CE - Sentencia 25000231500020240019601 de 2025

Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

Solicitante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00196-01

Accionante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe

Accionado: Juan Daniel Oviedo Arango

Tema: Se declara de oficio la excepción de cosa juzgada frente al elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, cuando por la misma conducta se promovió un proceso de nulidad electoral en el que se profirió sentencia en firme.

Causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027.

Administrativo de Cundinamarca, que negó la desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango como concejal de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

El señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe , actuando en nombre propio, solicitó decretar la desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango , concejal de

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00. La parte solicitante presentó escrito de reforma de la demanda, por medio del cual adicionó un acápite de pretensiones. La reforma fue admitida por el despacho de conocimiento en primera instancia, por auto del 3 de abril de 2024 (visto en los índices 11 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00).Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Bogotá, per íodo constitucional 2024-2027, “por estar incurso en [la] causal de inhabilidad (…) consagrada en el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 del 2000, violando así el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, numeral 2 ”, según indicó en el

inhabilidad (…) consagrada en el numeral 3 del artículo 37 de la Ley 617 del 2000, violando así el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, numeral 2 ”, según indicó en el acápite de “PRETENSIONES” de la demanda de pérdida de investidura2.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada3

Señaló que, entre el acusado , en calidad de arrendador, y el Fondo Nacional de Garantías - FNG, en calidad de arrendatario, se suscribió el 20 de junio de 2023 el contrato nro. 20234000034, cuyo objeto fue el “arrendamiento del bien inmueble urbano identificado con matrícula inmobiliaria (…) de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá zona centro, (…) que incluye un parqueadero y un depósito, en la ciudad de Bogotá D.C. para las actividades propias del FNG”.

Mencionó que en las elecciones de autoridades del orden territorial llevadas a cabo el 29 de octubre de 2023, el acusado logró la segunda mayor votación para el cargo de alcalde de Bogotá D.C., y optó por ocupar la curul a que tenía derecho en el concejo distrital, de acuerdo con la Ley 1909 de 2018.

Refirió que el problema jurídico que debía resolverse radicaba en determinar si “Juan Daniel Oviedo Arango, concejal de Bogotá D.C. incurrió en conducta constitutiva de la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000), que le prohibía ser elegi do

causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000), que le prohibía ser elegi do concejal de Bogotá D.C., en cuanto intervino en la celebración de contratos con una entidad pública en interés propio, el cual debió ejecutarse y cumplirse en el respectivo Distrito y si, como consecuencia de ello, debe decretarse la pérdida de su investidura establecida en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, por violación al régimen de inhabilidades, al haber intervenido en la celebración del contrato censurado nro. 20234000034 del Fondo Nacional de Garantías (FNG), así como las causales de incompatibilidad establecidas en los artículos 127 de la Constitución

2 Adicionado por escrito de reforma a la demanda, que fue admitida por el despacho de conocimiento en primera instancia mediante auto del 3 de abril de 2024 (visto en los índices 11 y 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00). 3 Ibidem.Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Política y 8 (numeral 1, literal f) de la Ley 80 de 1993 y prohibición enlistada en el numeral 4 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994”.

Adujo que la causal de pérdida de investidura invocada es aplicable a los

numeral 4 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994”.

Adujo que la causal de pérdida de investidura invocada es aplicable a los “concejales llamados-designados como producto del ejercicio del derecho personal consagrado en el artículo 112 de la Constitución Política (…) y 25 de la Ley 1909 de 2018 (…), dado que dicha modalidad no implica que, quien accede a la corporación pública de elección popular respectiva se encuentre exceptuado del régimen jurídico aplicable a los concejales, toda vez que, por un lado, las normas en comento no dispusieron tal exc epción y por el otro, este derecho se deriva de un resultado electoral y tiene como fin lograr un control político efectivo”.

Sostuvo que en el caso se encuentran configurados los elementos estructurantes de la “inhabilidad de intervención en la celebración de contratos con entidades públicas como causal de pérdida de investidura de concejales”, en los siguientes términos:

(i) “Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel ”; expuso que el Fondo Nacional de Garantías , entidad con la que el acusado suscribió el contrato de arrendamiento, es una sociedad anónima de carácter mercantil y de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y que, acorde con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional está integrada, entre otras, por las sociedades de economía mixta . Agregó que el aludido Fondo hace parte del Grupo Bicentenario SAS, sociedad de economía mixta vinculada igualmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

está integrada, entre otras, por las sociedades de economía mixta . Agregó que el aludido Fondo hace parte del Grupo Bicentenario SAS, sociedad de economía mixta vinculada igualmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(ii) “Haberlo hecho durante el año anterior a la elección como concejal ”; mencionó que el aludido contrato de arrendamiento se suscribió el 20 de junio de 2023, y que la fecha de la elección fue el 29 de octubre de 2023, por lo que sí se hizo dentro del año anterior a la elección.

(iii) “En interés propio o de terceros (elemento subjetivo)”; explicó que el contrato, el cual recae sobre un bien inmueble de propiedad de la entidad bancaria BBVA, que usufructúa el acusado por cuenta de un contrato de leasing, le reporta como beneficioRadicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 al último el valor del canon de arrendamiento, lo que “es suficiente para afirmar que se cumple con el elemento subjetivo estructurante de la inhabilidad, puesto que son recursos con los que no contaron los otros candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como para el Concejo Distrital, rompiendo así con la igualdad electoral”.

(iv) “Que aquel [contrato] deba ejecutarse o cumplirse dentro del respectivo municipio (elemento territorial)”; manifestó que el contrato en cuestión se ejecutó en la ciudad de Bogotá D.C., entidad territorial frente a la cual el acusado fue candidato a la alcaldía,

(elemento territorial)”; manifestó que el contrato en cuestión se ejecutó en la ciudad de Bogotá D.C., entidad territorial frente a la cual el acusado fue candidato a la alcaldía, y se posesionó como concejal, en atención a lo establecido en los artículos 112 de la Constitución Política y 25 de la Ley 1909 de 2018.

En cuanto a la configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, afirmó que el acusado no demostró que su conducta estuvo amparada en la jurisprudencia del Consejo de Estado, o que hubiese solicitado conceptos o asesorías al respecto, y concluyó que “la conducta del acusado es culpable, a título de culpa grave, ya que no prueba que su comportamiento estuvo justificado en la buena fe calificada producto de un error invencible”.

Expuso que, de acuerdo con “la información, que es de conocimiento público, el demandado ostenta título profesional (inclusive en el grado de doctorado) y, adicionalmente, experiencia relevante en administración pública, en el ejercicio cargos directivos, específicamente en forma reciente como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo cual avizora un conocimiento meridiano de la administración pública y las exigencias que su ejercicio comporta”, y que “esas condiciones personales, académicas y desempeño profesional las cuales permiten afirmar que sí se encontraba en las condiciones para conocer la inhabilidad de que trata el presente proceso”.

Aseveró que, si bien el demandado accedió al cargo de concejal por haber obtenido la segunda mayor votación en las elecciones para la alcaldía de Bogotá D.C., esto implicaba que debía examinar las inhabilidades en referencia a dicho cargo, por lo que

Aseveró que, si bien el demandado accedió al cargo de concejal por haber obtenido la segunda mayor votación en las elecciones para la alcaldía de Bogotá D.C., esto implicaba que debía examinar las inhabilidades en referencia a dicho cargo, por lo que es notoria su falta de cuidado, ya que la aceptación de la curul en el concejo y su posesión implicaba que debía indagar lo relativo a los requisitos del cargo, habida cuenta que “la causal de inhabilidad configurada en el presente asunto, también seRadicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 encontraba prevista en la ley para los alcaldes 4, por lo cual, es palmaria esa desatención de la obligación general de estudio del marco normativo”.

Por último, aseguró que, como la fecha de terminación del aludido contrato fue el 31 de diciembre de 2024, es decir, de manera posterior a la posesión del acusado como concejal de Bogotá, D.C., también se transgredió “el régimen de incompatibilidades y la prohibición contenida en el artículo 127 de la Constitución Política”, que conjuntamente con la incompatibilidad prevista en el numeral 1, literal f del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, son de carácter autónomo y aplicables a los concejales en calidad de servidores públicos, “sin que le sea posible al juez desactivarlas con el pretexto injustificable de percibirlas como normas carentes de aplicación material y de asumir como únicas las prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136 de

calidad de servidores públicos, “sin que le sea posible al juez desactivarlas con el pretexto injustificable de percibirlas como normas carentes de aplicación material y de asumir como únicas las prohibiciones enlistadas en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994”; por lo que , mientras estén desempeñando sus funciones, los concejales no pueden contratar con entidades públicas.

Agregó que en el caso no es aplicable el precedente contenido en la sentencia SU207 de 2022 de la Corte Constitucional , en lo que versa con e l “análisis de la probabilidad real y material de ejercer la autoridad administrativa en el municipio y de incidencia en los electores, (…) [porque] esta se encuentra circunscrita a aquellos eventos en los cuales se trata de un funcionario municipal electo, respecto del cual se alega relaciones de parentesco con funcionarios de niveles territoriales superiores <departamental>”.

2.- Contestación del señor Juan Daniel Oviedo Arango

El acusado, actuando por conducto de apoderado, se pronunció5 frente a cada uno de los hechos y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como argumentos de defensa expuso los siguientes:

Alegó que la parte solicitante considera que el acusado está inhabilitado para ser concejal de Bogotá D.C . “de conformidad con lo dispuesto en [i] el numeral 3 del

4 “ARTÍCULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. [Ley 617 de 2000]” (referencia propia de la cita). 5 Visto en los índices 12 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

propia de la cita). 5 Visto en los índices 12 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00 (escritos de contestación de la demanda y de la reforma de la demanda).Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y [ii] numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000” , normas que “no son aplicables ni extensibles al caso concreto”.

En cuanto al numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, afirmó que no era aplicable porque el acusado no fue electo alcalde , y su inscripción como candidato a dicho cargo no afecta su investidura como concejal, que es distinta.

Frente al numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, manifestó que no era aplicable porque el acusado no se inscribió como candidato al concejo y “no fue elegido sino declarado en razón a un derecho personal consagrado en el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018”.

inscribió como candidato al concejo y “no fue elegido sino declarado en razón a un derecho personal consagrado en el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018”.

Aseveró que el régimen de inhabilidades es taxativo y restrictivo, por lo que no pueden extenderse a un concejal las inhabilidades previstas para quien se inscribe como candidato a alcalde o es elegido en dicho cargo, ni las “consagradas para un elegido a un declarado por derecho personal”.

Expuso que, si bien el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, “ indica las restricciones de quien no podrá ser inscrito como candidato ni elegido como concejal municipal o distrital”, el acusado nunca se inscribió como candidato al concejo de Bogotá D.C., sino que “tiene la curul es en razón a un derecho personal” , y “no tendría sentido [que] se aplique un fragmento de una causal de inhabilidad contemplada para alcaldes al momento preelectoralinscripción como candidato a la alcaldíay otra causal prevista para corporado (sic) público al momento electoral -declarado como concejal-, toda vez que hace m[á]s gravoso y restrictivo el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano”.

Precisó que “las inhabilidades de la Ley 136 de 1994, modificadas por la Ley 617 de 2000, son consagradas para un elegido por la voluntad general y no para un declarado por un derecho personal que tiene su razón de ser en la eficacia del voto y las fuerzas políticas derrotadas”.Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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declarado por un derecho personal que tiene su razón de ser en la eficacia del voto y las fuerzas políticas derrotadas”.Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Señaló que, en lo que atañe al elemento subjetivo de la pérdida de investidura, es necesario acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del acusado, pero que el demandado actúo con prudencia y diligencia en el caso, como quiera que consultó sobre “ el alcance de la sentencia de unificación 207 de 2022 de la Corte Constitucional y a la luz de ella y normas concordantes las implicaciones legales y contractuales del contrato de marras a los doctores MARCO ARANGO, M [Ó]NICA

PACH[Ó]N, DIANA HENAO y CATALINA LASSO”.

Argumentó que “la inhabilidad sobre intervención en gestión de negocios o celebración de contratos no surge con contratos de cualquier naturaleza y que se debe tener [en] cuenta el beneficio recibido y su potencialidad y probabilidad real en la eventual ventaja frente a los contendores, así como la influencia de ello en los ciudadanos”, aunado a que, conforme con la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional, “no basta con realizar un análisis estricto y rígido sobre el régimen , sino que se debe determinar la afectación de la voluntad general por los respectivos medios probatorios y una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de

Constitucional, “no basta con realizar un análisis estricto y rígido sobre el régimen , sino que se debe determinar la afectación de la voluntad general por los respectivos medios probatorios y una valoración probatoria concreta y ajustada al principio de razonabilidad y propor cionalidad, esto es, la probabilidad real y efectiva de la incidencia de la ventaja e influencia”.

En consideración a lo anotado, señaló que el bien sobre el cual versa el contrato de arrendamiento censurado en el caso es una propiedad de una entidad bancaria, por lo que “ el elemento de beneficio propio o de terceros no está definido ni estructurado, puesto que en el caso concreto no se tiene certeza sobre quién es el beneficiario”, y, por tanto, no se puede establecer “ que el negocio haya efectuado de manera real una ventaja frente a los contendores e influenciado el voto en determinado sentido”.

Agregó que “el Fondo Nacional de Garantías S.A. ofrece un servicio en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos (…) por lo que sus servicios y los que se deriven de ello están excluidos del régimen de inhabilidad para acceder a cargos públicos, pues es claro que no tiene incidencia potencial ni probabilidad real de perturbar el proceso democrático”.

Concluyó que no se advertía ningún vicio en el caso respecto de lo establecido en los artículos 112 de la Constitución Política y 25 de la Ley 1909 de 2018, habidaRadicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 cuenta que el acusado “no solo obró con prudencia y diligencia, (…) sino que además sus actuaciones estuvieron enmarcadas dentro de la confianza legítima, toda vez que resulta que como es de púbico conocimiento, su candidatura fue impugnada ante el Consejo Nacional Electoral y esa autoridad después del trámite procesal correspondiente determinó que no había mérito para revocar su aspiración de ser el mandatario de la ciudad capital, este pronunciamiento, más la interpretación que sus consultores y asesores le dieron a la aplicación de la Sentencia de Unificación 207 de 202 2, crearon en Juan Daniel Oviedo Arango , el convencimiento que su candidatura era a la luz de la jurisprudencia constitucional y los pronunciamientos administrativos, perfectamente valida”.

Por último, señaló que , respecto de las supuestas incompatibilidades de los artículos 127 de la Constitución Política, 8 (numeral 1, literal f) de la Ley 80 de 1993, y 45 (numeral 4) de la Ley 136 de 1994, “todas las normas (…) se refieren al verbo rector de celebrar contratos o realizar gestiones, dentro de lo cual no enmarca la fase de ejecución de un contrato (…) [y] no entiende esta defensa el argumento expresado por el demandante cuando se tiene que [el] contrato fue terminado con anticipación”.

3.- La sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 14 de mayo

expresado por el demandante cuando se tiene que [el] contrato fue terminado con anticipación”.

3.- La sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 14 de mayo de 2024, decidió negar la solicitud de desinvestidura del señor Juan Daniel Oviedo Arango, concejal de Bogotá D.C., período constitucional 2024-2027.

De manera previa, frente a la tacha formulada en escrito del 3 de mayo de 2024 por la parte solicitante “en contra de la credibilidad e imparcialidad del testimonio del señor Marco Antonio Arango, que había sido recibido en audiencia de pruebas” , indicó que no se pronunciaría, debido a la preclusividad de las etapas procesales y la garantía del derecho de defensa de la contraparte, toda vez que la oportunidad para formular la era durante el desarrollo de la audiencia de pruebas, específicamente, en el momento que el testigo terminó de rendir su declaración y

6 Visto en el índice 63 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 23 15 000 2024 00196 00.Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 antes de que el magistrado de conocimiento incorporara la prueba al expediente, período en el cual el interesado no se manifestó.

Seguidamente, planteó como problema jurídico determinar “si conforme al escrito de demanda, se encuentra probada la causal 2 del artículo 55 de la Ley 136 de

período en el cual el interesado no se manifestó.

Seguidamente, planteó como problema jurídico determinar “si conforme al escrito de demanda, se encuentra probada la causal 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, que permita declarar la pérdida de la investidura del cargo de concejal de Bogotá D.C., al señor Juan Daniel Oviedo Arango, por haber suscrito el contrato de arrendamiento de bien inmueble nro. 2023400034 con el Fondo Nacional de Garantías”.

Para resolver , señaló que existía una incongruencia en el caso porque , en las pretensiones, la parte actora pidió la desinvestidura del acusado “por estar incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 37, numeral 3 de la Ley 617 de 2000 ”, que establece las inhabilidades para ser alcalde y no concejal . Por consiguiente, indicó que se est aba “solicitando la pérdida de investidura de un concejal, con fundamento en una norma, que en principio no le aplicaría ya que el cargo que ostenta no es el de alcalde, es decir, que la inhabilidad que se le atribuye no se encuentra en el mismo nivel del cargo que actualmente el demandado ostenta que es el de concejal”.

Dicho lo anterior, sostuvo que abordaría “ el análisis del caso especial de designación del señor Oviedo Arango como concejal en la ciudad de Bogotá”.

Al respecto, s eñaló que en el asunto estaba acreditado que el acusado tenía la condición de concejal de Bogotá, ya que obraba en el plenario copia del formulario E-24 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contenía el resultado del

Al respecto, s eñaló que en el asunto estaba acreditado que el acusado tenía la condición de concejal de Bogotá, ya que obraba en el plenario copia del formulario E-24 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que contenía el resultado del escrutinio de la elección para la alcaldía de dicho distrito, y en la que se constataba que el acusado alcanzó el segundo lugar de la votación, lo que “le permitió acceder al cargo de concejal de la ciudad (…) en virtud de las disposiciones del Estatuto de la Oposición”.

Agregó que también reposa ba copia del formulario E -6 de la misma autoridad electoral con el cual se verificaba la inscripción del acusado como candidato a la alcaldía de Bogotá, y que “así como se pudo escuchar tanto en la audiencia de pruebas como en la audiencia pública, el señor Oviedo Arango aceptó suRadicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 designación como concejal de Bogotá, cargo que ejerce a la fecha y sobre lo cual no puede existir discusión alguna”. Acotó que obraba copia del formulario E-24 del escrutinio de la elección para el concejo distrital, “sin contabilizar [la curul] que por derecho personal le correspondió a Juan Daniel Oviedo Arango, cuya aceptación de la curul, le permitió tomar posesión”.

Consideró que “el estudio de la inhabilidad del demandado no puede realizarse de conformidad con el artículo señalado por el demandante, este es, el artículo 37 de

de la curul, le permitió tomar posesión”.

Consideró que “el estudio de la inhabilidad del demandado no puede realizarse de conformidad con el artículo señalado por el demandante, este es, el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 ya que, el mismo enlista las inhabilidades para ser alcalde, y en el caso concreto, el demandado no ostenta esa posición (…) [y] no puede realizarse una interpretación amplia de las inhabilidades y pretender dar aplicación a dicho artículo, con la justificación que la aspiración del señor Oviedo Arango fue a la Alcaldía Mayor d e Bogotá, aspiración que culminó en el momento en que el demandado perdió las elecciones y posterior a esto, aceptó su designación como concejal de Bogotá”.

Indicó que las inhabilidades establecidas en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 estuvieron vigentes para el acusado desde el momento en que se materializó su inscripción como candidato a la alcaldía de Bogotá, y hasta el día de las elecciones que no ganó, y que “[d]entro de la sana lógica, no resulta entonces coherente invocar la causal de inhabilidad del demandado para desempeñar el cargo de alcalde mayor, y solicitar la pérdida de investidura del mismo como concejal”, habida cuenta que el presente medio de control se adelanta en contra de miembros de corporaciones públicas y no aplica para cargos uninominales.

No obstante, mencionó que, “a pesar que el demandante solicitara en el acápite de pretensiones, la declaratoria de pérdida de investidura invocando equivocadamente el régimen de inhabilidades de los alcaldes, dentro del desarrollo del problema

No obstante, mencionó que, “a pesar que el demandante solicitara en el acápite de pretensiones, la declaratoria de pérdida de investidura invocando equivocadamente el régimen de inhabilidades de los alcaldes, dentro del desarrollo del problema jurídico, así como en sus argumentos expuestos en la audiencia pública (…), solicitó a esta Sala pronunciarse sobre la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000), artículos que referencian el régimen de inhabilidades de los concejales”.Radicación: 25000 23 15 000 2024 00196 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Explicó que “[d]e la lectura del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se evidencia que la norma requiere (…) la reunión inequívoca de los siguientes elementos que conforman la inhabilidad”, así:

(i) “La celebración de contrato con una entidad pública de cualquier nivel ”. Anotó que el 20 de junio de 2023 el acusado y el Fondo Nacional de Garantías suscribieron un contrato cuyo objeto fue el “arrendamiento del bien inmueble urbano (…), que incluye un parqueadero y un depósito en la ciudad de Bogotá D.C., para las actividades propias del FNG” ; así mismo, que el aludido Fondo es una sociedad anónima de carácter mercantil y de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida a la supervisión de la

actividades propias del FNG” ; así mismo, que el aludido Fondo es una sociedad anónima de carácter mercantil y de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida a la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, y que el régimen de contratación corresponde al del derecho privado.

(ii) “El plazo: un año anterior a la elección como concejal ”. Señaló que el contrato fue suscrito el 20 de junio de 2023, y se pactó inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2024. El contrato se terminó de manera anticipada en el mes de noviembre de 2023.

(iii) “En interés propio”. Mencionó que el contrato lo suscribió de manera directa el acusado. Además, se pactó inicialmente por la suma de “<$106.016.318> IVA y administración incluida”, pero que en el acta de terminación anticipada y liquidación del contrato se estableció que “el FNG ha pagado al arrendador, la suma de (…) <$22.220.900,00> IVA incluido y administración (…), por concepto de canon de arrendamiento y administración del inmueble (…) entre el 20 de junio al 31 de octubre de 2023”. De modo que, el beneficio económico del acusado fue solamente por esta última suma.

(iv) “Que la ejecución del objeto del con