CE - Sentencia 23001233300020180023801 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973)

Demandantes: REMBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA Y OTROS

Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Acción: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA - PÉRDIDA DE SEMOVIENTES

Síntesis del caso: el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería (Córdoba) en el proceso no. 2008-00086 de separación, disolución y liquidación de una sociedad conyugal dispuso el embargo y secuestro de varias reses, algunas de propiedad del señor Remberto Miguel Fernández García y otras de propiedad de terceros en los cuales aquel participaba en las utilidades de la actividad ganadera; años después de haberse materializado las anteriores medidas cautelares, el juzgado dispuso la exclusión de la partida de semovientes de los inventarios correspondientes a la sociedad conyugal y ordenó la entrega de los ejemplares al aquí demandante; sin embargo, se aduce que la deficiente administración y custodia de dichos bienes y la dilación en el cumplimiento de la orden de entrega impidió que el señor Remberto Fernández recibiera la totalidad de las reses que fueron objeto de las medidas cautelares inicialmente impuestas; asimismo, que se cometieron errores en

custodia de dichos bienes y la dilación en el cumplimiento de la orden de entrega impidió que el señor Remberto Fernández recibiera la totalidad de las reses que fueron objeto de las medidas cautelares inicialmente impuestas; asimismo, que se cometieron errores en varias providencias judiciales. La Sala modifica la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Rama Judicial1 en contra de la sentencia proferida el 23 de enero de 2025 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba2 que dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad y buena (sic) del demandado y mala fe del demandante, según se motivó.

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a la NaciónRama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, por los perjuicios causados al demandante con ocasión a la no devolución de los bienes embargados y secuestrados en la diligencia del 20 de junio de 2008 (sic).

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura a pagar a favor del señor Remberto Miguel Fernández

1 Archivo “26ED_25ApelacionRamaJudic(.pdf)”, índice 2 SAMAI. 2 Archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI.Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

2 García, a título de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad

Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

2 García, a título de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma de ciento treinta y seis millones novecientos cincuenta y nueve mil trescientos treinta y dos pesos $136.959.332 pesos.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura a pagar a favor del señor Remberto Miguel Fernández García, a título de indemnización de perjuicios morales por la suma de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de perjuicios morales.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, Archívese el expediente.” (fls. 23 a 24 archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 16 de mayo de 2018 3, los señores Remberto Miguel Fernández García, Miladys del Carmen Romero Zúñiga, Miguel Ernesto Fernández Romero, Liliana Fernández Estrella, Juan Fernando Fernández Solera y Rubén Dionisio Fernández García , por intermedio de apoderado judicial promovi eron demanda de reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) en contra de la Nación - Rama Judicial4 con las siguientes súplicas:

“Primera.- Que la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) en contra de la Nación - Rama Judicial4 con las siguientes súplicas:

“Primera.- Que la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, persona jurídica de derecho público, de carácter nacional, desconcentrada, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá DC, son administrativa y patrimonialmente responsables en forma solidaria de los perjuicios materiales y morales causados a los señores Remberto Miguel Fernández García, Miladys Del Carmen Romero Zúñiga, Miguel Ernesto Fernández Romero, Liliana Fernández Estrella , Juan Fernando Fernández Solera y Rubén Dionisio Fernández García, por la falla o falta del servicio o de la institución con ocasión del proceso de Separación de Bienes, disolución y Liquidación de la Sociedad Conyugal instaurado por la señora Ana Tulia Rodríguez García cc. no. 23.084.522 en contra del señor Remberto Miguel Fernández García cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo de Familia del Circuito de la ciudad de Montería, radicado bajo el no. 086 de 2008, Libro 21, en cuyo trámite irregular a mi mandante Remberto Miguel Fernández Garc ía y a sus

3 Fl. 376 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf)”, índice 2 SAMAI. 4 Fls. 1 a 40 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2(.pdf)”, índice 2 SAMAI.Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973)

Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

3 familiares se la causaron daños de orden materiales, morales objetivados y morales subjetivados.

Primera subsidiaria de la primera. En subsidio a la falla o falta del servicio o de la administración por parte de las entidades demandadas, pido que excepcional y subsidiariamente se aplique el régimen de responsabilidad por daño especial , con base en los principios fundamentales del Estado Social de Derecho: Equidad, Solidaridad y Justicia Social.

Segunda subsidiaria de la primera. En subsidio a las anteriores declaraciones, invoco y fundamento mis peticiones en el principio Iura Novit Curia, a través del cual, alegados y probados los hechos por las partes, corresponde al Juez seleccionar y aplicar el régimen y la norma jurídica aplicable al caso específico.

Segunda.- Como consecuencia de las anteriores o similares declaraciones, condenar a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en forma solidaria, como reparación del daño, a indemnizar y pagar a la parte demandante, la totalidad de los siguientes daños y perjuicios:

1.- PERJUICIOS MATERIALES

1.1.- DAÑO EMERGENTE.

A.- GASTOS PROCESALES.

Por este concepto y en este momento procesal, la parte demandada (convocada) deberá indemnizar al señor Remberto Miguel Fernández García, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50000.000,oo), consistente en los gastos que ha tenido que erogar en

(convocada) deberá indemnizar al señor Remberto Miguel Fernández García, la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50000.000,oo), consistente en los gastos que ha tenido que erogar en abogados, peritos, transporte y gastos que sobrevinieron como consecuencia de la falla o falta o deficiencia del servicio de la administración de justicia dentro del proceso de separación de bienes, disolución y liquidación de la sociedad conyugal que insta uró la señora Ana Tulia Rodríguez García en contra de mi mandante señor Remberto Miguel Fernández García, que tramitó el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de la ciudad de Montería, radicación no. 086 de 2008, Libro 21.

1.2.- LUCRO CESANTE.

A) LUCRO CESANTE CONSOLIDADO.

Consistente en lo que dejaron de producir las fincas (i) Dos Bocas, (ii) Villa Lucy, (iii) Los Recuerdos, (iv) Villa Rocío, (v) Venezuela, (vi) Panorama y (vii) Florida, en la actividad propia de las fincas en las actividades ganaderas durante los años 2.012, 2.013, 2.014, 2.015, 2.016 y 2.017:

B) LUCRO CESANTE FUTURO.

a.- Por la pérdida del ganado vacuno y la proyección del mismo durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 asciende a la suma de

DOS MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL

los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 asciende a la suma de DOS MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($2.053910.000.oo), en un 50% $1.026955.000,oo.Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

4 b.- Por la pérdida de carneros y la proyección del mismo durante los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 asciende a la suma de $18000.000,oo en un 50% (sic) $90000.000,oo. c.- Por arrendamientos de tierra $300000.000,oo en un 50% $150000.000,oo Sub – Total (50%): $1.185955.000,oo. Lo anterior en un cincuenta por ciento (50%) que es la parte del señor Remberto Miguel Fernández García dentro de la sociedad conyugal Fernández – Rodríguez, es decir, la suma de $1.185955.000,oo.

B) LUCRO CESANTE FUTURO.

Lo calculo en el promedio anual del producido de los seis (6) años calculados para el lucro cesante consolidado por dos años, es decir, la suma de $500000 .000 estimado en el tiempo en que mi mandante demore en recuperarse al estado inicial de los daños.

1.3.- DAÑOS MORALES.

1.- PERJUICIOS MORALES OBJETIVADOS.

Por concepto de las repercusiones de los sentimientos de dolor, angustia

demore en recuperarse al estado inicial de los daños.

1.3.- DAÑOS MORALES.

1.- PERJUICIOS MORALES OBJETIVADOS.

Por concepto de las repercusiones de los sentimientos de dolor, angustia y zozobra que ha padecido y viene padeciendo Remberto Miguel Fernández García que ha tenido gran impacto en su patrimonio económico. En esta instancia procesal los señalo en una suma equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2017, es decir la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE

MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

PESOS M/CTE ($147543.400.oo).

2.- PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS.

Los señalo para cada uno de los demandantes en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2017, es decir la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($737.717,oo), para cada uno de los demandantes, para un total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($442630.200,oo); lo anterior, atendiendo que es una suma adecuada y justa para compensar el fuerte dolor padecido.” (fls. 3 a 5 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el

“4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI - mayúsculas fijas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1. La señora Ana Tulia Rodríguez García presentó demanda de separación de bienes, disolución y liquidación de la sociedad conyugal en contra de su cónyuge Remberto Miguel Fernández García, la cual correspondió por reparto al Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería (Córdoba) con el número de radicaciónExpediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

5 2008-00086.

1. Por auto del 11 de marzo de 2008 , el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería decretó el embargo y secuestro de vari os bienes denunciados como pertenecientes a la sociedad conyugal, entre ellos el ganado vacuno que pastaba en ocho (8) diferentes fincas ubicadas en el corregimiento de Palmira del municipio de Tierralta (Córdoba).

1. El mencionado juzgado de familia para materializar el embargo y secuestro de los semovientes comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba) y lo facultó para designar el secuestre encargado de su custodia y administración.

1. El 8 de julio de 2008 se realizó la diligencia de secuestro en la cual se hallaron “doscientos ochenta y dos semovientes”5.

y lo facultó para designar el secuestre encargado de su custodia y administración.

1. El 8 de julio de 2008 se realizó la diligencia de secuestro en la cual se hallaron “doscientos ochenta y dos semovientes”5.

1. Durante la audiencia de inventarios y avalúos se presentó controversia entre las partes por el avalúo de los animales que pertenecían a la sociedad conyugal, por lo cual se dispuso la determinación del mismo a través de una prueba pericial que fue rendida el 19 de octubre de 2009 , en esta última se estableció que cien (100) rumiantes pertenecían al señor Remberto Miguel Fernández García y ciento cuarenta y tres (143) cabezas de ganado fueron adquiridas en forma conjunta con

los señores Jaller Giraldo Quiceno y Jorge Gánem6.

1. En la etapa de partición y aprobación de los bienes que integraban la sociedad conyugal, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Montería en auto de 20 de febrero de 2013 “excluyó oficiosamente la partida de los ganados y dispuso su entrega a los propietarios referenciados en el acta de julio 8 de 2008”7; sin embargo,

5 El demandante en un inicio refirió que fueron 283 reses las secuestradas, a saber, “un (1) toro y doscientas ochenta y dos (282) reses (sic)”, para luego indicar que el número de semovientes que fueron objeto de medida cautelar en realidad fueron doscientos ochenta y dos (282) de conformidad con el acta de secuestro del 8 de julio de 2008 ; sin embargo, se debe precisar que la operación

fueron objeto de medida cautelar en realidad fueron doscientos ochenta y dos (282) de conformidad con el acta de secuestro del 8 de julio de 2008 ; sin embargo, se debe precisar que la operación aritmética de adición de cada uno de los semovientes relacionados en dicha acta de secuestro evidencia que en realidad se secuestraron doscientos ochenta (280) (fls. 209 a 210 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI.). 6 Se pone de presente que la demanda no refiere lo sucedido con los treinta y siete semovientes faltantes que, según el demandante, se encontraban en el inventario inicial del 8 de julio de 2008; de igual manera, el aquí actor tampoco demostró que esas treinta y siete reses fueran de su propiedad, como será explicado en el acápite del daño. 7 Fl. 10 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI.Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

6 la entrega de los semovientes a sus dueños se dilató injustificadamente , lo cual provocó que en la sentencia de 21 de enero de 2014 se ordenara de nuevo su restitución.

1. En providencia del 4 de mayo de 2015, el Juzgado de Familia del Circuito de Montería (Córdoba) consideró, de manera errada , que la secuestre Consuelo Herminia Berrio Solano era la persona que debía entregar el ganado vacuno a sus

Montería (Córdoba) consideró, de manera errada , que la secuestre Consuelo Herminia Berrio Solano era la persona que debía entregar el ganado vacuno a sus propietarios; no obstante, no se tuvo en cuenta que para aquella época dicha auxiliar de la administración de justicia i) tenía una medida de detención domiciliaria por la posible comisión de los delitos de falsedad documental, hurto y fraude procesal y, ii) no solo había dilapidado los bienes de la sociedad conyugal , sino que, también dilató la entrega del ganado , pues, en varias ocasiones no asistió a las diligencias programadas con tal propósito y fue renuente a su devolución.

1. En diligencia del 16 de noviembre de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta -despacho comisionado - entregó al señor Remberto Miguel Fernández García nueve (9) cabezas de ganado vacuno “como residuo de todo lo que existió”8.

1. Se configuró un daño antijurídico porque de “doscientos ochenta y dos semovientes” que se secuestraron y embargaron el señor Remberto Fernández García solo recibió nueve (9); además, en el periodo de los ocho (8) años que duraron las medidas cautelares las reses se reprodujeron y un simple ejercicio contable da cuenta que al final debieron obtenerse aproximadamente mil setecientas (1.700) cabezas de ganado.

1. La entidad demandada es patrimonialmente responsable porque el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería i) incluyó los semovientes como partida de la sociedad conyugal, para luego, por iniciativa propia, excluirl os; ii) no vigiló la

1. La entidad demandada es patrimonialmente responsable porque el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería i) incluyó los semovientes como partida de la sociedad conyugal, para luego, por iniciativa propia, excluirl os; ii) no vigiló la actuación de la secuestre, esta última nunca tomó posesión del cargo ni prestó caución, además, se designó como depositario de los animales a una persona que no estaba autorizada sin que el juzgado hiciera alguna actuación para conjurar dicho

8 Fl. 16 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI.Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

7 aspecto9; iii) la secuestre falsificó la firma de la juez de conocimiento para disponer de los bienes de la sociedad conyugal sin reportar dichas ventas ni rendir informes de su gestión, circunstancias frente a las que el juzgado permaneció indiferente; v) fue permisivo en la dilación de la entrega de los semovientes previamente dispuesta lo cual provocó la venta no autorizada de algunos y la desaparición de otros y, vi) no adoptó las medidas sancionatorias y correctivas necesarias para evitar “la actuación fraudulenta, ilegal y delictual de la secuestre señora Consuelo Herminia Berrío Solano en asociación con la demandante señora Ana Tulia Rodríguez García y los hijos matrimoniales Brenda Fernández Rodríguez y Remberto José Fernández Rodríguez”10.

3. Contestación de la entidad demandada

Berrío Solano en asociación con la demandante señora Ana Tulia Rodríguez García y los hijos matrimoniales Brenda Fernández Rodríguez y Remberto José Fernández Rodríguez”10.

3. Contestación de la entidad demandada

Por auto del 3 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda y ordenó la notificación de la Nación - Rama Judicial11, quien en escrito radicado el 23 de enero de 201912 expuso los siguientes argumentos de defensa:

1. Debe prosperar la excepción de “caducidad de la acción de reparación directa” porque la imputación efectuada por la parte demandante se contrae al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la posible actuación arbitraria de la secuestre designada en el proceso de separación de bienes, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, actuación que el señor Remberto Miguel Fernández García puso en conocimiento del Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería el 12 de diciembre de 2011 ; en consecuencia transcurrieron más de dos años entre esta fecha, la solicitud de conciliación prejudicial (22 de noviembre de 2017) y la presentación de la demanda (16 de mayo de 2018).

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la supuesta omisión del Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería frente

9 La demanda refiere que la secuestre Consuelo Herminia Berrio Solano designó al señor Remberto José Fernández Rodríguez como depositario y “administrador” de los animales secuestrados y embargados; no obstante, este último era hijo de la pareja en disputa en el proceso de separación

José Fernández Rodríguez como depositario y “administrador” de los animales secuestrados y embargados; no obstante, este último era hijo de la pareja en disputa en el proceso de separación de bienes, disolución y liquidación de la sociedad conyugal; en la acción de la referencia se indica que el juzgado de familia prohibió expresamente su designación como depositario. 10 Fl. 21 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI. 11 Fl. 377 a 378 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI. 12 Fls. 387 a 401 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI.Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

8 a las actuaciones irregulares de la secuestre Consuelo Herminia Berrio Solano, se acredita que mediante auto dictado el 1º de marzo de 2012 dicha auxiliar de la justicia fue removida del cargo y por auto del 8 de agosto de 2012 se declararon sin validez los informes que rindió ; por consiguiente, también operó la caducidad del medio de control judicial ejercido con la demanda.

1. El daño alegado por la parte demandante consistente en la afectación económica y moral que el señor Remberto Miguel Fernández García afirma haber padecido por cuenta de la actuación arbitraria e irregular de la secuestre Consuelo Herminia Berrio Solano, no puede serle atribuido porque el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería tan pronto se dio cuenta de la actuación irregular de aquella la

cuenta de la actuación arbitraria e irregular de la secuestre Consuelo Herminia Berrio Solano, no puede serle atribuido porque el Juzgado Segundo del Circuito de Familia de Montería tan pronto se dio cuenta de la actuación irregular de aquella la removió de su cargo, por ende, no existió una omisión en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la autoridad judicial.

1. Las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Montería tienen sustento legal y se ajustaron a derecho, entre ellas la determinación de excluir la partida de semovientes de la liquidación de la sociedad conyugal cuya motivación se expuso en el auto del 20 de febrero de 2013.

1. No hubo complacencia del juzgado de familia frente a los actos arbitrarios de la secuestre, por el contrario, aquel comunicó a las autoridades competentes las irregularidades presentadas para ser investigadas, tampoco existió una dilación en la entrega de los semovientes como puede verificarse en el proceso de separación de bienes, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, en el cual reposan las actuaciones encaminadas a materializar la decisión de entrega.

1. Debe declararse la excepción de “buena fe de la demandada y mala fe del demandante”, pues, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Montería asumió con responsabilidad las funciones que le eran propias en el trámite del proceso judicial, mientras que la molestia del demandante se origina en la frustración o imposibilidad de aprovecharse de los bienes sociales por un tiempo mayor, pues, a partir del 6 de julio de 2011 se relevó al secuestre que lo había designado como

judicial, mientras que la molestia del demandante se origina en la frustración o imposibilidad de aprovecharse de los bienes sociales por un tiempo mayor, pues, a partir del 6 de julio de 2011 se relevó al secuestre que lo había designado como depositario de dichos bienes.Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

9

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Tercera de Decisión en providencia del 23 de enero de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en la forma indicada en el inicio de la presente providencia , con base en el siguiente razonamiento:

1. El daño alegado es imputable a la entidad demandada porque se acreditó que en el referido proceso de separación de bienes, disolución y liquidación de sociedad conyugal no. 23001311000220080008600 se dispuso el embargo y secuestro del ganado vacuno que pastaba en ocho (8) diferentes fincas en los municipios de Tierralta y Montería (Córdoba) , algunos de propiedad del señor Remberto Fernández García 13 y otros en los que tenía participación en las utilidades que aquellos produjeran14; durante la diligencia que materializó las medidas cautelares se hallaron “doscientos ochenta y dos (282) ejemplares”15, empero, una vez se dispuso el levantamiento de aquellas solo le devolvieron nueve (9) semovientes.

1. Igualmente se demostró el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que incurrió la Nación - Rama Judicial, porque i) fue designado como

dispuso el levantamiento de aquellas solo le devolvieron nueve (9) semovientes.

1. Igualmente se demostró el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que incurrió la Nación - Rama Judicial, porque i) fue designado como depositario provisional de los bienes el señor Remberto José Fernández Rodríguez -hijo de las partes en litigio en el proceso de separación de bienes -, pese a que el juzgado de familia de manera previa expuso que aquel no podía serlo; ii) una de las secuestres designadas, sin tomar posesión del cargo ni prestar la correspondiente caución, utilizó documentos que no procedían del Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Montería para obtener acompañamiento policial en el lugar donde se encontraban los semovientes , ocupó los bienes secuestrados y dispuso de los mismos sin entregar cuentas de gastos ni los dineros que pudo obtener por la

13 A partir del avalúo rendido en el proceso de familia del 19 de octubre de 2009 el tribunal concluyó que cien (100) cabezas de ganado pertenecían a la sociedad conyugal, de modo que al demandante le correspondían cincuenta (50) reses (fl. 22 archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI). 14 El tribunal encontró que ciento cuarenta y tres (143) cabezas de ganado pertenecían a los señores Jaller Giraldo y Jorge Ganem y reconoció el 50% del valor de dichos semovientes en favor del señor Remberto Miguel Fernández García porque “se encontraban a partir utilidad” (fl. 22 archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI.

Remberto Miguel Fernández García porque “se encontraban a partir utilidad” (fl. 22 archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI. 15 Aunque la diligencia de secuestro del 8 de julio de 2008 refirió que en su totalidad había doscientos ochenta y dos semovientes, l a suma de todo el ganado bovino que fue objeto de medida cautelar arroja que en realidad se secuestraron doscientas ochenta (280); no obstante, el demandante reclama sobre doscientas ochenta y tres (283), número que tuvo en cuenta el a quo (fls. 209 a 210 archivo “4ED_01ExpedienteDigitali(.pdf)”, índice 2 SAMAI.).Expediente 23001-23-33-000-2018-00238-01 (72.973) Actor: Remberto Fernández García y otros Reparación directa Apelación sentencia

10 explotación de la actividad ganadera; de igual manera, tampoco justificó lo ocurrido con las reses que estaban a su cargo y, iii) finalmente, se probó que no le fueron restituidas la totalidad de reses de propiedad del actor por cuanto solo recibió nueve (9) de las cincuenta (50) de las cuales era propietario (las otras 50 eran de la sociedad conyugal), así como tampoco recibió el 50% de las 143 vacas en las que recibía utilidades.

1. Es procedente el reconocimiento de la indemnización por daño emergente, pues, se acreditaron tanto la pérdida del ganado de propiedad del señor Remberto Miguel Fernández García como de los semovientes en los que también tenía participación,

con apoyo en las siguientes consideraciones:

“Ahora bien, lo que sí está acreditado es la pérdida del ganado que el

Fernández García como de los semovientes en los que también tenía participación, con apoyo en las siguientes consideraciones:

“Ahora bien, lo que sí está acreditado es la pérdida del ganado que el actor incluyó en el concepto de lucro cesante, y en tal sentido en el expediente reposa el avalúo de fecha 19 de octubre de 2009 realizado al interior del proceso 086 de 2008, en el cua l se precisan que para esa fecha habían 143 cabezas de ganado y un total de $95.300.000 pesos a partir utilidad con los señores Jaller Giraldo y Jorge Ganem y el señor Remberto Fernández tiene 100 cabezas por un valor de $50.500.000 pesos, así mismo está acreditado que al demandante solo se entregaron 9 cabezas de ganado, por lo cual se colige que a dichos $50.500.000 deben descontarse $5.250.000 pesos16 por concepto del ganado recibido, lo que daría un total de $45.250.000 pesos por concepto de las vacas que este tenía a su nombre de los cuales la mitad le correspondería al demandante (dado que hacían parte de la sociedad conyugal), esto es, $22.625.000 pesos, más el 50 % de los semovientes que se encontraban a partir utilidad para un total de $47.650.000 pesos, y en consecuencia se debe condenar a $67.875.000 pesos, que equivalen a la suma del 50% del ganado que el actor tenía a partir utilidad, esto es, $ 47.650.000 más los 22.625.000 que eran de su propiedad.” (fl. 22 archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI).

1. Igualmente hay lugar a la indemnización de perjuicios morales en favor del actor,

los 22.625.000 que eran de su propiedad.” (fl. 22 archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI).

1. Igualmente hay lugar a la indemnización de perjuicios morales en favor del actor, quien demostró la existencia del perjuicio con los testimonios recaudados en el proceso de la referencia. Se n iegan las demás pretensiones por no estar acreditadas.

16 Cita 25 del texto original : “Corresponde al valor de 6 vacas horras por valor unitario de $650.000 pesos y 3 terneros de levante por valor unitario de 450.000 pesos” (fl. 22 archivo “24ED_23Sentenciapdf(.pdf)”, índice 2 SAMAI.)Expediente 2300