CE - Sentencia 23001233300020200004901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022)

Demandantes: José Jaime Pareja Alemán

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Control judicial integral de los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias. Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso. Estructura de la responsabilidad disciplinaria. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad . CONFIRMA

SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor José Jaime Pareja Alemán instauró demanda en contra de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento

ANTECEDENTES

El señor José Jaime Pareja Alemán instauró demanda en contra de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 27 de septiembre de 2018 y el 14 de enero de 2019, por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, re spectivamente, mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de once (11) años.

Como restablecimiento del derecho, solicitó que se revoquen los antecedentes administrativos y se eliminen las anotaciones realizadas en su hoja de vida , generadas por la sanción impuesta.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:Radicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Que el 20 de enero de 2016 se posesionó en el cargo de secretario de salud del departamento de Córdoba.

Que el 6 de noviembre de 2015 la representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS radicó una queja ante la Procuraduría Regional de Córdoba , por presuntas

departamento de Córdoba.

Que el 6 de noviembre de 2015 la representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS radicó una queja ante la Procuraduría Regional de Córdoba , por presuntas irregularidades en que habría incurrido la gobernación de dicho departamento en relación con el pago de los servicios prestados por dicha institución, lo que dio lugar a la apertura de una indagación preliminar el 17 del mismo mes y año.

Que la actuación disciplinaria fue remitida entre distintas dependencias de la entidad demandada, hasta que, por auto del 2 de agosto de 2016, las diligencias se enviaron a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal . Allí, por auto del 3 de agosto de 2017 se abrió investigación disciplinaria en contra suya y de quienes para las vigencias 2014, 2015 y 2016 habían fungido como gobernadores y secretarios de salud del departamento.

Por auto del 2 de febrero de 2018 se formuló pliego de cargos. En este acto, se indicó que, presuntamente, en su condición de secretario de salud de Córdoba, incurrió en irregularidades al ordenar mediante la Resolución 00002 del 13 de abril de 2016 el pago de servicios de salud por valor de $1.194.750.000 a Funtierra Rehabilitación IPS , sin que mediara relación contractual entre la IPS y la gobernación; comportamiento que se adecuó a la falta disciplinaria del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 y que se habría ejecutado a título de culpa gravísima.

Que la actuación disciplinaria concluyó con la expedición de los actos demandados; respecto de los cuales agregó que la quejosa solicitó aclaración de la decisión de

Que la actuación disciplinaria concluyó con la expedición de los actos demandados; respecto de los cuales agregó que la quejosa solicitó aclaración de la decisión de segunda instancia, la cual se resolvió el 12 de marzo de 2019, decisión que se notificó por edicto desfijado el 5 de abril de 2019.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 1, 29, 44, 83, 86 y 228; Ley 734 de 2002: artículos 6, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28 numerales 3 y 6 , 34 numerales 6, 7, 15, 16, 18 y 38; 35 numerales 1, 7, 8, 15 y 24, parágrafo del artículo 44; 66, 67, 68, 69, 70, 94, 128, 131, 132, 141, 142, 143 numerales 2 y 3, 150 inciso final; 151; Ley 600 de 200: artículos 89, 90 y 320; Ley 1437 de 2011: artículos 2, 3 numerales 11 y 13; 9 numerales 10 y 12; 13, 34 y 36; Ley 1564 de 2012: artículos 1, 11 y 12.

Considera que los actos sancionatorios desconocieron en debido proceso, el derecho de defensa y se encuentran falsamente motivados, porque la actuación disciplinaria se motivó en una indagación preliminar de l 17 de noviembre de 2015,

Considera que los actos sancionatorios desconocieron en debido proceso, el derecho de defensa y se encuentran falsamente motivados, porque la actuación disciplinaria se motivó en una indagación preliminar de l 17 de noviembre de 2015, que se remitió por competencia a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, donde el 3 de agosto de 2017 se abrió una investigación disciplinaria en su contra. Esto indica que más de 1 año después de abierta la indagación apareció su nombre de manera irregular en la escena procesal, con lo que se le negó la oportunidad de tener una etapa de indagación en las mismas condiciones de los demás disciplinados.Radicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Además, cuando fue vinculado a la investigación disciplinaria, se referenciaron hechos temporalmente distintos de los que fueron objeto de indagación. No obstante, la autoridad los acumuló sin existir conexidad sustancial, procesal o cronológica, en una interpretación errada del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 y de la Resolución 191 de 2003 (guía del proceso disciplinario de la Procuraduría General de la Nación) y por fuera de lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal respecto de la conexidad.

Agregó que la actuación por la cual fue sancionado tuvo lugar al amparo de una causal eximente de responsabilidad, aspecto que fue dejado de lado por la demandada, quien, en abierto desconocimiento de los principios de legalidad ,

Agregó que la actuación por la cual fue sancionado tuvo lugar al amparo de una causal eximente de responsabilidad, aspecto que fue dejado de lado por la demandada, quien, en abierto desconocimiento de los principios de legalidad , presunción de inocencia y culpabilidad, imputó objetivamente una falta disciplinaria. Lo anterior, toda vez que se reprochó la infracción al deber objetivo de cuidado, sin un estudio del aspecto subjetivo.

Que esta circunstancia también representa la falsa motivación, en la medida en que las normas empleadas para tipificar la conducta se duplicaron para fundar la culpa gravísima, con lo que se desconoció que esta es una forma de incurrir en la conducta típica, pero no la conducta típica en sí misma, de manera que en los actos demandados se omitió la valoración del deber subjetivo de cuidado , punto donde reside la culpabilidad.

Que la sanción impuesta se fundó en el pago de unos dineros relacionados con el servicio de salud del departamento sin que se hubiese celebrado un contrato para la prestación de servicios de salud, lo que se adecuó típicamente al numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. La demandada aplicó la figura de la actio in rem verso, con lo que dejó de lado que el comportamiento reprochado se originó, no de manera autónoma, sino en la necesidad de cumplir unas órdenes judiciales de tutela y con sustento en el acta de compromiso de pago del 13 de abril de 2016, según lo ordenado por la Procuraduría Regional de Córdoba.

En ese sentido, con su actuación buscó no incurrir en la prohibición de incumplir las decisiones judiciales y administrativas , lo que despojó la conducta de ilicitud

ordenado por la Procuraduría Regional de Córdoba.

En ese sentido, con su actuación buscó no incurrir en la prohibición de incumplir las decisiones judiciales y administrativas , lo que despojó la conducta de ilicitud sustancial y configuró un eximente de la responsabilidad en este elemento . Esto también ocurrió en el ámbito de la culpabilidad, porque a él, odontólogo de profesión, no se le podía exigir el conocimiento de la teoría de la actio in rem verso, sumado a que obró con la convicción de estar protegiendo los derechos de los niños con afectaciones psicológicas y mentales , lo que implica la inconsciencia de la antijuridicidad formal del su comportamiento.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 26 de enero de 2021 1 y se notificó a la entidad, quien se opuso a las pretensiones por considerar que la actuación disciplinaria se llevó a

1 La demanda se radicó el 2 de agosto de 2019 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual por auto del 6 de febrero de 2020 dispuso su remisión por competencia al Tribunal Administrativo de Córdoba (ver radicado 25000234200020190116300 en el aplicativo SAMAI). Una vez allí, por auto del 11 de noviembre de 2020 fue inadmitida para que se aportara constancia de haber solicitado la conciliación extrajudicial (índice 00003 del radicado 23000233300020200004901). En contra de esta decisión se interpuso recurso de reposición

2020 fue inadmitida para que se aportara constancia de haber solicitado la conciliación extrajudicial (índice 00003 del radicado 23000233300020200004901). En contra de esta decisión se interpuso recurso de reposición por del demandante, quien argumentó que no se estaba debatiendo un asunto de contenido económico y, porRadicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 cabo con apego a la Constitución y la ley y que durante todo el trámite se garantizó el derecho a la defensa y contradicción.

Señaló que no se desconoció el debido proceso por haber iniciado en contra del demandante la investigación disciplinaria sin haberlo vinculado previamente a una indagación preliminar, pues esta última constituye una etapa facultativa, que tiene lugar en caso de duda sobre el alcance disciplinario del hecho que se pone en conocimiento de la autoridad.

Que la acumulación de los procedimientos se realizó según las reglas de la Resolución 191 de 2003 y que la aplicación del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 tuvo lugar en virtud de la remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002, resultando clara la conexidad entre los hechos investigados, relacionados con los servicios de salud prestados por Funtierra.

Agregó que no se configuraron las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria de los numerales 2 y 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, alegadas por el demandante, las que, además, fueron suficientemente analizadas en las

Agregó que no se configuraron las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria de los numerales 2 y 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, alegadas por el demandante, las que, además, fueron suficientemente analizadas en las decisiones sancionatorias, pues como secretario de salud tenía el deber funcional de dirigir el Sistema General de Seguridad Social en Salud del departamento y contaba con funciones delegadas en material de contratación estatal. Que en la actuación quedó claro que cuando se posesionó en el cargo, en el año 2016, realizó una nueva negociación de los servicios de salud prestados y, con fundamento en ello, expidió el acto administrativo objeto de reproche.

Que el demandante tenía experiencia en el sector público, por lo que no le era ajena la normativa contractual. Además, el señor Pareja Alemán pudo haberse separado de las actuaciones de su antecesor y ajustarse al trámite adecuado para la relación de la gobernación con la IPS ; y que no corresponde a la realidad que la autoridad no analizara los argumentos relacionados con la existencia de órdenes de tutela, las que por demás no fueron siquiera mencionadas en el acto administrativo que ordenó el pago a Funtierra

Que, por lo demás, en los actos se analizaron la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como lo exige la normativa disciplinaria. Propuso la excepción de caducidad del medio de control2.

Se celebró audiencia inicial el 5 de octubre de 2021 3, en la cual se señaló que la excepción de ca ducidad se resolvería en la sentencia; se fijó el litigio y se incorporaron las pruebas documentales. Se prescindió de la audiencia de pruebas

excepción de ca ducidad se resolvería en la sentencia; se fijó el litigio y se incorporaron las pruebas documentales. Se prescindió de la audiencia de pruebas y, en consecuencia, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión

ello, no era necesario agotar la conciliación (índice 00006 del radicado 23000233300020200004901). El recurso se resolvió de manera desfavorable el 10 de diciembre de 2020 (índice 00008 del radicado 23000233300020200004901); luego de lo cual el demandante aportó una constancia suscrita por el Procurador 33 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la que se indicó que el 25 de noviembre de 2020 se solicitó conciliación extrajudicial por parte del señor Pareja Alemán, ante lo cual, por auto del 11 de diciembre de 2020 dicha Procuraduría resolvió declarar que el asunto no era susceptible de conciliarse (véase índice 00011 del radicado 23000233300020200004901). 2 Véase, en el índice 00019 del radicado 23001233300020200004900, el documento «23001233300020200004900_ACT_cONTESTACIONDEMANDA_1304202124542pm_ecec3cb933f4420eab7 43bbf5569ae89(.pdf)». 3 Véase índice 00030 del radicado 23001233300020200004900.Radicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 y al Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)4, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó la supresión de los antecedentes disciplinarios y la eliminación de las anotaciones realizadas en la hoja de vida del demandante, generadas por la sanción impuesta. Esto, tras concluir que prosperaban los cargos de nulidad por violación al debido proceso y del derecho de defensa y de infracción de las normas en que debían fundarse los actos en cuanto a la calificación de la culpabilidad disciplinaria.

Declaró no probada la excepción de caducidad, por cuanto la decisión disciplinaria de segunda instancia se notificó al demandante el 16 de enero de 2019 y el 21 y 30 del mismo mes y año a los apoderados de otros investigados. Entre tanto, el 24 de enero de 2019 la quejosa formuló una solicitud de corrección, aclaración o adición del fallo, la cual se resolvió por auto del 12 de marzo de 2019 notificad a por edicto desfijado el 5 de abril del mismo año.

Que a falta de norma especial en la materia, las disposiciones aplicables a la aclaración, corrección y adición de las decisiones son las contenidas en el Código General del Proceso (artículos 285 y siguientes) y que si bien la autoridad negó la

Que a falta de norma especial en la materia, las disposiciones aplicables a la aclaración, corrección y adición de las decisiones son las contenidas en el Código General del Proceso (artículos 285 y siguientes) y que si bien la autoridad negó la petición de la quejosa, de manera oficiosa aclaró que la sanción impuesta al disciplinado era por el término de «once» años y no de «diez»; lo que no representa una corrección formal, porque ante la contradicción entre letras y números debían prevalecer las primeras, que reducían la sanción en 1 año; de allí que la aclaración resultara necesaria y, por tanto, la demanda, radicada el 2 de agosto de 2019, se presentó de manera oportuna.

Analizó el alcance de la indagación preliminar, para concluir que no es una etapa obligatoria en la actuación disciplinaria; no obstante, advirtió que el demandante apareció directamente vinculado a la investigación aun cuando su conducta como secretario de salud databa del 2016 y era totalmente autónoma e inconexa con lo examinado en las indagaciones.

Que según la demandada, se acudió a la conexidad procesal, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011, norma que tiene que ver con la formación de expedientes y que no guarda relación con el nexo entre faltas disciplinarias. Como consecuencia, se dejó de aplicar la normativa del Código de Procedimiento Penal que sí regula el tema. Indicó que esto representa la lesión del debido proceso y del derecho de defensa, pero no por omitir la indagación preliminar, sino por «extender las consecuencias de las dos indagaciones preliminares realizadas a hechos

que sí regula el tema. Indicó que esto representa la lesión del debido proceso y del derecho de defensa, pero no por omitir la indagación preliminar, sino por «extender las consecuencias de las dos indagaciones preliminares realizadas a hechos distintos a los que fueron motivo de queja e informe, sin que existiera ninguna causal que lo justificara».

Indicó que en la actuación disciplinaria se cumplió con la exigencia de tipicidad, pues la falta del artículo 48, numeral 31, no requiere para su materialización de la

4 Véase índice 00037 del radicado 23001233300020200004900.Radicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 existencia de un contrato , sino que se configura ante la omisión de materias obligatorias y que por ello si el reproche tiene lugar cuando se desconocen las reglas y principios de la contratación en relación con un negocio existente, con mayor razón se concreta cuando este se omite y, en su lugar, se realiza un pago por servicios que se debieron contratar legalmente.

Que también se satisfizo la exigencia de ilicitud sustancial, de allí que no se configure la causal de exclusión del artículo 28, numeral 2, de la Ley 734 de 2002, porque los servicios de salud ya se habían prestado y los jueces de tutela no ordenaron pagos inmediatos por fuera de los mecanismos legales. No obstante, en el elemento de culpabilidad se incurrió en un vicio que afectó la legalidad de los actos, pues, por un lado, la demandada realizó el juicio subjetivo de dos secretarios

ordenaron pagos inmediatos por fuera de los mecanismos legales. No obstante, en el elemento de culpabilidad se incurrió en un vicio que afectó la legalidad de los actos, pues, por un lado, la demandada realizó el juicio subjetivo de dos secretarios de manera conjunta, con lo que dejó de lado que este análisis debe ser autónomo, por cada autor de la conducta . Esta falencia salta a la vista si se tiene en cuenta que el señor Pareja Alemán no participó en las autorizaciones para la prestación de los servicios de salud y que su actuación se circunscribió a la legalización de hechos cumplidos.

Agregó que en el juicio subjetivo de la responsabilidad se configuraba la causal de exclusión de la responsabilidad del artículo 28 numeral 6 de la Ley 734 de 2002 y que en ese punto cobraba relevancia lo analizado respecto de las indagaciones preliminares, pues de haberlas adelantado en su contra, se habría n advertido las circunstancias en que el demandante aceptó en la investigación disciplinaria que ordenó mediante resolución el pago de los servicios prestados por Funtierra ( la queja disciplinaria formul ada por la IPS dos meses antes de su posesió n; los constantes oficios de la Procuraduría regional de Córdoba en los que le pedían explicaciones al señor Pareja Alemán ; que nunca se cuestionó la prestación de servicios por parte de Funtierra, a nombre del departamento, en cumplimiento de varias órdenes de tutela).

Finalmente, resolvió no condenar en costas5.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada6 interpuso recurso de apelación , en el cual insistió en que el demandante, en su condición de secretario de salud del departamento de Córdoba,

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada6 interpuso recurso de apelación , en el cual insistió en que el demandante, en su condición de secretario de salud del departamento de Córdoba, tenía la obligación de subsanar los yerros cometidos por la administración anterior y, en ese orden, adelantar la actividad contractual necesaria para evitar la posterior vulneración del derecho a la salud de los menores vulnerables; no obstante, optó por realizar acuerdos de pago modificatorios de los valores establecidos, con lo que trasgredió el orden legal y afectó el erario.

Agregó que, en efecto, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002,

5 La magistrada Nadia Patricia Benítez aclaró su voto (índice 00042 del radicado 23001233300020200004900). Indicó que compartía la tesis mayoritaria respecto de que no hubo claridad en el examen de la culpabilidad del disciplinado, pues la investigación se inició por no pagar unas facturas a Funtierra, pero lo terminaron sancionando por el pago de las mismas sin soporte contractual. Pero consideró que no se violó el debido proceso y el derecho a la defensa, por extender a su caso las consecuencias de dos indagaciones preliminares, porque la demandada satisfizo los presupuestos legales de la acumulación procesal, sumado a que la indagación preliminar es una etapa contingente. 6 Véase índice 00040 del radicado 23001233300020200004900.Radicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 la indagación preliminar no puede extenderse por hechos distintos a los que fueron objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos ; no obstante, destacó que respecto de la formulación de cargos no denunciados por el quejoso el Consejo de Estado ha señalado que lo fundamental es que este se encuentre debidamente probado en la actuación y que el investigado cuente con las oportunidades procesales para pronunciarse.

Reiteró que se cumplieron las exigencias de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad y que ambas instancias disciplinarias coincidieron en que si bien los servicios de salud prestador por Funtierra se ordenaron por los jueces de tutela, en las respectivas sentencias no se dispuso la realización de tratamientos o procedimientos destinados a evitar una lesión inminente al derecho a la salud y, en ese orden, no se trató de servicios imprevistos o de urgencia que impidieran la planeación y existencia de un contrato; de allí que no se entienda la conclusión del Tribunal, cuando está acreditado que el demandante desconoció los principios de la contratación estatal y que nada hizo para sanear esta situación, que venía de la administración anterior y que inclusive dio lugar a la sanción de los demás vinculados.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 29 de agosto de 20227 fue admitido el recurso de apelación. En esta providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran

El 29 de agosto de 20227 fue admitido el recurso de apelación. En esta providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

El demandante8 señaló que la decisión de la primera instancia debe mantenerse, porque se acreditó la vulneración de normas en que debían fundarse los actos, en la medida en que su juzgamiento disciplinario se estructuró sobre hechos anteriores al ejercicio de su cargo y se pretermitió la etapa de indagación preliminar; además, se probó la falsa motivación porque no quedó acreditada su culpabilidad y sin este elemento no hay responsabilidad, ni fueron suficientes los hechos para imponer la sanción de destitución e inhabilidad y se configuró por lo menos una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, pues obró con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria.

La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado 9 presentó concepto, en el que, luego de indicar que en efecto no se configuró la caducidad el medio de control, solicitó que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones , pues en la actuación disciplinaria se respetó el debido proceso del señor Pareja Alemán y la sanción se impuso previa satisfacción de los elementos estructurales de la responsabilidad.

En punto a la culpabilidad, señaló que las imprecisiones del acta que dio lugar a la

proceso del señor Pareja Alemán y la sanción se impuso previa satisfacción de los elementos estructurales de la responsabilidad.

En punto a la culpabilidad, señaló que las imprecisiones del acta que dio lugar a la expedición de la Resolución que ordenó el pago de Funtierra es lo que motiva la forma de la «culpa gravísima», pues no podía partir de que ese documento, suscrito

7 Véase índice 00004 de SAMAI. 8 Véanse índices 00009 y 00010 de SAMAI. 9 Véase índice 00011 de SAMAI.Radicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 en el 2015, hubiese fijado reglas para la prestación del servicio durante todo el año y menos que los pagos se realizaran en la vigencia siguiente y que no resulta irregular que este análisis se hubiese hecho de forma conjunta para los dos secretarios de salud investigados, pues, pese a que varía el número de las resoluciones, ambos ordenaron pagos sin que mediara una relación contractual con la IPS.

La demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba debe revocarse, porque en la expedición de los actos demandados no se lesionó el debido proceso al vincular al demandante a una investigación disciplinaria sin que se adelantara una indagación preliminar; y al

Administrativo de Córdoba debe revocarse, porque en la expedición de los actos demandados no se lesionó el debido proceso al vincular al demandante a una investigación disciplinaria sin que se adelantara una indagación preliminar; y al acumular a est a una actuación aparentemente inconexa. Además, se deberá analizar si el juicio de responsabilidad satisfizo las exigencias de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad.

Para ello, esta providencia se referirá al marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria, a la nulidad de los actos administrativos por violación al debido proceso, a la estructura de la responsabilidad disciplinaria y abordará el estudio del caso concreto.

Marco jurisprudencial aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad disciplinaria comprende una función especializada, con un componente preventivo y correctivo, que busca garantizar la efectividad de los principios de la función pública y el buen desempeño y gestión transparente de los servidores públicos. En ese sentido, se rige por disposiciones y procedimientos especiales, transversalizada por las garantías propias del debido proceso constitucional.

El resultado de tales actuaciones, representada en actos administrativos, es susceptible de examen a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica en relación c on el alcance de la intervención del juez de lo contencioso administrativo, como a continuación se expone.

La primera tesis de la jurisprudencia se inclinó por sostener que el control del juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos

La primera tesis de la jurisprudencia se inclinó por sostener que el control del juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias10.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes Moreno.Radicado: 23001-23-33-000-2020-00049-01 (4353-2022) Calle 12 No. 7-65 – Tel: (604) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Luego, se adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicac