CE - Sentencia 23001233300020180002601 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 23001233300020180002601 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024)

Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo

Demandado: Departamento de Córdoba

Vinculado: Empresa Social del Estado1 Hospital San Rafael de Chinú

Tema: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez

Sentencia segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Córdoba contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Córdoba, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Rosa Elvira Álvarez Izquierdo presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 0142 del 19 de febrero de

control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 0142 del 19 de febrero de 2016, por medio de la cual la Secretaría de Gestión Administrativa del departamento de Córdoba le negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión, así como del «acto administrativo ficto o presunt o que se presume nació de la respuesta emitida por la ESE HOPSITAL SAN RAFAEL DE CHINU

1 En lo que sigue ESE. 2 En adelante CPACA.2

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024) Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo EMPRESA SOCIAL DE ESTADO en fecha 01 de septiembre de 2016, y que no se elevó a acto administrativo , solo respuesta formal de una reclamación administrativa de reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de pensión , pero que tampoco reconoce dicho derecho».

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión, a cargo del departamento de Córdoba «y/o» de la ESE Hospital San Rafael de Chinú; ii) el pago de los intereses moratorios a los que h ubiera lugar; iii) la indexación y el ajuste de las sumas que llegaren a reconocerse; y iv) la condena en costas a la

pago de los intereses moratorios a los que h ubiera lugar; iii) la indexación y el ajuste de las sumas que llegaren a reconocerse; y iv) la condena en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

3.1. Rosa Elvira Álvarez Izquierdo nació en 1952 y l aboró al servicio de la ESE Hospital San Rafael de Chinú desde 1976 hasta 1980. Durante este período la entidad le realizó los correspondientes descuentos por concepto de aportes para pensión, equivalentes a 272 semanas.

3.2. Por «motivos personales» le fue imposible seguir con las cotizaciones al sistema, por lo que desde el año 2012 adelant ó acciones tendientes a obtener la indemnización sustitutiva de la pensión.

3.3. De acuerdo con el certificado laboral, en el que constaban las cotizaciones a pensión realizadas durante los años laborados, la Caja Departamental de Previsión Social fue el fondo encargado de recibir los aportes. Luego de su extinción fue remplazado por la Secretaría de Gestión Administrativa del departamento de Córdoba.

3.4. En el año 2015, la demandante le solicitó al departamento de Córdoba la indemnización sustitutiva de la pensión. La entidad negó la petición por medio de la Resolución 0142 del 19 de febrero de 2016, al considerar que la reclamación se debía dirigir al empleador, esto es, la ESE Hospital San Rafael de Chinú.

3.5. El 3 de agosto de 2016 , la demandante presentó la misma solicitud ante la

debía dirigir al empleador, esto es, la ESE Hospital San Rafael de Chinú.

3.5. El 3 de agosto de 2016 , la demandante presentó la misma solicitud ante la entidad empleadora, la cual manifestó «concede respuesta en fecha 01 de septiembre de 2016, por medio de la cual niega las pretensiones antes mencionadas remitiéndonos al fondo territorial de pensiones de córdoba, hoy día quien lo resuelve, la SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA (…), razón por la que se crea un acto [administrativo] sin elevarse a tal fin por las formalidades emitidas por la norma y se crea un acto ficto y presunto que pretendemos atacar también».3

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024) Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 53 y 58 de la Constitución Política; y 31 y 37 de la Ley 100 de 1993; y el Decreto 1730 de 2011.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

5.1. Al departamento de Córdoba le correspondía reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión, toda vez que cumpl ió con todos los requisitos exigidos para acceder a ella, en tanto no le fue posible continuar realizando aportes al sistema y las semanas cotizadas eran suficientes para consolidar el derecho reclamado.

sustitutiva de la pensión, toda vez que cumpl ió con todos los requisitos exigidos para acceder a ella, en tanto no le fue posible continuar realizando aportes al sistema y las semanas cotizadas eran suficientes para consolidar el derecho reclamado.

5.2. La indemnización sustitutiva de la pensión era un derecho adquirido, que recaía sobre prestaciones periódicas . Por esa razón , la peticionaria conservó la posibilidad de presentar su reclamación ante la autoridad competente, sin que se pudiera predicar que hubieran operado los fenómenos de caducidad o prescripción.

5.3. La entidad territorial negó este derecho «sin pronunciamientos jurídicos valederos», con ello la dejó «en pleno abandono de la sociedad », toda vez que «requería de este dinero para tener una vejez medianamente digna».

1.2. Contestaciones de la demanda4

6. El departamento de Córdoba se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:

6.1. Antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el Estado reconocía directamente la pensión de vejez con base en el tiempo de servicio y la edad exigida para tal fin. De manera excepcional, la prestación se sustentaba en cotizaciones, situación que aplicaba únicamente cuando el afiliado aportaba al Instituto de Seguros Sociales5.

6.2. En efecto, la cuota mensual, equivalente al 5% del salario, se descontada a los afiliados a las cajas de compensación y no estaba destinada específicamente a la conformación de un fondo de pensiones ni mucho menos al reconocimiento de la

6.2. En efecto, la cuota mensual, equivalente al 5% del salario, se descontada a los afiliados a las cajas de compensación y no estaba destinada específicamente a la conformación de un fondo de pensiones ni mucho menos al reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Dicho aporte era transferido a la respectiva entidad previsional para la atención de contingencias médico-asistenciales, así como para

3 Samai. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «4ED_23001233300020180002(.zip) NroActua 2 », carpeta «23001233300020180002600», archivo «01expediente_230012333000201800026.pdf», folios 46 a 50. 4 Samai. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «4ED_23001233300020180002(.zip) NroActua 2 », carpeta «23001233300020180002600», archivo «01expediente_230012333000201800026.pdf», folios 85 a 95. 5 En lo que sigue ISS.4

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024) Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo cubrir beneficios tales como el auxilio funerario y la maternidad.

6.3. En el caso del ISS, la indemnización sustitutiva de la pensión se reconocía a sus afiliados incluso antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, en atención a las cotizaciones que estos realizaban para cubrir, entre otras, las contingencias

6.3. En el caso del ISS, la indemnización sustitutiva de la pensión se reconocía a sus afiliados incluso antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, en atención a las cotizaciones que estos realizaban para cubrir, entre otras, las contingencias derivadas de la vejez.

6.4. Así, los valores recaudados por concepto de la cuota de afiliación a las cajas de compensación no estaban destinados a la conformación de un fondo de pensiones. En esa medida, dichos recursos no podían asimilarse, para efectos del reconocimiento de la inde mnización sustitutiva, a los aportes realizados por los afiliados al ISS, cuya finalidad era precisamente constituir un fondo pensional mediante el cual se financiaban diversas prestaciones, entre ellas, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

6.5. La indemnización sustitutiva consist ía en la devolución de las cotizaciones efectuadas durante la vida laboral, en los casos en los que no se cumpl ía con los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez . De ahí que, resultaba jurídicamente incorrecto reconocer dicha prestación antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, cuando el servidor público no realizaba aportes al sistema pensional.

6.6. En consecuencia, la devolución de unas sumas que nunca fueron cotizadas implicaría un enriquecimiento sin causa. Para que procediera el reconocimiento de esta prestación deb ían cumplirse ciert as exigencias, entre ell as, la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario. En el presente caso, tales

esta prestación deb ían cumplirse ciert as exigencias, entre ell as, la afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario. En el presente caso, tales condiciones no se cumpl ieron, pues la actora nunca estuvo afiliada a dicho régimen.

6.7. Sin perjuicio de lo anterior, la ESE Hospital San Rafael de Chinú incumplió con su deber de solicitar la inclusión de sus servidores como beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional , dentro del término legal de 2 meses . En atención a la ausencia de información que dem ostrara lo contrario, se presum ía que la responsabilidad en este caso recaía sobre la entidad empleadora.

6.8. Por último, se configuraron las siguientes excepciones: i) falta de condiciones para el nacimiento del derecho; ii) inexistencia de la obligación; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; iv) cobro de lo no debido; y v) la genérica.5

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024)

Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo

7. La ESE Hospital San Rafael de Chinú también se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos6:

7.1. Aunque esta institución fue la empleadora de la demandante, ello no implicaba que era la responsable del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la

las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos6:

7.1. Aunque esta institución fue la empleadora de la demandante, ello no implicaba que era la responsable del reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En este asunto, los aportes se realizaron a la Caja Departamental de Previsión Social, entidad que fue sustituida por el Fondo Territorial de Pensiones, cuyas funciones, a su vez, fueron asignadas a la Secretaría de Gestión Administrativa del departamento de Córdoba.

7.2. En consecuencia, le correspondía al departamento de Córdoba asumir el reconocimiento de dicha prestación, conforme con lo establec ió de manera expresa en el Decreto 1730 de 2001 , según el cual «(e)n caso de que la administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales».

7.3. Por último, se configuraron las excepciones de: i) ausencia de fundamentos facticos y jurídicos que permit ieran la prosperidad de las pretensiones ; y ii) inexistencia del derecho y de la obligación.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, en sentencia proferida el 17 de junio de 2022 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda. Para el efecto , declaró la nulidad del acto administrativo acusado y condenó al departamento de Córdoba a reconocer a favor de la actora la

demanda. Para el efecto , declaró la nulidad del acto administrativo acusado y condenó al departamento de Córdoba a reconocer a favor de la actora la indemnización sustitutiva de pensión según el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, por haber laborado en la ESE Hospital San Rafael de Chinú en los periodos comprendidos entre el 1 de agosto de 1 976 y el 30 de septiembre de 1980. Ello, en consideración con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001 para efectos de determinar la cuantía de la prestación.

9. Asimismo, la providencia de primera instancia declaró no probadas las excepciones de «falta de condiciones para el nacimiento del derecho», «inexistencia de la obligación», «falta de legitimación en la causa por pasiva » y «cobro de lo no debido» formuladas por el departamento de Córdoba . Igualmente, declaró no probada la excepción de «ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos que permitan la prosperidad de las pretensiones» propuesta por la ESE Hospital San Rafael de Chinú probada la denominada «inexistencia del derecho y de la obligación».

6 Samai. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «4ED_23001233300020180002(.zip) NroActua 2 », carpeta «23001233300020180002600», archivo «01expediente_230012333000201800026.pdf», folios 135 a 140.6

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024)

Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo

10. Luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, el

tribunal fundamentó su decisión en lo siguiente7:

10.1. La demandante cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, toda vez que i) alcanzó la edad para obtener la pensión de vejez, sin haber cotizado el mínimo de semanas requerido; y ii) estaba en la imposibilidad de continuar con las cotizaciones a pensión.

10.2. Los períodos laborados por la demandante eran válidos y constituían fundamento fáctico y jurídico suficiente para acceder al derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez . Ello en la medida en que no era exigible que dichos períodos se hubieran desarrollado en vigencia de la Ley 100 de 1993, ni que la actora tuviera la calidad de afiliada al sistema al momento de presentar la reclamación, conforme con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado8.

10.3. En consecuencia, carecía de fundamento lo indicado por la Secretaría de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba, cuando señaló que las personas como la actora que estaban afiliadas a la Caja Departamental de

10.3. En consecuencia, carecía de fundamento lo indicado por la Secretaría de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba, cuando señaló que las personas como la actora que estaban afiliadas a la Caja Departamental de Previsión Social antes de la Ley 100 de 1993 no cotizaban a pensión, sino que el Estado asumía las pensiones a través de distintas cajas de previsión.

10.4. Esta situación no impedía acceder a las prestaciones sociales legales, puesto que los periodos laborados como servidor público o las cotizaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 serían tenidas en cuenta para reconocer las prestaciones pensionales previstas en ella.

10.5. La obligación recaía sobre el departamento de Córdoba . Según los formatos de certificación de información laboral expedidos por la ESE Hospital San Rafael de Chinú , los descuentos para aportes a la seguridad social en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1976 a 30 de septiembre de 1980, tiempo efectivamente laborado, fueron realizados a la Caja Departamental de Previsión Social de ese departamento.

10.6. Esta situación fue prevista desde el acto de posesión de la demandante, donde se estipuló su afiliación a la Caja Departamental de Previsión Social, a partir del 1 de agosto de 1976.

10.7. En aras de salvaguardar los derechos a la peticionaria, no eran oponibles las

7 Samai. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «4ED_23001233300020180002(.zip) NroActua 2 », carpeta «23001233300020180002600», archivo «02Sentencia.pdf».

7 Samai. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «4ED_23001233300020180002(.zip) NroActua 2 », carpeta «23001233300020180002600», archivo «02Sentencia.pdf». 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2010, radica do: 11001-0324-000-2006-00322-00(0984-07). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de octubre de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2013-05748-01(4501-17).7

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024) Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo acciones u omisiones realizadas por las entidades. En ese sentido, su falta de inclusión en la lista de beneficiarios que debió remitir la ESE Hospital San Rafael de Chinú al departamento de Córdoba no podía afectar a la solicitante como tampoco cualquier otra omisión alegada por el ente territorial.

10.8. No era procedente declarar la nulidad de acto ficto o presunto negativo producto del silencio administrativo de la ESE Hospital San Rafael de Chinú frente a la petición radicada por la actora el 3 de agosto de 2016, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez; toda vez que a quien le correspondía pagar dicha prestación era al departamento de Córdoba.

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez; toda vez que a quien le correspondía pagar dicha prestación era al departamento de Córdoba.

10.9. Acorde con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso9 era procedente la condena en costas a la vencida, pues se encontraba acreditada su causación.

1.4. El recurso de apelación

11. El departamento de Córdoba interpuso recurso de apelación en el que expuso

los siguientes argumentos10:

11.1. La demandante no realizó aportes a una entidad administradora del régimen de pensiones antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. En el expediente tampoco obraba prueba alguna de las consignaciones efectuadas por el Hospital San Rafael de Chinú ante la extinta Caja Departamental de Previsión Social , por concepto de aportes pensionales a favor de Rosa Elvira Álvarez Izquierdo . Por tanto, no le asistía el derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

11.2. La única responsabilidad que tenía el departamento de Córdoba en relación con las prestaciones sociales de los empleados o trabajadores de las distintas ESE se derivaba del contrato interadministrativo de concurrencia 492 de 1999, suscrito con el Ministerio de Salud. El objeto de dicho contrato conforme con la Resolución 2203 del 29 de julio de 1999, era el de concurrir en el pago de la deuda prestacional correspondiente a los funcionarios y exfuncionarios vinculados a la planta de personal del entonces Dep artamento de Salud de Córdoba «DASALUD», hoy

2203 del 29 de julio de 1999, era el de concurrir en el pago de la deuda prestacional correspondiente a los funcionarios y exfuncionarios vinculados a la planta de personal del entonces Dep artamento de Salud de Córdoba «DASALUD», hoy Secretaría de Desarrollo de la Salud, y de los hospitales de la región, entre ellos el Hospital de Chinú.

11.3. Una vez revisado el listado de beneficiarios del pasivo prestacional del sector salud del departamento, se constató que la solicitante no se encontraba registrada

9 En lo que sigue CGP. 10 Samai. Índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL », documento «4ED_23001233300020180002(.zip) NroActua 2 », carpeta «23001233300020180002600», archivo «03Rec.Apelacion.pdf».8

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024) Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo como beneficiaria. Así se podía verificar en los documentos aportados como prueba, en particular del convenio interadministrativo 492 de 1999, en el cual expresamente se consignó que la demandante no figuraba entre los beneficiarios del citado convenio. En consecuencia, le correspondía a la ESE Hospital San Rafael de Chinú , como empleadora, asumir cualquier obligación prestacional en

favor de Rosa Elvira Álvarez Izquierdo.

11.4. La ESE incumplió con su obligación de solicitar la inclusión de sus servidores

Rafael de Chinú , como empleadora, asumir cualquier obligación prestacional en favor de Rosa Elvira Álvarez Izquierdo.

11.4. La ESE incumplió con su obligación de solicitar la inclusión de sus servidores como beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional , dentro del plazo legal de 2 meses. Ante la ausencia de prueba en contrario, se presum ía que la responsabilidad por la omisión reca ía en la entidad empleadora, conforme con el principio de carga de la prueba y a los deberes que le eran exigibles en materia de gestión prestacional.

11.5. La condena en costas resultaba improcedente, toda vez que no obraba en el plenario evidencia alguna de que se hubieran causado expensas que justificaran su imposición.

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. Concepto del Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

14. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

11 Tal y como se indicó en el auto del 22 de marzo de 2024. Samai, índice 6, actuación «Auto que admite recurso de apelación », documento «8AUTOQUEADMITE_10902024ADMITERECURS(.pdf) NroActua 6».9

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024)

Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo 2.2. Problemas jurídicos

15. Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes: ¿Rosa Elvira Álvarez Izquierdo tiene derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, por el tiempo que prestó sus servicios en la ESE Hospital San Rafael de Chinú, esto es, entre el 1 de agosto de 1976 y el 30 de septiembre de 1980? En caso de que la anterior respuesta sea afirmativa, se deberá determinar si ¿corresponde su pago al departamento de Córdoba?

16. Asimismo, si ¿resultaba procedente la condena en costas impuesta a ese departamento en primera instancia?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La indemnización sustitutiva de la pensión

17. Una de las contingencias que se aseguran a través del Sistema General de

departamento en primera instancia?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La indemnización sustitutiva de la pensión

17. Una de las contingencias que se aseguran a través del Sistema General de Pensiones es la vejez, con la finalidad de proteger al trabajador que una vez llega a una edad en la que no puede seguir laborando pueda percibir un ingreso que le garantice un mínimo vital y una congrua subsistencia.

18. La Corte Constitucional en sentencia C-177 de 1998 se refirió a la pensión de vejez como una compensación a la actividad desarrollada por un tiempo considerable y que genera la disminución de la fuerza laboral. Por su parte, en la sentencia C-230 de ese año señaló que no se trataba de un derecho gratuito, sino que surgía por la acumulación de cotizaciones y de tiempos de servicio efectuados por el trabajador.

19. Ahora bien, el reconocimiento de la pensión de vejez depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, ya sea del sistema general de pensiones o de alguno de los regímenes anteriores a su entrada en vigor. No obstante, en ocasiones, las personas no logran reunir los requisitos dispuestos para acceder a esa prestación, por lo que en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 se dispuso una herramienta compensatoria denominada indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, que también procede cuando no se cumple con los requisitos para obtener las pensiones por invalidez (art. 45) y sobrevivencia (art.

49).

20. Al respecto el artículo ibidem estableció lo siguiente:

«Artículo 37. indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que

49).

20. Al respecto el artículo ibidem estableció lo siguiente:

«Artículo 37. indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por10

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Radicado: 23001-23-33-000-2018-00026-01 (1090-2024) Demandante: Rosa Elvira Álvarez Izquierdo el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado».

21. La disposición transcrita fue reglamentada a través del Decreto 1730 del 27 de agosto de 2001 12 y en su artículo 1 dispuso que el reconocimiento de la indemnización en el régimen de prima media con prestación definida podía originarse cuando «con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones» se

presentaran las siguientes situaciones:

«a) Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;

b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al

de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando;

b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993;

c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic) que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993;

d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto -Ley 1295 de 1994 13, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994».

22. Por su parte, artículo 2 del Decreto 1730 de 2001 estableció lo siguiente:

«Artículo 2. - Reconocimiento de la indemnización sustitutiva. Cada Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado.

En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales.

En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar

sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales.

En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a cargo de la caja o fondo que reconozca las pensiones.

Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la tot

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