CE - Sentencia 23001233300020210024501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 23001-23-33-000-2020-00245-01 (2130-2025) Demandante: Cecilia Elena Marrugo Navarro Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación de docente con base en Ley 33 de 1985 . Fecha de vinculación como docente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y períodos de servicio con vínculos como profesor contratado mediante OPS. No se requiere demostrar que se hayan efectuado aportes durante los tiempos como contratista para tener en cuenta ese tiempo. Aplicación de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. MODIFICA Y ADICIONA

SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandada contra la sentencia proferida el quince (15) de mayo del año dos mil veinticinco (2025) por el

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandada contra la sentencia proferida el quince (15) de mayo del año dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, p or medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Cecilia Elena Marrugo Navarro instauró demanda1 en contra de la Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del silencio administrativo negativo ante la falta de respuesta a su petición de

1 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

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reconocimiento pensional, formulada el 9 de septiembre de 2020 ante la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba en nombre y representación del Ministerio de Educación – FOMAG.

3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus, con efectividad desde

3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus, con efectividad desde el 27 de febrero de 2015 y sin exigir el retiro definitivo del servicio.

4. Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de la pensión, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como el reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo abono.

5. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que nació el 27 de febrero de 1960, e inicialmente laboró como docente para el departamento de Córdoba a través de contratos de prestación de servicios suscritos entre 1998 y 2002, para un total de 1 año, 3 meses y 21 días.

7. Luego fue nombrad a por el municipio de Montería para ejercer en provisionalidad el cargo de maestra oficial desde el 19 de julio de 2004 hasta el 12 de julio de 2016. Finalmente volvió a ser designada en la misma modalidad del 12 de septiembre de 2016 hasta el 30 de octubre de 2019.

8. El 9 de septiembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, con aplicación del régimen propio del magisterio para consolidar el

de septiembre de 2016 hasta el 30 de octubre de 2019.

8. El 9 de septiembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación, con aplicación del régimen propio del magisterio para consolidar el derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91 de 1989. Sin embargo, esta petición fue negada mediante el acto presunto demandado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Consideró vulnerados: los artículos 7.º de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

10. Expresó que a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se le s aplican las normas previas a la expedición de la Ley 812 del mismo año, es decir,

la Ley 71 de 1988 para trabajadores privados, o para quienes han prestado elCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

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servicio público o privado con aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad se vinculaban al sector público después del 27 de junio de 2003, y que lograban acreditar labor educativa antes de menciona fecha,

servicio público o privado con aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a los docentes que con alguna edad se vinculaban al sector público después del 27 de junio de 2003, y que lograban acreditar labor educativa antes de menciona fecha, todas las disposiciones legales vigentes anteriores a la entrada en vigencia de la primera norma en mención tendrían que ser observados para resolver su situación pensional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. El 7 de diciembre de 2021 fue admitida la demanda .2 La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG manifestó3 que del material probatorio se encuentra plenamente acreditado que la demandante se vinculó como docente afiliad a al FOMAG con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de tal suerte que su régimen pensional corresponde al de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, pero con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

12. Propuso como excepciones las de: (i) ausencia de integración del litisconsorcio necesario por pasiva, (ii) legalidad de los actos administrativos, (iii) demandante no es beneficiari a de las disposiciones normativas que se alegan , (iv) factores salariales que integran el ingreso base de liquidación – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, (v) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico,

(vi) cobro de lo no debido, (vii) improcedencia de condena en costas, y (viii) genérica.

25 de abril de 2019, (v) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, (vi) cobro de lo no debido, (vii) improcedencia de condena en costas, y (viii) genérica.

13. El 30 de julio de 20244 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con el fin de dictar sentencia anticipada, por lo que se declararon no probadas las excepciones previas, se fijó el litigio, y se decretaron e incorporaron las pruebas. El 12 de marzo de 2025 5 se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar si a bien lo consideraba.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

14. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 15 de mayo de 2025 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad del acto demandado y condenar a la entidad demandada a reconocer la pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985 , efectiva a partir del 21 de febrero de 2018. Negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

2 Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 Ibid. 6 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

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15. Se dispuso además que la actora debía acreditar a qué fondo realizó las cotizaciones a pensión durante el tiempo que laboró como docente contratista. Por

15. Se dispuso además que la actora debía acreditar a qué fondo realizó las cotizaciones a pensión durante el tiempo que laboró como docente contratista. Por su parte, ordenó a l Ministerio de Educación - FOMAG repetir contra la entidad de previsión que esta indique conforme al punto anterior para obtener los aportes que haya efectuado y que haga lo propio ante el municipio de Montería por su aporte en proporción como empleador durante el tiempo en que se celebraron los CPS.

Igualmente autorizó el descuento de la condena de los valores que debió asumir la reclamante por ese mismo concepto en su calidad de trabajadora por dichos lapsos.

16. Expresó que para resolver este asunto debe acogerse el criterio jurisprudencial relacionado con que el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios como docente será computado para efectos pensionales, por lo que de encontrarse acreditas las exigencias para el reconocimiento de la prestación, se impartirá la orden del recaudo de los aportes faltantes para la correspondiente financiación, sin que pueda entenderse que queda al arbitrio de las partes dicho pago.

17. Indicó que la demandante no tendría derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes, toda vez que esta siempre estuvo trabajando para al sector oficial inicialmente a través de ordenes de prestación de servicios y posteriormente a través de relación legal y reglamentaria , mientras que la pensión de jubilación por aportes está estatuida para los casos de los docentes con acumulación de cotizaciones al ISS como particular al igual que al FNPSM, vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a los cuales se les aplicaría la Ley 71 de 1988.

acumulación de cotizaciones al ISS como particular al igual que al FNPSM, vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a los cuales se les aplicaría la Ley 71 de 1988.

18. En virtud del principio iura novit curia precisó que por lo anterior debe analizarse su derecho con base en el régimen de la Ley 33 de 1985. Al respecto encontró que el tiempo servido por la demandante a través de contratos de prestación de servicios como docente es computable para efectos del reconocimiento de su pensión de jubilación, además, como ello ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003), para el reconocimiento de su pensión de jubilación efectivamente debe tenerse en cuenta si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1° de la primera norma en mención (20 años de servicios continuos o discontinuos y que haya cumplido 55 años de edad); sin que el hecho que se haya presentado solución de continuidad en el marco del nexo laboral sea óbice para el reconocimiento del derecho.

19. Aseguró que cumplió con el requisito de la edad el 27 de febrero de 2015 y que frente al tiempo de servicio también lo acreditó con suficiencia, ya que i nicialmente estuvo vinculada desde el 20 de marzo de 1985 en el cargo de terapista del lenguaje nombrada por el Ministerio de Salud, esto durante 3 años, 9 meses y 10 días según

los certificados de salario mes a mes en donde se deja constancia del pagoCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

los certificados de salario mes a mes en donde se deja constancia del pagoCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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efectuado el mes de marzo de 1985 hasta diciembre de 1986 y de enero de 1989 hasta diciembre de 1990.

20. Destacó que l uego estuvo vinculada como docente través de órdenes de prestación de servicios celebradas con el municipio de Montería entre 1998 y 2002 para un total de 1 año, 3 meses y 21 días.

21. Afirmó que posteriormente la accionante se desempeñó como educadora oficial mediante nombramientos durante el tiempo de servicio que se certifica por parte de dicha entidad territorial desde el 19 de julio de 2004 hasta el 12 de septiembre de 2016 con algunas interrupciones , para un total de labor educativa de 13 años, 5 meses, 21 días. Adicionalmente resaltó que fue allegado el certificado de salario mes a mes en donde se acreditaron los pagos a la docente desde el mes de enero de 2016 hasta marzo de 2019, año en el que se terminó su vínculo en provisionalidad. Por tal motivo , se tendrá en cuenta como otro período trabajado desde el 13 de septiembre de 2016 hasta el 30 de marzo de 2019, puesto que desde enero hasta el 12 de septiembre de 2016 ya se tuvo en cuenta con la certificación anterior, lo cual equivale a 2 años, 6 meses, y 17 días más.

enero hasta el 12 de septiembre de 2016 ya se tuvo en cuenta con la certificación anterior, lo cual equivale a 2 años, 6 meses, y 17 días más.

22. Con base en lo expuesto manifestó que la actora al 9 de septiembre de 2020 cuando radicó la petición de reconocimiento pensional tenía cumplidos todos los requisitos para acceder a la prestación por jubilación solicitada, la cual debe concederse desde el 21 de febrero de 2018 y liquidada sobre el 75% del promedio de los factores devengados durante este año y que estuviesen contemplados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, que en este caso corresponde solo a la asignación básica.

RECURSO DE APELACIÓN7

23. La parte demandada interpuso recurso de apelación. Afirmó que el tiempo acreditado por la accionante no puede ser tenido en cuenta toda vez que es bajo la orden de prestación de servicios, el cual corresponde a un vínculo civil y no laboral.

24. Planteó que si bien la sentencia se fundamenta en la primacía de la realidad sobre las formas, es claro que tal principio no se puede aplicar dado que no existe proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la configuración de un contrato de trabajo, tales como subordinación, remuneración, prestación directa del servicio entro otros, pues si fuera por aplicación en vía indirecta no existirían procesos denominados de contrato realidad.

25. Argumentó que el reconocimiento de tiempos de servicio no cotizados generaría un detrimento patrimonial para el FOMAG, ya que implicaría el pago de prestaciones

7 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

un detrimento patrimonial para el FOMAG, ya que implicaría el pago de prestaciones

7 Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

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pensionales sin el correspondiente respaldo de los aportes que la misma parte reclamante nunca demostró que sí realizó, pese a que esta era su carga probatoria.

26. Por tanto, aleg ó la falta de legitimación pasiva, ya que esta entidad no puede reconocer tiempos no reportados, al punto de que es la secretaria de educación municipal quien debe responder , debido a que es quien realiza los actos administrativos para reconocer y pagar las prestaciones económicas , más aún porque los pagos a pensión realizados en los tiempos de OPS no fueron dirigidos a este fondo.

27. Expuso que, en todo caso, no es procedente iniciar acciones de repetición contra el municipio de Montería porque esta entidad territorial no es un fondo de previsión, por lo que a este último no se realizaron cotizaciones al sistema de seguridad social en pensión que puedan ser giradas al FOMAG.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

28. El 1.º de octubre de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.

29. El Ministerio Público9 solicitó que se confirme el fallo apelado. Aseguró que el FOMAG alegó que la demandante no acreditó cotizaciones durante los periodos contratados y, por tanto, no podía reconocerse la prestación. No obstante, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, la falta de cotizaciones no puede imputarse al trabajador cuando existió una verdadera relación laboral, pues el deber de afiliar y aportar al sistema corresponde al empleador.

30. En lo relativo al supuesto detrimento patrimonial indicó que tal planteamiento no tiene sustento, pues el reconocimiento efectuado se fundó en la aplicación directa del régimen legal y jurisprudencial vigente, sin que se advierta ilegalidad ni exceso en la liquidación que comprometa recursos públicos más allá de lo que la ley ordena, y por ello, no puede predicarse daño al erario cuando la prestación reconocida se deriva del cumplimiento estricto de un régimen especial.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

31. Deberá resolver la Subsección si a la demandante como docente oficial con vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios y relaciones legales y

8 Ver índice 4 de SAMAI. 9 Ver índice 8 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

8 Ver índice 4 de SAMAI. 9 Ver índice 8 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

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reglamentarias, le asiste derecho a la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional, y con efectividad desde esa misma fecha.

Cuestión previa

32. El 25 de noviembre de 2025 , el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con fundamento en la causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que conoció del proceso de la referencia en primera instanc ia en calidad de magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba.

33. Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho q ue puedan comprometer el criterio que asuman los jueces en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.

34. Pues bien, una vez verificado el auto admisorio de la demanda proferido el 7 de

impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.

34. Pues bien, una vez verificado el auto admisorio de la demanda proferido el 7 de diciembre de 2021 en primera instancia, se observa que el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves suscribió dicha providencia en calidad de ponente. Por consiguiente, dado que en esa oportunidad tuvo que realizar un estudio integral de la demanda para haber determinado su admisibilidad, se considera que conoció del proceso y realizó una actuación que demuestra la configuración de elementos subjetivos en la manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el consejero una posible afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la función jurisdiccional.

35. Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por el mencionado magistrado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y transparencia.

Marco normativo y jurisprudencial

36. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la forma

10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -014CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.

37. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

38. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 11 tal como acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia de sus pretensiones.12

39. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en provisionalidad, en propiedad o temp oral como una interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en provisionalidad, en propiedad o temp oral como una interinidad, así como tampoco si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.

40. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de haber laborado co mo docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del principio de la condición más beneficiosa,13 es claro que esta situación corresponde

11 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con lo s requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será

Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con lo s requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» 12 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan consolidado bajo el fenómeno de cosa juz gada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del pronunciamiento de segunda instancia. 13 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación: 40.662.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Radicado: 23001-23-33-000-2020-00245-01 (2130-2025)

a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.

Resolución del caso concreto

41. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo oficial.14

Resolución del caso concreto

41. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer ingreso al servicio educativo oficial.14

42. Para ello debe acudirse a la copia de la orden de prestación de servicios n.o 068 del 2 de junio de 1998,15 suscrita entre el secretario de educación departamental de Córdoba y la actora , pues a partir de este medio probatorio se corrobora que esta última efectivamente laboró por primera vez como docente contratada para ejercer funciones eminentemente educativas desde la mencionada fecha hasta el 19 de junio de 1998.

43. En este punto l a Sala resalta que, frente al hecho de que la solicitante haya acumulado tiempos de labor como maestra a través de contratos u órdenes de prestación de servicios (OPS), la sentencia de unificación CESUJ2 -5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado 16 abordó el tema y concluyó a título de regla que la labor de los educadores con ese tipo de vínculo no es diferente ni opuesto al que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues también se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.

44. Bajo ese contexto, en la mencionada providencia se estableció que para tales casos se permite presumir la existencia de un nexo laboral y, por tanto, considerar dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.17

casos se permite presumir la existencia de un nexo laboral y, por tanto, considerar dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.17

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]» 15 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI. 16 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docente s empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerá rquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos

de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerá rquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre l as formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]». 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante conCalle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

Radicado: 23001-23-33-000-2020-00245-01 (2130-2025)

45. En consecuencia, para dicha cl