CE - Sentencia 25000231500020200080501 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S.

Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / MODIFICA. Declara i mprocedencia – Falta de legitimación en la causa por activa y carencia actual de objeto.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte ac tora contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2020 , por la Sección Tercera – Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 13 de abril de 2020, el señor Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S ., instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, con el fin de que se protegieran sus derechos a la vida y salud , así como los de todos los profesionales de la salud que se habían visto afectados por la falta de entrega oportuna de los Elementos Personales de Protección (EPP) a

Protección Social, con el fin de que se protegieran sus derechos a la vida y salud , así como los de todos los profesionales de la salud que se habían visto afectados por la falta de entrega oportuna de los Elementos Personales de Protección (EPP) a efectos de evitar el contagio y muerte por Covid-19.

2. La parte actora expuso que desde el 30 de enero de 2020 y durante el mes de febrero del mismo año, ante la alerta internacional de infección respiratoria por el Coronavirus (NCOV-2019) y su eventual introducción al país, los Ministerios de Salud y del Trab ajo expidieron manuales, comunicados y circulares 1 , en l os que se

1 El actor mencionó que el Ministerio de Salud expidió el “Manual de Bioseguridad para Prestadores de Servicios de Salud que brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo CORONAVIRUS (NCOV -2019) A COLOMBIA”, también el comunicado denominado “Acciones en promoción de la salud, prevención y atención de la Infección Respiratoria Aguda -IRAante alerta internacional por Nuevo Coronavirus 2019 -nCoV”, y la Circular Externa 5 en la que , entre otras, se estableció la obligación para las prestador as de servicios de salud de entregar los EPP a los profesionales de la salud. Respecto al Ministerio del Trabajo, adujo que el 24 de febrero de 2020, profirió la Circular 17 en la que estableció los Lineamientos Mínimos a Implementar de Promoción y Prevención para la Preparación, Respuesta y Atención de casos de Enfermedad por Covid-19.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S.

de casos de Enfermedad por Covid-19.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S.

Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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estableció la obligación estatal de entregar oportunamente los EPP a los profesionales de la salud, a fin de evitar el contagio por dicho virus.

3. Luego de que se confirmara el primer caso de infección en Colombia y que se declarara la pandemia mundial por Covid -19, el Gobierno nacional adoptó diversas Resoluciones y Decretos2, mediante los cuales declaró el estado de emergencia económica, social, sanitaria y ecológica, y se autorizó acudir al procedimiento de contratación directa, para que las entidades competentes , entre otros, del sector salud, adquirieran el suministro de bienes y/o la prestación de servicios con el objeto de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia. Entre los bienes de compra y distribución urgente estaban los EPP.

4. La importancia y necesidad de que el Estado comprara, distribuyera y permitiera el acceso permanente de los médicos y personal de la salud a dichos insumos, se evidenció con las múltiples normas que posteriormente fueron proferidas por las entidades accionadas sobre el particular3.

5. El actor afirmó que toda esta normativa se venía incumpliendo por las accionadas, pues a la fecha de interposición de la solicitud de amparo, a muchos profesionales de la salud no se les había n entregado dichos insumos . Tal como constaba en las

5. El actor afirmó que toda esta normativa se venía incumpliendo por las accionadas, pues a la fecha de interposición de la solicitud de amparo, a muchos profesionales de la salud no se les había n entregado dichos insumos . Tal como constaba en las noticias, artículos y quejas publicadas en diversas cadenas locales de información y las redes sociales, lo que ha bía impulsado su renuncia masiva por el riesgo de contagio. Además, expuso que el 8 de abril de 2020 la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano publicaron los resultados de una encuesta nacional, en la que identificaron que a los profesionales de la salud no se les estaba entregando la totalidad de los EPP.

6. Mencionó que interponía la tutela a nombre propio, en su calidad de paciente y/o beneficiario del sistema de salud a fin de evitar el perjuicio irremediable de perder la vida por contagio por Covid -19, toda vez que, al no entregarse oportunamente los EPP a los médicos y demás personal de la salud, como eventual paciente, se le

2 Resoluciones 385, 444 de 2020 y el Decreto 417 de 2020. 3 Entre las que el accionante enlistó: a) Resolución 507 de 2020, en cuyo artículo 2° se autorizó la destinación de los recursos de la salud para adquirir los EPP e igualmente, en sus consideraciones iniciales se enlistaron los implementos mínimos requeridos para garantizar la atención de la emergencia sanitaria, b) los “Lineamientos para prevención, control y reporte de accidente por exposición ocupacional al Covid-19 en instituciones de salud”, c) los Decretos 488 y 500 del 27 y 30 de marzo de 2020, mediante los cuales se estableció las obligaciones de

para prevención, control y reporte de accidente por exposición ocupacional al Covid-19 en instituciones de salud”, c) los Decretos 488 y 500 del 27 y 30 de marzo de 2020, mediante los cuales se estableció las obligaciones de las ARL privadas y públicas de destinar recursos para la adquisición de EPP para los profesionales de la salud, d) el Decreto 499 del 31 de marzo de 2020, mediante el cual se tomaron medidas para agilizar las c ompras internacionales de los elementos de protección personal, e) los Decretos 512 y 513 del 2 de abril de 2020, mediante los cuales se autorizó a gobernadores y alcaldes realizar movimientos presupuestales para la atención de la pandemia, entre estos, para la compra de los EPP, y a su vez, se hizo énfasis en necesidad de optimizar y ser célere en la presentación y aprobación de proyectos de inversión para la atención de la crisis sanitaria con cargo al Sistema General de Regalías, con el fin de, entre otras, lograr la compra de los elementos de protección personal de los médicos y demás planta de salud, f) el Decreto 519 del 5 de abril de 2020, en el que se adicionaron varios billones de pesos al presupuesto nacional para la atención de la crisis sanitaria, lo que a juicio del actor incluye la compra de los EPP.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S.

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impide acceder a tales servicios de forma segura. Sumado a que, su esposa tenía 32 semanas de gestación y tanto ella como él, debían asistir regularmente a diversos

Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

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impide acceder a tales servicios de forma segura. Sumado a que, su esposa tenía 32 semanas de gestación y tanto ella como él, debían asistir regularmente a diversos centros médicos para surtir los respectivos controles prenatales, lo que hac ían con zozobra y miedo al contagio. Expuso que no podía permitirse la renuncia masiva de los profesionales de la salud y era deber estatal, garantizarles la debida protección a su vida y salud, a fin de que no contagiaran a su familia y a los pacientes sanos que requerían sus servicios.

7. Afirmó que la solicitud de amparo también la interponía a nombre de todo el personal en salud afiliado a MEDEFIENDE S.A.S., empresa de la cual es representante lega l y que se dedica a la protección legal de estos profesionales, porque desde hacía más de 3 semanas, había recibido innumerables consultas sobre la forma de lograr que se les suministraran los EPP a fin de adelantar las acciones de atención, contención y mitigación de la pandemia, y a pesar de haberles ayudado con la proyección de las respectivas solicitudes, a la mayoría no se les entregó la totalidad de los insumos requeridos, y a muchos otros, ninguno de estos , lo que ha causado que bastantes afiliados se encontraran en cuarentena por presunto contagio.

8. Expuso que el segundo objetivo de la referida sociedad era la dignificación de la profesión médica en Colombia y, en virtud de ello, al evidenciar la falta de suministro de los EPP, solicitaba de forma urgente acceder al amparo colectivo solicitado.

Además, adujo que era procedente declarar su legitimación en la causa por activa

de los EPP, solicitaba de forma urgente acceder al amparo colectivo solicitado. Además, adujo que era procedente declarar su legitimación en la causa por activa por razones de economía procesal, a fin de no congestionar los despachos judiciales con las múltiples tutelas que los médicos y demás trabajadores de la salud tuvieran que presentar para defender sus derechos.

B. Sentencia de primera instancia

9. Mediante sentencia de 24 de abril de 202 0, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, declaró la falta de legitimación en la causa por activa del tutelante en su calidad de representante legal de MEDEFIENDE S.A.S., por no estar acreditado que dicha sociedad representara a sus afiliados, ni al ramo de la salud, para acudir en procura de sus derechos fundamentales. No se probó la calidad de afiliados de los médicos, ni que la empresa estuviera facultada para adelantar su representación judicial colectiva.

10. Además, negó el amparo solicitado por el demandante a nombre propio, al evidenciarse que las accionadas habían adoptado las medidas pertinentes para afrontar la emergencia sanitaria como consecuencia del Covid-19, dado que habían expedido diferentes circulares, resoluciones y decretos a fin de hacerle frente a la pandemia, entre las que se incluían medidas especificas para garantizar el suministro de los EPP.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S.

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Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S.

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C. La impugnación

11. La parte actora indicó que en el trámite de la primera instancia se vulneró su derecho a ser debidamente notificado de las actuaciones judiciales surtidas e igualmente se desconoció el principio de publicidad, al no haber sido notificado del auto admisorio de la demanda, ni tampoco de las contestaciones presentadas por las entidades demandadas, lo que impidió que conociera de las pruebas que estas aportaron.

12. También afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió una decisión de tutela sin motivación y que adolece d e defecto fáctico, porque en el escrito de tutela no se discutió si las demandadas adoptaron acciones tendientes a evitar la propagación del Covid -19 a través de la expedición de decretos, resoluciones y circulares, sino que hayan da ndo cumplimiento real y efectivo a lo dispuesto en esa normatividad, específicamente, en lo referente al suministro diario de los EPP. Debió probarse que la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo adelantaron las actuaciones que corresponden a cada una de las pretensiones de la solicitud de amparo.

13. Enfatizó en que era evidente el yerro probatorio en que incurrió el a quo, puesto que: (i) equiparó la expedición de una norma, circular, decreto, resolución y comunicado por parte del gobierno nacional, con la adopción de las medidas en ellas

13. Enfatizó en que era evidente el yerro probatorio en que incurrió el a quo, puesto que: (i) equiparó la expedición de una norma, circular, decreto, resolución y comunicado por parte del gobierno nacional, con la adopción de las medidas en ellas contenidas, dándole a dicha normatividad un alcance material que no tiene, (ii) no se mencionaron pruebas que demostraran la materialización de las normas expedidas sobre el suministro diario de los EPP al personal de la salud, (iii) tampoco hizo alusión a los elementos probatorios aportados con la demanda, tales como la encuesta realizada por la Federación Colombiana de Médicos y el Colegio médico Colombiano, las crecientes denuncias de los profesionales de la salud publicadas en diversos medios de comunicación, redes sociales y en diferentes comunicaciones de sociedades científico-médicas que exponen dicha problemática, y (iv) omitió requerir a las dos carteras ministeriales demandadas para que inf ormaran la gestión dada a las quejas y denuncias presentadas por el talento humano en salud por falta de los elementos de protección personal.

14. A pesar de que la impugnación fue concedida a través de auto del 15 de abril de 2020, y el expediente se remitió a esta corporación por correo electrónico el 11 de mayo de 2020, sólo se repartió en segunda instancia e ingresó a despacho para fallo el pasado 27 de noviembre de 2025. Según lo reportó la mesa de ayuda de correo electrónico del Consejo Superior de la Judicatura, el referido mensaje se bloqueó en forma automática porque el servidor detectó que uno de los archivos adjuntos tenía una extensión no permitida. A partir de las consultas realizadas por el Tribunal y la

electrónico del Consejo Superior de la Judicatura, el referido mensaje se bloqueó en forma automática porque el servidor detectó que uno de los archivos adjuntos tenía una extensión no permitida. A partir de las consultas realizadas por el Tribunal y la Secretaría General, se pudo advertir esta situación.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

15. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

E. Cuestión previa

16. El tutelante advirtió en su escrito de impugnación que no fue notificado del auto admisorio de la tutela y tampoco tuvo conocimiento de los informes rendidos por los accionados, omisión que representaba una violación a su derecho a ser notificado de las actuaciones judiciales y al principio de publicidad.

17. La Sala no evidencia que la presunta irregularidad tenga la potencialidad de causar algún tipo de afectación a la s garantías superiores del actor dentro del presente trámite de tutela, por lo que no existe impedimento alguno para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

18. Cabe anotar que en el expediente allegado a esta instancia no reposan los elementos de convicción que den cuenta de la manera en que se notificó la existencia

pronunciarse sobre el fondo del asunto.

18. Cabe anotar que en el expediente allegado a esta instancia no reposan los elementos de convicción que den cuenta de la manera en que se notificó la existencia de este asunto constitucional y a quienes fueron dirigidas las respectivas comunicaciones con tal fin. Aunque esa situación impide tener certeza de la presunta falencia, se presume que los accio nados fueron debidamente notificados porque rindieron los informes solicitados.

19. Ahora bien, en punto al reproche del accionante, aun admitiendo que no se le notificó el auto admisorio, se debe destacar que eso no configura una vulneración a su debido proceso. El ordenamiento jurídico no consagra la posibilidad de que los tutelantes se pronuncien sobre los informes rendidos por los demandados , mucho menos fija una etapa especial para ese propósito . Es decir, no se instituyó que se deba surtir alg ún tipo de traslado de los documentos allegados por los accionados con el fin de que la parte actora se pronuncie sobre estos. Ello se justifica en que el estándar de convencimiento en materia de acciones de tutela corresponde con el deber “mínimo” necesario, según lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte

Constitucional5.

20. En esa medida, el hecho de que el accionante no se haya manifestado sobre la información contenida en las contestaciones aportadas no implica que haya dejado

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 5 Se puede consultar, entre otras, la sentencia SU-018 de 2025.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en

5 Se puede consultar, entre otras, la sentencia SU-018 de 2025.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

Demandante: Luis Felipe Vega Wilches, en nombre propio y en representación de MEDEFIENDE S.A.S.

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fenecer alguna oportunidad procesal en la que pudiera ejercer algún tipo de defensa a su favor, cuanto más si la finalidad de este asunto es corroborar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, lo cual se obtiene de contrastar los hechos planteados e n la solicitud de amparo con la información suministrada por los accionados, sin que se deba surtir alguna especie de debate probatorio.

21. Además, el actor conocía de la existencia del presente trámite, al ser quien lo promovió, por lo que era su deber estar pendiente del curso procesal de la acción, y, en el evento de que considerara indispensable requerir algún documento que reposara en el expediente, pudo solicitar su acceso a este ante el juez de primera instancia. Y, en todo caso, se advierte que interpuso la respectiva impugnación contra el fallo de primera instancia, con el objeto de exponer su desacuerdo con la decisión adoptada, actuación que materializa el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.

F. Análisis del caso concreto

22. La Sala anticipa que se modificará la sentencia impugnada, en el sentido de confirmar lo relacionado con la falta de legitimación en la causa por activa para procurar la defensa de los derechos fundamentales invocados de “ todos los profesionales de la salud en Colombia” y revocar lo atinente la negativa del amparo

confirmar lo relacionado con la falta de legitimación en la causa por activa para procurar la defensa de los derechos fundamentales invocados de “ todos los profesionales de la salud en Colombia” y revocar lo atinente la negativa del amparo de las garantías superiores del actor, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción, al haberse configurado la carencia actual de objeto, conforme a la motivación que se expone a continuación.

23. En cuanto a la falta de legitimación en la causa por activa, se precisa que, conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato constitucio nal que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

24. De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii ) por intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente ofi cioso

(cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personerosRadicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personerosRadicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

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municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado6.

25. En el presente asunto el tutelante, además de pretender la protección de sus derechos fundamentales, persigue la salvaguarda d e las garantías superiores de todos los profesionales de la salud en Colombia. Ello en razón a su condición de representante legal de MEDEFIENDE S.A.S., persona jurídica que se dedica a la protección de riesgo legal de este tipo de personal afiliado a aquella.

26. Al respecto, se tiene que si bien la jurisprudencia constitucional 7 ha avalado la posibilidad de que a través de la acción de tutela las personas jurídicas reclamen la protección de garantías superiores cuya titularidad recae exclusivamente en las personas naturales, lo cierto es que para que ello sea posible, resulta nec esario indicar la situación fáctica concreta de la que se derive dicha transgresión, lo cual no acontece en este asunto.

27. No se relacionaron de manera puntual los nombres de los profesionales de la salud frente a los cuales se solicitaba la salvaguarda de sus prerrogativas y, por tanto, que se tratara de afiliados a la aludida sociedad , así como tampoco se

27. No se relacionaron de manera puntual los nombres de los profesionales de la salud frente a los cuales se solicitaba la salvaguarda de sus prerrogativas y, por tanto, que se tratara de afiliados a la aludida sociedad , así como tampoco se describió la situación específica de aquellos que otorgara la facultad de acudir a esta acción en su nombre ni en qué consistía el impedimento para que e llos no promovieran de manera directa la tutela, por ende, el tutelante carece de legitimación en la causa por activa 8 para pretender que a través de esta acción se amparen los derechos fundamentales de dichas personas, en forma abstracta e indeterminada.

28. Dilucidado lo anterior, sería del caso abordar el estudio de la vulneración constitucional frente al accionante, si no fuera porque se advierte la inexistencia de las circunstancias que originaron la presentación de la tutela. Se pretendía el suministro de elementos personales de protección, con el fin de evitar la propagación de la pandemia por virus COVID-19, la cual ya fue superada.

29. Mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID19, la cual fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2022 (Resolución 666 de 28 de

6 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,

precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidadpara promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008 de la Corte Constitucional. 7 Corte Constitucional, sentencia T-385 de 2013, M. P. María Victoria Calle Correa. 8 Sobre el particular, resulta ilustrativa la sentencia SU-109 de 2022, en la cual la Corte Constitucional declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de una de las accionantes, bajo el argumento de que si bien la medida cuestionada estaba dirigida a todas las personas de 70 años o más, la referida señora no estaba dentro de ese grupo.Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

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abril de 2022). Es decir, cuando se presentó la tutela, esto es, el 13 de abril de 2020 se encontraba vigente la declaratoria de emergencia sanitaria, así como todas las medidas que se adoptaron con el fin de evitar la propagación del aludido virus. Entre estas, las contenidas en la normativa frente a la cual el tutelante dirigió su reproche de falta de materialización , la cual e n este momento no se encuentra vigente, por tanto, es imposible imponer su acatamiento.

estas, las contenidas en la normativa frente a la cual el tutelante dirigió su reproche de falta de materialización , la cual e n este momento no se encuentra vigente, por tanto, es imposible imponer su acatamiento.

30. Bajo el anterior panorama, se tiene que en la actualidad carecería de objeto impartir algún tipo de orden tendiente al suministro de los elementos reclamados por el actor, dado que la situación de emergencia y para el propósito para el cual estos se requerían fue superado. En ese sentido, se configura carencia actual de objeto 9 por hecho sobreviniente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte

Constitucional10.

31. Lo anterior, imposibilita al juez de tutela efectuar un estudio sobre la vulneración o amenaza constitucional alegada, pues desaparecieron las circunstancias (evitar el contagio del virus COVID -19) que dieron lugar a la presentación de la solicitud de amparo.

32. Ahora bien, la Sala advierte que la decisión adoptada en primera instancia se ajusta a la realidad probatoria y a la situación fáctica de ese momento. En la medida en que para el a quo no se presentaba afectación constitucional alguna, dado que los accionados desplegaron acciones tendientes a contrarrestar los efectos nocivos de la mencionada emergencia, lo cual se comparte, máxime cuando el actor no indicó de qué manera se veían afectados sus derechos en su condición de paciente, pues sus afirmaciones comportaban suposiciones y no situaciones concretas, de las que se infiriera su exposición al peligro de infección que aludía. Y, en todo caso, de dicha condición revestía su cónyuge al encontrarse en estado de embarazo, pues era ella

se infiriera su exposición al peligro de infección que aludía. Y, en todo caso, de dicha condición revestía su cónyuge al encontrarse en estado de embarazo, pues era ella quien debía asistir a los controles a los que aquel hace referencia, visitas frente a las cuales no se acreditó que no pudiera cumplirlas sin su compañía. Eso sin mencionar que tampoco se pretende la protección de los derechos de la mencionada señora ni se presentan razones que le imposibilitaran a ella hacerlo por su propia cuenta.

33. No desconoce la Sala que entre la presentación de la tutela y la fecha en que es decidida en sede de impugnación ha transcurrido un tiempo considerable, dentro del cual no obra pronunciamiento alguno por parte del tutelante . Sin embargo, debe resaltarse que ello no ocurrió por la desidia o negligencia de alguna de las

9 Un escenario similar se presentó en la sentencia SU -109 de 2022, y aunque la carencia de objeto en esa ocasión se configuró por un daño consumado, derivó igual en que cualquier orden carecería de sentido. 10 En tal sentido, en la sentencia T-255 de 2023, se precisó que la figura de la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente se origina cuando “ (i) el demandante asume una carga que no le correspondía para lograr la pretensión planteada; (ii) un tercero -distinto a las partes de la tutela - es quien logra que se supere la situación vulneradora; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad

demandada o, (iv) el accionante ha perdido interés en el objeto de la demanda” (destaca la Sala).Radicación: 25000-23-15-000-2020-00805-01

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autoridades judiciales que la conoció ni por las secretarías encargadas de impartir el respectivo trámite, sino por un inconveniente surgido por el servidor del correo electrónico de la Rama Judicial, al generar un bloqueo del mensaje de datos que contenía la respectiva impugnación y el cual se envió el 11 de mayo de 2020, como da cuenta la certificación emitida el