CE - Sentencia 23001233300020210010601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 230012333000 202100106 01 (69.941)

Demandante: FUNDACIÓN SERVICIOS Y OBRAS SOCIALES DE

COLOMBIA S.O.S., hoy FUNDACIÓN INTEGRAL

PARA EL DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO

COLOMBIANO – FINDECOL

Demandado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD – solo opera en los casos en los que la ley lo dispone / DEMANDA ARBITRAL – si se presenta en tiempo produce el efecto de inoperancia de la caducidad / CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Y EXTINCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA POR FALTA DE PAGO DE LOS HONORARIOS Y GASTOS – cuando ello ocurre no se mantienen los efectos de la presentación de la demanda arbitral oportuna.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

El conflicto se refiere al incumplimiento en el que habría incurrido el municipio de

sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

El conflicto se refiere al incumplimiento en el que habría incurrido el municipio de Santa Cruz de Lorica por la falta de pago de un saldo del precio estipulado en el contrato y por la mora en la que habría incurrido respecto de los pagos parciales pactados.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 17 de febrero de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió: (i) liquidar el contrato 010 del 10 de febrero de 2016 con la determinación de un saldo de $272’783.783,052 a favor de la Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – FINDECOL1, (ii) condenar al municipio al pago de esa suma, (iii) negar las demás pretensiones de la demanda; y, (iv) abstenerse de condenar en costas2.

Pretensiones

2. La Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S., hoy Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol– (en adelante la Fundación, la demandante o la contratista), presentó demanda en contra del

1 Al momento de la celebración del contrato su razón social correspondía a la primera mencionada. Al momento de la presentación de la demanda cambió a FINDECOL (índice 010, SAMAI, pág. 17). 2 Índice 42, SAMAI.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

Demandante: FINDECOL

Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica

Acción: Controversias contractuales

2 Índice 42, SAMAI.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

Demandante: FINDECOL

Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica

Acción: Controversias contractuales

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municipio de Santa Cruz de Lorica (en adelante el Municipio, el demandado o el contratante), con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Adelantar la liquidación definitiva del contrato de prestación de servicios educativos No. 010 – 2016, celebrado entre el municipio de Santa Cruz de Lorica y la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S. hoy Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol.

2. Como consecuencia de lo anterior, declarar que el municipio de Santa Cruz de Lorica - Secretaría de Educación incumplió el contrato de prestación de servicios de educación No 010 – 2016 en cuanto a la omisión de pagar el saldo debido por valor de seteci entos cuatro millones trescientos setenta mil pesos

($704.370.000).

3. Condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica al pago inmediato de la suma de setecientos cuatro millones trescientos setenta mil pesos ($704.370.000), junto con los intereses legalmente permitidos, todo hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago.

4. Condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica al pago de los demás valores y perjuicios que se demuestren en el proceso a los cuales tenga derecho la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S. hoy Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol.

5. Condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica al pago de intereses

Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia S.O.S. hoy Fundación Integral para el Desarrollo y Emprendimiento Colombiano – Findecol.

5. Condenar al municipio de Santa Cruz de Lorica al pago de intereses moratorios con la tasa legalmente permitida desde el día del incumplimiento hasta que se verifique el pago de cada obligación, el cual equivale hasta la presentación del presente instrumento a mil cincuenta y seis millones quinientos cincuenta y cinco mil pesos $1.056.555.000.

6. Sobre los valores anteriormente aludidos, solicitamos la indexación de las condenas.

7. Condenar en costas a la entidad demandada.”3

Hechos

3. En apoyo de las pretensiones, se relacionaron los hechos relevantes que la

Sala resume a continuación:

4. El 10 de febrero de 2016 el Municipio y la Fundación celebraron el contrato 010, cuyo objeto consistió en la “ prestación del servicio educativo para atención a población adulta y jóvenes en extra edad a 3.210 estudiantes de los ciclos tres al seis en la zona rural y urbana del Municipio de Santa Cruz de Lorica, durante el año lectivo 2016”, por un valor de $3.272’370.000.

5. El Municipio no pagó el monto de $704’370.000 y los demás pagos los hizo por fuera del plazo pactado para ello.

6. El primer desembolso por valor de $490’855.500 –equivalente al 15% del valor del contrato– correspondía a un pago anticipado que se debía hacer el 15 de

3 Índice 010, SAMAI.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

Demandante: FINDECOL

valor del contrato– correspondía a un pago anticipado que se debía hacer el 15 de

3 Índice 010, SAMAI.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

Demandante: FINDECOL

Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica

Acción: Controversias contractuales

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febrero de 2016, cuando se suscribió el acta de inicio; sin embargo, se hizo posteriormente en tres contados4.

7. Para el segundo pago que se pactó por valor de $1.145’329.500 – correspondiente al 35% del valor del contrato–, la Fundación presentó la factura No. 26, junto con los documentos requeridos en el contrato –no indicó la fecha de presentación–. El pago se hizo en tres contados por fuera del término estipulado5.

8. El 11 de agosto de 2016 la demandante presentó la factura No. 035 con los soportes respectivos para que se efectuara el tercer pago por valor de $654’474.000 –correspondiente al 20% del valor del contrato–, pero éste se hizo de forma parcial y de manera extemporánea –no indicó cuándo se realizó–.

9. Lo mismo ocurrió respecto del cuarto pago que debía hacerse por un valor de $654’474.000 –correspondiente al 20% del valor del contrato–. No indicó cuándo lo solicitó ni cuándo se realizó6.

10. La Fundación presentó los documentos requeridos para que se hiciera el quinto pago que se estipuló por un valor de $327’237.000 –correspondiente al 10% del valor del contrato–, pero éste no se realizó. En la demanda no se indicó cuándo se hizo la solicitud.

quinto pago que se estipuló por un valor de $327’237.000 –correspondiente al 10% del valor del contrato–, pero éste no se realizó. En la demanda no se indicó cuándo se hizo la solicitud.

11. La Fundación cumplió a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato.

12. El Municipio se negó a realizar el pago del saldo adeudado con base en un supuesto otrosí modificatorio que no nació a la vida jurídica, en tanto no existen los documentos en los que se soportó la variación del valor del contrato para reducirlo a $2.568’000.000 7; no se notificó la decisión del Municipio de aprobar la modificación; tampoco se adelantó un estudio previo para hacerla y no existe disponibilidad ni registro presupuestal. Igualmente, no se realizó comité técnico ni financiero entre las partes, ni existe constancia de determinación del cambio, menos aún existió validación de las dependencias de ese procedimiento administrativo. No se actualizaron las pólizas del contrato y la fecha del 15 de julio de 2016 no coincide con la impuesta con un sello.

13. La presunta modificación perjudicó a la Fundación, toda vez que para ese momento venía ejecutando el contrato según el valor inicialmente convenido y ya contaba con la totalidad de libros, kits escolares y la contratación de los docentes necesarios, además de que había adquirido créditos para cubrir los gastos necesarios para ejecutar el objeto convenido.

4 Los días 22 de febrero, 3 de marzo y 22 de julio. Los dos primeros por valor de 106’044.540, el último por valor de 278’766.420.

necesarios para ejecutar el objeto convenido.

4 Los días 22 de febrero, 3 de marzo y 22 de julio. Los dos primeros por valor de 106’044.540, el último por valor de 278’766.420. 5 Los días 22 de julio y 1 de diciembre de 2016 y 4 de enero de 2017, por valor de $265’283.781,50, 689’289.501,90 y 190’756.216,6, respectivamente. 6 Señaló que del tercer y cuarto pago la entidad solo canceló la suma de $985’009.704,03. 7 Se refirió a: (i) la solicitud que habría realizado el supervisor del contrato para que se realizara la modificación, en tanto debía ajustarse a la canasta educativa en atención a las (ii) directrices educativas del Ministerio de Educación y a la (iii) disponibilidad de recursos asignados para el municipio de Lorica.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

Demandante: FINDECOL

Demandado: Municipio de Santa Cruz de Lorica

Acción: Controversias contractuales

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Fundamentos de derecho

14. Como fundamentos de derecho se expresó, que: (i) se vulneraron los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, en tanto no se liquidó el contrato y no se realizaron los pagos adeudados al contratista, y (ii) la presunta modificación no nació a la vida jurídica porque no cumplió con los requisitos de perf eccionamiento, en tanto emergió con violación de los procesos de selección de la Ley 80 de 1993.

Contestación de la demanda

15. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso la

en tanto emergió con violación de los procesos de selección de la Ley 80 de 1993.

Contestación de la demanda

15. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso la excepción que denominó “ pago total de la obligación y cobro de lo no debido ”8.

Expresó que el contrato fue objeto de una modificación que se celebró de mutuo acuerdo el 15 de julio de 2016 y que se perfeccionó porque se elevó a escrito como exige la ley. A través de ese acuerdo las partes convinieron disminuir el precio pactado de $3.272’370.000 a $2.568’000.000 de manera que se modificó la forma de pago para ajustar los montos al nuevo valor, el cual fue cancelado en su totalidad.

16. Los comprobantes de egreso No. CE 01238, CE No. 01645 y CXPC No. 00237 revelan que el Municipio canceló $2.239’139.282 a la Fundación, más $409’855.500, para un total de $2.729’994.782, pese a que el valor del contrato se pactó por $2.568’000.000. Añadió q ue el pago se completó durante el plazo de ejecución, por lo cual no era procedente reconocer intereses moratorios.

Alegatos en primera Instancia

17. Surtido el periodo probatorio 9, en el término para alegar de conclusión 10, la demandante11 y el demandado reiteraron sus argumentos. El Ministerio Público 12 conceptuó que se debía acceder a la pretensión de liquidación del contrato, en tanto no obra prueba de que ese acto se hubiere realizado. Señaló que se encuentra acreditado que las partes celebraron el otrosí modificatorio para disminuir el valor

conceptuó que se debía acceder a la pretensión de liquidación del contrato, en tanto no obra prueba de que ese acto se hubiere realizado. Señaló que se encuentra acreditado que las partes celebraron el otrosí modificatorio para disminuir el valor del contrato a $2.568’000.000, por lo cual el Municipio no adeuda ninguna suma a la Fundación, pues se demostró que le pagó $2.633’136.702, por lo que es ésta la que le debe $65’136.702, lo que impone que se nieguen sus pretensiones.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

18. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expresó que13:

8 Índice 15, SAMAI. 9 En auto del 9 de junio de 2022 el Tribunal incorporó al proceso: (i) el expediente del proceso arbitral que fue remitido por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Montería, (ii) las documentales aportadas por la Fundación con e l escrito de adecuación de la demanda y con el escrito por medio del cual descorrió las excepciones formuladas por el Municipio. Negó las demás pruebas solicitadas por las partes (Índice 25, SAMAI). 10 En auto que ordenó correr alegatos de conclusión calendado el 26 de julio de 2022, de conformidad con el artículo 182ª de la Ley 1437 de 2011, el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para emitir concepto, por el término de diez (10) días. (Índice 29, SAMAI). de audiencia de pruebas calendada el 19 de noviembre de 2020, de conformidad con el inciso 3º del artículo

Ministerio Público para emitir concepto, por el término de diez (10) días. (Índice 29, SAMAI). de audiencia de pruebas calendada el 19 de noviembre de 2020, de conformidad con el inciso 3º del artículo 181 del CPACA el Tribunal corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto si a bien lo tiene. (índice 33, SAMAI). 11 (Índice 33, SAMAI). 12 (índice 36, SAMAI). 13 (Índice 43, SAMAI).Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

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19. Se demostró que la modificación se perfeccionó por el común acuerdo de las partes que la suscribieron, por lo cual no es procedente la declaratoria de ineficacia, pues voluntariamente la Fundación consintió en la reducción del valor del contrato en $704’370.000.

20. Se acreditó que la Fundación cumplió las obligaciones del contrato, de lo que dan cuenta las actas de entrega y recibo a satisfacción emitidas por el secretario de educación municipal en calidad de supervisor.

21. El Municipio pagó a la Fundación la suma de $2.261’194.802; sin embargo, los pagos los hizo por fuera de los plazos pactados, por lo cual se debían reconocer los intereses de mora en los términos dispuestos en el inciso 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993.

22. Como el 15 de julio de 2016 las partes acordaron reducir el valor del contrato

los intereses de mora en los términos dispuestos en el inciso 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993.

22. Como el 15 de julio de 2016 las partes acordaron reducir el valor del contrato a $2.568’000.000 y, en función de ello modificaron también los valores de cada desembolso pactado, para el cálculo de los intereses de mora que se causaron respecto de los pagos que debían hacerse antes de esa modificación –primero y segundo– tuvo en cuenta los montos inicialmente convenidos, para los siguientes pagos tuvo en cuenta los valores modificados. Señaló que los saldos de los primeros dos pagos se sumaron al capital restante, y que este último se redujo según el nuevo precio estipulado.

23. Según las referidas pautas, en la sentencia se calcularon los intereses de mora respecto de cada pago y se consideraron los abonos que realizó el Municipio.

Con base en lo anterior se concluyó que para el 4 de enero de 2017 el Municipio le debía a la Fundación la suma de $117’083.315 por concepto de capital. Sobre esa cifra calculó intereses de mora hasta el 31 de enero de 2023, lo que arrojó un resultado de $272’783.052 a favor de la Fundación y a cargo del demandado.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

24. El Ministerio Público presentó recurso de apelación14 con el objeto de que se modifique la sentencia, en el sentido de que se establezca que el valor que el Municipio adeuda a la Fundación asciende a $156’862.019. Como fundamento

expresó:

25. En la liquidación judicial que realizó el a quo se calcularon intereses sobre

modifique la sentencia, en el sentido de que se establezca que el valor que el Municipio adeuda a la Fundación asciende a $156’862.019. Como fundamento expresó:

25. En la liquidación judicial que realizó el a quo se calcularon intereses sobre intereses, por lo cual se incurrió en la figura del anatocismo proscrita en la legislación colombiana15. El valor de $117’083.315 que según el fallo el demandado adeudaba a la Fundación para el 4 de enero de 2017 correspondía a intereses de mora, por lo cual no era procedente sobre esa misma cifra calcular nuevamente intereses, sino solamente actualizar ese valor a la fecha del fallo, lo que arrojaba una cifra de $156’862.019.

26. Como el Municipio pagó la totalidad del valor del contrato –definido en la modificación del 15 de julio de 2016 – el 4 de enero de 2017, después de ese

14 (Índice 45, SAMAI). 15 Se refirió a los artículos 1617 y 2235 del Código Civil y citó sentencias C-367 de 1995 y C-364 de 2.000.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

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momento no se podían seguir causando intereses de mora, por tanto, el Tribunal no debió calcularlos.

27. La condena al pago de los intereses moratorios sobre intereses moratorios vulneró el principio de congruencia, toda vez que la demandante no elevó esa pretensión.

Trámite en segunda instancia

debió calcularlos.

27. La condena al pago de los intereses moratorios sobre intereses moratorios vulneró el principio de congruencia, toda vez que la demandante no elevó esa pretensión.

Trámite en segunda instancia

28. En auto del 28 de abril de 202316, el Tribunal concedió el recurso de apelación y esta Corporación lo admitió en proveído del 13 de junio de 202317.

29. Al presente asunto le son aplicables las previsiones de la Ley 2080 de 202118, que modificó el artículo 247 del CPACA. No se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, comoquiera que no se decretaron pruebas en segunda instancia19. El Ministerio Público emitió concepto para reiterar los argumentos de su intervención en primera instancia y los del recurso de apelación20.

III. CONSIDERACIONES

La oportunidad de la demanda

30. Dado que se trata de un requisito procesal sin el cual no es posible proferir sentencia de mérito, la Sala declarará probada de oficio la excepción de caducidad21.

31. Antes de expresar las razones que conducen a esta conclusión, se estima pertinente advertir que en relación con litigios originados en contratos que por disposición legal o convencional deban ser sometidos a la etapa de liquidación , existen en la actualidad dos posiciones respecto de la regla de oportunidad aplicable, una según la cual estos eventos siempre deberán regirse por las normas especiales contenidas en los ordinales i) a v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 –diseñadas en función de si el balance final se realizó

aplicable, una según la cual estos eventos siempre deberán regirse por las normas especiales contenidas en los ordinales i) a v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 –diseñadas en función de si el balance final se realizó o no–; otra que considera que aquélla no es una pauta única inamovible, sino que,

16 (Índice 47, SAMAI). 17 Se admitió el auto la apelación por parte del Ministerio Público, pues la apelación que instauró se entendió en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o las garantías fundamentales. Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2018. Radicación 66001 -23-31-000-2007-0000501(36853). C.P. Danilo Rojas Betancourth (Índice 04, C.E, SAMAI) 18 Toda vez que el recurso de apelación se interpuso el 23 de marzo de 2023, esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 2021 -25 de enero de 2021-. 19 “ARTÍCULO 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pa sará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días

por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pa sará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”. 20(Índice 10, C.E, SAMAI). 21 Ley 1437 de 2011. Artículo 187, inciso segundo: “ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. (…)”.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

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en algunos casos, pese a que el contrato deba ser objeto de liquidación, la regla de caducidad gobernante será la general que determina que el cómputo debe hacerse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la demanda.

32. La primera tesis se funda en la aplicación del criterio de interpretación gramatical establecido en el artículo 27 del Código Civil, según el cual cuando el

sirven de fundamento a la demanda.

32. La primera tesis se funda en la aplicación del criterio de interpretación gramatical establecido en el artículo 27 del Código Civil, según el cual cuando el sentido de la ley es claro, no es posible desatender su tenor literal ; y en el criterio de interpretación que dispone que las normas especiales priman sobre las generales. Señala esta postura que en los contratos que deben ser sometidos a liquidación, el referido literal j) ató el término de caducidad a la realización de ese acto –bilateral o unilateral mente, según el caso – o al vencimiento del plazo determinado para ello sin que este se adopte, sin ninguna distinción en relación con la controversia que se vaya a proponer en juicio, por lo cual no está dado al operador judicial hacer esta distinción; además de que como el referido literal j) contiene una regla general y varias especiales, se debe preferir la aplicación de las segundas 22; la otra tesis parte de un análisis íntegro y sistemático de esa misma norma que conduce a concluir que la regla de caducidad aplicable debe determinarse en función de si la consolidación o definición de los motivos que generan el conflicto se traslada o no a la etapa de liquidación.

33. El referido ejercicio hermenéutico sistemático parte de considerar que para definir la oportunidad en la que se deben presentar las demandas de controversias contractuales, el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 se integró con varias reglas , todas las cuales están llamadas a producir efectos jurídicos: (i) una general según la cual “ el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de

integró con varias reglas , todas las cuales están llamadas a producir efectos jurídicos: (i) una general según la cual “ el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento ”, (ii) una específica para la pretensión de nulidad del contrato, y (iii) otras que se fijan en función de si el negocio jurídico en el que se origina el litigio es de ejecución instantánea o sucesiva. En este último caso, se diferencia entre si requiere o no ser liquidado y, si ese trámite se impone, si se hizo de forma bilateral o unilateral, o si se obvió.

34. La tesis que sostiene que para los contratos que deben someterse a la etapa de liquidación el legislador no estableció una única e inamovible pauta para determinar la caducidad –la realización o no de ese acto – se inclina por dar relevancia al hecho de que las reglas de oportunidad acabadas de mencionar tienen su propio campo de aplicación de cara a los supuestos determinados por la ley , de manera que l a general no se subsume en las demás, ni éstas en ella . Un entendimiento distinto impediría que una u otras proyecten sus efectos en el mundo jurídico, lo que las haría inoperantes; por tanto, concluye que lo que corresponde es aplicar aquélla a la que se adecúen los supuestos fácticos de cada caso.

35. En línea con lo anterior, esa postura toma en cuenta que l as reglas especiales contenidas en los ordinales i) a v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 fueron edificadas por el legislador –recogiendo la

especiales contenidas en los ordinales i) a v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 fueron edificadas por el legislador –recogiendo la

22 Al respecto se pueden consultar las aclaraciones de voto presentadas por los doctores María Adriana Marín y Fernando Alexei Pardo Flórez respecto de la sentencia proferida por esta Subsección el 19 de abril de 2024, Exp. 66.564, así como la sentencia proferida por esta misma Subsección el 21 de febrero de 205, Exp. 66479, en la que el doctor José Roberto Sáchica formulo salvamento parcial de voto.Expediente 23001-23-33-0002021-00106-01 (69.941)

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jurisprudencia de esta Corporación 23– en función de si el contrato en el que se origina la controversia debe o no ser objeto de liquidación , lo que recoge en su totalidad las distintas formas en las que pueden cumplirse las obligaciones de un contrato –tracto sucesivo, ejecución o cumplimiento diferidos en el tiempo o instantáneamente24–, por lo cual entender que el término perentorio para presentar la demanda de controversias contractuales siempre debe determinarse en función de ellas, supone inevitablemente anular cualquier escenario en el que la regla general asociada a los motivos de hecho o de derecho que fundan las pretensiones pudiera desplegar sus efectos.

36. En suma, la tesis se basa en que la lectura de los supuestos contenidos en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 se deba realizar de

pudiera desplegar sus efectos.

36. En suma, la tesis se basa en que la lectura de los supuestos contenidos en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 se deba realizar de manera íntegra y sistemática, y dando aplicación al principio de hermenéutica jurídica del efecto útil de las normas, según el cual se debe preferir la interpretación que permita dotarlas de sentido y eficacia, frente a otra u otras que lo impidan. Este razonamiento conduce inmediatamente a concluir que no en todos los litigios originados en contr atos que deban liquidarse el plazo para demandar se deba computar siempre e ineludiblemente desde que ese acto se realice unilateral o bilateralmente, o después del vencimiento del término establecido para ello, sino que existen escenarios en los que la pr oposición en sede judicial de estos litigios deba hacerse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento.

37. El criterio que permite identificar cuál es la regla de caducidad aplicable a los contratos que están sometidos a liquidación consiste en determinar si existe una relación directa y próxima entre los motivos que generan la controversia y la liquidación del contrato, al punto que su definición deba trasladarse hasta esa etapa final, porque antes de ella no puedan consolidarse debido a la variación que podrían sufrir de cara la proyección que tengan en la ejecución del respectivo negocio jurídico.

38. En consecuencia, según esta tesis, la fase de liquidación será el derrotero para determinar la oportunidad de la demanda en aquellos asuntos cuya definición sea propia de ser abordada en esa etapa, no así respecto de aquellos que han

jurídico.

38. En consecuencia, según esta tesis, la fase de liquidación será el derrotero para determinar la oportunidad de la demanda en aquellos asuntos cuya definición sea propia de ser abordada en esa etapa, no así respecto de aquellos que han quedado precisados desde mucho antes, en la medida que és tos no estarán para entonces en un estadio de verificación final, pues ya no variarán de cara a la proyección de ejecución del negocio jurídico y, por tanto, no será razonable ni justificado que la proposición judicial de l conflicto se traslade y extienda hasta ese momento; de ahí que bajo la hermenéutica expuesta se concluya que en estos últimos litigios la oportunidad para ventilarlos ante el juez sea la definida en la premisa general, esto es, dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento.

23 Positivizada primigeniamente con la modificación que se introdujo al artículo al numeral 10 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, a través de la Ley 446 de 1998. 24 Para el caso de los contratos sometidos al EGCAP, la condición de si el contrato debe o no ser sometido a l trámite de la liquidación debe revisarse en confrontación con