó la liquidación del mismo, se impuso la cláusula penal pecuniaria por la suma de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($1.663.609.327), se declaró un siniestro y se adoptaron otras decisiones.

2. Como consecuencia de la declaración anterior se restablezca el derecho de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm en el entendido que el valor consignado y las decisiones adoptadas no producirán efecto alguno en contra de mi mandante.

3. Sírvase condenar en costas y gastos procesales a la entidad demandada, Departamento de

Córdoba”3.

Hechos relevantes

3. El 19 de diciembre de 2013 la Universidad del Sinú y el Departamento de Córdoba celebraron el Convenio Especial de Ciencia y Tecnología 754, en adelante el

Córdoba”3.

Hechos relevantes

3. El 19 de diciembre de 2013 la Universidad del Sinú y el Departamento de Córdoba celebraron el Convenio Especial de Ciencia y Tecnología 754, en adelante el “Convenio”, cuyo objeto fue aunar esfuerzos para “ejecutar las actividades a cargo de la Universidad… en el proyecto denominado Diseño de un programa de estudios en infecciones y salud tropical para el Departamento… con código BPIN 2012000100176

del Sistema General de Regalías”4.

4. Durante su ejecución, el gobernador del Departamento se vio incurso en un conflicto de intereses en relación con el cumplimiento del convenio, por lo que en dicho cargo se nombró ad hoc al señor Gustavo García Figueroa, quien abrió un proceso sancionatorio contra la Universidad del Sinú por presunto incumplimiento contractual, basado en la información reportada por la interventoría5.

5. Bajo tal procedimiento, expidió la Resolución 002 de 2017 mediante la cual declaró: i) el incumplimiento de la Universidad , ii) la ocurrencia del siniestro cubierto por la póliza de cumplimiento 3003098, otorgada por La Previsora S.A., iii) impuso la cláusula penal prevista en el convenio por valor de $1.663.609.327 y, (iv) ordenó su liquidación.

6. La Universidad fue citada al procedimiento sancionatorio que antecedió a la expedición del referido acto, por un funcionario que carecía de competencia; de igual

2 Fls. 1 a 32, c.1. 3 Fls. 8 y 9, c. principal. 4 Fl. 47, c. 1.

expedición del referido acto, por un funcionario que carecía de competencia; de igual

2 Fls. 1 a 32, c.1. 3 Fls. 8 y 9, c. principal. 4 Fl. 47, c. 1. 5 En el hecho 1.4. de la demanda se mencionó que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas fue nombrada como interventora, entidad que a su vez designó al Ingeniero Mecánico Luis Vergara como coordinador de dicha labor, quien a juicio del demandante carecía de las competencias académicas, laborales y científicas para ejercer el cargo debidamente, pues el convenio versaba sobre temas de salud pública.Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

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manera, en audiencia virtual se vulneró su derecho al debido proceso y se sancionó a la Universidad, aun cuando no se especificaron ni probaron los incumplimientos6.

7. Con la resolución demandada, se causaron perjuicios por el valor de la cláusula penal impuesta7.

Fundamentos de derecho

8. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 29, 121, 122 y 209 de la Constitución, 1, 2 y ss. de la Ley 29 de 1990, 28 de la Ley 1530 de 2012, 22 y 33 de la Ley 1286 de 2009, 1, 2 , 5, 6, 7 y 8 del Decreto 393 de 1991, y 1604 del

Código Civil. Formuló los siguientes cargos:

y 33 de la Ley 1286 de 2009, 1, 2 , 5, 6, 7 y 8 del Decreto 393 de 1991, y 1604 del Código Civil. Formuló los siguientes cargos:

a) Se refirió al vicio de formación del “acto administrativo” por violación al principio de legalidad, falta de competencia y/o extralimitación en el ejercicio de funciones, en tanto el gobernador ad hoc inició un proceso sancionatorio y expidió la Resoluc ión 002 de 2017 basado en los arts. 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, normas que no eran aplicables a esta clase de convenios, los cuales se rigen por leyes especiales y no por el EGCAP, y así lo prescribe el art. 93 ib. Como el citado gobernador conocía tal régimen y lo tergiversó para sancionar a la Universidad, se configuraron, además, los vicios de desviación de poder y falsa motivación.

b) Adujo como otra forma de extralimitación de funciones, la orden de terminación y liquidación unilateral del convenio, en tanto el art. 14 de la Ley 80 de 1993 establece la improcedencia de utilizar cláusulas excepcionales en convenios de ciencia y tecnología. De haberse incluido, tal estipulación adolecería de objeto ilícito.

c) El ac to censurado fue proferido con violación del derecho al debido proceso, al haberse dictado en audiencia virtual y bajo el art. 63 de la Ley 1437 de 2011, pues esta norma se refiere a sesiones virtuales aplicables a organismos colegiados, lo que no correspondió a la naturaleza de la audiencia surtida y, en estos casos, aplicaban

esta norma se refiere a sesiones virtuales aplicables a organismos colegiados, lo que no correspondió a la naturaleza de la audiencia surtida y, en estos casos, aplicaban los arts. 35 y 47 ib.; revisado el “acto administrativo” demandado, específicamente la lista de asistencia a la audiencia en que se profirió, se podía corroborar que no se reunió ningún órgano colegiado pues se trató de un proceso sancionatorio en el que el gobernador ad hoc actuaba como autoridad individual. Con todo, adujo que bajo el

6 En escrito presentado junto con la demanda, la parte demandante pidió la siguiente medida cautelar: "… me permito solicitarles que se sirvan ordenar la medida cautelar de la suspensión provisional de efectos del acto administrativo Resolución No. 002 del 26 de enero de 2017 proferida por el Gobernador Ad Hoc del departamento de Córdoba, por medio de la cual se declaró un incumplimiento contractual de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, se declaró la ocurrencia de un siniestro, se ordenó la liquidación del convenio especial de cooperación No. 754 de 2012, se impuso una cláusula penal por la suma de mil seiscientos sesenta y tres millones seiscientos nueve mil trescientos veintisiete pesos ($1.633.609.327) y se tomaron otras decisiones”. (Fls. 33 a 40, c.1.). En auto del 25 de enero de 2018 se corrió traslado de la medida cautelar, la cual fue dec retada mediante providencia del 16 de agosto de 2018 al encontrarse acreditado que al realizarse la audiencia de que trata el artículo 86 de la

Ley 1474 de 2011 en forma virtual, basándose en una norma que no habilitaba al Gobernador para ello, y sin justificación alguna para realizar la diligencia en forma electrónica, se cercenó la posibilidad de una eficaz interacción entre las partes, viola ndo además el derecho al debido proceso, pues, este derecho comprende una adecuada defensa. (fls. 21 a 27, c. de me didas cautelares). La parte demandada presentó recurso de apelación (fls. 30 a 35, c. de medidas cautelares), el cual incurrió en indebida sustentación, acorde a lo decidido por el Consejo de Estado en auto del 7 de octubre de 2019 (índice 3 del aplicativo SAMAI de la medida cautelar). 7 En la demanda expresamente se señaló que: “Estimo razonadamente la cuantía bajo la gravedad de juramento en la suma de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($1.663609.327), estimación que encuentra soporte por estar incorporado al acto administrativo objeto de la demanda”. Fls. 31 y 32, C. 1.Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

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régimen de los convenios especiales no existe la posibilidad de adelantar ese tipo de actuaciones por medios electrónicos.

d) Invocó el vicio de falsa motivación pues no se identificaron los incumplimientos endilgados a la Universidad, ni se hizo referencia a las pruebas que lo soportaban,

actuaciones por medios electrónicos.

d) Invocó el vicio de falsa motivación pues no se identificaron los incumplimientos endilgados a la Universidad, ni se hizo referencia a las pruebas que lo soportaban, sólo se mencionó el porcentaje que se dijo incumplido; echó de menos, así mismo, el estudio de la “culpa leve” para atribuir responsabilidad por el supuesto incumplimiento del Convenio.

Contestación de la demanda

9. El Departamento se opuso a las pretensiones del actor. Sobre el primer argumento afirmó que se sustenta en la errada consideración de que el Convenio 754 de 2013 no es un contrato estatal. Además, confunde la figura de las cláusulas excepcionales pues extiende, sin razón, la prohibición consagrada en el art. 14 de la Ley 80 de 1993 frente a la posibilidad de imponer multas y sanciones conferida a todo contrato estatal bajo el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

10. Frente al reproche de falsa motivación, indicó que quien tenía la carga de demostrar el cumplimiento del Convenio ante lo indicado en el informe de interventoría era la Universidad, conforme al artículo 1757 del Código Civil; pero esa carga no se satisfizo.

Alegatos en primera instancia

11. Surtido el debate probatorio 8, al alegar de conclusión, la parte actora reiteró los argumentos de la demanda 9 . El Departamento y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa procesal10.

Fundamentos de la providencia recurrida

12. El a quo declaró la nulidad de la Resolución 002 de 2017 por haber sido expedida

pronunciaron en esta etapa procesal10.

Fundamentos de la providencia recurrida

12. El a quo declaró la nulidad de la Resolución 002 de 2017 por haber sido expedida con falta de competencia y violación al debido proceso de la demandante. Negó las demás pretensiones11.

13. Analizó el régimen de los convenios de cooperación de ciencia y tecnología. Indicó que esta contratación está sometida a las disposiciones especiales contenidas en los Decretos Ley 393 y 591 de 1991, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP y subsidiariamente al derecho privado. Afirmó que el parágrafo del art. 14 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los contratos que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas se prescindirá

8En audiencia inicial celebrada el 12 de septiembre de 2019 el Tribunal decretó las siguientes pruebas documentales aportadas con la demanda (fls. 44 a 88, c.1.): i) Convenio 754 de 2013, ii) Resolución 002 de 2017, iii) Cd contentivo de la audiencia sancionatoria adelantada contra el demandante y iv) memorial radicado el 3 de febrero de 2017 ante la entidad exponiéndole los motivos por los cuales el gobernador ad hoc actuó sin competencia y profirió una decisión viciada . Acorde a lo pedido en la demanda y en su contestación, ordenó al Departamento de Córdoba aportar todos los antecedentes administrativos del Convenio

754 de 2013 (fl. 147, c. 1.). De forma independiente, el a quo ofició al ente territorial demandado para que aportara: i) el expediente administrativo que dio lugar a la expedición de la Resolución 002 de 2017, y ii) copia de a comunicación manuscrita presentada por el apoderado de la entidad accionante, en el curso de la audiencia sancionatoria. A su vez, decretó los siguientes testimonios: i) Jorge Iván Ríos Ureta (fls. 154 y 155, c.1.), Jorge Escobar Aviléz (fls. 162 y 163, c.1.) y Gustavo García Figueroa. 9 Fls, 178 a 188, c.1. 10 Tal como quedó consignado en constancia secretarial del 13 de marzo de 2020. Fl. 202, c. 1. 11 El a quo clasificó los diferentes yerros señalados por el actor en tres categorías acorde a lo dispuesto en el artículo 137 del CPACA: i) falta de competencia, ii) falsa motivación y iii) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

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de la utilización de las cláusulas excepcionales, por lo que su inclusión en el convenio carecía de validez jurídica e implicaba que el representante del ente territorial no tenía competencia para declarar su liquidación unilateral.

14. Con esta línea, concluyó que el gobernador ad hoc carecía de facultades para llevar a cabo la audiencia del art. 86 de la Ley 1474 de 2011, pues esta norma habilita a

competencia para declarar su liquidación unilateral.

14. Con esta línea, concluyó que el gobernador ad hoc carecía de facultades para llevar a cabo la audiencia del art. 86 de la Ley 1474 de 2011, pues esta norma habilita a declarar, entre otros, el incumplimiento contractual, imponer multas y sanciones, y hacer efectiva la cláusula penal a las entidades somet idas al EGCAP, así que no se aplica a los convenios de ciencia y tecnología.

15. Se refirió al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para señalar que el debido proceso es un principio rector en materia sancionatoria en las actuaciones contractuales y, al no existir norma que faculte la utilización de cláusulas excepcionales en convenios de ciencia y tecnología, no es posible admitir su imposición en dichos negocios jurídicos, aun si las partes lo incorporan al convenio. A igual conclusión llegó en relación con lo estipulado en las cláusulas 16 y 17 (concernientes a la imposición de multas y cláusula penal), pues las normas que regulan este tipo de convenios no “prevén la posibilidad de que se puedan establecer dichas facultades excepcionales con el fin de hacer efectiva de forma directa la cláusula penal pecuniaria pactada, como se realizó en el presente caso”.

16. Señaló que el acto administrativo se dictó desconociendo el derecho de audiencia y de defensa de la actora, pues el Departamento no permitió a la Univer sidad ser juzgada conforme a la normatividad aplicable, toda vez que la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se llevó a cabo de forma virtual por el Gobernador ad hoc,

juzgada conforme a la normatividad aplicable, toda vez que la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se llevó a cabo de forma virtual por el Gobernador ad hoc, invocando una norma que no era la aplicable (art. 63 del CPACA), y sin que p ara la fecha de su realización –26 de enero de 2017 – el citado artículo 86 lo permitiera, menos aun tratándose de convenios de ciencia y tecnología.

17. Descartó el cargo de falsa motivación, por no haber prueba del estado de ejecución del convenio desde septiembre de 2016 hasta la fecha de expedición de la resolución demandada, ni de si hubo incumplimiento de la Universidad o no, como señala dicha decisión12.

18. Negó la pretensión de restablecimiento del actor –consistente en que “ el valor consignado y las decisiones adoptadas no producirán efecto alguno en contra del demandante”–, indicando que dadas las “facultades con las que cuenta el Juez administrativo dentro del medio de control de controversias contractuales … no es dable ordenar restablecimiento del derecho, pues, de la declaratoria de nulidad del acto demandado quedan sin efectos las decisiones tomadas en éste, por lo que no se accederá a esta pretensión”.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

12 En este punto puso de presente que, en todo caso, en el acto administrativo demandado se mencionó que existió incumplimiento por parte de la U. del Sinú acorde a lo dispuesto en el Informe de Interventoría del 20 de enero de 2017 y lo

indicado en un Comité Operativo del 19 de e nero de 2017, documentos que si bien no reposan en el expediente, no fueron atacados o desvirtuados por la demandante, pero sin poder valorar su contenido, no era procedente el respectivo cargo, ni emprender análisis alguno respecto al presunto incumplimiento contractual.Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

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19. La parte demandada pidió revocar la sentencia de primera instancia, bajo los

siguientes argumentos:

a) Estima contradictorio que el a quo, al estudiar la falta de competencia del gobernador ad hoc, haya señalado que no tenía atribuciones para liquidar unilateralmente el Convenio y, a la vez, reconozca que en la cláusula 13 se incorporaban las facultades conferidas a la administración en el a rtículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993, lo que constituye un desconocimiento de la voluntad de las partes al suscribir el negocio jurídico.

b) Señala que la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha pronunciado respecto de la naturaleza jurídica de los convenios de ciencia y tecnología, indicando que según la definición del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 este tipo de acuerdos corresponden a contratos estatales, “y además están definidos como contratos de leyes especiales”.

c) En las cláusulas 1 6 y 17 del convenio, se pactaron las multas y la cláusula penal pecuniaria, y en su parte considerativa se acordó sujetarse a las Leyes 80 de 1993 y

c) En las cláusulas 1 6 y 17 del convenio, se pactaron las multas y la cláusula penal pecuniaria, y en su parte considerativa se acordó sujetarse a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, lo que define la forma de imponerlas y de declarar el incumplimiento. Si el demandante consid eraba que ello era nulo debió manifestarlo al momento de firmar el convenio. Como no lo hizo, el pacto es ley para las partes.

d) Plantea como un yerro del a quo considerar que el convenio se rige sustancialmente por el derecho privado y por este sólo hec ho concluya que se encuentra relevado de los mandados del EGCAP, cuando tal exclusión no existe en el ordenamiento jurídico, máxime que se trata de una causal de contratación directa, se expiden garantías y, por tanto, es factible pactar cláusulas de multa s por incumplimiento. Señala que el Consejo de Estado se ha referido al poder de dirección y control en la ejecución del contrato y en el ejercicio de ciertas potestades sancionatorias que operan frente al incumplimiento en que incurra el contratista, las que se traducen en “la terminación anormal y anticipada del contrato, como ocurre en el decreto de caducidad del mismo, o sin que suceda su extinción, en medidas coercitivas”.

d) Se concluyó erróneamente que hubo vulneración del debido proceso de la actora basado en que la audiencia sancionatoria se celebró sin presencia de la Universidad, toda vez que en la demanda el actor reconoció que asistió a las oficinas del ente territorial y decidió retirarse por haber “15 minutos de retraso” , razón que no es

toda vez que en la demanda el actor reconoció que asistió a las oficinas del ente territorial y decidió retirarse por haber “15 minutos de retraso” , razón que no es valedera para ausentarse. Aceptar lo contrario, es permitir que la Universidad se excuse en su propia negligencia para postular la invalidez del acto administrativo.

Trámite de segunda instancia

20. La Universidad pidió confirmar la decisión de primer grado 13 . No hubo pronunciamiento del Ministerio Público.

III. CONSIDERACIONES

El objeto de la apelación

13 Índice 8 del aplicativo SAMAI.Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

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21. A partir de los motivos de disenso expresados en la impugnación, esta instancia debe determinar si el Departamento estaba facultado para declarar el incumplimiento de la Universidad, hacer efectiva la cláusula penal y liquidar el Convenio, con fundamento en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, cuestión que será examinada bajo los límites que demarca la competencia del juez de segundo grado, según lo dispuesto en el artículo 328 del CGP14.

22. Para estos efectos, la Sala analizará el contenido de los pactos alcanzados bajo el negocio jurídico sub-lite, estableciendo sus bases y, conforme al régimen que aplica a los convenios de ciencia y tecnología, resolverá los cargos formulados en la apelación.

23. Previo al análisis anunciado, es necesario subrayar que el impugnante no cuestiona

a los convenios de ciencia y tecnología, resolverá los cargos formulados en la apelación.

23. Previo al análisis anunciado, es necesario subrayar que el impugnante no cuestiona en sí misma la naturaleza de convenio que ostenta el acuerdo que se examina, ni lo confronta con la noción de contrato estatal en el marco de las distinciones entre estos institutos. Su argumento se centra en la inexistencia de una diferenciación legal que excluya a los convenios del concepto general del contrato estatal, al señalar que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que pertenecen a esta categoría todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades públicas, y agrega que esta forma de contratación es tá incluida como causal de contratación directa en la citada Ley 80, por lo que reclama la potestad de ejercer las atribuciones legales que confiere el citado estatuto.

El Convenio 754 de 2013

24. En el departamento de Córdoba, las enfermedades tropicales c omo la malaria, dengue, leishmaniasis y chagas, representaban un problema importante para la salud pública. A fin de superar las diversas dificultades que ello generaba y para innovar en investigación dirigida al fortalecimiento del sistema de vigilancia e pidemiológica, e implementando las buenas prácticas de laboratorio establecidas en el marco del “Programa Especial para la Investigación y el Entrenamiento de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial de la Salud” , se formuló un proyecto de inversión pública para el diseño e implementación de un programa de estudios en infecciones y salud tropical, mediante la suscripción de un convenio de cooperación15.

Tropicales de la Organización Mundial de la Salud” , se formuló un proyecto de inversión pública para el diseño e implementación de un programa de estudios en infecciones y salud tropical, mediante la suscripción de un convenio de cooperación15.

25. En estos términos, l as Universidades del Sinú y de Córdoba estructuraron, formularon y presentaron al departamento accionado el proyecto denominado “Diseño de un programa de Estudios en infecciones y salud tropical”, conforme a los arts. 10

14 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…)”. 15 Acorde a los “ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN INFECCIONES Y SALUD TROPICAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” CÓDIGO BPIN 2012000100176, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS” . Fls. 100 a 166 del archivo pdf “754-2013-T1” en cd a fl. 147, c.1.Radicación: 23001233300020170028702 (67.675)

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del Decreto 1949 de 201116 y 4 del Acuerdo 009 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, que fue analizado por el ente territorial17.

26. El objeto del convenio de cooperación consistía en aunar esfuerzos entre el

del Decreto 1949 de 201116 y 4 del Acuerdo 009 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, que fue analizado por el ente territorial17.

26. El objeto del convenio de cooperación consistía en aunar esfuerzos entre el Departamento de Córdoba y la Universidad del Sinú para ejecutar actividades de fomento en investigación y transferencia tecnológica para el diagnóstico y manejo de los agentes etiológicos causantes de tales enfermedades en el Departamento, las cuales serían adelantadas por la Universidad dentro del proyecto de infectología, bajo

tres objetivos principales:

“1Fomentar la investigación, capacitación, transferencia tecnológica para el desarrollo y fortalecimiento de herramientas diagnósticas en la identificación de los agentes etiológicos causantes de la Malaria, Dengue, Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas; objetivo que desarrollará a través de la estandarización de técnicas de detección a partir de protocolos de microscopia, inmunología y técnicas en biología molecular para identificación en el laborator io de los agentes etiológicos… 2 - Promover el desarrollo de investigaciones dirigidas al fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, a la identificación de las zonas de riesgo de transmisión de las Enfermedades Tropicales y al análisis de su contexto eco-epidemiológico, predicción de epidemias y orientación de medidas oportunas de control. 3 - Evaluar el potencial antimicrobiano de moléculas sintéticas que contribuyan en la búsqueda de fuentes de compuestos base para la elaboración de tratamien tos efectivos contra las enfermedades infecciosas estudiadas”18.

27. La entidad territorial accionada presentó ante el Departamento Administrativo de

compuestos base para la elaboración de tratamien tos efectivos contra las enfermedades infecciosas estudiadas”18.

27. La entidad territorial accionada presentó ante el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, que ejercía la Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Adm inistración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, el citado proyecto, para que una vez verificados los requisitos establecidos en el Decreto 1949 de 2012 y el Acuerdo 009 de 2012 de la Comisión Rec tora, se adelantaran las etapas de análisis del proyecto de inversión propuesto –viabilización, registro, priorización y aprobación de financiamiento total o parcial con cargo a los recursos del Fondo de Ciencia referido–19.

28. Mediante el Acuerdo 001 del 20 de diciembre de 2012, artículo 11, el OCAD viabilizó, ordenó el registro , y aprobó la financiación , entre otros, del proyecto

denominado “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EN INFECCIONES Y

SALUD TROPICAL PARA EL DEPARTAMENTO…” , Código BPIN 2012000100176,

en los siguientes términos20 (casilla 41):

16 “Artículo 10. Formulación de proyectos de inversión pública. Cualquier persona natural o jurídica, públ ica o privada, podrá siguiendo la metodología y lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación, al igual que los lineamientos y requisitos definidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, formular ante las Secretarías d e Planeación de

siguiendo la metodología y lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación, al igual que los lineamientos y requisitos definidos por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, formular ante las Se