CE - Sentencia 23001233300020250009401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 230012333000202500094011 Recurso de apelación contra la sentencia de 20 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba

Solicitante: VALERIA NISPERUZA JAYK

TESIS: NO SE CONFIGURÓ INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS

PÚBLICOS PORQUE NO SE DESEMBOLSARON LOS HONORARIOS

RECONOCIDOS NI SE CONFIGURÓ LA CONSECUENCIA PREVISTA EN EL

ARTÍCULO 68 DE LA LEY 136 DE 1994

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la solicitante contra la sentencia de 20 de agosto de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se denegó la pérdida de investidura de los concejales de Canalete (Córdoba), señores LUIS EDUARDO ESTRELLA MARTÍNEZ , ÁNGELA MARÍA MACHADO MORELO y ORLANDO MANUEL RAMOS MARTÍNEZ , por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta

constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

Solicitante: VALERIA NISPERUZA JAYK

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La ciudadana VALERIA NISPERUZA JAYK , actuando en nombre propio , solicitó decretar la pérdida de investidura de los concejales de Canalete (Córdoba), señor es LUIS EDUARDO ESTRELLA MARTÍNEZ , ÁNGELA MARÍA MACHADO MORELO y ORLANDO MANUEL RAMOS MARTÍNEZ , por hechos ocurridos dentro del período constitucional 202 4-2027, al considerar que incurrieron en la causal de pérdida de investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48, numeral 4, de la 617 de 6 de octubre de 20003, esto es, por indebida destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, que en el presente asunto el auxilio de transporte rural a los concejales se dirigió a un propósito no permitido o que, estando autorizado, no

I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, que en el presente asunto el auxilio de transporte rural a los concejales se dirigió a un propósito no permitido o que, estando autorizado, no correspondía a la finalidad asignada. Y que los accionados como miembros de la mesa directiva del Concejo de Canalete (Córdoba), en calidad de ordenadores del gasto, incurrieron en indebida destinación de dineros públicos, toda vez que autorizaron el pago de auxilios de transporte de zona rural al concejal de Canalete (Córdoba), señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, muy a pesar de estar reco nocida su vecindad en la zona urbana de Montería (Córdoba), por un total de $1.400.000 , en los períodos de agosto y septiembre de 2024, sin tener derecho a tales erogaciones,

2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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3 y en contravía de lo establecido en el Acuerdo 001 de 29 de abril de 2024.

Sostuvo que para el segundo per íodo de sesiones ordinarias realizadas en mayo de 2024, la mesa directiva del Concejo de Canalete (Córdoba), integrada por los accionados, expidió las resoluciones 004 de 10 de mayo de 2024 y 005 de 31 de mayo de 2024, por medio de las cuales se autorizó el pago de honorarios de sesiones a los concejales, en las que se hizo constar un total de 22 sesiones en todo el per íodo ordinario desde el 1 o. hasta el 31 de mayo de 2024; y que se evidenció que el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, a pesar de haber asistido solamente a 5 de las 22 sesiones e incumplir con el promedio de asistencia que dispone el artículo 68 de la Ley 136, -es decir, por lo menos la tercera parte del per íodo mensual de sesiones -, percibió tales honorarios, razón por la que los accionados incurrieron en la causal de indebida destinación de dineros públicos.

I.3.- Los concejales, a través del mismo apoderado, contestaron la solicitud y se opusieron a la desinvestidura, para lo cual adujeron que el reconocimiento de auxilio de transporte al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO no constituyó indebida destinación

solicitud y se opusieron a la desinvestidura, para lo cual adujeron que el reconocimiento de auxilio de transporte al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO no constituyó indebida destinación de recursos públicos, toda vez que si bien se le reconoció la suma de $1.500.000 por concepto de subsidio de transporte, dicho valor nunca fue pagado, como lo acepta incluso la actora en los hechos del libelo introductorio, esto es que no se produjo disposición efectiva de recursos públicos, ni afectación al erario.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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4 Manifestaron que en mayo de 2024 , al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO se le reconoció , solamente, la suma de $232.995, correspondiente a 5 sesiones asistidas, conforme a la Resolución 005 de 31 de mayo de 2024, y que no se evidencia pago por sesiones no asistidas, ni enriquecimiento sin causa , sumado a que la actora no especificó con claridad los meses ni las sesiones en las que supuestamente se incurrió en pagos indebidos.

Indicaron que tampoco se evidencia dolo, culpa grave ni beneficio indebido; y que si bien es cierto que el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO solo asistió a 5 sesiones en mayo de 2024, también lo es que la inasistencia a las demás sesiones estaba

indebido; y que si bien es cierto que el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO solo asistió a 5 sesiones en mayo de 2024, también lo es que la inasistencia a las demás sesiones estaba justificada como lo concluyó el Tribunal de Córdoba en sentencia de 30 de enero de 2025 , dentro del proceso de pérdida de investidura con radicación 23001233300020240021200.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 20 de agosto de 2025, denegó la pérdida de investidura formulada contra los accionados , para lo cual indicó, en síntesis, que no se materializó el pago del reconocimiento de auxilio de transporte , tal como consta en los certificados suscritos por la Secretaría de Hacienda y Finanzas de Canalete (Córdoba) y la Secretaría del Concejo de ese municipio, por lo que no fue probada la afectación al patrimonio público como elemento ineludible para la configuración de la indebida destinación de dineros públicos.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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5 Señaló que, en mayo de 2024, el Concejo de Canalete (Córdoba) realizó 22 sesiones, correspondiente a los días 1o., 3, 6, 7, 8, 9, 10,

5 Señaló que, en mayo de 2024, el Concejo de Canalete (Córdoba) realizó 22 sesiones, correspondiente a los días 1o., 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31, a las que el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO asistió solo a 5, según hace constar la Secretaría de esa corporación en certificado de 31 de mayo de 2024 , tal como fue reconocido en las resoluciones 004 del 10 de mayo de 2024 y 005 del 31 de mayo de 2024; y que aunque no se aportó constancia del desembolso efectivo de tales emolumentos, los accionados en la respuesta al hecho vigésimo séptimo reconoc ieron el pago de honorarios al citado concejal por la suma de $232.995 pesos.

Indicó que no es adecuado aplicar objetivamente el contenido del artículo 68 de la Ley 136, pues está acreditado que el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO justificó su inasistencia a las sesiones con incapacidad médica, desde el 21 al 30 de mayo de 2024, a las cuales, para dicha fecha, no se les había desvirtuado su autenticidad, aspecto este que no podía pasar por alto la mesa directiva del Concejo de Canalete (Córdoba), lo cual comportaba no reconocerle las sesiones a una persona porque estaba incapacitada; y que aunque no se hubiere declarado mediante acto administrativo, estaba incurso en causal de falta temporal en los términos del artículo

reconocerle las sesiones a una persona porque estaba incapacitada; y que aunque no se hubiere declarado mediante acto administrativo, estaba incurso en causal de falta temporal en los términos del artículo 52, literal b), de la Ley 136, por lo que válidamente los Accionados pudieron colegir que el período de la incapacidad no debía ser tenido en cuenta para calcular la tercera parte de las sesiones de que trata el citado artículo.

Mencionó que, si en gracia de discusión , se coligiera que los accionados incurrieron en la causal de indebida destinación deNúmero único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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6 dineros públicos por aplicar los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento, al haber pagado honorarios a un concejal que asistió a menos de una tercera parte de las sesiones realizadas e n el mes de mayo de 2024, tampoco se tendría satisfecho en este caso el elemento subjetivo, esto es, el actuar doloso o gravemente culposo de aquellos.

Agregó que no hay prueba acerca de una intención positiva de los accionados de lesionar un interés jurídico, y teniendo en cuenta que para la fecha del reconocimiento de los honorarios , el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO había presentado incapacidad médica desde el 21 al 30 de mayo de 2024, ello permite

para la fecha del reconocimiento de los honorarios , el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO había presentado incapacidad médica desde el 21 al 30 de mayo de 2024, ello permite colegir que tampoco se acredita la culpa grave, pues, si bien podían conocer las normas que le impedían reconocer y pagar honorarios en las circunstancias planteadas, lo cierto es que obraron bajo l a convicción de que no podían dejar al concejal sin honorarios, por los días en que asistió mientras no estuvo incapacitado o , al menos, no podrían haberle aplicado la regla de una asistencia mínima a la tercera parte de las sesiones mensuales.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La actora interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, en el que solicita revocarla y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura de los accionados, para lo cual menciona, con relación al primer cargo de la solicitud , que la indebida destinación de dineros públicos se configura al haber ordenado un gasto que estaba prohibido o no autorizado por la ley, consistente en la erogación delNúmero único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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7 auxilio de transporte al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO por residir en zona urbana de Montería (Córdoba), sin estar

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7 auxilio de transporte al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO por residir en zona urbana de Montería (Córdoba), sin estar previsto en el Acuerdo municipal 001 de 29 de abril de 2024, reglamento interno del Concejo de Canalete (Córdoba), ni en el artículo 67 de la Ley 136, pues estas hacen referencia , única y exclusivamente, al reconocimiento y pago del valor del transporte durante las sesiones plenarias y de comisión a los concejales que residen en zonas rurales y deban desplazarse hasta las corporaciones municipales que se encuentren en las cabeceras municipales.

Indica que se configuró un gasto prohibido o no autorizado por la ley, y está acreditado que los accionados, en calidad de miembros de la mesa directiva de esa corporación , reconocieron mediante resoluciones 015, 016 y 008 de 202 4, al señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO , y muy a pesar de estar reconocida su vecindad en zona urbana de Montería (Córdoba), un total de $1.400.000, en los per íodos de agosto y septiembre de 2024, por concepto de auxilio de transporte en zona rural, sin tener derecho a tales erogaciones.

Aduce que no se justifica que los accionados hubiesen infringido una ley ordinaria como la Ley 136, así como el Acuerdo municipal 001 de 29 de abril de 2024 y el reglamento interno del Concejo de Canalete (Córdoba), -Acuerdo 011 de 17 de julio de 2020-, normas que no regulan el auxilio de transporte por desplazamientos desde la zona

29 de abril de 2024 y el reglamento interno del Concejo de Canalete (Córdoba), -Acuerdo 011 de 17 de julio de 2020-, normas que no regulan el auxilio de transporte por desplazamientos desde la zona urbana de otro municipio, en este caso Montería (Córdoba), hacia el recinto de ese cabildo , sino solo desde la zona rural del propio municipio de Canalete (Córdoba).Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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8 Manifiesta que no resulta aceptable que no se hubiera configurado la indebida destinación de dineros públicos, por el hecho de no haberse materializado el pago de tal erogación, pues el error en que se pudo hacer incurrir al tesorero del municipio fue más grave y en ningún lugar sirve de excusa , por desconocimiento de la ley , lo que demuestra un defecto sustantivo por interpretación errónea en la sentencia apelada.

En cuanto al segundo cargo de la solicitud, comenta que los accionados le reconocieron honorarios al concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, a pesar de haber asistido a menos de la tercera parte de las sesiones realizadas en mayo de 2024, razón por la cual se encuentra probado el elemento subjetivo, pues la Secretaría del Concejo de Canalete (Córdoba), expidió la certificación de 31 de mayo de 2024, donde indica expresamente que dicho

la cual se encuentra probado el elemento subjetivo, pues la Secretaría del Concejo de Canalete (Córdoba), expidió la certificación de 31 de mayo de 2024, donde indica expresamente que dicho concejal solo acudió a 5 sesiones durante mayo de 2024 , de las 22 que se celebraron en total.

Recalca que en el contenido de dicha certificación no se anotó ninguna excusa o motivo justificado para concederle el pago de honorarios por lo restante del período, (fecha en que supuestamente ya se conocían las excusas presentadas por las incapacidades falsas presentadas); y, además, constituye soporte de pago, la Resolución 006 de 31 de mayo de 2024 , -acto administrativo que reconoció y pagó los honorarios al concejal por la suma de $500.000 , por concepto de las 5 sesiones de mayo de 2024 -, de modo que los concejales no eran ajenos a esa situación y conocían de primera mano que incumplió el deber de haber asistido por lo menos a una tercera parte de la sesiones celebradas durante ese período, lo queNúmero único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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9 da lugar a la p érdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos.

Alega que, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 136, para que un concejal tenga derecho al pago de honorarios debe asistir, como mínimo, a la tercera parte de las sesiones realizadas, lo

dineros públicos.

Alega que, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 136, para que un concejal tenga derecho al pago de honorarios debe asistir, como mínimo, a la tercera parte de las sesiones realizadas, lo que en el caso concreto equivalía a 8 sesiones, requisito que no fue cumplido por el concejal ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO, pues según certificación expedida por la Secretaría del Concejo Municipal de Canalete el 31 de mayo de 2024, únicamente asistió a cinco (5) sesiones.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14, numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, no fue descorrido por los accionados.

IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, como agente del Ministerio Público, a través del concepto 538 de 27 de octubre de 2025, solicita la confirmación de la sentencia apelada, para lo cual menciona que más allá de los posibles vicios de legalidad que pudieran tener las resoluciones 012, 015 y 016 de 2024 expedidas por la mesa directiva del Concejo de Canalete (Córdoba), no hubo una lesión real y cierta al patrimonio público, pues tales emolumentos nunca cumplieron con la destinación errada que se les iba a dar, siendo dable afirmar que no se ocasionó ningún perjuicio

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

emolumentos nunca cumplieron con la destinación errada que se les iba a dar, siendo dable afirmar que no se ocasionó ningún perjuicio

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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10 indebido a las arcas municipales y , concomitantemente, tampoco hubo beneficio irregular a favor del concejal ARMANDO JOSÉ

LAMBERTÍNEZ BOLAÑO.

A su vez, sostiene que es cierto que el señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO asistió solamente a 5 sesiones en mayo de 2024, pero que, en los términos del artículo 68, inciso final, de la Ley 136, sus inasistencias a las sesiones del Concejo de Canalete (Córdoba) estuvieron justificadas, debido a la compleja situación de seguridad que afecta al referido concejal , circunstancias que fueron objeto de análisis por el Consejo de Estado en sentencia de 9 de octubre de 2025, radicación 23001233300020240021201.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

En los precisos términos sostenidos en el recurso de apelación , le corresponde a la Sala establecer si los concejales de Canalete

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

En los precisos términos sostenidos en el recurso de apelación , le corresponde a la Sala establecer si los concejales de Canalete (Córdoba), señores LUIS EDUARDO ESTRELLA MARTÍNEZ , ÁNGELA MARÍA MACHADO MORELO y ORLANDO MANUEL RAMOS MARTÍNEZ, durante el ejercicio de su período constitucional 2024-2027, incurrieron en la comisión de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos, prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, luego de intervenir en el reconocimiento y pago tanto del auxilio de transporte como de honorarios por concepto de asistencia a sesiones al concejal de Canalete (Córdoba), señor ARMANDO JOSÉ LAMBERTÍNEZ BOLAÑO.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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11 V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de investidura de concejal5

Con relación a la controversia sometida al estudio de l a Sala, se advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la

Con relación a la controversia sometida al estudio de l a Sala, se advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…)

4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3 de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicac ión

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicac ión 50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación 66001233300020180024601.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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12 con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento. d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros. g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un

d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros. g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros […]”6 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

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13 En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

13 En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos […]”7 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 20038 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el

(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera ponente María Claudia Rojas Lasso. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

Solicitante: VALERIA NISPERUZA JAYK

Inés Navarrete Barrero.Número único de radicación: 23001 23 33 000 2025 00094 01

Solicitante: VALERIA NISPERUZA JAYK

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14 De allí que, para que la causal se configure es necesario que el Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evi tar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de 20059 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del

configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se