CE - Sentencia 23001233300020250018801 de 2025

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA / Improcedencia / Subsidiariedad – Carencia de objeto por hecho superado.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia proferida el 21 de octubre de 2 025 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto en cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso, e improcedente respecto a los derechos fundamentales a la dignidad humana, agua potable, igualdad y salud.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 3 de octubre de 2025, Maruen Jabib Janna, en su condición de representante legal de la empresa de servicios públicos Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería , con el fin de proteger s us derechos

legal de la empresa de servicios públicos Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería , con el fin de proteger s us derechos fundamentales1. Consideró que dichas prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del fallo de 9 de mayo de 20252, emitido al interior de la acción popular3 que promovió la Defensoría del Pueblo – Regional Sur de Córdoba en su contra 4; así como por la omisión en la resolución de la solicitud de aclaración del auto de 17 de junio de 20255.

2. El objeto de la acción popular consistió en la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce de un ambiente sano y al acceso a los servicios públicos, garantizando que su prestación fuera eficiente y oportuna. Como pretensión se solicitó que se ordenara a las entidades demandadas ejecutar, en un

1 Invoca los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. También menciona los derechos al agua potable, dignidad humana y salud. 2 Notificado el 12 de mayo de 2025. 3 Radicado 23001333301020230020100. 4 Y contra el departamento de Córdoba. 5 Presentada el 20 de junio de 2025.Radicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2

plazo razonable, las acciones necesarias para suministrar agua potable a los

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2

plazo razonable, las acciones necesarias para suministrar agua potable a los habitantes del corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelíbano (Córdoba).

3. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería emitió sentencia el 9 de mayo de 2025, mediante la cual amparó los derechos colectivos invocados y, con el propósito de garantizar su protección, impuso a la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. la obligación, entre otras, de “una vez apropiado el presupuesto faltante (7,23%) necesario para concluir la obra y puesto a su disposición, deberán dentro de un plazo máximo de seis (6) meses culminar la construcción del sistema de acueducto del Corregimiento de Tierradentro, Municipio de Montelíbano (Córdoba) y darlo al servicio suministrando el agua potable a las viviendas, a los establecimientos hospitalarios y educativos del corregimiento ”, así como “(…) implementar la prestación del servicio público de agua potable para los moradores del corregimiento de Tierr adentro del Municipio de Montelíbano, bien sea de forma directa o con participación de la empresa privada o mixta”.

4. Contra la anterior decisión aguas de Córdoba S.A. E.S.P., el 15 de mayo de 2025 interpuso recurso de apelación. Mediante auto de 17 de juni o de 2025, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería lo concedió en el efecto devolutivo.

El 20 de junio siguiente, la accionada presentó solicitud de aclaración contra la

Décimo Administrativo del Circuito de Montería lo concedió en el efecto devolutivo. El 20 de junio siguiente, la accionada presentó solicitud de aclaración contra la anterior providencia, por considerar que el recurso debía concederse en el efecto suspensivo al tenor del inciso 5 del artículo 323 del C.G.P.

5. La parte accionante sostuvo que la orden impartida en la sentencia de 9 de mayo de 2025 excedió la competencia del juez popular, pues las decisiones relativas a la ejecución contractual solo pueden ser adoptadas por el juez del contrato. Agregó que dicha orden resulta inconveniente tanto técnica como jurídicamente, argumento que sustentó en el estudio técnico del 28 de febrero de 2025 -citó partes del informe -.

Expresó que con el 7,23% del presupuesto faltante no e ra posible cubrir los costos necesarios para poner en funcionamiento el acueducto ya iniciado, lo que podría generar mayor afectación a las comunidades, que finalmente no contarían con el servicio si se ejecuta la obra en los términos ordenados.

6. Manifestó que ese dictamen no fue aportado con la contestación de la demanda, porque no existía para esa fecha, por lo que solo hasta hace poco la nueva administración de Aguas de Córdoba tuvo conocimiento de las reales circunstancias del proyecto de acueducto para la población de Tierradentro. De igual manera, tampoco se adjuntó con el escrito de apelación, dado que solo se pueden invocar con este recurso los reparos concretos contra la decisión adoptada por el a quo.

Aunque, informó que en dicho recurso se anunció que se aportaría el señalado informe en aplicación del artículo 212 del CPACA.

con este recurso los reparos concretos contra la decisión adoptada por el a quo. Aunque, informó que en dicho recurso se anunció que se aportaría el señalado informe en aplicación del artículo 212 del CPACA.

7. Adicionó que los informes que se aportaron en su momento con la contestación de la demanda distaban de la realidad en los porcentajes de ejecución del proyecto y, tal vez por ello, el fallador decidió amparar los derechos colectivos invocados; pero el nuevo dictamen dejó al descubierto situaciones técnicas complejas, imposibles de subsanar con una adición presupuestal. Además, los valores que deberíanRadicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3

adicionarse superan con creces el 50% del valor inicial del contrato de obra, constituyendo una imposibilidad jurídica infranqueable para la entidad.

8. Afirmó que utiliza este mecanismo constitucional de manera transitoria, debido a que el juez le dio 6 meses para terminar la obra, y el recurso de apelación, a pesar de ya haber sido interpuesto, demora mucho tiempo en resolverse.

9. Por otra parte, indicó que el Juzgado accionado tuvo por no contestada la demanda, al supuestamente haberla presentado de forma extemporánea, a pesar de que la había remitido en tiempo , tal como consta en la audiencia de cumplimiento, en la constancia de ésta y en el auto de pruebas. Por ende, resulta ese dicho una contradicción del a quo a sus propias decisiones.

que la había remitido en tiempo , tal como consta en la audiencia de cumplimiento, en la constancia de ésta y en el auto de pruebas. Por ende, resulta ese dicho una contradicción del a quo a sus propias decisiones.

10. Arguyó que presentó recurso de apelación contra la sentencia de acción popular, no obstante, fue concedido por el Juzgado accionado en el efecto devolutivo. Por ende, presentó solicitud de aclaración contra dicho auto, exponiendo su discrepancia por el efecto procesal otorgado. Sin embargo, afirmó que dicha solicitud no ha sido resuelta por el juez de primera instancia. Indicó que el recurso debió concederse en el efecto suspensivo, en aplicación de la excepción prevista en el inciso 5° del artículo 323 del Código General del Proceso.

11. En resumen, adujo que existió defecto orgánico, en la medida en que el juez de acción popular reproch ó a Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. el incumplimiento de un contrato y lo conmin ó a su cumplimiento, usurpando las funciones del juez natural del contrato y desbordando su ámbito competencial, pues carecía absolutamente de competencia para entrar a valorar esta clase de situaciones.

12. Defecto procedimental absoluto, toda vez que al afirmar en la sentencia que la accionante contestó extemporáneamente la acción desconoció providencias emitidas por él mismo, a través de la cuales -de manera claraexpuso que se tendrían como pruebas las aportadas con la contestación de la empresa . Ese proceder afecta el trámite previsto en las normas procesales, tanto del CPACA como del CGP como norma supletiva.

tendrían como pruebas las aportadas con la contestación de la empresa . Ese proceder afecta el trámite previsto en las normas procesales, tanto del CPACA como del CGP como norma supletiva.

13. Error inducido porque al momento de contestar la demanda, tanto la interventoría como el contratista, le aportaron información no coincidente con la realidad, la cual fue allegada a la contestación de la demanda. Y solo hasta la recepción del peritaje técnico el 3 de abril de 2025 se reveló la verdadera realidad del proyecto, y Aguas de Córdoba se percató de que al acueducto de Tierradentro no le hace falta un 7,23% para su culminación, como lo supuso el juez en el fallo. Por el contrario, el informe pericial es concluyente, en el sentido de arrojar datos preocupantes frente a las deficiencias e irregularidades técnicas en la ejecución de este proyecto, que lo tornan inviable de terminar con la adición presupuestal que dispuso el a quo en el fallo de primer grado.

14. Recalcó de nuevo que el señalado informe solo les fue allegado hasta principios de abril de este año, cuando ya había fenecido la oportunidad probatoria para darloRadicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4

a conocer al Juez y a los demás sujetos procesales. No obstante, con la interposición del recurso de apelación se anunció que dicho informe se aportaría.

15. Violación directa de la Constitución, por cuanto con la materialización del fallo

a conocer al Juez y a los demás sujetos procesales. No obstante, con la interposición del recurso de apelación se anunció que dicho informe se aportaría.

15. Violación directa de la Constitución, por cuanto con la materialización del fallo de 9 de mayo de 2025 se producirá la afectación al derecho fundamental al agua y a la salud de la comunidad de Tierradentro, además al bien colectivo patrimonio público, toda vez que ordenó destinar importantes recursos públicos para la culminación de un proyecto que no logrará atender las necesidades de la comunidad y que adolece de serios problemas técnicos.

16. Aunado a esto, record ó que el preámbulo de la Carta Magna goza de poder vinculante y en él se establecieron como ideales, entre otros, el respeto a valores como la justicia y la igualdad dentro de un marco jurídico que garantice un orden político, económico y social justo. Bajo esta dimensión constitucional, el a quo con su decisión transgredió estos postulados, atentando contra los derechos fundamentales de que goza Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

17. Finalmente, expresó que existe un perjuicio irremediable, toda vez que (i) los términos concedidos en el fallo ya están corriendo; (ii) al acatar el fa llo se estarían destinando importantes recursos públicos a una obra que no va a colmar las necesidades de la comunidad y que presenta graves problemas técnicos ; y, (iii) se demanda la toma de medidas urgentes, porque de no adoptarse alguna en forma inmediata, el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de 5 de mayo podrá ser exigido incluso por vía de incidente de desacato.

demanda la toma de medidas urgentes, porque de no adoptarse alguna en forma inmediata, el cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de 5 de mayo podrá ser exigido incluso por vía de incidente de desacato.

B. Sentencia de primera instancia

18. En fallo de 21 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la carencia actual de objeto en cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso, e improcedente respecto a los derechos fundamentales a la dignidad humana, agua potable, igualdad y salud.

19. Indicó que el Juzgado accionado vulneró el derecho fundamental a l debido proceso de la entidad actora, en la medida en que mediante auto de 17 de junio de 2025 concedió en efecto devolutivo el recurso de apelación presentado por Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. contra la sentencia de 9 de mayo de 2025, notificado por estado del 18 de junio de 2025 , pero realizó el reparto de la apelación ante el Tribunal Administrativo de Córdoba 19 de junio de 2025, cuando aún no habían transcurrido los 3 días de ejecutoria de la decisión, momento en el cual las partes podían interponer recursos.

20. Afirmó que la entidad accionante tenía hasta el 23 de junio de 2025 para solicitar la aclaración de la providencia o presentar el recurso procedente, por lo que al haber realizado la solicitud de aclaración el 20 de junio de 2025, resultaba imper ioso que el despacho accionado la resolviera, ya que había sido interpuesto dentro del término de ejecutoria.Radicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

el despacho accionado la resolviera, ya que había sido interpuesto dentro del término de ejecutoria.Radicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

5

21. No obstante , indicó que el Tribunal Administrativo de Córdoba mediante providencia de fecha 21 de octubre de 2025, decretó la ilegalidad del auto que admitió el recurso de apelación en segunda instancia y ordenó que el Juzgado “(...) resuelva en sede de primera instancia, las solicitudes pendientes”. La Sala consideró que dicha orden satisface lo requerido por la parte actora, que es obtener pronunciamiento del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería sobre la solicitud de aclaración presentada, lo que da ba lugar a que se configure la carencia actual de objeto.

22. Por otro lado, respecto de la violación de los demás derechos (dignidad humana, al acceso al agua potable, igualdad y salud) esbozó que los argumentos en los que son sustentados hacen referencia a temas de fondo dentro de la acción popular que se tramita ante el Juzgado accionado, sobre lo cual el actor tuvo y tiene oportunidad de ejercer los mecanismos de defensa a su alcance, para hacerlos valer, situación que hace improcedente su estudio en sede de tutela.

C. La impugnación

23. La parte accionante indicó que no es argumento suficiente y de mérito el que expuso el fallador para declarar la carencia actual del objeto, en el sentido de indicar

C. La impugnación

23. La parte accionante indicó que no es argumento suficiente y de mérito el que expuso el fallador para declarar la carencia actual del objeto, en el sentido de indicar que el Tribunal Administrativo a través de providencia de 21 de octubre de 2025 decretó la ilegalidad del auto que admiti ó el recurso de apelación y ordenó al accionado resolver en sede de primera instancia las solicitudes pendientes. Dicha decisión no conlleva una protección de los derechos fundamentales invocados o supone una pérdida de interés en su protección , ya que el Juzgado no adopt ó directamente la decisión de tramitar el recurso en el efecto suspensivo.

24. Agregó que también omitió pronunciarse de fondo frente a los otros derechos ius fundamentales invocados en la acción, como la dignidad humana, la salud, el agua potable, cuya vulneración no está relacionada con la ausencia de resolución de la solicitud de aclaración. Por lo que erró el a quo al considerar exclusiva y aisladamente que “ la parte acc ionante alega la vulneración por parte de Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Montería de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, al acceso al agua potable, igualdad y salud, con ocasión a la ausencia de resolución de la solicitud de aclaración”. Agregó que la incorporación de estos derechos tuvo lugar con esta acción constitucional, mas no con la acción popular que está en curso.

25. Expresó que el juez constitucional debió estudiar, analizar y pronunciarse sobre la conculcación de los otros derechos fundamentales, y no circunscribirse a manifestarse únicamente sobre la violación al derecho fundamental al debido

25. Expresó que el juez constitucional debió estudiar, analizar y pronunciarse sobre la conculcación de los otros derechos fundamentales, y no circunscribirse a manifestarse únicamente sobre la violación al derecho fundamental al debido proceso. Pues, a ún, en gracia de discusión, en el trámite que resta de la acción popular, no existe una eta pa por medio de la cual se pueda aducir violación de derechos fundamentales.

26. También indicó que el juez constitucional omitió pronunciarse de la vulneración al debido proceso relacionada con que el accionado dispuso en la parte resolutiva delRadicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

6

fallo que Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. culmine la obra, con lo cual está ejerciendo funciones propias del juez del contrato estatal. Ese tipo de decisiones, relativas a la terminación, liquidación, nulidad o existencia de un contrato público, deben discutirse en el marco del medio de control de controversias contractuales, no en el desarrollo de una acción popular. Reiteró que la culminación de la obra es imposible para la entidad, según el dictamen pericial al que hizo referencia en su tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

27. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

27. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

E. Análisis del caso concreto

28. Después de una revisión de los planteamientos aducidos en el escrito de tutela y en la impugnación, así como de las pruebas allegadas al plenario, se anticipa que se confirmará la decisión de primera instancia, pero, al no encontrar superado el requisito general de subsidiariedad y, ver configurada la carencia actual de objeto.

29. Como primera medida, para esta Sala, contrario a lo definido por el juez constitucional de primera instancia, se advierte que los problemas jurídicos a resolver en el presente caso son dos: (i) la supuesta vulneración de los derechos fundamentales con ocasión del fallo de 9 de mayo de 2025, emitido al interior de la acción popular; y, (ii) la alegada omisión en la resolución de la solicitud de aclaración del auto de 17 de junio de 2025.

30. Respecto a lo primero se vislumbra que los argumentos expuestos no superan el requisito general de subsidiaridad.

31. Sobre dicho presupuesto se debe recordar que la acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación

mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que amenaza o lesio na sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 7 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 68 del Decreto 2591 de 1991.

.6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 7 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanis mo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca). 8 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:Radicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7

32. Frente a los reparos relativos a que el nuevo informe pericial demuestra la real

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7

32. Frente a los reparos relativos a que el nuevo informe pericial demuestra la real situación de la obra objeto de debate , y que el a quo tuvo po r no con testada la demanda, yendo en contravía de sus propias decisiones, se advierte que ambos son puntos que Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. planteó en el recurso de apelación promovido contra el fallo cuestionado. Es decir, el asunto aún se encuentra en trámite, al punto que ni siquiera se ha admitido la alzada, por lo que a la fecha esas censuras están pendientes de ser resueltas por el juez ordinario de la causa, a través del mecanismo judicial respectivo.

33. En este punto, cabe recordar que cuando se cuestionan providencias judiciales, la subsidiariedad debe considerarse a partir de dos circunstancias. La primera, si el proceso judicial ha t erminado y, la segunda, si aún se encuentra en curso. En el último caso, la competencia del juez de tutela es aún más restringida, pues la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo alternativo o paralelo para resolver los problemas jurídicos o desavenencias que por naturaleza deben resolverse al interior de los procesos judiciales.

34. Por ende, es claro que el actor presenta esta tutela como un mecanismo paralelo a la acción popular, sin darle la oportunidad al juez natural de pronunciarse sobre el caso. Circunstancia que a todas luces hace improcedente est a demanda, pues pretende que el juez constitucional invada la órbita del ordinario, sin que exista una

a la acción popular, sin darle la oportunidad al juez natural de pronunciarse sobre el caso. Circunstancia que a todas luces hace improcedente est a demanda, pues pretende que el juez constitucional invada la órbita del ordinario, sin que exista una verdadera vulneración de derechos fundamentales.

35. Por otra parte, en relación con la objeción de que el juez popular actuó como juez del contrato, saliéndose de su competencia . Esta Subsección visualiza que es un tema que la parte actora únicamente trae a colación a través de la presente acción constitucional. Es decir, nunca lo puso en conocimiento del ad quem a través del recurso de apelación promovido, para que aquel tuviera la oportunidad de hacer alguna manifestación.

36. En tal sentido el asunto no cumple con el presupuesto general de subsidiariedad, en la medida en que la parte actora acudió directamente a este mecanismo constitucional, sin antes ponerlo en conocimiento del respectivo juez, omitiendo así hacer uso de los medios ordinarios con los que contaba para defender los derechos que ahora trae a colación.

37. De este modo, se observa que la parte accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional como un reemplazo de las vías judiciales ordinarias, al haber omitido poner en conocimiento dicho tema a tr avés del mecanismo judicial ordinario con el que contaba para cuestionar lo ahora traído a colación, en una clara invasión de la órbita de competencia del juez natural . Así como también procura convertirlo en un mecanismo alternativo para resolver los prob lemas jurídicos o controversias que por naturaleza deben resolverse al interior de los procesos

invasión de la órbita de competencia del juez natural . Así como también procura convertirlo en un mecanismo alternativo para resolver los prob lemas jurídicos o controversias que por naturaleza deben resolverse al interior de los procesos

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanis mo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”Radicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

8

judiciales.

38. Por otra parte, en relación con el hecho que la solicitud de aclaración no ha sido resuelta. Al hacer una revisión del proceso, se observa que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería mediante auto de 11 de noviembre de 2025

(notificado al día siguiente, según la información visible en el aplicativo SAMAI) ya resolvió dicha solicitud.

39. De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que la autoridad demandada desplegó la conducta que la parte accionante reclamaba mediante la acción tuitiva, que e s tener una decisión frente a la solicitud de aclaración presentada contra el auto de 17 de junio de 2025, por lo que cualquier pronunciamiento del juez de tutela carecería de efectos prácticos. En consecuencia, la Sala habrá de declarar improcedente el amparo constitucional deprecado, al configurarse la carencia actual de objeto por

de junio de 2025, por lo que cualquier pronunciamiento del juez de tutela carecería de efectos prácticos. En consecuencia, la Sala habrá de declarar improcedente el amparo constitucional deprecado, al configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que los motivos que dieron lugar a la interposición de la demanda de tutela fueron superados en el curso de este proceso.

40. Aunado a lo anterior, el argumento esgrimido en la solicitud de aclaración, relativo al efecto en el cual se concedió el recurso de apelación -suspensivo o devolutivo-, también pudo haber sido puesto en consideración del juez de segunda instancia a través del recurso de apelación promovido contra la decisión de 9 de mayo de 2025, para que aquel se pronunciara. No obstante, no se observa que eso haya sucedido.

Por lo que ese reparo también carece del requisito de subsidiariedad.

41. Por último, esta Sala no advierte algún tipo de perjuici o irremediable que haga factible la intervención del juez constitucional en asunto s que no son de su competencia, así sea de manera transitoria. Esto, por cuanto la entidad actora para sustentar la inminencia del perjuicio, de manera general, parte de situaciones hipotéticas. En primer lugar, asegura que el fallo de segunda instancia no va a estar proyectado y notificado en tiempo; igualmente da casi por sentado que se iniciará en su contra un incidente de desacato. Supuestos que hasta la fecha no s e han configurado y, por ende, no existe lesión alguna de derechos, ni amenaza.

42. Adicionalmente, el hecho de iniciar un incidente de desacato no genera per se un

su contra un incidente de desacato. Supuestos que hasta la fecha no s e han configurado y, por ende, no existe lesión alguna de derechos, ni amenaza.

42. Adicionalmente, el hecho de iniciar un incidente de desacato no genera per se un perjuicio irremediable, pues es una situación jurídica que se puede o no dar, dentro de la cu al eventualmente podrá ejercer su derecho de defensa y contradicción, la cual no termina siempre con la imposición de alguna medida en contra del incidentado.

43. Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 21 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba , pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVERadicación: 23001-23-33-000-2025-00188-01

Accionante: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.

Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

9

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, pero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a