CE - Sentencia 23001233300020190001501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Siete (7) de Noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 23001-23-33-000-2019-00015-01 (2278-2025)1

Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes a docente (vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003) Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación , interpuesto por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), contra la sentencia del Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

El señor Luis Fernando Ávila Coronado , por intermedio de apoderad o judicial, acudió a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

El señor Luis Fernando Ávila Coronado , por intermedio de apoderad o judicial, acudió a la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto ficto, presuntamente producido con ocasión del silencio de la administración , respecto de la

1 Expediente electrónico. 2 Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 01.2

Número Interno: 2278-2025

Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

petición elevada el Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), que le niega el derecho a la pensión pretendida.

A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación, en forma retroactiva, desde que cumplió el estatus de pensionado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta , para su liquidación, todos los factores salariales percibidos , durante el año anterior al cumplimiento del estatus, en compatibilidad con el salario como docente activo ; (ii) el reconocimiento y pago de «los reajustes por concepto de Ley 71 de 1988 sobre la pensión in icial»; (iii) el pago de todas las sumas resultantes de la condena, debidamente indexadas; (iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA; y (v) se condene en costas a la demandada.

(iii) el pago de todas las sumas resultantes de la condena, debidamente indexadas; (iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos del CPACA; y (v) se condene en costas a la demandada.

De manera subsidiaria, peticionó que, se le reconozca y pague la pensión vitalicia de jubilación por aportes , retroactivamente, desde que cumplió el estatus pensional, de conformidad con la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el año anterior al cumplimiento del estatus, en compatibilidad con el salario como docente activo.

1.1.2 Hechos

El señor Luis Fernando Ávila Coronado, nació el Primero (1°) de Junio de Mil Novecientos Sesenta y Uno (1961), es decir que, cumplió cincuenta y cinco (55) años, el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016).

Adujo que, laboró como (i) gerente de las Empresas Públicas Municipales de Valencia (Córdoba), desde el Veinte (20) de Junio, hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), para un total de Seis (6) meses y Nueve (9) días; (ii) docente, en el mismo municipio de Valencia, a través de vinculaciones por órdenes de prestación de servicios, Once (11) meses, en Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) y, Diez (10) meses , en Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) ; y (iii) en calidad de directivo docente, según nombramiento efectuado mediante Decreto 00688, del Quince

y, Diez (10) meses , en Mil Novecientos Noventa y Siete (1997) ; y (iii) en calidad de directivo docente, según nombramiento efectuado mediante Decreto 00688, del Quince (15) de Junio de Dos Mil Cuatro (2004), respecto del cual, tomó posesión el mismo día.

Precisó que, presenta un capital cotizado al régimen de ahorro individual con solidaridad,3

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

en el «Fondo de Pensiones Porvenir y otras administradoras», equivalente a Tres (3) años y, Seis (6) meses; y, también, demuestra cotizaciones en la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por Tres (3) años, Ocho (8) meses, y Cinco (5) días.

Enfatizó que, por tener vinculaciones docentes anteriores al Veintiséis (26) de Junio de Dos Mil Tres (2003), es acreedor a la aplicación del régimen anterior a la Ley 100 de 1993, en virtud de lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, es decir que, le asiste el derecho pensional, en los términos dispuestos en la Ley 33 de 1985.

Afirmó que, cumplió el estatus pensional , el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Dieciséis (2016), cuando cumplió Cincuenta y Cinco (55) años, y acreditó , Veinte (20) años de servicio, por lo que, se le debe liquidar su mesada pensional, tomando como base el salario percibido durante el año inmediatamente anterior.

1.2. Concepto de violación

servicio, por lo que, se le debe liquidar su mesada pensional, tomando como base el salario percibido durante el año inmediatamente anterior.

1.2. Concepto de violación

La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:

Constitución Política, artículo 53.

Legales: 33 de 1985 (artículos 1 y 2); 71 de 1988 (artículo 7); 91 de 1989 (artículo 15); 812 de 2003 (artículo 81); acto legislativo 01 de 2005 (Artículo 1, parágrafo transitorio 1).

Sustentó que, según lo dispuesto en el artículo 279, de la Ley 100 de 1993, los docentes se encuentran exceptuados de la aplicación del régimen general de pensiones; sin embargo, posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, determinó, que el régimen aplicable a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales , que estuvieran vinculados a la fecha de expedición de esa Ley (26 de junio de 2003), sería el de las disposiciones vigentes hasta ese momento, pero, los que ingresaran al Magisterio con posterioridad, quedarían cobijados, por el régimen pensional de la Ley 100 de 1993 , y sus reformas ; lo cual, fue elevado a rango constitucional, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente, en el artículo 1°, parágrafo transitorio 1.

Conforme a lo anterior, aseguró que, al ser un docente con vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, su régimen pensional se subsume en e l4

Número Interno: 2278-2025

Conforme a lo anterior, aseguró que, al ser un docente con vinculación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, su régimen pensional se subsume en e l4

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado

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artículo 1° de la Ley 33 de 1985, en lo que respecta a los requisitos de edad y tiempo de servicio requerido para acceder a la pensión de jubilación; sin embargo, para liquidar la prestación, se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, es decir, «con base en el salario mensual promedio del último año» , independientemente, que los mismos hayan servido, o no, de base para los aportes.

Enfatizó que, esta Corporación, mediante sentencia del Veintiocho (28) de Julio de Dos Mil Dieciséis (2016), resolvió acerca de la posibilidad de computar tiempos docentes prestados bajo la figura de los contratos de prestación de servicios, «para acceder al reconocimiento de la pensión gracia» , sin embargo, tal postura es aplicable al caso part icular, pues establece que: (i) el tiempo laborado por órdenes o contratos de prestación de servicios son computables para efectos pensionales; (ii) no es necesario adelantar ningún proceso previo para que se pueda computar el tiempo de servicio a través d e dichos contratos; y (iii) no es necesario vincular a la entidad territorial en la que laboró el docente bajo tal figura.

Finalmente, adujo que , la Ley 71 de 1988 y, su Decreto Reglamentario 2709 de 1994,

contratos; y (iii) no es necesario vincular a la entidad territorial en la que laboró el docente bajo tal figura.

Finalmente, adujo que , la Ley 71 de 1988 y, su Decreto Reglamentario 2709 de 1994, también le son aplicables, pues, disponen, la posibilidad a los empleados oficiales y trabajadores, acceder a la pensión de jubilación, con la acreditación de veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social; lo cual, es acreditado en el caso particular.

2. Contestación de la demanda3

La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fomag, a través de apoderad o judicial, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones; además, se refirió respecto de los hechos, en el sentido que, algunos son ciertos y, otros nos constituyen situaciones fácticas.

Argumentó que, el demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan, pues, se vinculó como docente, afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir, que para su caso particular, el régimen pensional que corresponde, es el establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él,

3 Índice 002 de Samai, expediente digital, subcarpeta “1ED_23001233300020190001”, archivo 06.5

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado

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exceptuando la edad de pensión, que sería de Cincuenta y Siete (57) años, para hombres y mujeres; además, enfatizó que, en los términos de la sentencia de unificación, proferida por esta Corporación, el Veinticinco (25) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019 ), los factores a tener en cuenta, al momento de determinar el ingreso base de liquidación de la prestación del actor, son los fijados en el Decreto 1158 de 1994.

Propuso las excepciones , que denominó : «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad»; «demandante no es beneficiaria [sic] de las disposiciones normativas que se alegan »; «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado; «improcedencia de condena en costas»; y, «genérica».

3. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil Veintic inco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , condenando en costas a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, ya que, el demandante incurrió en gastos del proceso.

En tal sentido, decidió declarar la nulidad del acto ficto acusado y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada, a reconocer y pagar, al señor Luis Fernando Ávila

En tal sentido, decidió declarar la nulidad del acto ficto acusado y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada, a reconocer y pagar, al señor Luis Fernando Ávila Coronado, (i) una pensión de jubilación por aportes, desde el Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiuno (2021), teniendo en cuenta , lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, y el Decreto Reg lamentario 2709 de 1994, esto es, en un monto equivalente al 75%, del promedio de los salarios devengados durante el último año , anterior a la adquisición del estatus jurídico (1° de junio de 2020 y el 1° de junio de 2021), incluyendo los factores salariales que, de forma expresa se enlistan en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, el cual modificó el artículo 3° de la Ley 33 de 1985, siempre que los haya devengado y , que, sobre ellos se hubieran realizado aportes; sin estar condicionado a la acreditación del retiro definitivo del servicio ; (ii) el retroactivo pensional, causado desde la fecha de reconocimiento pensional (1° de junio de 2021); y (iii) la indexación de las sumas ordenadas.

Como fundamento de la decisión, adujo que, esta Corporación, mediante sentencia del Diecinueve (19) de Enero de Dos Mil Veintitrés (2023), estudió la aplicación de la Ley 71

4 Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00045 de Samai.6

Número Interno: 2278-2025

Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

4 Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00045 de Samai.6

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de 1988, para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, reclamada por los docentes, vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, concluyendo que, tal disposición normativa, s í resultaba aplicable a aquellos; además, determinó que, el periodo a tener en cuenta para calcular el ingreso base de liqu idación de la prestación, sería el del año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, mientras que, los factores salariales corresponderían únicamente a sobre los cuales se hayan efectuado los descuentos respectivos, específic amente, los que se encuentren enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, en concordancia , con la sentencia de unificación de esta Colegiatura, proferida el Veinticinco (25) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019).

Así las cosas, determinó que, con el material probatorio allegado al expediente, se demostró la vinculación del demandante, en calidad de docente, desde antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que, luego de descartar el cumplimiento de los requisitos pensionales dispuestos en la Ley 33 de 1985, (aplicable por remisión de la Ley 91 de 1989) , estableció que, era procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, establecid a en la Ley 71 de 1988, por acreditarse, la edad (60

la Ley 91 de 1989) , estableció que, era procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, establecid a en la Ley 71 de 1988, por acreditarse, la edad (60 años) y, el tiempo de servicio (20 años).

A efectos del cómputo de tiempo acreditado, aplicó el precedente de esta Corporación, fijado en la sentencia de unificación CESUJ2 N°. 5 del Veinticinco (25) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), en la medida que, este perm ite incluir, para efectos pensionales, el tiempo de servicio de los docentes vinculados, a través de contratos de prestación de servicio.

4. El recurso de apelación5

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, por intermedio de apoderada judicial, impetró recurso de apelación , contra la sentencia de primera instancia, en procura que se revoque lo allí decidido y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la alzada, adujo que, el demandante ingresó al magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que, para efectos

5 Actuaciones del Tribunal de origen. Índice 00048 de Samai.7

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pensionales, su régimen se debe regir íntegramente por el establecido en dicha norma y, en la Ley 100 de 1993.

Aseguró que, el actor no satisface los requisi tos legales para el reconocimiento de la

pensionales, su régimen se debe regir íntegramente por el establecido en dicha norma y, en la Ley 100 de 1993.

Aseguró que, el actor no satisface los requisi tos legales para el reconocimiento de la pensión reclamada, ya que, durante el periodo en que desarrolló actividades , bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, carecía de la calidad de docente oficial, pues, la naturaleza civil de aquellos, excluye la existencia de una relación laboral y, por ende, la calidad de servidor público, impidiendo así, el cómputo de ese tiempo al ejercicio como docente oficial, requisito indispensable para acceder a la pensión pretendida; además, por esta misma razón, no puede considerarse que esa modalidad contractual, sea estimada para acreditar el servicio docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

En lo relativo, a la mencionada relación contractual, precisó que, para que se tenga en cuenta a efectos pensionales, es necesario que se acredite la existencia de una relación laboral, lo cual implica la correcta demostración probatoria, que en el caso particular no fue comprobada, pues (i) no existe sentencia judicial q ue declare la ocurrencia de una relación laboral entre la parte actora y la entidad correspondiente; (ii) no se allegó copia de los contratos de prestación de servicios, lo que imposibilita la demostración de la subordinación necesaria para la declaratoria del vínculo laboral; (iii) en gracia de discusión, la entidad territorial sería la responsable ante una relación laboral encubierta; y (iv) las cotizaciones realizadas , en los tiempos de vinculación contractual, no fueron dirigidos al Fomag.

discusión, la entidad territorial sería la responsable ante una relación laboral encubierta; y (iv) las cotizaciones realizadas , en los tiempos de vinculación contractual, no fueron dirigidos al Fomag.

Arguyó que, conforme al sistema de cuotas partes , se debe ordenar el traslado de los recursos acumulados en Colpensiones y, Porvenir SA, al Fomag, por cuanto, de este traslado depende el reconocimiento y cómputo, de los periodos cotizados que , eventualmente se ordenen incluir en sede judicial; sin embargo, advirtió que, en 1991, el demandante presenta, periodos de cotización concurrentes en los referidos fondos, lo cual, constituye una irregularidad que debe ser analizada y subsanada, en la medida que, la legislación pensional no permite el doble cómputo de tiempos de cotización, por lo que, resulta imperioso que estos sean validados y, de ser el caso, realizar los ajustes correspondientes en la historial laboral del afiliado.

Finalmente, solicitó la revocatoria de la condena en costas, invocando la buena fe de la8

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entidad durante el trámite administrativo y judicial, así como la insuficiencia probatoria de los perjuicios alegados por el demandante.

5. Trámite de segunda instancia

Por medio de auto del Quince ( 15) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025) 6, el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA; dentro de los diez días siguientes, las partes demandante y demandada, no

consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA; dentro de los diez días siguientes, las partes demandante y demandada, no presentaron escrito de alegatos de conclusión.

El Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025), el Ministerio Público, allegó el concepto respectivo7, sin embargo, en los términos del numeral 6 ibidem, este fue presentado de manera extemporánea, ya que, el expediente ingresó al despacho para sentencia el Quince (15) de Septiembre del referido año8.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.

Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3289 del Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

6 Samai - índice 00004. 7 Samai - índice 00010. 8 Samai - índice 00009. 9 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modifi cación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán aleg arse durante la audiencia».9

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En los términos del recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fomag, le corresponde a la Sala establecer , si ¿la vinculación del demandante, a través de contratos de prestación de servicios, para el desarrollo de actividades en calidad de docente , anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, puede o no , tenerse en cuenta para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, prevista en la Ley 71 de 1988?

De resultar positiva la respuesta al problema jurídico anterior, deberá determinarse, si el demandante cumple con el requisito de tiem po, para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes.

Finalmente, se estudiará si hay lugar a revocar la condena en costas dispuest a por el Tribunal de primera instancia, contra la entidad demandada.

pensión de jubilación por aportes.

Finalmente, se estudiará si hay lugar a revocar la condena en costas dispuest a por el Tribunal de primera instancia, contra la entidad demandada.

Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados; y 2.3 Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

2.1.1 Régimen pensional docente

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara Veinte ( 20) años de servicio, y llegara a Cincuenta (50) años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos pensionales, fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación, para aquellos que acumularan Veinte (20) años de servicio, y cumplieran Cincuenta y Cinco (55) años, liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Luego, con la Ley 91 de 1989 , se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes; es decir que, dentro de sus10

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Demandante: Luis Fernando Ávila Coronado

realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes; es decir que, dentro de sus10

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funciones, está la de reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y, la sustitución pensional.

Ahora bien, en el artículo 15, numeral 2, inciso segundo, de la referida ley, se determinó que, a los docentes afiliados a dicho Fondo, se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector público nacional ; así: «para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional». [Subraya la Sala]

En ese orden, aunque , si bien es cierto que , el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 , determinó, que la pensión ordinaria de jubilación , de los docentes corresponder ía al equivalente de 75%, del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento para la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los pensionado s del sector público nacional ; el cual, atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 10,

lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento para la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los pensionado s del sector público nacional ; el cual, atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 10, corresponde al consagrado para el sector público , en la Ley 33 de 1985, esto , teniendo en cuenta que, el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993, no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato de su artículo 279.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, dispone que, el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos , y llegue a la edad de 55 años, tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

Por su parte, el artículo 3° ibidem, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, dispone, que la base de liquidación de los aportes es tará constituida por la asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, los dominicales, feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio; además, advierte que, en todo caso,

10 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado 68001233100020110027601.11

Número Interno: 2278-2025

10 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado 68001233100020110027601.11

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

«[…] las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que , como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya mencionada, Ley 91 de 1989, en concordancia con los artículos, 17 de la Ley 6ª de 1945 y, 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Posteriormente, esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 «[p]or la cual se aprueba el Plan Nacion al de Desarrollo 2003 -2006, hacia un Estado comunitario », puesto que , a través del artículo 8111, introdujo importantes cambios en el régimen prestacional de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este sector , al sistema de seguridad en pensiones, regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que , el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales , que se encontraban vinculados al servicio

pensiones, regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que , el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales , que se encontraban vinculados al servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley» ; sin embargo, enseguida , reguló que, los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media , establecido en las Leyes 100 de 1993 , y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

Más adelante, el Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la Constitución Política, ratificó el alcance del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio 1o, dispuso que: «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anter ioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derec