CE - Sentencia 23001233300020190022002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veinte (20) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado : 23001233300020190022002 (1014-20251)

Demandante : Enderson Luis Guzmán Mora Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – municipio de Planeta Rica Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Reconocimiento de cesantías anualizadas de docente (2001 y 2002) y sanción moratoria Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación , interpuesto por la parte demanda nte, contra la sentencia de Veinte (20) de Febrero de Dos Mil Veintic inco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

El señor Enderson Luis Guzmán Mora, por intermedio de apoderada judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la anulación de los actos fictos negativos, que se configuraron «el 25 de agosto de 2018» , ante la no respuesta de fondo a

previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la anulación de los actos fictos negativos, que se configuraron «el 25 de agosto de 2018» , ante la no respuesta de fondo a las peticiones radicadas ante el Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Planeta Rica (Córdoba), en las que pretendía el reconocimiento y pago de las cesantías

1 Expediente digitalizado 2 Índice 0002 de Samai. Expediente digitalizado radicado 23001233300020190022000. Archivo 011. Folios 5 a 31.2

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Demandante: Enderson Luis Guzmán Mora Demandado: FOMAG y otros

anualizadas, causadas en los años 2001 y 2002, junto a la sanción moratoria derivada del incumplimiento de la consignación de la prestación al fondo respectivo.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a las demandadas, al reconocimiento y pago de: (i) las cesantías anualizadas correspondientes a los años 2001 y 2002; (ii) la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, por el incumplimiento en la consignación anualizada en el respectivo fondo; (iii) la indexación de la condena y los intereses causados desde la fecha en que se debió realizar el pago de las cesantías, hasta que se efectúe el pago; (iv) que se dé cumplimiento al fallo, conforme el artículo 192 del CPACA; y (v) condenar en costas a las entidades demandadas.

en que se debió realizar el pago de las cesantías, hasta que se efectúe el pago; (iv) que se dé cumplimiento al fallo, conforme el artículo 192 del CPACA; y (v) condenar en costas a las entidades demandadas.

1.1.2. Hechos en que se fundan las pretensiones

El señor Enderson Luis Guzmán Mora, adujo que , labora en calidad de docente del Municipio de Planeta Rica (Córdoba), desde el Quince (15) de junio de Dos Mil Uno (2001); sin embargo, la entidad territorial, no consignó dentro del plazo fijado en las normas aplicables, las cesantías correspondientes a los años 2001 y 2002.

Precisó que, el Dos (2) y Diez (10) de Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), solicitó al Municipio de Planeta Rica y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), respectivamente, el reconocimiento y pago de las cesantías no consignadas, causadas en los años 2001 y 2002, junto a la respectiva sanción moratoria, peticiones respecto de las cuales, no hubo pronunciamiento por parte de las demandadas.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

Normas presuntamente vulneradas, por los actos fictos demandados:

Constitucionales: artículos 13, 25, 58 y 83.

Legales: Leyes 344 de 1996 (artículos 13 y 15) y 91 de 1989. Decretos 3118 de 1968; 1582 de 1998 (artículos 1 y 2); y 1252 de 2000 (artículos 1 y 2).

El demandante expone que, las cesantías constituyen un derecho económico que no

1582 de 1998 (artículos 1 y 2); y 1252 de 2000 (artículos 1 y 2).

El demandante expone que, las cesantías constituyen un derecho económico que no puede ser desconocido por la entidad estatal responsable de pagarlas; pues constituyen3

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un ahorro hecho por el docente y, asimismo, genera una obligación por parte del empleador a reconocerlas y pagarlas dentro del término de ley, es por ello, que la omisión del pago de este auxilio, transgrede los derechos de los trabajadores.

Adujo que, por mandato de la Ley 50 de 1990, al empleador, le corresponde liquidar las cesantías cada año, con cort e a Treinta y uno (31) de Diciembre y, luego, efectuar la consignación en el fondo, de las sumas producto de esa liquidación , a más tardar el 15 de febrero del año siguiente, pues, de lo contrario incurriría en mora, que debe ser reconocida a favor del empleado.

Concluyó que, los actos fictos demandados son nulos; toda vez que, desconocieron la normativa que consagra el derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantías reclamado, así como la sanción moratoria generada por el no pago oportuno de la prestación social.

2. Contestación de la demanda3

• El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, se opuso a las pretensiones del demandante, al considerarlas carentes de sustento fáctico y jurídico , aduciendo que se desconoce el ordenamiento jurídico que le es aplicable , por su

pretensiones del demandante, al considerarlas carentes de sustento fáctico y jurídico , aduciendo que se desconoce el ordenamiento jurídico que le es aplicable , por su condición de docente.

Indicó que, el fondo es quien tiene la función del pago de prestaciones a los docentes, sin embargo, encarga a una sociedad fiduciaria de la administración de sus recursos; la cual, no puede girar ninguna suma de dinero, sin que medie la expedición de un acto administrativo de reconocimiento , por parte de la secretaría de educación correspondiente.

En lo relativo al pago de la sanción moratoria, precisó que, lo dispuesto en la Ley 50 de 1990, no es aplicable al personal docente , toda vez que , aquellos que se vincularon a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989.

3 Índice 0002 de Samai. Expediente digitalizado radicado 23001233300020190022000. Archivo 04.4

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Propuso las excepciones que denominó: «falta de legitimación en la causa por pasiva», «pago de la obligación y cobro de lo no debido» y «prescripción».

• El Municipio de Planeta Rica (Córdoba), guardó silencio, a pesar de haber sido

la obligación y cobro de lo no debido» y «prescripción».

• El Municipio de Planeta Rica (Córdoba), guardó silencio, a pesar de haber sido notificado4, del auto admisorio, en debida forma.

3. La sentencia de primera instancia5

La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del Veinte (20) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), declaró probada la excepción de prescripción, propuesta por la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag y, negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento de tal decisión, el A -quo indicó que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, los docentes vinculados al magisterio oficial , a partir del 1º de enero de 1990, tienen un régimen anualizado de cesantías; auxilio que, en principio debía estar a cargo del Fomag, pero ante el incumplimiento de la obligación de afiliación a dicho fondo, bien sea a través de los convenios interadministrativos fijados en el Decreto 196 de 1995 o de forma directa, que cubriera las cesan tías causadas durante todo el vínculo laboral, le correspondía a la respectiva entidad territorial hacerse cargo de la prestación, bien sea girándola al fondo, en el caso de los docentes cuyo vínculo se encuentr a vigente, o pagándola al respectivo docente, si ya se retiró del servicio.

Enfatizó que, no encontró debidamente probado por la parte demandante que , con posterioridad al 31 de diciembre de 2002 y hasta por lo menos el 12 de agosto de 2010, cuando es nombrado en periodo de prueba como docente de tiempo completo , por la

Enfatizó que, no encontró debidamente probado por la parte demandante que , con posterioridad al 31 de diciembre de 2002 y hasta por lo menos el 12 de agosto de 2010, cuando es nombrado en periodo de prueba como docente de tiempo completo , por la Secretaría de Educación de Córdoba; haya continuado desempeñándose como docente.

Por lo que, concluyó que, aun cuando no existe en el plenario prueba sobre el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas por los años 2001 y 2002, no era procedente ordenar dicho pago, teniendo en cuenta que lo pretendido es una cesantía definitiva, respecto de la cual, en vista de la interrupción del vínculo laboral y conforme lo señalado en la sentencia de unificación del Veinticinco ( 25) de Agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), el docente, tenía hasta el 31 de diciembre de 2005, para reclamar su

4 Índice 0002 de Samai. Expediente digitalizado radicado 23001233300020190022000. Archivo 011. Folios 5 a 31. 5 Índice 0002 de Samai. Expediente digitalizado radicado 23001233300020190022000. Archivo 08.5

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pago y; comoquiera que, presentó la reclamación administrativa «en el año 2018», operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

En lo relativo a la sanción moratoria por falta de consignación de las cesantías anualizadas de las vigencias de 2001 y 2002, encon trándose prescrito tal derecho, no

fenómeno jurídico de la prescripción.

En lo relativo a la sanción moratoria por falta de consignación de las cesantías anualizadas de las vigencias de 2001 y 2002, encon trándose prescrito tal derecho, no había lugar a que esta fuera decretada.

4. El recurso de apelación6

La parte demandante, a través de apoderado judicial, formuló recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, solicitando que, se acceda a las pretensiones de la demanda, ya que, el docente ha laborado de manera continua para el Municipio de Planeta Rica, desde el Veintisiete (27) de Julio de Dos Mil Uno (2001); por lo que, no se encuentra configurada la excepción de prescripción, y por lo tanto, le asiste el derecho a que le sean sufragadas las cesantías correspondientes a los años 2001 y 2002; y, en consecuencia, la sanción moratoria por tal incumplimiento, en los términos de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.

5. Trámite en segunda instancia

Con auto de Diez (10) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Dentro del plazo legal, el Ministerio Público allegó el concepto respectivo, con el que acoge el estudio realizado por el A -quo y, como consecuencia de ello, solicitó que se confirmara tal decisión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso , de

el estudio realizado por el A -quo y, como consecuencia de ello, solicitó que se confirmara tal decisión.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso , de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el

6 Índice 00045 de Samai, gestión en otros despachos, actuaciones del Tribunal Administrativo de Córdoba. 7 Índice 00004 de Samai.6

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artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si , es procedente ordenar el pago de la s cesantías anualizadas, causadas por el demandante durante los años 2001 y 2002; así como, la sanción moratoria reclamada, por la no consignación de tal auxilio, en los términos de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998.

Para desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2. 3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria de cesantías anualizadas en el caso de docentes oficiales; 2.4. Pruebas relevantes para resolver la controversia ; y 2.5. Caso en concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria de cesantías

caso de docentes oficiales; 2.4. Pruebas relevantes para resolver la controversia ; y 2.5. Caso en concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la sanción moratoria de cesantías anualizadas en el caso de docentes oficiales

Según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías , de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 15 numeral 3 de la Ley 91 de 1989, norma que distingue entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías anualizadas, así:

«3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los doc entes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de esta s cesantías existentes

8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de esta s cesantías existentes

8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispen sable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán aleg arse durante la audiencia».7

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al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promed io de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las norm as generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.»

acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las norm as generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.»

Corresponde al FOMAG, liquidar y reconocer el auxilio de cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados ; deber que, en virtud de la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 , y de la delegación de que trata el artículo 9 ibidem, cumple a través de las secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras que el pago de la prestación debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que en la actualidad es la Fiduciaria la Previsora S.A.

En paralelo, correspondía a cada entidad territorial , el reconocimiento de las cesantías del personal docente no afiliado al FOMAG, situación que, en términos del artículo 7 del Decreto 196 de 1995, la hacía responsable del pago de las prestaciones sociales de los docentes departamentales, distritales o municipales causadas antes de su incorporación al fondo. Más adelante, el Decreto 3752 de 2003, dispuso que, los docentes del servicio público educativo, vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales, deberían ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma a partir de la cual , el r econocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas , estuvo concentrado en esa entidad.

En todo caso, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, gozan

de la cual , el r econocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas , estuvo concentrado en esa entidad.

En todo caso, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, gozan del régimen de cesantías anualizadas; no obstante, en armonía con los criterios fijados por la Corte Constitucional, en fallos SU -098 de 2018 y SU -573 de 2019, y la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ -032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023 9, el sistema especial de administración de ces antías de los docentes afiliados al FOMAG, es incompatible con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En efecto, en esta última providencia se fijó la siguiente regla:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal».

9 C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.8

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Demandante: Enderson Luis Guzmán Mora Demandado: FOMAG y otros

La precitada regla de unificación de la jurisprudencia , encuentra sustento en las siguientes consideraciones:

Demandante: Enderson Luis Guzmán Mora Demandado: FOMAG y otros

La precitada regla de unificación de la jurisprudencia , encuentra sustento en las siguientes consideraciones:

«En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 amplió la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad, de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989». Esto se traduce en que lo allí dispuesto no incluyó al personal docente, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-928 de 2006, en la cual estudió la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252 de 2000 al disponer que los empleados públicos tienen derecho «al pago de las cesantías en los térmi nos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso […]», aun cuando exista un «régimen especial» que los regule. Lo anterior, por cuanto este último contiene la precisa referencia al pago de la prestación, que es tan solo uno de los elementos que integran el régimen anualizado, lo cual, en efecto se cumple, pues los eventos en los que hay lugar a aquel son comunes en cada uno de los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene, de acuerdo con el inciso señalado.

149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de 2000, se

que hay lugar a aquel son comunes en cada uno de los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene, de acuerdo con el inciso señalado.

149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de 2000, se deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados públicos quedaran sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla general es el regulado por la Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que todos quedaran cobijados por dicho sistema de administración. Esta conclusión es coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos destinatarios conservaron las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Le y 50 de 1990. En consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo alguno podía conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino que se acompasa con la disposición del 2000, puesto que el personal docente ya estaba reg ulado por un régimen anualizado de cesantías.

[…]

2.2.4. Regla jurisprudencial

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio e n las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.

el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio e n las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquel las, entre ellas, el reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador.»

De conformidad con lo anterior, a los docentes estatales que se encuentren afiliados al FOMAG, no le serán aplicables las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en particular lo atinente a la sanción moratoria, por resultar incompatible con el sistema de administración de cesantías, establecido en la Ley 91 de 1989, toda vez que, en el citado fondo , se requiere de la disponibilidad de recursos para el pago de las prestaciones sociales exigibles en cada anualidad, por lo que si bien paga intereses sobre las cesantías, la forma de realizar dicho cálculo y el plazo , no es igual al establecido en9

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la Ley 50 de 1990.

No obstante, en caso que , el docente no haya sido afiliado al Fomag por parte de la entidad territorial correspondiente, allí sí será aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,

la Ley 50 de 1990.

No obstante, en caso que , el docente no haya sido afiliado al Fomag por parte de la entidad territorial correspondiente, allí sí será aplicable el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que prevé la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anuales, así:

«Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]»

Nótese que, el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías , antes del 15 de febrero del año siguiente, so pena que el empleador sea s ancionado con el pago de un

la realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías , antes del 15 de febrero del año siguiente, so pena que el empleador sea s ancionado con el pago de un día de salario, por cada uno de retardo. Empero, en lo concerniente a la prescripción de tal sanción moratoria, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 201610, precisó:

«1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se produce l a mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la desvinculación del servicio.

5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente descritos.»10

periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente descritos.»10

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Demandante: Enderson Luis Guzmán Mora Demandado: FOMAG y otros

No obstante, en auto de 7 de noviembre de 2019 11, esta Sección consideró necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en relación con el cómputo del término prescriptivo de la sanción moratoria, y la solución dada al caso allí tratado, por lo que, seleccionó el expediente con fines de unificar jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022 de 6 de agosto de 202012, por medio de la que fijó las siguientes reglas:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la pr escripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las

siguientes reglas jurisprudenciales:

1. El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

1. En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de

reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

1. En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción.

En consecuencia, el término de prescripción establecido en el artíc ulo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la sanción por mora, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de manera que, si la exigibilidad de aquella sanción, se origina el 15 de febrero frente a las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior, la respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la pre scripción extintiva. Así mismo, en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá contabilizarse de manera independiente por cada año.

2.4. Pruebas relevante