CE - Sentencia 23001233300020180033601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio1, departamento de Córdoba y municipio de San Carlos

Temas: Sanción Moratoria. Cesantías anualizadas. Docente. Prescripción

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación propuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, mediante la cual se declaró probada la excepción de prescripción trienal.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Alfredo José Soto Vega presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que

1 En adelante Fomag.

nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que

1 En adelante Fomag. 2 La demanda fue presentada el 7 de julio de 2015. Folio 32 del expediente escaneado en el índice 2 de Samai. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023) Demandante: Alfredo José Soto Vega se declarara la nulidad del Oficio 0006 del 4 de enero de 2018 proferido por el municipio de San Carlos, Córdoba; del acto ficto presunto negativo generado por la falta de pronunciamiento por parte del departamento de Córdoba frente a la solicitud interpuesta el 11 de diciembre de 2017; y del Oficio 2017-EE-2177504 expedido por el Ministerio de Educación Nacional , por medio de los cuales se negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías de los años 2004 a 2010.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 y reglamentada en el Decreto 1582 de 1998 por la falta de consignación del auxilio de cesantías anualizadas de los años 2004 a 2010, en cuantía de $113.252 por cada día de mora; ii) el ajuste del valor de la condena de acuerdo con el índice de precios al consumidor de acuerdo con lo indicado en el artículo 187 del CPACA; iii) los

día de mora; ii) el ajuste del valor de la condena de acuerdo con el índice de precios al consumidor de acuerdo con lo indicado en el artículo 187 del CPACA; iii) los intereses moratorios en los términos del artículo 188 ibidem; y iv) la condena en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:

3.1. Alfredo José Soto Vega laboró como como docente de la planta del municipio de San Carlos, asimilado por el departamento de Córdoba en el año 2003, desde el 19 de noviembre de 2004 hasta la fecha de radicación de la demanda y alcanzó el grado 14 del escalafón docente nacional.

3.2. El 11 de diciembre de 2017, presentó ante el municipio de San Carlos, el departamento de Córdoba y el Ministerio de Educación Nacional solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria señalada en la Ley 334 de 1996, por la no consignación del auxilio de cesantías de los años 2004 a 2010.

3.3. El municipio de San Carlos y el Ministerio de Educación Nacional resolvieron negativamente la anterior petición por medio de los oficios 0006 del 4 de enero de 2018 y 2017 -EE-217750, respectivamente, mientras que el departamento de Córdoba guardó silencio, por lo que se configuró un acto ficto presunto negativo frente a esa entidad territorial.

4 Sin fecha. 5 Folios 6 al 8 del documento «01 expediente_230012333000201800336.pdf» del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia.3

frente a esa entidad territorial.

4 Sin fecha. 5 Folios 6 al 8 del documento «01 expediente_230012333000201800336.pdf» del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia.3

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023) Demandante: Alfredo José Soto Vega 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 13, 29, 53 y 209 de la Constitución Política; «20 del Código de Procedimiento Civil» [sic]; 99 de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 334 de 1996; 83, 138, 187, inciso 4, 188, 192 y 195 del CPACA; 21 del Decreto 1063 de 1991; y 1 del Decreto de 1582 de 1998.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente6:

5.1. De acuerdo con lo indicado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, los docentes que se vincularan al servicio público educativo con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 tendrían derecho a que el auxilio de cesantías les sea consignado a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación en el fondo administrador que el empleado escoja.

5.2. De acuerdo con la fecha de vinculación de Alfredo José Soto Vega que corresponde al 19 de noviembre de 2004, le son aplicables las normas invocadas y por lo tanto su empleador debió consignar anualmente las cesantías causadas, ante cuyo incumplimiento debe reconocerse la sanción que señala la Ley 344 de 1996,

por lo tanto su empleador debió consignar anualmente las cesantías causadas, ante cuyo incumplimiento debe reconocerse la sanción que señala la Ley 344 de 1996, que corresponde al equivalente a un día de salario por cada día de mora.

5.3. En caso de que se considere que el Oficio 2017-EE-217750 no es un acto administrativo sujeto de control judicial por no decidir de fondo lo solicitado, debe entenderse que respecto de esa entidad se causó el silencio administrativo negativo, pues no se obtuvo una respuesta positiva o negativa frente a lo pretendido.

1.2. Contestación de la demanda

6. La nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag, se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se expresan a continuación7:

6.1. De acuerdo con lo señalado en el Decreto 2831 de 2005, el pago de las cesantías del personal docente es un trámite que debe adelantarse de manera conjunta entre la entidad territorial, a quien se le encargó la expedición del acto administrativo de reconocimiento del derecho, y la administradora fiduciaria que en este caso es la Fiduprevisora SA, que debe realizar el pago en estricto orden cronológico de acuerdo con la disponibilidad de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda

6 Folios 9 y 10 del documento «01 expediente_230012333000201800336.pdf» del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia. 7 Folios 50 al 69 del documento «01 expediente_230012333000201800336.pdf» del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia.4

digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia. 7 Folios 50 al 69 del documento «01 expediente_230012333000201800336.pdf» del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia.4

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega

y Crédito Público.

6.2. El reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de cesantías está dispuesto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, normas de carácter general que no son aplicables al demandante, cuya situación está regida por la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2835 de 2005 normas especiales para el personal docente y que no prevén el reconocimiento de dicha sanción, sino que, por el contrario, señalaron que el pago estaría sujeto a la condición suspensiva atada a la disponibilidad presupuestal.

6.3. Son procedentes las excepciones de: i) inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma; ii) pago; iii) cobro de lo no debido; iv) compensación; v) buena fe; y vi) la genérica e innominada.

7. El departamento de Córdoba solicitó que se negaran las pretensiones de la

demanda. El pronunciamiento fue el siguiente8:

7.1. La Ley 344 de 1996 extendió el régimen de cesantías anualizadas a todos los servidores que se vincularan al servicio púbico a partir del 31 de diciembre de 1996 y se afiliaran a un fondo privado , mientras que el Decreto 1582 de 1998 hizo lo

servidores que se vincularan al servicio púbico a partir del 31 de diciembre de 1996 y se afiliaran a un fondo privado , mientras que el Decreto 1582 de 1998 hizo lo propio respecto de la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y procedente solo para aquellos casos en los que la consignación del auxilio de cesantías no se realizara en tiempo, esto es el 15 de febrero siguiente al año liquidado.

7.2. El demandante fue nombrado como docente del municipio de San Carlos por medio del Decreto 067 del 31 de octubre de 2001 y luego fue incorporado a la planta docente del departamento de Córdoba. Debido a que el citado municipio no lo había afiliado al Fomag, el departamento realizó dicha afiliación el 2 de marzo de 2011 . Los dineros correspondientes a las cesantías fueron enviados a esa entidad por parte de la Fiduprevisora aunque el demandante no estuviera afiliado, debido a que los giros se realizan de acuerdo con la planta viabilizada y no a partir del número de docentes afiliados.

7.3. Son procedentes las excepciones de: i) inexistencia del derecho reclamado; ii) falta de legitimación por pasiva, pues quien debe realizar el pago de cesantías es el Fomag y no el departamento; y iii) prescripción.

8 Folios 77 al 88 del documento «01 expediente_230012333000201800336.pdf» del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia.5

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega

8. El municipio de San Carlos también se opuso a la prosperidad de las

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Demandante: Alfredo José Soto Vega

8. El municipio de San Carlos también se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio de control, de acuerdo con las siguientes consideraciones9:

8.1. El acto administrativo por medio del cual se negó el reconocimiento de la sanción pretendida por el demandante se ajusta al ordenamiento jurídico, pues para el año 2004 Alfredo José Soto Vega ya no hacía parte de la nómina del municipio, sino del departamento de Córdoba, lo que quiere decir que durante el periodo reclamado no existió ningún tipo de relación laboral, en atención a la incorporación a la planta del departamento que tuvo lugar en el año 2003.

8.2. Son procedentes las excepciones de: i) inexistencia de relación laboral entre demandante y municipio demandado con relación a las vigencias 2004 a 2010; ii) cobro de lo no debido; y iii) falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión, en sentencia proferida el 19 de noviembre de 2020 10, declaró probada la excepción de prescripción y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas de primera instancia de acuerdo con las siguientes

consideraciones:

9.1. De acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, el demandante fue nombrado docente del municipio de San Carlos, Córdoba, a través del Decreto 067 de 2001. Sin embargo, debido a que el citado municipio no está certificado en

9.1. De acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, el demandante fue nombrado docente del municipio de San Carlos, Córdoba, a través del Decreto 067 de 2001. Sin embargo, debido a que el citado municipio no está certificado en educación por parte del Ministerio de Educación Nacional, fue asimilado a la planta del departamento desde el 31 de octubre de ese año.

9.2. Alfredo José Soto Vega solo fue afiliado al Fomag por parte del departamento de Córdoba el 2 de marzo de 2011, como puede corroborarse con la certificación expedida por esa entidad territorial, lo que quiere decir que hasta ese momento se encontraba cobijado por el régimen anualizado de cesantías.

9.3. De acuerdo con lo anterior, deben aplicarse las reglas de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 6 de agosto de 2020 en la que se establecieron las reglas para computar el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990.

9 Folios 164 al 176 del documento «01 expediente_230012333000201800336.pdf» del expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia. 10 Documento «02 SENTENCIA.pdf» en el expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia.6

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega

9.4. En atención a que el periodo sobre el que recae la solicitud de sanción moratoria es el comprendido entre los años 2004 y 2010, debe entenderse configurada la

Demandante: Alfredo José Soto Vega

9.4. En atención a que el periodo sobre el que recae la solicitud de sanción moratoria es el comprendido entre los años 2004 y 2010, debe entenderse configurada la prescripción porque la reclamación administrativa tuvo lugar el 11 de diciembre de 2017, es decir más de 3 años después de la fecha de exigibilidad de cada año liquidado que están comprendidas entre el 15 de febrero de 2008 y el 15 de febrero de 2014.

9.5. No hubo lugar a emitir condena en costas por no estar probada la causación de expensas que la justifiquen.

1.4. El recurso de apelación

10. Alfredo José Soto Vega presentó recurso de apelación con base en los siguientes

argumentos11:

10.1. De acuerdo con la sentencia de unificación CE-SUJ004 de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la prescripción en materia de sanción moratoria «opera de manera parcial frente a las porciones de sanción respecto de la cual no se hizo la reclamación en tiempo », por lo que debe entenderse que en el presente caso prescribieron las porciones de sanción anteriores al 11 de diciembre de 2014, pero no respecto de todo lo reclamado como se decidió en primera instancia.

10.2. El tribunal aplicó la tesis desarrollada en la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de 2020 del Consejo de Estado, la cual no se encontraba vigente al momento de la radicación de la demanda.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 20 de octubre de 202312.

momento de la radicación de la demanda.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 20 de octubre de 202312.

Posteriormente, mediante proveído del 15 de marzo de 202413, el despacho ponente prescindió de la audiencia de alegatos y juzgamiento y ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto.

12. La parte demandante alegó de conclusión en el sentido de insistir en los argumentos expuestos en el recurso de apelación14.

11 Documento «05 Recurso de Apelacion.pdf» en el expediente digitalizado en el índice 2 de Samai de la segunda instancia. 12 Índice 4 de Samai. 13 Índice 9 de Samai. 14 Índice 13 de Samai.7

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega

13. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional en memorial visible en el índice 17 del portal Samai alegó la presunta configuración del fenómeno de la cosa juzgada por la supuesta identidad de partes, causa y objeto de este asunto respecto del proceso 23001-33-33-009-2022-00057-00.

14. Con ocasión de lo anterior se profirió el auto del 3 de octubre de 2025 en el que se ofició al Juzgado Noveno Administrativo de Montería para que remitiera por medios digitales el aludido expediente y se ordenó correr traslado a las partes una vez se allegara el material solicitado, pero guardaron silencio.

se ofició al Juzgado Noveno Administrativo de Montería para que remitiera por medios digitales el aludido expediente y se ordenó correr traslado a las partes una vez se allegara el material solicitado, pero guardaron silencio.

1.6. El Ministerio Público

15. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia15.

2. Consideraciones

2.1. Problemas jurídicos

16. De acuerdo con los argumentos expuestos en l os recursos de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 16, se circunscriben a establecer ¿si el demandante tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria generada por la falta de consignación de las cesantías anualizadas de los años 2004 a 2010? En caso afirmativo ¿si el citado derecho está afectado por el fenómeno de la prescripción?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

15 Índice 9 de Samai. 16 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».8

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega

2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes

17. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella» , y estableció la liquidación anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales

en el momento de su promulgación, así:

«Artículo 2. ° […]

Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia

Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975.

[…]

Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.

[…]

3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.9

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.9

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional». [Se resalta]

18. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes,

proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el 1° de enero 1990, a quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmen te y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen anualizado.

19. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, correspon de a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»17.

20. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación 18, al decidir casos similares ha establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°

20. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación 18, al decidir casos similares ha establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15) 18 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad. 2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015 -00447-01; Subsección B: Sentencia del 13 de agosto de 2018 Rad.2014 -00683-01 y 2014 -00621-01; del 16 de ag osto de 2018, Rad. 2015 -10

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023) Demandante: Alfredo José Soto Vega de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 19, sostuvo lo

siguiente:

«[…] la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de

anterioridad a 31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:

1. Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;

1. Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 p roferida el 14 de abril de 2016, sostuvo que la finalidad del legislador al expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema

partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del orden nacional […]» [Se resalta]

21. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la administración de los recursos destinados al pago de sus prestaciones sociales, unificó el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, s in desconocer los derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1989.

00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019, Rad. 2016-0029801; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01; 19 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez11

Radicado: 23001-23-33-000-2018-00336-01 (2392-2023)

Demandante: Alfredo José Soto Vega

2.2.2. Sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996

Demandante: Alfredo José Soto Vega

2.2.2. Sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996

22. Respecto de la aplicación de la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 esta Corporación en sentencia de unificación 20

dispuso que:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la Sección Segunda, Subseccione