CE - Sentencia 23001233300020240019701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 230012333000202400197011 Recurso de apelación contra la sentencia de 18 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba

Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA QUE DECRETÓ LA PÉRDIDA DE

INVESTIDURA DE CONCEJALES POR INCURRIR EN VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN

DE CONFLICTO DE INTERESES AL PARTICIPAR Y VOTAR, SIN DECLARARSE

IMPEDIDOS, EN LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO, CON

QUIEN INTEGRARON LA LISTA DEL MISMO PARTIDO POLÍTICO, PARA LAS

ELECCIONES AL ACTUAL PERÍODO CONSTITUCIONAL (2024-2027).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante contra la sentencia de 18 de febrero de 2025 , proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual declaró la pérdida de investidura de los concejales del municipio de Montelíbano (Córdoba), señores UBER EDUARDO CORREA

ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL

AUGUSTO VILLARREAL JORGE.

Montelíbano (Córdoba), señores UBER EDUARDO CORREA

ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL

AUGUSTO VILLARREAL JORGE.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia, podrán confrontarse de forma virtual.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ , actuando por conducto de apoderado judicial , solicitó decretar la pérdida de la investidura de los señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE , concejal es de Montelíbano (Córdoba), al considerar que incurrieron en la causal prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 2 en concordancia con el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 3, y con el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 4, esto es , por violación al régimen de conflicto de intereses.

octubre de 2000 3, y con el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 4, esto es , por violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión, el solicitante adujo que los señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ , RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE se inscribieron como candidatos al concejo municipal de Montelíbano (Córdoba), para el período 2024-2027, por el Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U).

Señaló que en las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023, los accionados resultaron elegidos concejales del municipio de Montelíbano (Córdoba), para el periodo 2024 -2027, y tomaron posesión de sus cargos el día 1o. de enero de 2024.

2 «Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios». 3 «[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]». 4 «[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]».Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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Administrativo […]».Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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Indicó que el Concejo Municipal adelantó un concurso público para la elección del secretario de la corporación, conforme a la convocatoria pública 001 de 2024 y, como resultado del proceso, se conformó la lista de elegibles, mediante la Resolución 014 de 26 de febrero de 2024, integrada por los señores EMILIO ENRIQUE MENDOZA

JEREZ y MARÍA NELLY PASTRANA PADRÓN.

Expresó que los concejales participaron en la elección del señor EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como secretario del Concejo, lo cual se evidencia en el acta de 29 de febrero de 2024 , en la que consta que se hicieron presentes en la sesión y que no se ausentaron en el momento de la votación.

Sostuvo que l os accionados intervinieron activamente en la sesión del Concejo, conformando el quorum, debatiendo y tomando decisiones en el proceso de elección del cargo de secretario general, sin declararse impedidos , pese a tener un evidente conflicto de intereses, toda vez que el secretario electo había integrado la lista para las elecciones al Concejo Municipal celebradas el 29 de octubre de 2023, por el mismo partido político que el de aquellos.

Concluyó que están dados los elementos que configuran la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 55, numeral 2, de la

de 2023, por el mismo partido político que el de aquellos.

Concluyó que están dados los elementos que configuran la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 , esto es, por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses , en armonía con lo dispuesto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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4 I.3.- Los concejales UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE 5, actuando en nombre propio, contestaron la solicitud en sendos escritos y en idénticos términos, oponiéndose a la desinvestidura , para lo cual aseguraron que el actor pretende equiparar el presente caso con el proceso de radicación 05001-23-33-000-2024-00237-01, correspondiente a la pérdida de investidura de unos concejales del municipio de Itagüí, lo cual resulta improcedente, al tratarse de supuestos fácticos y jurídicos diferentes, pues e n dicho proceso los accionados actuaron con conocimiento de la posible transgresión del ordenamiento jurídico, mientras que en el caso bajo estudio, los concejales obraron con la convicción errada pero invencible de que su conducta se ajustaba plenamente a derecho, sin que existiera en ningún

con conocimiento de la posible transgresión del ordenamiento jurídico, mientras que en el caso bajo estudio, los concejales obraron con la convicción errada pero invencible de que su conducta se ajustaba plenamente a derecho, sin que existiera en ningún momento intención o voluntad de infringir la ley ; y que no poseen formación jurídica, lo cual refuerza la ausencia de dolo o culpa en su actuar.

Mencionaron que en el citado caso del Tribunal Administrativo de Antioquia existen salvamentos de voto de 5 magistrados que consideraron que las pretensiones de la solicitud no debían prosperar, al estimar que la actuación de los accionados se encontraba ajustada a derecho , por lo que solicitan que «se de aplicación de la analogía in bonam partem al caso de autos » y se tenga en consideración que «l a causal de impedimento, de recusación o de conflicto de intereses que en concreto se invocó en este proceso, no reúne los requisitos del artículo 70 de la Ley 136 de 1994».

5 Expediente digital, cuaderno del Tribunal, índices 9 y 10.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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5 Por su parte, e l concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA no contestó la solicitud de pérdida de investidura.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA6

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 18 de

contestó la solicitud de pérdida de investidura.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA6

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 18 de febrero de 2025, decretó la pérdida de investidura de los concejales de Montelíbano (Córdoba), señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE , con fundamento en que en el expediente se encuentra acreditado que tanto estos, como EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ , se inscribieron como candidatos al Concejo de Montelíbano (Córdoba) para el per íodo constitucional 2024-2027 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil e hicieron parte de la lista de avalados por el Partido Político de la Unión por la Gente–Partido de la U, tal y como se acreditó con los formularios E6CO y E8-CO expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Mencionó que los señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ , RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE resultaron elegidos concejales para el periodo 2024-2027, no así el señor EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ , quien luego resultaría elegido secretario de esa corporación para el mismo período , según se observa en la Resolución 013 de 26 de febrero de 2024, a través de la cual se integró la lista de elegibles y el Acta 018 del mismo mes y año, mediante el cual se eligió al mencionado secretario.

mismo período , según se observa en la Resolución 013 de 26 de febrero de 2024, a través de la cual se integró la lista de elegibles y el Acta 018 del mismo mes y año, mediante el cual se eligió al mencionado secretario.

6 Expediente digital, índice 41, cuaderno del Tribunal.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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6 Agregó que en el expediente no obra prueba que demuestre que los concejales MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE , UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ y RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA se hubie sen declarado impedidos durante el trámite del procedimiento administrativo que dio lugar a la elección del secretario del Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba), sino que, por el contrario, los mismos accionados, en las declaraciones judiciales rendidas en el proceso, manifestaron no haberlo hecho.

Afirmó, en relación con la participación en la elección del secretario, que el concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA, en su calidad de segundo vicepresidente del Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba), participó activamente en dicho proceso electoral con la firma de la resolución que abrió la convocatoria pública y la revisión de las hojas de vida de los aspirantes (incluida la de EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ); asimismo, los concejales participaron

firma de la resolución que abrió la convocatoria pública y la revisión de las hojas de vida de los aspirantes (incluida la de EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ); asimismo, los concejales participaron en la elección de este como secretario, en la sesión ordinaria de 2 9 de febrero de 2024, como consta en el acta 018 de 29 de febrero de 2024.

Indicó que, al no haberse declarado impedidos para adelantar el trámite de elección de EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como secretario general del Concejo Municipal de Montelíbano (Córdoba), se configuró para los concejales un interés directo, particular, actual e inmediato, sin que hubiesen aportado prueba alguna tendiente a acreditar que la mencionada elección se llevó a cabo por razones distintas a la de impulsar y elegir a su aliado político.

Sostuvo, frente al elemento subjetivo de la conducta, que los accionados no actuaron con la diligencia debida para el desarrollo de laNúmero único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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7 actividad pública para la que fueron elegidos por el voto popular, toda vez que estaban obligados a indagar y conocer las normas que regían sus funciones de concejales, máxime cuando el ejercicio de un empleo público acarrea una exigencia superior a las otras actividades, en la medida en que solo se puede desarrollar o ejecutar lo que la Constitución, la ley y el

funciones de concejales, máxime cuando el ejercicio de un empleo público acarrea una exigencia superior a las otras actividades, en la medida en que solo se puede desarrollar o ejecutar lo que la Constitución, la ley y el reglamento les permite.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

III.1. El concejal UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ7, por intermedio de apoderada judicial, impugnó la sentencia y manifiesta que no se reúnen los elementos objetivos y subjetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura endilgada por el a quo.

Alega que no se demostró el vínculo de amistad entre el concejal y el secretario elegido y, por ende, el interés directo en la elección de este, pues «el hecho de estar en una lista por una curul a un cargo de elección popular no garantiza que los participantes sean amigos», aunado a que la elección del secretario se ejecutó en cumplimiento de sus funciones como concejal y en observancia de l reglamento interno de la corporación , toda vez que se efectuó por concurso público eligiendo a quien había superado todas las pruebas y satisfacía los requisitos para dicha elección.

Señala que no se demostró la configuración de una conducta dolosa, por cuanto ninguna de las pruebas obrantes en el expediente permite acreditar que tuviese pleno conocimiento de que, mediante el trámite

7 Expediente digital, índice 51, cuaderno del Tribunal.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ

7 Expediente digital, índice 51, cuaderno del Tribunal.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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8 de elección del secretario del Concejo Municipal —EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ— se estaba incurriendo en un conflicto de interés susceptible de configurar una causal de pérdida de investidura.

Asevera que el razonamiento que plantea el Tribunal es desacertado, al sostener que el interés surge exclusivamente del hecho de que el secretario del Concejo percibe un salario, pues dicha afirmación carece de un nexo de causalidad suficiente respecto del requisito de beneficio personal.

III.2. El concejal MISAEL AUGUSTO VILLAREAL JORGE 8, por intermedio de apoderad o judicial, impugna la decisión y solicita revocarla por estimar que vulnera el principio de congruencia de la sentencia, toda vez que, a su juicio, el fallador de primera instancia no resolvió todos los argumentos que fueron expuestos oportunamente en la contestación de la solicitud.

Sostiene que, para oponerse a las pretensiones de la solicitud, requirió al Tribunal tener en cuenta los salvamentos de voto efectuados a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de radicación 05001-23-33-000-202400237-00, en especial, lo referente a «la analogía in bonam partem»

efectuados a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de radicación 05001-23-33-000-202400237-00, en especial, lo referente a «la analogía in bonam partem» y a «no reunirse los requisitos del artículo 70 de la Ley 136 de 1994»; y que, sin embargo, su argumento no fue analizado por el a quo.

Menciona que la elección del secretario del Concejo no se regula por el CPACA y, por lo tanto, tampoco le es aplicable el régimen de conflictos de interés y de impedimentos del artículo 11 ibidem. Y que

8 Expediente digital, índice 52, cuaderno del Tribunal.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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9 el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de los concejales es diferente a las causales generales de impedimento de los servidores públicos, las que no dan lugar a la consecuencia sancionatoria de la desinvestidura.

Insiste en que a los concejales se les debe aplicar la misma excepción al régimen de conflicto de intereses prevista por el ordenamiento para congresistas y diputados, cuando participan en elecciones de otros servidores mediante el voto secreto, en virtud de la aplicación de la analogía in bonam partem.

Señala que existe un conflicto de normas en el tiempo, entre las leyes 136 de 1994 y 1437 de 2011, teniendo en cuenta que esta última es

de la analogía in bonam partem.

Señala que existe un conflicto de normas en el tiempo, entre las leyes 136 de 1994 y 1437 de 2011, teniendo en cuenta que esta última es una normativa ordinaria general y posterior que: i) no suprimió o modificó la primera y, además, al guardar silencio sobre el tema correspondiente a los requisitos del conflicto de intereses, no modificó, subrogó, ni derogó la ley ordinaria especial y previa.

III.3. El concejal RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA 9 apela la decisión y solicita su revocatoria , por falta de concurrencia del elemento objetivo en el caso concreto, pues si bien el fallo de primera instancia hace referencia a la existencia de un interés directo, particular, actual o inmediato por parte del concejal o de su círculo cercano, como requisito objetivo derivado del artículo 11 , numeral 14, del CPACA, su análisis y fundamentación carecen de la consideración de aspectos favorables , tales como la analogía del régimen de conflicto de intereses aplicable a los diputados y

9 Expediente digital, índice 53, cuaderno del Tribunal.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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10 congresistas, teniendo en cuenta que se trata de funciones similares sobre sus facultades de elegir a otros servidores públicos.

Asevera que la falta de armonización en la aplicación de este criterio

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10 congresistas, teniendo en cuenta que se trata de funciones similares sobre sus facultades de elegir a otros servidores públicos.

Asevera que la falta de armonización en la aplicación de este criterio para los concejales implica una sanción desproporcionada que desconoce las garantías establecidas para otros cuerpos colegiados y conlleva la «vulneración de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad, esenciales en un Estado Social de Derecho».

Manifiesta que es desacertada la afirmación del Tribunal referida a que «no es posible deducir una regla especial aplicable al trámite de los impedimentos y recusaciones de las leyes 136 y 1904 de 2018», pues lo cierto es que el artículo 70 de la Ley 136 establece una regla especial para los conflictos de interés en el caso de los concejales, exigiendo la configuración de un interés directo, particular e inmediato del concejal o de su círculo familiar cercano ; y que, mientras que Ley 1904 de 27 de junio de 201810, que regula la forma en que el Congreso de la República elige al contralor general , establece que sus disposiciones también pueden ser aplicadas a la elección de contralores departamentales, distritales y municipales y, comoquiera que en dicha ley no se abord a el tema del conflicto e intereses, se debe aplicar la Ley 5 ª de 17 de junio de 199211 que expresamente prevé que no hay conflicto de intereses cuando los miembros de una corporación pública votan de forma secreta para elegir a otros funcionarios, siendo la única excepción el parentesco con alguno de los candidatos.

expresamente prevé que no hay conflicto de intereses cuando los miembros de una corporación pública votan de forma secreta para elegir a otros funcionarios, siendo la única excepción el parentesco con alguno de los candidatos.

10 “[…] Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de contralor general de la República por el Congreso de la República […]”. 11 “[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes […]”.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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11

Menciona que el fallo impugnado también desconoce lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 2200 de 8 de febrero de 2022 12, relativo al conflicto de intereses de los diputados, pues, al igual que los concejales, aquellos son miembros de corporaciones públicas de elección popular que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público y respecto de los cuales debe probarse el beneficio particular, actual y directo para decretar su desinvestidura.

Puntualiza que las leyes 5ª para los congresistas y 2200 para los diputados, establecen criterios claros y más amplios sobre lo que constituye un conflicto de intereses, de manera que resultan aplicables a los concejales por analogía « in bonam partem» , en armonía con el principio de favorabilidad en materia sancionatoria,

constituye un conflicto de intereses, de manera que resultan aplicables a los concejales por analogía « in bonam partem» , en armonía con el principio de favorabilidad en materia sancionatoria, debido a la naturaleza análoga de las funciones que desempeñan en sus respectivos niveles territoriales, especialmente en lo que respecta a la elección de servidores públicos.

Indica, respecto a los principios de «debido proceso, igualdad , tipicidad, prohibición de responsabilidad objetiva , especialidad y subsidiariedad», que solo pueden ser sancionadas las conductas descritas con claridad en la norma, por lo que no es suficiente que se argumente un supuesto conflicto de intereses si no existe prueba de que haya obtenido un beneficio particular, actual y directo, que implique dolo o culpa y sin un análisis jurídico que privilegie normas específicas aplicables al caso concreto.

12 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos […]”.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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12 Resalta que, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 153 de 24 de agosto de 188713, las leyes posteriores deben prevalecer sobre normas anteriores cuando regulan aspectos favorables o complementarios y exista duda en la interpretación de la norma; y que, por tanto, en el caso particular debió aplicarse el régimen de

normas anteriores cuando regulan aspectos favorables o complementarios y exista duda en la interpretación de la norma; y que, por tanto, en el caso particular debió aplicarse el régimen de conflicto de intereses dispuesto para diputados en la Ley 2200 y no las normas de la Ley 1437 por ser esta última anterior y general.

Anota que el conflicto de intereses que se debía resolver en el caso concreto debió considerar el control de convencionalidad, en aras de salvaguardar principios de la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como el derecho al debido proceso (artículo 8) , la igualdad ante la ley (artículo 24) y derechos políticos (artículo 23).

Cuestiona que la sentencia apelada señalara que «no aportaron pruebas que acreditaran que la elección del secretario se realizó por razones distintas a impulsar y elegir a un aliado político» , pues, por el co ntrario, no se ha demostrado que con la elección del señor EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ, como secretario del Concejo, hubiese obtenido un beneficio personal , ni que existan vínculos familiares, económicos o de otra índole que lo relacionen directamente con el elegido , aunado a que la pertenencia al mismo partido político no configura, por sí sola, un conflicto de intereses.

Menciona que la postura del Tribunal implicó la inversión de la carga de la prueba pues se exigió demostrar la inexistencia de un interés indebido, cuando en realidad corresponde a la parte acusadora probar de manera clara y contundente la existencia de dicho interés.

de la prueba pues se exigió demostrar la inexistencia de un interés indebido, cuando en realidad corresponde a la parte acusadora probar de manera clara y contundente la existencia de dicho interés.

13 “[…] Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887 […]”.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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13

Aduce que pese a que en la sentencia no se encontró acreditado el actuar doloso porque, según lo señalado en el fallo impugnado, no hubo intención deliberada de lesionar derechos o de privilegiar un interés personal, procedió a imputar la conducta culposa porque los accionados no actuaron con la diligencia debida en el desempeño de sus funciones públicas; y que, sin embargo, tal postur a es contradictoria, en la medida en que al no acreditarse probatoriamente la concurrencia de un interés personal, resulta insuficiente fundamentar la declaratoria de pérdida de investidura en dicho argumento.

Arguye que no hay lugar a estimar configurada la culpa grave con fundamento, únicamente, en un supuesto desconocimiento de las normas aplicables, cuando ello no evidencia una negligencia extrema ni un incumplimiento inexcusable de sus deberes, sino una posible falta de información o capacitación, más aun teniendo en cuenta que en materia disciplinaria la culpa grave requiere demostrar que la falta

normas aplicables, cuando ello no evidencia una negligencia extrema ni un incumplimiento inexcusable de sus deberes, sino una posible falta de información o capacitación, más aun teniendo en cuenta que en materia disciplinaria la culpa grave requiere demostrar que la falta de diligencia sea manifiesta y reprochable a un nivel que trascienda el simple error o descuido.

Por último, señala que la falta de pruebas que acrediten un interés directo, particular, actual o inmediato en cabeza de los accionados refuerza la inexistencia de un conflicto de intereses , elemento sin el cual cualquier imputación de responsabilidad carece de fundamento que permita justificar la sanción.

IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓNNúmero único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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14 IV.1.- Durante el traslado de los recursos de apelación , el actor guardó silencio.

IV.2.- El procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 14 rindió concepto solicitando confirmar la sentencia de primera instancia, para lo cual señaló que en el proceso quedó demostrado que los concejales estaban obligados a conocer el marco normativo que regula o restringe sus funciones, de lo cual se infiere que debían acatar lo dispuesto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 y, en consecuencia, haberse declarado impedidos para participar en la elección del secretario del Concejo Municipal, so pena de incurrir en

acatar lo dispuesto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 y, en consecuencia, haberse declarado impedidos para participar en la elección del secretario del Concejo Municipal, so pena de incurrir en conflicto de intereses y así en la pérdida de su investidura por la casual descrita en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos de los recursos de apelación interpuestos por los accionados y, en consonancia con la solicitud inicial, si l os concejales de Montelíbano (Córdoba), señores UBER EDUARDO CORREA ÁLVAREZ, RAFAEL ANTONIO MENDOZA VEGA y MISAEL AUGUSTO VILLARREAL JORGE, incurrieron en la causal prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numerales 14 y 15 de la Ley 1437, esto es, por violación del régimen de conflicto de intereses, al participar y votar, sin declararse impedidos, en la elección del señor EMILIO ENRIQUE MENDOZA JEREZ como secretario general de

14 Expediente digital, índice 8, cuaderno del recurso de apelación.Número único de radicación 23001 23 33 000 2024 00197 01

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Solicitante: ANDRÉS DANIEL DELGADO DOMÍNGUEZ

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15 ese concejo municipal, —período 2024-2027—, con quien integraron la lista inscrita por el mismo partido político para las elecciones a dicha corporación en el período actual.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de concejales15

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por: (...)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses [...]” (Resaltado fuera del texto original).

“[...] Ley 617, artículo 48. - Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de co