CE - Sentencia 23001233300020170051701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 1, departamento de Córdoba y municipio de Los Córdobas

Temas: Sanción moratoria por retardo en la consignación de cesantías docentes oficiales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes 1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. José Gabriel Peralta Teherán presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que

1. José Gabriel Peralta Teherán presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad de: i) el acto ficto producto del silencio del municipio de Los Córdobas frente a la petición del 25 de abril de 2017; ii) el acto ficto producto del silencio del departamento de Córdoba en relación con la petición del 21 de abril de 2017; y iii) el oficio 2017 -EE-076292 de l 4 de mayo de 2017 proferido por el

1 En adelante Fomag. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

Ministerio de Educación Nacional, por medio de los cuales las autoridades administrativas «niegan y desconocen la solicitud de pago» de la sanción moratoria por el retardo en la consignación oportuna de las cesantías en forma anu alizada entre los años 1998 a 2010.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, por la omisión en la consignación del auxilio de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 1998 al 2010; ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor y conforme con el artículo 187 del CPACA; iii) el

auxilio de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 1998 al 2010; ii) la indexación de los valores reconocidos y las sumas adeudadas, de acuerdo con el índice de precios al consumidor y conforme con el artículo 187 del CPACA; iii) el reconocimiento de los intereses moratorios de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. José Gabriel Peralta Teherán laboró como docente en el municipio de Los Córdobas «asimilad[o] por el departamento de Córdoba en el año 2003, GRADO 14° inscrito en el escalafón nacional» (sic) desde el «24 de septiembre de 1998 » y hasta la fecha de la presentación de la demanda.

3.2. Las entidades demandadas no consignaron en forma oportuna las cesantías de las anualidades de 1998 al 2010 dentro del plazo fijado en la Ley 344 de 1996 reglamentada por el Decreto 1582 de 1998 y en el artículo 99 al 104 de la Ley 50 de 1990, razón por la cual el municipio de Los Córdobas, el Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Córdoba deben reconocer y pagar la sanción moratoria por la suma de un día de salario por cada día de retardo de cada uno de los auxilios de cesantías que no consignó a tiempo.

3.3. El 21 y 25 de abril de 2017 solicitó a las entidades demandad as el pago de la sanción moratoria, el cual fue negado por los actos fictos demandados y por el oficio

3.3. El 21 y 25 de abril de 2017 solicitó a las entidades demandad as el pago de la sanción moratoria, el cual fue negado por los actos fictos demandados y por el oficio «2017-EE-076292».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; 99 de la Ley 50 de 1990; 21 y siguientes del Decreto 1063 de 1991; 13 y 20 de la Ley 344 de 1996; 1 del Decreto 1582 de 1998 y 83, 138, 187, 188, 192 y 195 del3

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

CPACA. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos3:

4.1. Al no efectuar oportunamente la consignación de las cesantías en el fondo respectivo las entidades demanda das incurrieron en una conducta omisiva y violatoria de los derechos de los servidores públicos titulares de tales derechos.

4.2. El Decreto 1582 de 1998 que reglamentó la Ley 344 de 1996, previó que los servidores públicos vinculados a partir de 1996 y que se afiliaran a fondos privados de cesantías serían beneficiarios del régimen de liquidación y pago de las cesantías previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990, según los cuales el auxilio se debe consignar en la cuenta individual antes del 15 de febrero del año siguiente.

previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990, según los cuales el auxilio se debe consignar en la cuenta individual antes del 15 de febrero del año siguiente.

4.3. Laboró como docente desde el 24 de septiembre de 1998 y de acuerdo con las normas citadas, a las personas que se vincularon con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 se le debieron consignar sus cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al que fueron causadas en el fondo escogido.

4.4. El artículo 53 de la Constitución Política se vulner ó porque la falta de consignación de las cesantías desconoc ió los derechos mínimos de la parte débil de la relación laboral, la cual se enc ontraba en una indefensión manifiesta ante tal circunstancia.

1.2. Contestación de la demanda

5. El departamento de Córdoba contestó la demanda y solicitó que se denegaran las pretensiones, con sustento en los siguientes argumentos4:

5.1. La sanci ón prevista en el art ículo 99 de la Ley 50 de 1990 aplicable a los empleados territoriales por disposición del Decreto 1582 de 1998, es diferente de la señalada en la Ley 244 de 1995 en tanto cada una tiene un origen y finalidad distinta, pues la primera hace referencia a la indemnización por la falta de consignación por parte del patrono antes del 15 de febrero de cada año del auxilio de cesantía del año anterior y la segunda se genera frente a la falta de pago de esta prestación en la terminación de la relación legal.

parte del patrono antes del 15 de febrero de cada año del auxilio de cesantía del año anterior y la segunda se genera frente a la falta de pago de esta prestación en la terminación de la relación legal.

5.2. Ello implica que la sanción de la Ley 50 de 1990 se aplica hasta que esté vigente la relación laboral y se paga en el momento en que el trabajador se retira del

3 Folios 2 a 14 del cuaderno principal. 4 Folios 46 a 127 del cuaderno principal.4

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

servicio, pues a partir de ese momento la obligación que se origina no es la de consignar las cesantías en un fondo, sino la de entregarla al trabajador.

5.3. El demandante fue nombrado el 24 de septiembre de 1998 mediante Decreto 078 como docente del municipio de Los Córdobas y posteriormente fue incorporado a la planta del departamento en virtud de la Ley 715 de 2001. Asimismo, no se encontraba afiliado a un fondo privado sino al Fomag.

5.4. Comoquiera que el actor dejó trascurrir más de 3 años para reclamar los derechos pretendidos operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

5.5. Por último, formuló las excepciones de: i) inexistencia del derecho reclamado; ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y iii) prescripción.

6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5:

falta de legitimación en la causa por pasiva; y iii) prescripción.

6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5:

6.1. El demandante no tiene derecho a reclamar la sanción moratoria porque las disposiciones que regulan el auxilio de las cesantías de los docentes afiliados al fondo no prevén tal sanción, toda vez que el pago oportuno está sujeto «a la condición suspensiva» de disponibilidad presupuestal.

6.2. Los docentes afiliados al Fomag se encuentran exceptuados del régimen fijado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 el cual es aplicable al sector público en virtud de la Ley 344 de 1996 , por lo que no se tenía la obligación legal de consignar el auxilio de cesantía del docente afiliado a un determinado fondo ni en un periodo determinado.

6.3. Propuso las excepciones de i) inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma ; ii) cobro de lo no debido ; iii) pago; iv) buena fe ; v) prescripción de los derechos; vi) compensación; y vii) la genérica e innominada.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia proferida el 12 de noviembre de 2020 declaró probada la excepción de prescripción formulada por la defensa y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto

se pronunció en los siguientes términos6:

5 Folios 128 a 144 del cuaderno principal. 6 Folios 291 a 307 del cuaderno principal.5

se pronunció en los siguientes términos6:

5 Folios 128 a 144 del cuaderno principal. 6 Folios 291 a 307 del cuaderno principal.5

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

7.1. Según lo probado en el expediente, el demandante fue nombrado docente mediante el Decreto 071 del 24 de octubre de 1998 por la alcaldía municipal de Los Córdobas.

7.2. En el año 2003 «fue asimilado a la nómina del Departamento de Córdoba », no obstante, fue afiliado al Fomag en el año 2011 sin que obrara prueba que certificara la fecha exacta de afiliación.

7.3. Comoquiera que hasta el 2010 se encontraba cobijado por el régimen anualizado de cesantías era procedente aplicar las reglas de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de agosto de 2020 en la que se unificó la postura sobre el momento a partir del cual se debía contabilizar el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.

7.4. En ese entendido y como el demandante solicitó el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías de los años 1998 a 2010 con las reclamaciones realizadas el 21 y 25 de abril de 2017 operó el fenómeno jurídico de la prescripción trienal sobre todas las anualidades perseguidas.

7.5. No era procedente la condena en costas en tanto no existió evidencia de la

la prescripción trienal sobre todas las anualidades perseguidas.

7.5. No era procedente la condena en costas en tanto no existió evidencia de la causación de expensas que justificaran su imposición a la parte vencida.

1.4. El recurso de apelación

8. La parte demandante interpuso recurso de apelación en el cual manifestó que el a quo realizó una lectura errónea de la sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016, por cuanto declaró la excepción de prescripción aun cuando las entidades demandadas no habían consignado las cesantías correspondientes a los años comprendidos desde 1998 hasta el 20107.

9. Asimismo, siguió el criterio establecido en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII011-2020 proferida el 6 de agosto de 2020 el cual no estaba vigente al momento de la presentación de la demanda.

1.6. Pronunciamientos en segunda instancia

9.1. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de noviembre de

20238. Posteriormente, mediante proveído del 12 de febrero de 20249, el despacho

7 Folios 316 a 322 del cuaderno principal. 8 Samai, índice 4. 9 Samai, índice 9.6

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

ponente prescindió de la audiencia de alegatos y ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público.

10. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de apelación10.

ponente prescindió de la audiencia de alegatos y ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público.

10. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de apelación10.

11. El departamento de Córdoba solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de prescripción y negó las súplicas de la demanda, ello con fundamento en que consideró que la sanción moratoria no constituye un mínimo en materia laboral al ser una sanción independiente que opera de manera autónoma y que no está atada al derecho principal . Asimismo, ratificó las excepciones propuestas inicialmente de «“Inexistencia del derecho reclamado”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva” y “Prescripción”»11.

12. La Nación, Ministerio de Educación Nacional reiteró los argumentos expuestos en el proceso y adicionalmente indicó que la sentencia de unificación SUJ-032-CES2-2023 del 11 de octubre de 2023 estableció que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1994 así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al Fomag y regulados por la Ley 91 de 1989 , razón por la cual solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por cuanto la parte demandante no ten ía derecho a la sanción reclamada. Por último, solicitó la condena en costas a la parte demandante12.

1.7. El Ministerio Público

12.1. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto13.

2. Consideraciones

demandante12.

1.7. El Ministerio Público

12.1. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto13.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. El problema jurídico se contrae a establecer si ¿el demandante tiene derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la falta de consignación de las cesantías anualizadas causadas desde 1998 hasta 2010?, en caso afirmativo ¿si el derecho que le asiste está afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción?

10 Samai, índice 13. 11 Samai, índice 14. 12 Samai, índice 15. 13 Así se desprende del informe secretarial del 17 de abril de 2024. Índice 18 de Samai.7

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

14. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella» , y estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales

en el momento de su promulgación, así:

artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella» , y estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año8

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Se resalta]

del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Se resalta]

15. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmen te y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen anualizado.

16. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, correspon de a

sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, correspon de a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»14.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)9

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

17. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación 15, al decidir casos similares ha establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1° de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financi ados con recursos propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 16, sostuvo lo

siguiente:

«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con

anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 16, sostuvo lo siguiente:

«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:

1. Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

1. Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 p roferida el 14 de abril de 2016, sostuvo que la finalidad del legislador al

servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 p roferida el 14 de abril de 2016, sostuvo que la finalidad del legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del orden nacional […]» [Se resalta]

18. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales,

15 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015 -00447-01; Subsección B: Sentencia del 13 de agosto de 2018 Rad.2014 -00683-01 y 2014 -00621-01; del 16 de ag osto de 2018, Rad. 201500048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,

Rad. 2016-0029801; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01; 16 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez10

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

2.2.2. Sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996

19. Respecto de la aplicación de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 esta Corporación en sentencia de unificación 17

dispuso que:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para

FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU-573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpre tación aquí definida». [Se resalta]

20. Por tanto, es claro que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por falta de la

definida». [Se resalta]

20. Por tanto, es claro que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por falta de la consignación del auxilio de las cesantías a aquellos docentes afiliados al Fomag,

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de octubre de 2023, radicado 66001-3333-001-2022-00016-01 (5746-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.11

Radicado: 23001-23-33-000-2017-00517-01 (1143-2023)

Demandante: José Gabriel Peralta Teherán

pues lo cierto es que los recursos son administrados bajo el principio de unidad de caja y están disponibles para el pago según un procedimiento especial, lo que hace que la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sea incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989; situación que no sucede para aquellos docentes en servicio activo que no se encuentren afiliados a dicho fondo.

21. La regla señalada en aquella decisión constituye un precedente vinculante y obligatorio18 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.4. Caso concreto

los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.4. Caso concreto

22. En el expediente se encuentra demostrado lo siguiente:

22.1. José Gabriel Peralta Teherán nació el 10 de abril de 1968 en el municipio de Los Córdobas19.

22.2. Mediante el Decreto 078 del 24 de septiembre de 1998, el alcalde municipal de Los Córdobas nombró en propiedad a José Gabriel Peralta Teherán como docente de primaria en la Escuela R.M. Arenosa Central20.

22.3. El 21 de abril de 20172