CE - Sentencia 23001233300020190028501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 11 de abril de 2025, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Hechos y pretensiones

2. El señor Alirio Alfonso Reyes Grazziani , por intermedio de apoderado judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 040384 del 25 de octubre de 2017 y 047962 del 22 de diciembre de 2017 por medio de las cuales

judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones 040384 del 25 de octubre de 2017 y 047962 del 22 de diciembre de 2017 por medio de las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia a partir de la adquisición del estatus jurídico y con la inclusión de todos los factores , condenar a la entidad al pago de los reajustes pensionales anuales consagrados por el Gobierno Nacional, la indexación de la condena, el pago de los intereses moratorios; y que se condene en costas a la UGPP.

1 Pg 4 a la 14 del archivo 01expediente_230012333000201900285 que reposa en el expediente digitalRadicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

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4. Manifestó que nació el 8 de junio de 1955, por lo que cumplió 50 años de edad el 8 de junio de 2005; que estuvo vinculado como docente territorial en los siguientes períodos: i) desde el 12 de septiembre de 1977 hasta el 2 de octubre de 1978 en virtud del nombramiento con Decreto departamental 00127 del 2 de agosto de 1977 en el municipio de Ayapel; ii) a partir del 8 de mayo de 1990 con

de 1978 en virtud del nombramiento con Decreto departamental 00127 del 2 de agosto de 1977 en el municipio de Ayapel; ii) a partir del 8 de mayo de 1990 con ocasión del nombramiento mediante el Decreto municipal 025 de l 2 de mayo de 1990 en el municipio de Buenavista.

5. En consideración a que cumplió con los requisitos solicitó a la UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, le fue negado el derecho a través de los actos administrativos demandados por estimar que los documentos allegados al procedimiento administrativo eran copia simple.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Aseguró que la entidad demandada infringió los artículos 1° de la Ley 114 de 1913; 6° de la Ley 116 de 1928; 1° y 15 de la Ley 91 de 1989; 115 de la Ley 115 de 1994 . Expuso que se cumplieron los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, no obstante, la autoridad administrativa incurrió en erro r al determinar que no contaban con valor probatorio los documentos aportados.

1.3. Contestación de la demanda2

7. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el accionante no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión gracia, dado que, no demostró con suficiencia el tipo de vinculación territorial o nacionalizado y por ende el tiempo de servicio, en ese sentido, l os documentos y las certificaciones entregadas por el demandante generaron dudas sobre la naturaleza de la vinculación.

vinculación territorial o nacionalizado y por ende el tiempo de servicio, en ese sentido, l os documentos y las certificaciones entregadas por el demandante generaron dudas sobre la naturaleza de la vinculación.

1.4. Sentencia de primera instancia3

8. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del 11 de abril de 2025, accedió a las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas.

9. Para el efecto, de conformidad con el material probatorio estableció el cumplimiento de los requisitos por parte del actor para obtener el reconocimiento de la pensión gracia, al haber acreditado su vinculación como docente territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, así como el cumplimiento de los

2 Visible en las Pg 148 a la 160 del archivo 01expediente_230012333000201900285 que reposa en el expediente digital La demanda se presentó el 3 de julio de 2019, y fue admitida el 9 de julio de 2019 3 Visible en el archivo 008Sentenciadepr_000201900005VSUGPPPE que reposa en el expediente digitalRadicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

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3 veinte (20) años de servicio en el sector territorial, y haber alcanzado la edad mínima de cincuenta (50) años en el año 200 5, sin que obrara sanción que afectara su buena conducta.

10. Precisó que el señor Gustavo Otero Garnica consolidó su estatus

mínima de cincuenta (50) años en el año 200 5, sin que obrara sanción que afectara su buena conducta.

10. Precisó que el señor Gustavo Otero Garnica consolidó su estatus pensional el 8 de mayo de 2009, fecha en la que completó el tiempo de servicio exigido, razón por la cual, contaba hasta el 8 de mayo de 2012 para reclamar el derecho y a pesar de que según las consideraciones de las decisiones administrativas enjuiciadas se radicaron múltiples peticiones que no fueron objeto del debate, se tendría en cuenta la petición presentada el 5 de mayo de 2017. De esa forma, declaró la prescripción extintiva del derecho de las mesadas pensionales causadas en el período de 8 de mayo de 2009 a 4 de mayo de 2014.

11. Finalmente, el Tribunal ordenó reconocer la pensión gracia a partir del 5 de mayo de 2014.

1.5. Recurso de apelación4

12. A manera de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante apoderada judicial, solicita se revoque la sentencia estimando que el actor no acreditó el cumplimiento de los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber prestado servicios como docente departamental, distrital, municipal o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y posterior a 1990.

13. Destacó que respecto a la vinculación docente el juez únicamente contó con la información relacionada en el Decreto departamental 001027 del 12 de agosto de 1977, el Decreto 025 del 2 de mayo de 1990 y la certificación signada

13. Destacó que respecto a la vinculación docente el juez únicamente contó con la información relacionada en el Decreto departamental 001027 del 12 de agosto de 1977, el Decreto 025 del 2 de mayo de 1990 y la certificación signada el 20 de marzo de 2012 por la Secretaría de Educación de Córdoba, sin embargo, dichos documentos no eran concluyentes sobre el tipo de vinculación, en efecto, se valoró la certificación de 20 de marzo de 2012 que no reflejó información de la fuente de financiación de los tiempos acreditados para acceder a la prestación periódica o la identificación del régimen salarial nacional o territorial.

14. Explicó que e l comentado certificado no era el documento idóneo para concluir que la vinculación era como docente nacionalizado, dado que, éste permite verificar la prestación del servicio, pero no la naturaleza de la plaza ocupada y la fuente de financiación.

15. Expresó que, de todas maneras, el Decreto departamental 001027 del 12 de agosto de 1977 y el Decreto 025 del 2 de mayo de 1990 , si bien, permitían

4 Visible en el archivo 009_MemorialWeb_RECURSODEAPELACION-RADALIRIOALFONSOREYESGRAZZIANI que reposa en el expediente digitalRadicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

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4 construir una visión probatori a integral, por si solos no infieren de manera inequívoca el tipo de vinculación.

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4 construir una visión probatori a integral, por si solos no infieren de manera inequívoca el tipo de vinculación.

16. Además, subrayó que en el plenario reposan otras certificaciones laborales en las que detallan la vinculación como nacional y no como nacionalizado, aspecto que pareció no ser analizado por el a quo cuando indicó que a pesar de haber sido financiada la plaza con recursos del situado fiscal y del Sistema General de Participaciones, aquella no era nacional. De ahí que, si los rubros tuvieron dicho origen no era procedente reconocer el beneficio pensional.

17. De ese modo, recalcó que no se suministró prueba o información determinante del tipo de vinculación y que para ello contaba el actor con la carga probatoria de allegar con apego a lo fijado en la sentencia de unificación SUJ-11S2 de 21 de junio de 2018, p rueba de la fuente de financiación de todos los tiempos demostrados o la identificación del régimen salarial nacional o territorial.

1.6. Trámite correspondiente a segunda instancia

18. Mediante auto de 27 de junio de 2025, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandada. No hubo intervenciones en esta instancia.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

19. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

19. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Radicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

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5 2.2. Problema jurídico

21. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Gustavo Otero Garnica, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente

Otero Garnica, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio como docente territorial o nacionali zado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para dicho reconocimiento.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1 La pensión gracia

22. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

23. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

24. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el

junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

25. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

26. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.Radicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

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6 Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito

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6 Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

27. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

28. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado

requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19977 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

29. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente

(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20188 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).Radicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

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7 nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas. v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)

30. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).Radicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

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8 «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

31. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

32. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumple

o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumple con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

33. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 5 de mayo de 201710, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la Resolución RDP 040384 del 25 de octubre de 2017 11, por considerar que no se aportaron en copia auténtica u original los actos administrativos de nombramiento y de posesión, así como, los documentos no eran legibles.

34. Inconforme con dicha respuesta interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado a través de la s Resolución RDP 047962 del 22 de diciembre de 201712, confirmando la negativa.

2.5. Caso concreto

35. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en orden a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

10 Visible en el archivo 201770011338762-1 del cuaderno de antecedentes administrativos aportado por la UGPP que reposa en el expediente digital

de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.

10 Visible en el archivo 201770011338762-1 del cuaderno de antecedentes administrativos aportado por la UGPP que reposa en el expediente digital 11 Pg 40 a la 42 del archivo 01expediente_230012333000201900285 que reposa en el expediente digital 12 Pg 51 a la 54 del archivo 01expediente_230012333000201900285 que reposa en el expediente digitalRadicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

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9 2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

• Edad

36. Se encuentra acreditado que el señor Gustavo Otero Garnica nació el 8 de junio de 1955, razón por la que, el 8 de junio de 2005, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.

• Buena conducta

37. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.

• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios

38. Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades planteadas con el recurso de apelación y las razones en que se sustentó el acto acusado que negó la prestación , resulta necesario indicar que, teniendo en

38. Previo a la verificación de este requisito, y en vista de las inconformidades planteadas con el recurso de apelación y las razones en que se sustentó el acto acusado que negó la prestación , resulta necesario indicar que, teniendo en cuenta lo señalado en sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022 proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes pueden acceder a la misma antes y después del 29 de diciembre de 1989, en la medida que cumplan con el requisito de demostrar una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, y claro está, acrediten los demás requisitos de ley, esto último, incluso con posterioridad a dicha data.

39. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte recurrente, relacionado con que debía el docente acreditar la totalidad de los requisitos para la pensión gracia, antes de la vigencia de la Ley 91 de 1989.

40. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la actora

como docente oficial:

• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 12 de agosto de 1977 hasta el 22 de octubre de 1978 (1 año, 1 mes y 10 días)

41. El gobernador del departamento de Córdoba en uso de sus facultades legales, expidió el Decreto 001027 del 12 de agosto de 197713, nombró al señor

41. El gobernador del departamento de Córdoba en uso de sus facultades legales, expidió el Decreto 001027 del 12 de agosto de 197713, nombró al señor Gustavo Otero Garnica como seccional de la Escuela Urbana Mixta Pablo VI en

13 Visible en el archivo 201770011338762-3 del cuaderno de antecedentes administrativos aportado por la UGPP que reposa en el expediente digitalRadicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 el municipio de Ayapel . Además, reposa acta de posesión de 12 de septiembre de 197714.

42. Así mismo, se allegó el certificado laboral expedido el 20 de marzo de 2012

14 Visible en el archivo 201770011338762-4 del cuaderno de antecedentes administrativos aportado por la UGPP que reposa en el expediente digitalRadicado: 23001 23 33 000 2019 00285 01 (1716-2025)

Demandante: Gustavo Otero Garnica

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

11 por la sec retaria de educación del departamento de Córdoba 15 en la cual se registró que el accionante fue «nombrado en propiedad mediante Decreto Dtal

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11 por la sec retaria de educación del departamento de Córdoba 15 en la cual se registró que el accionante fue «nombrado en propiedad mediante Decreto Dtal No. 001027 de agosto 12 de 1977 y posesiona