CE - Sentencia 23001233300020250018501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: Accionante:

Accionado: Acción:

Tema:

Decisión: 23001 23 33 000 2025 00185 01

Omaira Cecilia López Díaz Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería Acción de tutela Acción de tutela por presunta vulneración del debido proceso y del acceso a la administración de justicia dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por decisiones interlocutorias y falta de vinculación procesal. Confirma la sentencia de primera instancia al verificarse la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la vinculación procesal de la accionante y la ausencia del requisito de subsidiariedad frente a las decisiones judiciales cuestionadas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 14 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, en donde declaró la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado en lo que respecta a la solicitud de vinculación al proceso de nulidad

Segunda de Decisión, en donde declaró la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado en lo que respecta a la solicitud de vinculación al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 23001 3333 011 2025 00104 00 y declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con las solicitudes de dejar si n efectos los autos del 13 de junio y del 29 de agosto de 2025 proferidos por el juzgado demandado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Omaira Cecilia López Díaz, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de l Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:

PRIMERO: Sean protegidos mis DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO (ART 29 C.P.), por parte del JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA ; y sobre los cuales evidentemente existe un riesgo probable que puede verse afectado de manera adicional por el tiempo transcurrido durante el trámite de la acción de tutela y sobre lo que se

resuelva MIS DERECHOS FUNDAMENTALES AL TRABAJO, MÍNIMO VITAL,

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y SEGURIDAD SOCIAL.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 23001 2333 000 2025 00185 01.Radicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

Accionante: Omaira Cecilia López Díaz

con radicado nro. 23001 2333 000 2025 00185 01.Radicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

Accionante: Omaira Cecilia López Díaz

Accionado: Juzgado Once Admirativo Oral del Circuito de Montería

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SEGUNDO: Sean protegidos mis DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO (ART 29 C.P.),

por parte del JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA ; y en consecuencia sea ordenando al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE MONTERÍA para que, en el marco de la DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO CON EXPEDIENTE 23 -001-33-33-011-2025-00104 00 sea VINCULADO Y NOTIFICADO en DEBIDA FORMA y con los fines de que hagan parte d e la actuación procesal la suscrita OMAIRA CECILIA LÓPEZ DÍAZ identificada con C. de C. 30.659.716 de lorica (Córdoba), con dirección de domicilio Calle 2A 2 – 10 Corregimiento de Moralito del municipio de cotorra (Córdoba) y correo electrónico omaira0275@gmail.com y la entidad del derecho público COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL , a la dirección de notificaciones Carrera 16 No. 96 - 64, Piso 7 - Bogotá D.C., Colombia y de correo electrónico notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co.

la pretensión tercera, teniendo en cuenta que, para el criterio judicial de las medidas adoptadas en el marco de la DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO CON EXPEDIENTE 23 -001-33-33-0112025-00104-00 no se están teniendo en cuenta los actos administrativos proferidos por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 1). ACUERDO 019 DEL 16 DE MAYO DE 2024 EXPEDIDO POR LA CNSC 2.) CIRCULAR EXTERNA 2024RS096973 DEL 12 DE JULIO DE 2024 POR PARTE DE LA

019 DEL 16 DE MAYO DE 2024 EXPEDIDO POR LA CNSC 2.) CIRCULAR EXTERNA 2024RS096973 DEL 12 DE JULIO DE 2024 POR PARTE DE LA CNSC 3.) ACTO AMDINISTRATIVO AUTORIZACIÓN DE USO DE LIS TA DE ELEGIBLES DEL 17 DE FEBRERO DE 2025 “MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZO LA MOVILIDAD DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA OMAIRA CECILIA LÓPEZ DÍAZ” y finalmente 4.) DECRETO 017 DEL 03 DE MARZO DE 205 (MEDIANTE EL CUAL SE EFECTUÓ NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA) y del cual se suscribió ACTA DE POSESIÓN 002 EL 14 DE MARZO DE 2025 y se cumplió a cabalidad el artículo segundo del decreto 017 del 03 de marzo de 2025, con la EVALUACIÓN DEFINITIVA DEL PERIODO DE PRUEBA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, con CALIFICACIÓN SOBRESALIENTE DE 97.8 y mediante la cual, la suscrita OMAIRA CECILIA LÓPEZ DÍAZ adquirió

DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.

CUARTO: Se tomen las determinaciones que los respetados magistrados y magistradas determinen sean conducentes para la efectividad de la protección de los derechos vulnerados. (Negrillas, mayúsculas y subrayas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La señora Omaira Cecilia López Díaz expuso que, a partir del Acuerdo CNSC 20191000001916 de 2019, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La señora Omaira Cecilia López Díaz expuso que, a partir del Acuerdo CNSC 20191000001916 de 2019, proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) se adelantó un concurso de méritos para ocupar cargos en la Alcaldía de CotorraRadicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

Accionante: Omaira Cecilia López Díaz

Accionado: Juzgado Once Admirativo Oral del Circuito de Montería

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(Córdoba). Indicó que se presentó para el empleo de Profesional Universitario, código 219, grado 3 (OPEC 69630), alcanzando el segundo puesto en la lista de elegibles conformada mediante la Resolución 7303 de 2021.

Refirió que la aspirante ubicada en el primer lugar, Liney Eliana Doria Pérez, no fue nombrada por no satisfacer las exigencias previstas en el manual de funciones y en la Ley 2126 de 2021. Señaló que, conforme al Decreto 151 de 2023, la Alcaldía negó dicho nombramiento, razón por la cual la señora Doria Pérez no llegó a tomar posesión del empleo.

Manifestó que el título académico aportado por la señora Doria Pérez no se ajustaba al área del conocimiento requerida para desempeñar el cargo y que, aun en el hipotético caso de revocarse el Decreto 151 de 2023, persistía el incumplimiento de los requisi tos legales y funcionales establecidos para la vacante ofertada.

caso de revocarse el Decreto 151 de 2023, persistía el incumplimiento de los requisi tos legales y funcionales establecidos para la vacante ofertada.

Indicó que la lista de elegibles permaneció sin movimiento por más de un año y que la señora Doria Pérez pudo controvertirla desde el 30 de mayo de 2023 hasta su vencimiento el 22 de marzo de 2025, sin realizar actuación alguna en ese sentido. Añadió que, como interesada directa, debió esperar a que la primera en la lista se posesionara o ejerciera las acciones pertinentes, lo cual no ocurrió, prolongándose así la vacancia del cargo.

Señaló que, en abril de 2024, la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó la movilidad de la lista de elegibles y que, con la expedición del Acuerdo 019 del 16 de mayo de 2024 y la Circular Externa 2024RS096973 del 12 de julio del mismo año, se reguló formalmente este procedimiento, lo cual habilitó la anotación de abstención de nombramiento respecto de la señora Doria Pérez.

Expuso que, con fundamento en dicha reglamentación, la Alcaldía de Cotorra cargó nuevamente el Decreto 151 de 2023 en el Banco Nacional de Listas, y que la CNSC autorizó la movilidad a su favor mediante acto del 17 de febrero de 2025, tras constatar la inexistencia de demandas u órdenes judiciales en curso contra la primera elegible.

Relató que, en ejecución de esa autorización, la Alcaldía expidió el Decreto 017 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual fue nombrada en período de prueba antes del

Relató que, en ejecución de esa autorización, la Alcaldía expidió el Decreto 017 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual fue nombrada en período de prueba antes del vencimiento de la lista. Añadió que tomó posesión el 14 de marzo de 2025 y que, tras obtener una calificación de 97.8 en septiembre del mismo año, consolidó los derechos propios de la carrera administrativa.

Indicó que, el 19 de septiembre de 2025, la Alcaldía le comunicó verbalmente que sería separada del cargo en cumplimiento de una orden judicial proferida dentro de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Liney Eliana Doria Pérez ante el Juzgado Once Administrativo Oral de Montería, encaminada a obtener su nombramiento en el mismo cargo que ella ocupaba.

Afirmó que nunca fue notificada ni vinculada al proceso identificado con el número 23001 3333 011 2025 00104 00, pese a ser directamente afectada por las decisiones adoptadas en su interior. Sostuvo, igualmente, que la CNSC tampoco fue vinculada, a pesar de haber expedido los actos que sustentaron su nombramiento.

Refirió que, mediante auto del 13 de junio de 2025, la jueza de conocimiento decretó medida cautelar consistente en la suspensión provisional del Decreto 151 de 2023 yRadicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

Accionante: Omaira Cecilia López Díaz

Accionado: Juzgado Once Admirativo Oral del Circuito de Montería

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ordenó adelantar las actuaciones necesarias para el nombramiento de la señora Liney Eliana Doria Pérez en el cargo que ella desempeñaba.

Indicó, finalmente, que mediante auto del 29 de agosto de 2025 se abrió incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la medida cautelar y que, pese a la afectación directa, tampoco fue notificada de dicho trámite.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 29 de septiembre de 20252 y correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Córdoba, que por auto del 30 del mismo mes y año3 la admitió y dispuso notificar 4 al Juzgado 11 Administrativo de Montería , como parte accionada y como vinculadas al municipio de Cotorra , a la CNSC y a la señora Liney Eliana Doria Pérez para que rindieran informe sobre los hechos que motivaron la presente acción de tutela.

Finalmente, denegó la medida provisional solicitada por la parte demandante.

3.2. El Juzgado 11 Administrativo de Montería 5, por medio de su titular, resumió las actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte demandante y solicitó que la tutela fuera negada o declarada improce dente, dado que se respetó el

actuaciones adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte demandante y solicitó que la tutela fuera negada o declarada improce dente, dado que se respetó el debido proceso durante todo el trámite.

3.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), a través del jefe de su Oficina Asesora Jurídica, presentó respuesta6 en la que sostuvo que carece de competencia para decidir sobre nombramientos en la planta de personal, atribución exclusiva de la entidad nominadora. Precisó que su actuación se limitó al desarrollo del proceso de selección conforme a la normatividad vige nte, y que la señora Omaira Cecilia López Díaz fue nombrada y posesionada legalmente mediante Acta de Posesión No. 002 del 14 de marzo de 2025, tras la autorización de movilidad en la lista de elegibles.

La CNSC afirmó que no se produjo vulneración de derechos fundamentales, tales como el debido proceso ni el acceso a la administración de justicia. Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no le compete responder por la presunta vulneración señalada. En consecuencia, pidió que sea desvinculada de la acción de tutela, fundamentándose en jurisprudencia constitucional que delimita la legitimación y competencia en estas acciones.

2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00. 3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con

radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00. 3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00. 4 Esta orden se cumplió los días 1° y 2 de octubre de 2025. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00. 5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00. 6 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00.Radicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

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3.4. La señora Liney Eliana Doria Pérez, a través de su apoderada, contestó la acción de tutela7 y sostuvo la improcedencia y temeridad de la solicitud de amparo, al argumentar que la accionante no agotó los medios procesales ordinarios ni solicitó su vinculación como tercero con interés en el proceso respectivo. Por consiguiente, afirmó que la acción

que la accionante no agotó los medios procesales ordinarios ni solicitó su vinculación como tercero con interés en el proceso respectivo. Por consiguiente, afirmó que la acción de tutela, en cuanto mecanismo preferente, excepcional y subsidiario, no procede para controvertir simultáneamente un proceso judicial en curso, especialmente cuando no se ha puesto en conocimiento del juez natural lo reclamado. Resaltó la importancia de respetar la excepcionalidad y subsidiariedad propia de la acción constitucional de tutela.

Denunció también la conducta dilatoria y omisiva del municipio de Cotorra, puesto que no asistió a la audiencia de conciliación, no se pronunció sobre la provisión del cargo en el traslado de la medida cautelar y no solicitó la vinculación de la accionante como tercero interesado, lo que afecta la garantía del derecho al debido proceso. Igualmente, señaló que el municipio manifestó expresamente su intención de no acatar la orden judicial emanada del Juzgado Once Administrativo del Circuito, demostrando así un interés en desconocer los derechos fundamentales de su representada para favorecer a la accionante.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y que el trámite procesal continúe ante el juez natural, asegurando así la efectiva protección de sus derechos fundamentales.

3.5. El Municipio de Cotorra , vinculado a este trámite constitucional como tercero con interés directo, guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de fecha 14 de octubre de 2025 8, declaró improcedente la acción de tutela en

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de fecha 14 de octubre de 2025 8, declaró improcedente la acción de tutela en cuanto a la pretensión de dejar sin efectos los autos del 13 de junio y 29 de agosto de 2025, proferidos dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado ante el Juzgado Once Administrativo Oral de Montería, al considerar que la accionante contaba con medios judiciales ordinarios idóneos para controvertir esas decisiones, en garantía del respeto al juez natural.

El Tribunal precisó que la señora Omaira Cecilia López Díaz acreditaba legitimación en la causa por activa, pero no cumplió el requisito de subsidiariedad, pues la controversia debía plantearse mediante los mecanismos ordinarios previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Indicó que la acción de tutela no puede sustituir al procedimiento judicial en curso ni desplazar la competencia del funcionario natural del asunto.

Adicionalmente, la Sala examinó la legitimación en la causa por pasiva de la Comisión Nacional del Servicio Civil , entidad vinculada mediante auto del 14 de julio de 2025 , y concluyó que la CNSC sí se encontraba legitimada por pasiva, en tanto sus actuaciones particularmente la autorización de movilidad de la lista de elegibles incidió en las

7 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00.

7 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00. 8 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00.Radicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

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circunstancias que originaron la tutela. Aunque esta conclusión no se reflejó en la parte resolutiva, fue desarrollada expresamente en las consideraciones.

En cuanto a la solicitud de ordenarle al Juzgado Once Administrativo su vinculación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala declaró una carencia actual de objeto por hecho superado, dado que, mediante auto del 3 de octubre de 2025 , dicho despacho dispuso la vinculación de la accionante como litisconsorte necesario y ordenó a la Alcaldía aportar los datos necesarios para su notificación.

Finalmente, reiteró la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela y sostuvo que esta no procede para dejar sin efectos actuaciones judiciales cuando existen mecanismos ordinarios eficaces. En consecuencia, determinó la improcedencia del amparo frente a las decisiones del juez natural y la pérdida de objeto respecto de la pretensión de vinculación procesal.

mecanismos ordinarios eficaces. En consecuencia, determinó la improcedencia del amparo frente a las decisiones del juez natural y la pérdida de objeto respecto de la pretensión de vinculación procesal.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó 9 con fundamento en que el Tribunal desconoció su condición de funcionaria de carrera administrativa con estabilidad laboral reforzada, acreditada mediante los actos administrativos expedidos por la CNSC, y que la consideró erradamente como servidora en provisionalidad. Sostuvo además que es sujeto de especial protección constitucional, por ser madre cabeza de familia y cuidadora de un adulto mayor.

Cuestionó que el fallo pasara por alto la falta de vinculación procesal de la CNSC, autoridad que expidió los actos que autorizaron la movilidad de la lista, dispusieron su nombramiento en periodo de prueba y reconocieron el cumplimiento de los requisitos para adquirir derechos de carrera. Indicó que dichos actos tienen incidencia directa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que su no vinculación vulnera el debido proceso.

La accionante también alegó que la apoderada de la señora Liney Doria Pérez habría incurrido en ocultamiento de información y actuaciones temerarias, al no revelar al juez natural la existencia de los actos expedidos por la CNSC que sustentaban su nombramiento en carrera. Sostuvo que ese ocultamiento indujo en error a la jueza de conocimiento al momento de decretar las medidas cautelares contenidas en los autos del 13 de junio y del 29 de agosto de 2025.

nombramiento en carrera. Sostuvo que ese ocultamiento indujo en error a la jueza de conocimiento al momento de decretar las medidas cautelares contenidas en los autos del 13 de junio y del 29 de agosto de 2025.

Reprochó igualmente el silencio de la Alcaldía de Cotorra, entidad demandada en el proceso ordinario, afirmando que su falta de pronunciamiento debió ser valorada por el Tribunal. Alegó que las medidas cautelares fueron concedidas de manera irrazonable y sin un análisis integral de los actos administrativos relevantes, incluidos aquellos expedidos por la CNSC, cuya suspensión también habría sido necesaria para hacer viable la orden judicial de nombrar a la primera elegible.

Finalmente, manifestó que no existe un hecho superado respecto de su vinculación al proceso ordinario, porque la jueza tampoco vinculó a la CNSC ni valoró los actos de carrera administrativa. En sus pretensiones, además de solicitar la suspensión de los

9 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso de primera instancia con radicado nro. 23001 23 33 000 2025 00185 00.Radicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

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efectos de los autos cuestionados, pidió la revocatoria de la sentencia, la nulidad del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 23001 3333 011 2025 00104 00, y la orden de vinculación de la CNSC en dicho trámite, junto con la valoración integral de todos los documentos y actuaciones relevantes.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 10, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201511, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202112, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

6.2.1. A partir del Acuerdo CNSC 20191000001916 de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó un concurso de méritos para la provisión de cargos en la Alcaldía

6.2.1. A partir del Acuerdo CNSC 20191000001916 de 2019, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó un concurso de méritos para la provisión de cargos en la Alcaldía de Cotorra, en el cual la señora Omaira Cecilia López Díaz se inscribió para el empl eo de Profesional Universitario, código 219, grado 3 (OPEC 69630), obteniendo el segundo lugar en la lista de elegibles conformada mediante la Resolución 7303 de 2021.

6.2.2. A la señora Liney Eliana Doria Pérez, quien obtuvo el primer lugar en la lista de elegibles, la Alcaldía de Cotorra le negó el nombramiento mediante el Decreto 151 de 2023, por no cumplir los requisitos exigidos en el manual de funciones y en la Ley 2126 de 2021. En consecuencia, dicha aspirante no tomó posesión del cargo.

6.2.3. La lista de elegibles permaneció sin movimiento por más de un año, y la señora Doria Pérez tuvo la oportunidad de controvertirla desde el 30 de mayo de 2023 hasta el 22 de marzo de 2025, sin presentar actuaciones dirigidas a ello.

6.2.4. La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo 019 del 16 de mayo de 2024 y la Circular Externa 2024RS096973 del 12 de julio de 2024, mediante los cuales

10 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejá ndola

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejá ndola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”. 11 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2. 12 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela". 13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.Radicado: 23001 23 33 000 2025 00185 01

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reguló la movilidad de listas y autorizó el registro de la novedad de abstención de

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reguló la movilidad de listas y autorizó el registro de la novedad de abstención de nombramiento respecto de la señora Doria Pérez.

6.2.5. Mediante acto administrativo del 17 de febrero de 2025, la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizó la movilidad de la lista en favor de la señora Omaira Cecilia López Díaz, tras verificar la inexistencia de demandas u órdenes judiciales vigent es relacionadas con la primera elegible.

6.2.6. La Alcaldía de Cotorra expidió el Decreto 017 del 3 de marzo de 2025, mediante el cual nombró a la señora Omaira Cecilia López Díaz en período de prueba antes del vencimiento de la lista previsto para el 22 de marzo de 2025. La accionante tomó posesión del cargo el 14 de marzo de 2025 y obtuvo una calificación definitiva de 97.8 en la evaluación del período de prueba realizada en septiembre del mismo año.

6.2.7. El 25 de marzo de 2025, la señora Liney Eliana Doria Pérez interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería, radicada con el número 23001 3333 011 2025 00104 00, solicitando su nombramiento en el cargo para el cual había sido inicialmente seleccionada.

6.2.8. En dicha demanda ordinaria, la señora Doria Pérez expuso, entre otros hechos, que la Alcaldía de Cotorra había solicitado su exclusión de la lista de elegibles; que la

6.2.8. En dicha demanda ordinaria, la señora Doria Pérez expuso, entre otros hechos, que la Alcaldía de Cotorra había solicitado su exclusión de la lista de elegibles; que la CNSC había negado tal solicitud mediante las resoluciones 11998 de 2022 y 20292 d e 2022; y que el Decreto 151 de 2023, posterior a esas decisiones, desconoció lo decidido por la CNSC.

6.2.9. El 13 de junio de 2025, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería profirió auto mediante el cual admitió la demanda y decretó medida cautelar de urgencia que suspendió provisionalmente el Decreto 151 de 2023 y ordenó continuar las actuaciones necesarias para el nombramiento de la señora Liney Eliana Doria Pérez en el cargo ocupado por la accionante.

6.2.10. El 29 de agosto de 2025, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería profirió auto mediante el cual abrió incidente de desacato por la supuesta falta de cumplimiento de la medida cautelar decretada el 13 de junio de 2025.

6.2.11. Por auto del 3 de octubre de 2025, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Montería resolvió la reposición interpuesta contra la medida cautelar, concedió la apelación y dispuso la vinculación de la señora Omaira Cecilia López Díaz como litisconsorte necesario en el proceso, ordenando a la Alcaldía aportar sus datos de notificación para proceder a la vinculación formal.

6.2.12. La accionante no fue notificada ni vinculada al proceso ordinario de nulidad y

litisconsorte necesario en el proceso, ordenando a la Alcaldía aportar sus datos de notificación para proceder a la vinculación formal.

6.2.12. La accionante no fue notificada ni vinculada al proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho sino hasta la expedición del auto del 3 de octubre de 2025, pese a que las decisiones adoptadas afectaban directamente su situación jurídica y laboral.

6.2.13. La Alcaldía de Cotorra, mediante comunicación verbal del 19 de septiembre de 2025, informó a la señora Omaira Cecilia López Díaz que sería separada del cargo para cumplir la medida cautelar ordenada dentro del proces