CE - Sentencia 23001233300020240001401 de 2025

Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral Radicación: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acumulados1)

Demandantes: Ana Karina Navarro García, Francisco Alberto López Lozano

y Domingo José Escobar Causil

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid , alcalde de Planeta Rica

(Córdoba), para el periodo 2024-2027

Tema: Doble militancia en la modalidad de apoyo . Inhabilidad por parentesco (art. 95.4 de la Ley 136 de 1994 , modificado por el art. 37 de la Ley 617 de 2000).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte actora en su totalidad, contra la decisión de la sala quinta del Tribunal Administrativo de Córdoba del 29 de enero del 2025, providencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

del 29 de enero del 2025, providencia mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Los ciudadanos Ana Karina Navarro García 2, Francisco Alberto López Lozano 3 y Domingo José Escobar Causil 4, actuando en nombre propio , mediante sendas demandas, solicitaron la nulidad de la elección de l señor Ramón Eduard o Calle Cadavid, en calidad de alcalde del municipio de Planeta Rica (Córdoba), para el periodo 2024 – 2027, contenido en el E-26ALC de 5 de noviembre de 2023.

2. Fundamentos fácticos

Los hechos en los que coinciden las demandas, en síntesis, son los siguientes:

1 En radicaciones del tribunal los procesos acumulados al vocativo de la referencia son 23001-23-33-000-202300196-00 y 23001-23-33-000-2024-00008-00. 2 La demanda fue presentada el 11 de enero de 2024 (4:50 p.m.) y dio lugar al radicado 23001 -23-33-0002024-00014-01. 3 El libelo fue incoado el 19 de diciembre de 2023, dando origen al proceso 23001 -23-33-000-2023-00196-00. En esta además de la nulidad de la elección referida, se pidió anular el acto de inscripción. 4 Presentada, mediante apoderado judicial, el 11 de diciembre de 2023 . Radicado 23001 -23-33-000-202400008-00. Además de la nulidad del acto declaratorio de elección se pidió la cancelación de la credencial del demandado.Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

00008-00. Además de la nulidad del acto declaratorio de elección se pidió la cancelación de la credencial del demandado.Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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El señor Calle Cadavid resultó elegido alcalde de Planeta Rica, en los comicios de 29 de octubre del 2023, para el periodo 2024 – 2027, habiendo sido inscrito el 28 de julio anterior, por la coalición «Ramón Calle», conformada por los partidos Nuevo Liberalismo, colectividad en la que milita; Unión por la Gente – de La U y En Marcha.

Indicaron que la elección debe anularse por dos censuras principales: i) por inhabilidad por parentesco con funcionaria que e jerce autoridad y ii) por doble militancia en la modalidad de apoyo. En concreto, indicaron:

2.1. Sobre la inhabilidad por parentesco5

La señora Ana Margarita Caldera Oyola, cónyuge del accionado, dentro del periodo inhabilitante y hasta el 21 de febrero de 2023 6, es decir, dentro de los 12 meses anteriores a la elección, fungió como jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos (código 0137, grado 18 7) de la Universidad de Córdob a, con funciones de jurisdicción

anteriores a la elección, fungió como jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos (código 0137, grado 18 7) de la Universidad de Córdob a, con funciones de jurisdicción coactiva8 y, por ello, la parte actora consideró que ejerció autoridad administrativa.

Concretamente, indicó que tenía como atribución del cargo «… dirigir y responder por la gestión de cobro coactivo de las obligaciones y sumas que se le adeuden a la Universidad». Así que, la servidora contó con todas las prerrogativas conferidas por la Ley 66 de 20069, su Decreto Reglamentario 4473 de 200610 y el Acuerdo del Consejo Superior Universitario 185 de 2014 11, que dispuso que ese proceso administrativo coercitivo estaba a cargo de dicha jefatura12.

En ese contexto, como gestora de recaudo de la cartera pública, tenía la facultad ejecutora de librar mandamientos de pago (art. 29 Acuerdo 185) o decretar embargos (art. 37 ib.) lo que, a juicio de la parte demandante, resultan ser típicos ejemplos del ejercicio de autoridad administrativa , a través del poder de mando impositivo contra el deudor desobediente o renuente al pago de sus obligaciones para con el ente universitario.

Argumentó que, conforme al Manual de Funciones y Competencias Laborales, la competencia de la jurisdicción coactiva está asignada al jefe de Oficina de Asuntos Jurídicos, cargo que desempeñó la cónyuge del accionado hasta el 2 1 de febrero de 2023.

5 Censura solo planteada en el vocativo 2014-00014-01. Demandante Ana Karina Navarro García.

Jurídicos, cargo que desempeñó la cónyuge del accionado hasta el 2 1 de febrero de 2023.

5 Censura solo planteada en el vocativo 2014-00014-01. Demandante Ana Karina Navarro García. 6 Desde el 22 de diciembre de 2021 hasta el 21 de febrero de 2023. 7 Conforme consta en la Resolución 1958 de 2021. 8 El artículo 22 del Acuerdo 185 de 2014, define a la jurisdicción coactiva como competencia que sin recurrir a los estrados judiciales ordinarios puede, por vía administrativa, hacer efectivas las obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de la institución pública universitaria. 9 Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública. 10 Por el cual se reglamente la Ley 1066 de 2006. 11 Por medio del cual se reglamenta el recaudo de cartera, previsto en el numeral 1° del artículo 2° de la ley 1066 de 2006, y se asigna la función de jurisdicción coactiva. 12 Remite a las págs. 135 y sigs. del Manual de Funciones de la Universidad de Córdoba.Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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Señaló que el radio de acción d e la Universidad de Córdoba abarca a todo el

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Señaló que el radio de acción d e la Universidad de Córdoba abarca a todo el departamento, que incluye al municipio de Planeta Rica , en donde cuenta con programas de inglés.

Por contera, el accionado está incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 95 numeral 4 de la Ley 136 de 199413.

2.2. Sobre la prohibición de doble militancia14

El señor Calle Cadavid fue inscrito para las elecciones de alcalde de Planeta Rica, periodo 2024 – 2027, por la coalición «Ramón Calle», integrada por los partidos Nuevo Liberalismo, La U – Unión por la Gente y En Marcha.

Por otra parte, el señor Edwin Raúl Álvarez Jiménez, luego de realizada la consulta popular interna del movimiento político Colombia Humana, fue escogido como candidato a esa misma alcaldía municipal para los comicios de octubre de 2023, inscrito y figuró en l a tarjeta electoral a nombre de esa colectividad, pero a pocas semanas de las elecciones declinó esa aspiración y se adhirió a la campaña del accionado, a quien apoyó públicamente.

Una vez repudiada la candidatura por el asp irante de Colombia Humana , señor Álvarez Jiménez, los miembros de esa colectividad, suscribieron y presentaron el siguiente comunicado a la opinión pública:

Rechazamos abiertamente la decisión ilegal, inconsulta, unilateral y exclusivamente a nombre personal tomada por el señor EDWIN RAÚL ÁLVAREZ JIMÉNEZ, de renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Planeta Rica, de renunciar a la militancia

a nombre personal tomada por el señor EDWIN RAÚL ÁLVAREZ JIMÉNEZ, de renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Planeta Rica, de renunciar a la militancia en el movimiento político COLOMBIA HUMANA, y de adherirse a nombre personal a la campaña de otro ca ndidato a la Alcaldía en la presente justa electoral , desconociendo ilegalmente, los estatutos, las resoluciones y las directrices del movimiento político, así como también desconociendo la consulta previa en asamblea y desconociendo las facultades decisor ias de las células fundamentales constituidas por los nodos de la organización y las bases del partido conformadas por la militancia del movimiento político COLOMBIA HUMANA. (Subrayas en el texto original).

Indicó que, pese a lo anterior , Álvarez Jiménez mantuvo hasta el final su apoyo a la campaña de Ramón Eduardo Calle Cadavid a la Alcaldía de Planeta Rica y agregó: «lo que sin duda le hace merecedor a este último de la sanción contemplada en la norma citada [se refiere al art. 715 de la Ley 1475 de 2011] para

13 Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde . Mod. Art. 37 Ley 617 de 2000. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido ni designado alcalde municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculos por matrimonio o unión permanente o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio […].

unión permanente o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio […]. 14 Censura planteada en las demandas de los expedientes 2023-00196-00 y 2024-00008-00. 15 Artículo 7. Obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas.Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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este tipo de eventos, es decir, la nulidad de su inscripción y, por tanto, como consecuencia de ello, la nulidad del acto de elección».

La parte actora señaló que, en virtud del acuerdo de coalición, el accionado estaba obligado a apoyar y a promover, al candidato a la Gobernación de Córdoba del partido de la Unión por la Gente – La U, el señor Erasmo Zuleta Bechara, con su campaña «Córdoba Primero », en atención al carácter vinculante de aquel, pero incumplió el referido deber de lealtad partidista . Aunado, a que el Nuevo

campaña «Córdoba Primero », en atención al carácter vinculante de aquel, pero incumplió el referido deber de lealtad partidista . Aunado, a que el Nuevo Liberalismo, en el que milita el accionado, no inscribió ni apoyó aspirante a la primera magistratura de ese departamento.

De la coalición «Córdoba Primero» hizo parte el partido de La U (en el que milita el señor Erasmo), Liberal Colombiano, Conservador, Colombia Renaciente y el movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

En efecto, aseveró que el demandado ayudó al señor Gabriel Calle Aguas, quien se presentó por el Grupo Significativo de Ciudadanos «Nuevo Futuro», fue inscrito para el cargo de gobernador de Córdoba por la coalición del mismo nombre , integrada por los partidos Alianza Social Independiente (ASI), Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica (UP), Comunes, Partido Comunista Colombiano, del Trabajo de Colombia e Independientes. Ese apoyo fue recíproco.

3. Normas violadas

La parte actora invocó como vulnerados los siguientes dispositivos: 3.1. Para la censura de inhabilidad por parentesco con funcionaria con ejercicio de autoridad , fueron invocados: los artículos 275, numeral 5 del CPACA; 95, numeral 4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Así también:

• Los artículos 116 y 517 de la Ley 1066 de 2006;

16 Artículo 1. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la

• Los artículos 116 y 517 de la Ley 1066 de 2006;

16 Artículo 1. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. 17 Artículo 5. Facultad de cobro activo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidade s con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. [Inciso adicionado por el artículo 370 de la Ley 1819 de 2016]. Las entidades públicas de que trata el inciso anterior podrán vender la cartera coactiva que tengan a su cargo a la entidad estatal colectora de activos públicos Central de Inversiones CISA S. A., quien tend rá para el efecto la facultad de cobro coactivo de los créditos transferidos, conforme al procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. Los procesos de cobro coactivo ya iniciados que se transfieran a CISA, continuarán su trámite sin solución de continuidad.

créditos transferidos, conforme al procedimiento establecido en el Estatuto Tributario. Los procesos de cobro coactivo ya iniciados que se transfieran a CISA, continuarán su trámite sin solución de continuidad. Parágrafo 1. Se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una activida d de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad.Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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• Los artículos 118 del Decreto 4473 de 2006 y 2019 del Acuerdo 185 de

2014.

3.2. Para el cargo de doble militancia en la modalidad de apoyo , se invocaron los artículos 275 numeral 8 del CPACA y 29 de la Ley 1475 de 2011.

4. Concepto de la violación

A juicio de los demandantes, la transgresión normativa se explica de la siguiente manera:

4.1. Inhabilidad del artículo 95 numeral 4 de la Ley 136 de 1994

4. Concepto de la violación

A juicio de los demandantes, la transgresión normativa se explica de la siguiente manera:

4.1. Inhabilidad del artículo 95 numeral 4 de la Ley 136 de 1994

En el radicado 2024 -00014-01, se aseveró que el accionado estaba incurso en la inhabilidad por parentesco con funcionario que ejercía autoridad administrativa, comoquiera que su cónyuge, dentro del plazo inhabilidad, se desempeñó como jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad de Córdoba, hasta el 21 de febrero de 2023. En ese marco, la señora Caldera Olaya fue titular de la competencia de ejecución de los procesos de jurisdicción coactiva.

Al efecto, se indicó: «En conclusión, podemos afirmar, que, desde el punto de vista FUNCIONAL, (…) el ejercicio de la jurisdicción coactiva , sin equívocos , es una manifestación de dicha autoridad administrativa, la cual se ‘refiere al desempeño de un cargo público que otorga a su titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de asuntos propios de la función administrativa que se dirigen al funcionamiento del aparato administrativo20’».

Señaló que en el ejercicio de dicha gestión coactiva desempeñó actividades de autoridad administrativa en el municipio de Planeta Rica, tales como: librar mandamientos de pago (art. 25 del Acuerdo 185 del CSU) y decretar embargos (art. 37 ib.).

Argumentó que la Universidad de Córdoba fue creada por la «Ordenanza 6 de 1962 y su radio de acción es para todo el departamento », en el que se encuentra el

37 ib.).

Argumentó que la Universidad de Córdoba fue creada por la «Ordenanza 6 de 1962 y su radio de acción es para todo el departamento », en el que se encuentra el

Parágrafo 2. Los representantes legales de las entidades a que hace referencia el presente artículo, para efectos de dar por terminados los procesos de cobro coactivo y proceder a su archivo, quedan facultados para dar aplicación a los incisos 1o y 2o del artículo 820 del Estatuto Tributario. Parágrafo 3. Las Administradoras de Régimen de Prima Media con Prestación Definida seguirán ejerciendo la facultad de cobro coactivo que les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias. 18 Artículo 1. Reglamento interno del recaudo de cartera. El reglamento interno previsto en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, deberá ser expedido a través de normatividad de carácter general, en el orden nacional y territorial por los representantes legales de cada entidad. 19 Proceso administrativo por jurisdicción coactiva. 20 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N. ° 41000 -23-31-0002003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Sentencia de 9 de septiembre de 2005».Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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municipio de Planeta Rica e incluso tiene presencia académica, a través del programa de inglés y, por tanto, de desplegar el cobro por jurisdicción coactiva de las obligaciones incumplidas.

Concluyó que, desde el punto de vista funcional, la nulidad solicitada es de recibo, por cuanto el ejercicio de la jurisdicción coactiva , sin equívocos , es una manifestación de dicha autoridad administrativa, en razón a que le otorga al servidor público los supuestos de aquella, a saber: poder de mando, de decisión y de dirección en el funcionamiento administrativo a cargo, aunado a que la competencia la detentó en el territorio del municipio en el que el accionado resultó elegido alcalde.

4.2. Doble militancia en la modalidad de apoyo

La parte actora , en los radicados 2024 -00008-00 y 2023 -00196-00, acusó al demandado de haber incurrido en dicha prohibición, por cuanto su candidatura a la alcaldía fue inscrita por la coalición «Ramón Calle» conformada por los partidos de Nuevo Liberalismo en el que militaba, Unión por la Gente (La U) y En Marcha.

Así que, en virtud del acuerdo de esa coalición y en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, el accionado debía apoyar y promover al

Así que, en virtud del acuerdo de esa coalición y en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, el accionado debía apoyar y promover al candidato a la Gobernación de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara, quien militaba en el partido de La U, quien lo coavaló en su postulación a la Alcaldía de Planeta Rica, pero aquel incumplió su deber de lealtad partidista , al haber r espaldado al señor Gabriel Calle Aguas, que también aspiró a ese cargo, pero por la coalición Nuevo Futuro, integrada por las agrupaciones políticas Nuevo Futuro (GSC con el que se presentó), ASI, Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Comunes, Partido Comunista Colombiano, del Trabajo Colombia e Independientes.

El planteamiento anterior tiene apoyo normativo en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que consagra la obligatoriedad y el carácter vinculante de los resultados de las consultas realizadas por las colectividades, al punto que prohíbe a los candidatos elegidos en estas, apoyar a aspirantes distintos a los seleccionados en dicho mecanismo y establece que en caso de incumplimiento de este mandato, emerge una causal de nulidad o de revocatoria de la inscripción de la persona que se apoye, diferente al elegido en la consulta.

En la demanda 2023 -00196-00 se señaló que la conducta del accionado Ramón Eduardo Calle Cadavid resulta reprochable, al aceptar el apoyo y la adhesión a su campaña de otro candidato (Edwin Raúl Álvarez Jiménez) que se encontraba

Eduardo Calle Cadavid resulta reprochable, al aceptar el apoyo y la adhesión a su campaña de otro candidato (Edwin Raúl Álvarez Jiménez) que se encontraba inmerso en la prohibición legal, por cuanto al ganar la consulta de su colectividad y que «… fue la voluntad y la decisión de ambos, desarrollar la campaña de manera conjunta».Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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En el libelo 2024 -00008-00, se acusó al demandado de incurrir en la referida prohibición, al no respaldar la campaña a la Gobernación de Córdoba de Erasmo Zuleta Bechara, en planteamiento similar al ya narrado en los hechos comunes con el libelo 00014-00.

Además, el aspirante Calle Aguas expresó públicamente su respaldo, apoyo y acompañamiento al demandado y «… los señores Calle Cadavid y Calle Aguas, desarrollaron sus cam pañas a la Alcaldía de Planeta Rica y Gobernación de Córdoba respectivamente, apoyándose de manera recíproca, como fue de público y notorio conocimiento; conductas estas que vulneran la disciplina partidista…».

Para reforzar la censura de incursión en la doble militancia, invocó los artículos 2 y

y notorio conocimiento; conductas estas que vulneran la disciplina partidista…».

Para reforzar la censura de incursión en la doble militancia, invocó los artículos 2 y 29 de la Ley 1475 de 2011, sobre la prohibición y l a regulación de los candidatos inscritos por coalición, respectivamente.

5. Trámite inicial

El tribunal a quo admitió la demanda (2024-00014-01) en auto de 6 de febrero de 2024, previa inadmisión mediante providencia de 18 de enero anterior, y negó la solicitud de medida cautelar al no encontrar la carga probatoria necesaria para tener claridad si las atribuciones asignadas a la cónyuge en la institución educativa tienen la connotación del ejercicio de autoridad y si tuvo radio de acción sobre el departamento de Córdoba.

Por otra parte, en el proceso 2024-00008-00 y su reforma fueron admitidas en autos del 17 de enero y de 29 de febrero, ambos de 2024. Así también, en el radicado 2023-00196-00, el libelo fue admitido, mediante auto del 21 de febrero de 2024, previa inadmisión de 29 de enero anterior y, posteriormente, se aceptó su reforma, en providencia de 15 de abril de 2024.

6. Contestaciones de la demanda

6.1. El demandado

6.1.1. Sobre la inhabilidad por parentesco

Por medio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones. Consideró que no se configuró la inhabilidad, por cuanto su cónyuge, en efecto, si bien tenía la función de dirigir y de responder en la gestión de cobro coactivo de las obligaciones y

Por medio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones. Consideró que no se configuró la inhabilidad, por cuanto su cónyuge, en efecto, si bien tenía la función de dirigir y de responder en la gestión de cobro coactivo de las obligaciones y sumas que se le adeuden a la Universidad de Córdoba, ente autónomo nacional, lo cierto es que dicho desempeño no tuvo lugar en el municipio de Planeta Rica,Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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pues estaba circunscrito exclusivamente a la ciudad de Montería, como se demuestra con la certificación21 que al respecto expidió la entidad académica.

En consecuencia, el elemento o factor territorial de la inhabilidad prevista en el artículo 95.4 (mod. ar t. 37 Ley 617 de 2000) no se cumple, así como tampoco la subregla de la SU -207 de 2022; en tanto no acreditó la existencia de sedes, sub sedes, extensión o centro de proyección del ente universitario en Planeta Rica. Además, la parte actora no probó el ejercicio de la supuesta función del cobro coactivo de la que predica el ejercicio de autoridad administrativa por parte de la jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Acotó que no existen pruebas demostrativas sobre el ejercicio de la función de

coactivo de la que predica el ejercicio de autoridad administrativa por parte de la jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos.

Acotó que no existen pruebas demostrativas sobre el ejercicio de la función de dirigir y responder por la gestión de cobro coactivo de las deudas a favor de la Universidad de Córdoba dentro de los límites territoriales del municipio de Planeta Rica.

Indicó que resulta necesario observar el caso desde los derroteros de la sentencia de la Cor te Constitucional SU -207 de 2022, es decir, emplear juicios de razonabilidad y proporcionalidad para determinar si existía la probabilidad real de ejercer autoridad administrativa y la incidencia efectiva en el nivel territorial.

Consideró pertinente recordar que el factor territorial se estudiaba relacionalmente para cargos del nivel departamental que influyeran en el ámbito municipal y agregó que «… la autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla no puede ser aplicada estrictamente dado que es necesario que el ejercicio sea por lo menos probable » (SU-207 del 2022).

En el caso concreto, no hay elementos probatorios que permitan abordar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, para determinar que la cónyuge del demandado desde el cargo de jefe de oficina de asuntos jurídicos ejerció la autoridad de cobro coactivo para persuadir al elector de Planeta Rica. Por el contrario, la certificación del ente universitario obrante en el proceso da cuenta de que dicha atribución solo estaba limitada territorialmente a la ciudad de Montería.

Finalmente, indicó que, en el campo funcional, el ejercicio del cobro coactivo fue suprimido para e l jefe de la oficina jurídica del ente universitario. En efecto,

que dicha atribución solo estaba limitada territorialmente a la ciudad de Montería.

Finalmente, indicó que, en el campo funcional, el ejercicio del cobro coactivo fue suprimido para e l jefe de la oficina jurídica del ente universitario. En efecto, mediante la Resolución 1689 de 3 de marzo de 2016 expedida por el rector , esa atribución fue asignada a un profesional especializado, código 2028, grado 19. En consecuencia, sería inexistente la incidencia probable sobre la voluntad del electorado y, menos que, el demandado hubiera salido favorecido o aventajado en

21 Reposa como anex o de la contestación de la demanda, expedida por la jefe de la Oficina de Talento Humano del ente universitario, en la que se lee: “Las funciones antes mencionadas fueron desempeñadas en el área Administrativa de la Universidad de Córdoba, en la ciudad de Montería – Córdoba”.Demandantes: Ana Karina Navarro García y otros

Demandado: Ramón Eduardo Calle Cadavid

(alcalde de Planeta Rica - Córdoba, periodo 2024-2027) Radicado: 23001-23-33-000-2024-00014-01 (Acum.)

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su designación como alcalde municipal, ante el ejercicio del cargo por parte de su cónyuge.

6.1.2. Sobre la doble militancia en la modalidad de apoyo

Mediante apoderada judicial, el demandado señaló que aceptar el favorecimiento de aspirantes que militen en otras colectividades no estructura la prohibición en la

6.1.2. Sobre la doble militancia en la modalidad de apoyo

Mediante apoderada judicial, el demandado señaló que aceptar el favorecimiento de aspirantes que militen en otras colectividades no estructura la prohibición en la modalidad de apoyo, comoquiera que la jurisdicción electoral ha indicado que debe tratarse de una conducta positiva y clara por parte del demandado en brindar ayuda, no en recibirla.

Explicó que el hecho de que la parte actora pretend a conectar a la imputación de deslealtad partidista del accionado, relacionada con la consulta de Colombia Humana en la que salió favorecido el candidato Edwin Álvarez Jiménez, quien la declinó, no tiene por qué incidir en la prohibición, pero en la recepci ón de apoyo, mas no en que este haya sido otorgado o dado por el demandado.

No obstante, explicó las circunstancias de la consulta interpartidista desarrollada por Colombia Humana e indicó:

Luego, si se llegare a considerar, que jurídicamente es imposibl e, la interpretación del artículo 7 de