CE - Sentencia 23001233300020260018501 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 23001233300020260018501 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: EDUARDO CARLOS CORRALES PEREIRA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Tema: SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO. TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS - Se declara improcedente por no cumplir el requisito general de subsidiariedad - La parte actora dispone de otro medio de defensa judicial para ventilar los motivos de inconformidad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 10 de septiembre de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Eduardo Carlos Corrales Pereira solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos , cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial con la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 20261.
concurso de méritos , cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial con la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 20261.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que se inscribió en el concurso público de méritos de la Rama Judicial, Convocatoria 28, regulado por el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
1 “[…] Por medio de la cual se decide acerca de la admisión o rechazo de las y los aspirantes al concurso de méritos, modalidad de ingreso público y abierto, destinado a la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA25 -12348 de 13 de noviembre de 2025 […]”.2
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
2.2. Adujo que la entidad accionada expidió la Resolución CJR26 -0497 de 3 de agosto de 2026 2, en la cual fue incluido en la lista de aspirantes rechazados, con fundamento en la causal 5, consistente en no haber adjuntado en formato PDF el documento contentivo de la “Declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”.
2.3. Expresó que dicha exigencia constituye un exceso de ritual manifiesto, pues la
documento contentivo de la “Declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades”.
2.3. Expresó que dicha exigencia constituye un exceso de ritual manifiesto, pues la declaración requerida ya había sido realizada expresamente durante el proceso de inscripción virtual, “[…] donde declaré bajo la gravedad del juramento cumplir con la totalidad de los requisitos legales y constitucionales, manifestando de forma integral no tener impedimentos ni inhabilidades para ejercer las funciones judiciales correspondientes […]”.
2.4. Mencionó que actualmente es contratista de la entidad pública municipal E.S.E VIDASINÚ de la ciudad de Montería y, que, para desempeñar sus funciones le es exigido por ley, la ausencia absoluta de antecedentes penales, disciplinarios o fiscales vigentes. Por lo que, a su juicio, se evidencia el cumplimiento de las condiciones de idoneidad y ausencia de inhabilidades o incompatibilidades exigidas para su participación en el concurso.
2.5. Agregó, que el rechazo de su postulación en razón a la falta de un archivo digital vulnera sus derechos fundamentales indicados supra por constituirse un exceso de ritual manifiesto.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso, Trabajo y Acceso a Cargos Públicos.
SEGUNDO: Revocar de manera parcial la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026 en lo que respecta única y exclusivamente a mi exclusión de la
MODALIDAD INGRESO - CONVOCATORIA 28 - FUNCIONARIOS DE
SEGUNDO: Revocar de manera parcial la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026 en lo que respecta única y exclusivamente a mi exclusión de la
MODALIDAD INGRESO - CONVOCATORIA 28 - FUNCIONARIOS DE
CARRERA DE LA RAMA JUDICIAL para la plaza de JUEZ PROMISCUO
MUNICIPAL.
TERCERO: ORDENAR a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que me incluya nuevamente en la lista de aspirantes admitidos en el concurso mencionado y que se me permita continuar en las etapas subsiguientes del proceso de selección. […]” [Negrilla del texto].
2 “[…] Por medio de la cual se decide acerca de la admisión o rechazo de las y los aspirantes al concurso de méritos, modalidad de ingreso público y abierto, destinado a la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo PCSJA25 -12348 de 13 de noviembre de 2025 […]”.3
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 31 de agosto de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso del Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la presente acción de tutela.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera Judicial solicitó negar el amparo, al considerar que su actuación no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante. Señaló que su rechazo obedeció al incumplimiento del requisito previsto en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y desarrollado en el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, el cual se trata de no aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
5.2. Alegó la falta de competencia del Tribunal Administrativo de Córdoba para conocer de la acción, por estar dirigida contra el Consejo Superior de la Judicatura
- Unidad de Administración de la Carrera Judicial.
5.3. Precisó que mediante la Resolución CJR26 -0497 del 3 de agosto de 2026 se decidió la admisión y rechazo de los aspirantes y que el accionante fue incluido en el listado de rechazados por la causal 5. Señaló que la resolución fue notificada el 11 de agosto de 2026 y que los días 12, 13 y 14 de agosto estuvieron habilitados para solicitar la verificación documental a través de CARJUD APP. Sin embargo, el accionante no presentó dicha solicitud y reconoció que tampoco había cargado la declaración exigida.
5.4. Sostuvo que el accionante contaba con el mecanismo de verificación documental previsto en la convocatoria y, adicionalmente, con el medio de control
la declaración exigida.
5.4. Sostuvo que el accionante contaba con el mecanismo de verificación documental previsto en la convocatoria y, adicionalmente, con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto de rechazo, junto con la p osibilidad de solicitar medidas cautelares. Afirmó que el avance de las etapas del concurso no configura, por sí solo, un perjuicio irremediable que haga procedente la tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, particularmente la Sentencia T-008 de 2026.
5.5. Los señores John Jairo Villanueva Castaño , Juan Carlos Santana Balaguera, Néstor Mauricio Nieva Quintero , Luis Ángel Heredia Pacheco , Sergio Escobar Holguín manifestaron encontrarse en idéntica situación a la del accionante y solicitaron el amparo de sus derechos.
5.6. Los señores Diana Patricia Esguerra Perdomo , Pedro Pascasio Martínez Reyes, Jaime Alexis Poveda Pineda calificaron la exigencia como un formalismo4
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
susceptible de subsanación; solicitaron que se le s permitiera corregir el documento.
5.7. Los señores Wilson Tinjaca Díaz , Carolina Gallego Martínez , Manuel Fernando Alméciga Gómez, Melissa Díaz Ramos solicitaron que los efectos de una eventual decisión favorable se extendieran a quienes se encontraran en igual situación.
5.8. La señora Vanessa Becerra afirmó que la certificación sobre ausencia de
Fernando Alméciga Gómez, Melissa Díaz Ramos solicitaron que los efectos de una eventual decisión favorable se extendieran a quienes se encontraran en igual situación.
5.8. La señora Vanessa Becerra afirmó que la certificación sobre ausencia de inhabilidades ya había sido allegada y alegó la afectación de los derechos a la igualdad y al trabajo.
5.9. El señor Luis Miguel Pulido Maldonado sostuvo que la verificación de las inhabilidades corresponde a la Administración y que la falta del documento no debe impedir la participación en el concurso.
5.10. El señor Albeiro Márquez Lozano invocó las sentencias T-059 de 2019 y SU067 de 2022 de la Corte Constitucional, y aportó una declaración juramentada suscrita con posterioridad a la inscripción.
5.11. El señor Luis Alfredo Marín Flórez señaló que fue excluido por la causal 4, relacionada con la falta de acreditación de experiencia, pese a que su constancia de inscripción registra 3 años, 8 meses y 19 días, y solicitó que se revisara su situación particular y la valoración de los documentos aportados.
5.12. Los señores Franco José Maldonado Gámez y Hugo Lascarro Polo se opusieron a las pretensiones de la tutela. Señalaron que conceder el amparo afectaría la igualdad y el mérito de quienes cumplieron las exigencias de la convocatoria, por lo que solicitó negar la protección y preservar las reglas del concurso. Asimismo, indicaron que el diligenciamiento de CARJUD-APP no suplía la presentación en PDF de la declaración juramentada exigida por la convocatoria
convocatoria, por lo que solicitó negar la protección y preservar las reglas del concurso. Asimismo, indicaron que el diligenciamiento de CARJUD-APP no suplía la presentación en PDF de la declaración juramentada exigida por la convocatoria y alegó la improcedencia de la tutela por subsidiariedad, al existir el medio de control de nulidad y restablecimien to del derecho y no haberse acreditado un perjuicio irremediable.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante sentencia de tutela de 10 de septiembre de 2026 , el Tribunal Administrativo de Córdoba negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados, en los siguientes términos:
“[…] Descendiendo al caso concreto, se encuentra acreditado que el señor Eduardo Carlos Corrales Pereira fue rechazado de la Convocatoria 28, mediante la Resolución CJR26-0497 del 3 de agosto de 2026, por la causal 5, relacionada con la falta de presentaci ón, en formato PDF, de la declaración juramentada de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad […]”.5
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
[…]
“[…] la Sala debe establecer si la exigencia de presentar la declaración en formato PDF constituía un requisito formal previsto expresamente en las reglas de la convocatoria, cuyo incumplimiento justificaba el rechazo, o si, por el contrario, la manifestación efectuada por el actor en el formulario electrónico, aunada a los demás elementos aportados, permitía tener por satisfecha la finalidad sustancial de dicha exigencia.
contrario, la manifestación efectuada por el actor en el formulario electrónico, aunada a los demás elementos aportados, permitía tener por satisfecha la finalidad sustancial de dicha exigencia.
Para resolver lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo PCSJA2512348 del 13 de noviembre de 2025 es el acto administrativo mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó y convocó el concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, incluida la Convocatoria 28, cuyas reglas son de obligatorio cumplimiento tanto para los aspirantes como para la administración […].
[…]
“[…] El numeral 2.4 del Acuerdo dispuso que la documentación debía anexarse, de conformidad con el instructivo, en archivo de formato PDF e incluyó, en su numeral 2.4.6, la «declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades».
A su turno, el instructivo de inscripción precisó la forma en que debían cargarse los documentos en el aplicativo CARJUD -APP. Para ello, dentro de la funcionalidad «Hoja de Vida», el aspirante debía ingresar a la pestaña «Anexos», seleccionar de la lista d esplegable el tipo de documento correspondiente y adjuntar el archivo respectivo. Entre las opciones disponibles se encontraba la «Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades Actualizada» y la «Declaración Juramentada Actualizada» […]”.
[…]
“[…] En el presente asunto, el propio actor reconoce que no solicitó dicha verificación dentro del término previsto, pues admite que no había anexado el formato PDF contentivo de la declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. No obstante , sostiene que la declaración ya había sido
verificación dentro del término previsto, pues admite que no había anexado el formato PDF contentivo de la declaración de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. No obstante , sostiene que la declaración ya había sido realizada bajo la gravedad del juramento al diligenciar el formulario electrónico de inscripción y que, por ello, exigir su presentación en un archivo independiente constituía un exceso de ritual manifiesto.
Frente a este planteamiento, la Sala considera que no se configura el alegado exceso rigor manifiesto. Si bien la presentación de la hoja de vida y sus anexos se entiende realizada bajo la gravedad del juramento, el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 exige expresamente anexar la declaración de no hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Esta exigencia fue desarrollada de manera precisa en la Convocatoria 28, que determinó que la declaración debía ser suscrita, escaneada y cargada en for mato PDF, y estableció su omisión como causal de rechazo.
Por tanto, la administración no impuso una carga nueva ni actuó de manera irrazonable, sino que aplicó una condición prevista en las reglas de la convocatoria y exigible por igual a todos los participantes […]”.
[…]6
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
“[…] En el presente caso, por el contrario, según la información obrante en el expediente, la manifestación realizada por el actor al registrarse en CARJUDAPP, necesaria para acceder y continuar con el uso del aplicativo, correspondió a la aceptación de l as políticas de privacidad, el tratamiento de datos personales y las cookies, y no a una declaración expresa sobre la ausencia de
APP, necesaria para acceder y continuar con el uso del aplicativo, correspondió a la aceptación de l as políticas de privacidad, el tratamiento de datos personales y las cookies, y no a una declaración expresa sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. Se trata, por tanto, de una manifestación relacionada con el tratamiento de los datos pers onales suministrados durante el proceso de selección, materia regulada por la Ley 1581 de 2012 y reglamentada parcialmente por el Decreto 1377 de 2013, que no puede equipararse a la declaración juramentada específicamente exigida por la convocatoria […]”.
[…]
“[…] En ese contexto, tampoco se advierte vulneración del derecho fundamental al debido proceso. La Administración aplicó las reglas que regían el concurso, sin introducir condiciones nuevas ni modificar las previamente establecidas. El accionante conocía, o estaba en condiciones de conocer, el requisito exigido, la forma prevista para acreditarlo y la consecuencia derivada de su incumplimiento. Por tanto, el rechazo obedeció a la verificación objetiva de las condiciones de participación previstas en la con vocatoria y no a una actuación discrecional o arbitraria […]”.
7. Adicionalmente, frente a las solicitudes de coadyuvancia, consideró lo siguiente:
“[…] Respecto de los aspirantes a la Convocatoria 28 que manifestaron su intención de coadyuvar las pretensiones del accionante y solicitaron que los efectos de la decisión se extendieran a sus situaciones particulares, el inciso final del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 permite la intervención de quienes tengan un interés legítimo en el resultado del proceso. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que la coadyuvancia tiene por finalidad apoyar las
final del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 permite la intervención de quienes tengan un interés legítimo en el resultado del proceso. No obstante, la Corte Constitucional ha precisado que la coadyuvancia tiene por finalidad apoyar las razones de una de las partes, sin que el interviniente pueda pretender, por esta vía, la protección autónoma de sus propios derechos fundamentales (Sentencias T-269 de 2012 y SU-326 de 2022).
En consecuencia, se tendrá por realizada su intervención en calidad de coadyuvantes, en cuanto esté dirigida a respaldar las pretensiones formuladas por el accionante. Sin embargo, no habrá lugar a pronunciarse sobre las solicitudes encaminadas a obtener e l amparo de sus propias situaciones jurídicas, por cuanto ello excedería el objeto de esta acción de tutela y desbordaría los límites de la coadyuvancia. Por tanto, los efectos de la presente decisión se circunscriben a la situación particular del señor Ed uardo Carlos Corrales Pereira. […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revoque y se amparen los derechos fundamentales invocados.
9. Insistió que no se encuentra satisfecho con la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, puesto que excluir a los participantes basándose exclusivamente en la “Causal 5” representa un exceso ritual manifiesto.7
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
10. Resaltó las etapas del concurso y que en la inscripción los aspirantes cargaron
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
10. Resaltó las etapas del concurso y que en la inscripción los aspirantes cargaron y validaron electrónicamente todos los títulos académicos y experiencia profesional.
Consideró que el mérito técnico, académico y laboral se encuentra plenamente acreditado en el expediente.
11. Señaló que “[…] la Unidad de Administración de Carrera Judicial prefirió anular por completo el esfuerzo y la idoneidad de los profesionales por la simple omisión de un formato PDF instrumental que no aporta ningún valor sustancial en esta etapa preliminar del proceso, pues ni siquiera es un certificado expedido por un ente de control. […]”.
12. Refirió sobre el impacto de la decisión de rechazo, el cual se observa en la cantidad de aspirantes que quedarían sin la oportunidad de concursar por omitir adjuntar la declaración de no estar incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 5 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 6, y el artículo 13 del
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 5 y el Decreto 799 de 9 de julio de 2025 6, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 2019 7, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20248.
VIII.2. Problemas jurídicos
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado9, la Sala debe establecer: a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos. Y, si ello es
así, se deberá:
3 “[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”. 4 “[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”. 5 “[…] Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”. 6 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho […]”.
6 “[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho […]”. 7 “[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”. 8 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”. 9 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.8
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
b) Determinar si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante.
15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; y posteriormente (ii ) resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
16. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento
tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos administrativos de carácter general o particular, toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su defecto, la acción de nulidad.
17. En ese sentido, la jurisprudencia 10 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:
“[...] el estudio de procedencia de la acción de tutela, cuando el actor pretende controvertir un acto administrativo, debe considerar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACAconsagró mecanismos de autotutela y los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, para el efecto. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha definido, por regla general, la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos en atención a: (i) la existencia de mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios establecidos para controvertir las actuaciones de la administración en el ordenamiento jurídico; (ii ) la presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los mecanismos ordinarios. [...]” [Negrilla original del texto].
18. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:
“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la
18. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-691 de 2017 concluyó que:
“[…] por regla general, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas cautelares de protección. Sobre las medidas cautelares, la Corte señaló que “la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se encuentra regulada en el artículo 231, en el cual se contempló para su procedencia la comprobación de una contradicción entre el acto demandado y una norma superio r a partir de la evidencia o del estudio de las pruebas allegadas a la solicitud” […]”.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-8.999.065 de 2023. M.P.: Alejandro Linares Cantillo.9
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
19. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración de derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio.
20. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200311, la Corte Constitucional determinó:
“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
mecanismo transitorio.
20. En ese sentido, en sentencia T-514 de 200311, la Corte Constitucional determinó:
“[...] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como q uiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii ) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo [artículo 7 del Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el mismo no se aplique [artículo 8 del Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [...]”. [Subrayado fuera del texto].
21. Aunando a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable, la acción de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre este punto, en
Sentencia T - 912 de 2006, se señaló:
“[...] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos, cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre este punto lo siguiente:
[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutel a puede conceder la acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma definitiva.’
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte resaltó lo siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos
11 Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.10
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
11 Corte Constitucional, expediente T-705724, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.10
Radicación: 23001-23-33-000-2026-00185-01
Accionante: Eduardo Carlos Corrales Pereira
fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha denominado como ‘vía de hecho [...]”.
VIII.4. El caso concreto
22. El señor Eduardo Carlos Corrales Pereira solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos por concurso de méritos , cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial con la Resolución CJR26-0497 de 3 de agosto de 202612.
23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.
VIII.4.1. Sobre el requisito general de subsidiar
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