CE - Sentencia 25000231500020240087401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de Concejal Número único de radicación: 250002315000202400874-01

Solicitante: Eduardo Carmelo Padilla Hernández

Concejal: Julián David Rodríguez Sastoque

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Eduardo Carmelo Padilla Hernández –en adelante el Solicitante– contra la sentencia de 3 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El Solicitante pidió que se decrete la pérdida de investidura de Julián David Rodríguez Sastoque –en adelante el Concejal –, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 3. ° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de2

Rodríguez Sastoque –en adelante el Concejal –, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el numeral 3. ° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de2

Núm. Único de radicación: 250002315000202400874-01

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19941 y en el numeral 4. ° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 2, por indebida destinación de dineros públicos.

Pretensión

2. La pretensi ón que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la

siguiente3:

“[…] De conformidad con el trámite previsto en la Ley 1881 de 2018 por la causal prevista en el numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 – indebida destinación de dineros públicos […].

Solicito respetuosamente […] se decrete la pérdida de investidura de los concejales y ex concejales de Bogotá, periodo 2020-2023: […] Julián David Rodríguez Sastoque; […] de conformidad con los argumentos fácticos y jurídicos de la presente acción constitucional […]"4.

Presupuestos fácticos

3. El Solicitante indicó , en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para

fundamentar su pretensión5:

3.1. Julián David Rodríguez Sastoque fue elegido Concejal de Bogotá D.C. para el periodo 2020-2023.

fundamentar su pretensión5:

3.1. Julián David Rodríguez Sastoque fue elegido Concejal de Bogotá D.C. para el periodo 2020-2023.

3.2. El Concejal votó favorablemente el artículo 92 del proyecto de Acuerdo núm. 123 de 2020 – artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 31 de mayo de 2020–, “[…] por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obra del Distrito Capital 2020 -2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” […]”, mediante el cual se autorizó a la Alcaldesa Mayor para participar en la creación de “[…] una sociedad por acciones –Operadora Distrital de Transporte–[…]”.

1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. 2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. 3 Al respecto, es preciso indicar que el Tribunal, mediante auto de 29 de octubre de 2024, resolvió: “[…] escindir la demanda presentada por Eduardo Carmelo Padilla Hernández […]” y “[…] asumir el conocimiento del medio de control de pérdida de investidura presentada […] contra […] Julián David Rodríguez Sastoque […]”, en el expediente del proceso de la referencia. Cfr. Índice núm. 4 SAMAI, expediente digital en primera instancia.

de control de pérdida de investidura presentada […] contra […] Julián David Rodríguez Sastoque […]”, en el expediente del proceso de la referencia. Cfr. Índice núm. 4 SAMAI, expediente digital en primera instancia. 4 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, archivo “2ED_EDUARDO”, págs. 1 y 6, expediente digital en primera instancia. 5 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, archivo “2ED_EDUARDO”, expediente digital en primera instancia.3

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3.3. El artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 2020 fue demandado, en ejercicio del medio de control de nulidad; el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 19 de enero de 2022, declaró la nulidad de la disposición acusada; y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 23 de octubre de 2024, confirmó la decisión; dentro del proceso identificado con los números únicos de radicación 11001333400620200015501 y 11001333400620200021801 (acumulado).

3.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia proferida, en segunda instancia, consideró que el artículo 69 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19986, sobre creación de entidades descentralizadas, exige que el proyecto de creación de una entidad descentralizada se acompañe del estudio demostrativo que

segunda instancia, consideró que el artículo 69 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 19986, sobre creación de entidades descentralizadas, exige que el proyecto de creación de una entidad descentralizada se acompañe del estudio demostrativo que justifique la iniciativa y para la expedición del artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020 se advirtió que dicho estudio no se aportó.

3.5. Asimismo, el Tribunal consideró que “[…] es claro que el Concejo Distrital no puede pretender trasladar a la Rama Judicial, la consecuencia de sus trámites ilegales, que solo le corresponden asumir a esa Corporación Pública y a la Alcaldía Mayor […]”.

Causal de pérdida investidura alegada

4. El Solicitante citó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3. ° del artículo 55 de la Ley 136 , según la cual “[…] Los concejales perderán su investidura por […] Por indebida destinación de dineros públicos […]” , y en el numeral 4. ° del artíc ulo 48 de la Ley 617, que prevé “[…] Los […] concejales municipales y distritales […] perderán su investidura […] Por indebida destinación de dineros públicos […]”.

Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura

5. Indicó que la jurisprudencia del Consejo de Estado 7 ha considerado, sobre los alcances del concepto de indebida destinación de dineros públicos, que el “elemento

6 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los

6 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 7 “[…] Sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero Ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar) […]”.4

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tipificador” de esta causal de pérdida de investidura está en el hecho de que el Concejal, en su condición de servidor público, con su conducta funcional, al ejercer sus competencias, traiciona, cambia o distorsiona los fines estatales establecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los din eros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

6. Explicó que se configura la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, porque: i) el Concejal, en su condición de servidor público, al ejercer sus funciones, traicionó, cambió o distorsionó los fines o cometidos estatales previstos en la Constitución, ley o reglamento; y ii) destinó los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

7. Señaló que el Concejal debió “[…] solicitar a la administración distrital el estudio

dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

7. Señaló que el Concejal debió “[…] solicitar a la administración distrital el estudio demostrativo, requisito sine qua non del artículo 69 de la Ley 489 de 1998, cuya ignorancia no es excusa para su cumplimiento, omisión mediante la cual se traicionó, cambió o distorsionó el fin para e l cual fueron elegidos, para cumplir la Constitución y la Ley, máxime, cuando los dineros públicos destinados para la creación e implementación de ese nuevo operador de transporte público distrital no contaron, al no tener ese estudio demostrativo, con la debida autorización legal […]”.

8. Afirmó que el Tribunal calificó de “trámites ilegales” los desarrollados por el Concejal y la administración distrital.

9. Concluyó “[…] i) que esta acción constitucional produce una sanción disciplinaria y, ii) que esta acción constitucional se activa a partir del fallo de segunda instancia mediante el cual se confirma la nulidad de la norma acusada, por omisión de un requisito esencial para la creación de la empresa cuestionada […]”.

Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

10. El Concejal8, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura y solicit ó que se negaran sus pretensiones, con

fundamento en los siguientes argumentos:

8 Cfr. Índice 22 SAMAI, expediente digital en primera instancia.5

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10.1. Indicó que no se configuró el elemento objetivo de la causal, debido a que la votación de un proyecto de acuerdo que autoriza la constitución de una entidad descentralizada indirecta no implica la destinación de dineros públicos sino que es una función del Concejal, de conformidad con lo previsto en el numeral 6.° del artículo 313 de la Constitución Política.

10.2. Señaló que el Solicitante no acreditó que el Concejal haya participado en la votación del artículo 92 del proyecto de Acuerdo núm. 123 de 2020 – artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 31 de mayo de 2020–, y dejó “[…] esa carga probatoria en el despacho, al solicitarle en el escrito de subsanación que decretara prueba para demostrar una votación que es pública […]”.

10.3. Refirió que la votación de dicha disposición no implica la configuración de la causal, por cuanto al medio de control de pérdida de investidura le es aplicable el principio de taxatividad que impone su interpretación restrictiva.

10.4. Expuso que l a autorización para que se constituya una entidad descentralizada indirecta no configura la causal, debido a que se trata de un acto que posibilita un procedimiento administrativo complejo que requiere de otros actos de naturaleza pública, como lo es la au torización del Alcalde, y de naturaleza privada, como lo es la constitución, conformación y registro de la sociedad.

que posibilita un procedimiento administrativo complejo que requiere de otros actos de naturaleza pública, como lo es la au torización del Alcalde, y de naturaleza privada, como lo es la constitución, conformación y registro de la sociedad.

10.5. En ese sentido, citó el Concepto núm. 250 de 22 de febrero de 2023 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 9, sobre creación o constitución de entidades descentralizadas.

10.6. Afirmó que no se cumple con el supuesto del elemento objetivo de la causal relativo a que “[…] se esté frente a dineros públicos […]”, por cuanto la competencia para autorizar la constitución de la referida entidad no se enmarca en las atribuciones hacendatarias y presupuestales previstas en los numerales 4.° y 5.° del artículo 313 de la Constitución Política.

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 250 de 22 de febrero de 2023, C.P. Ana María Charry Gaitán, número único de radicación: 11001030600020220025000.6

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10.7. Adujo que la votación del proyecto no implica destinación de dineros públicos, debido a que el Concejal no ordenó, señaló o determinó la utilización de recursos públicos, en la medida que no es ordenador del gasto.

10.8. Explicó que el artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 2020 es parte de un Plan

públicos, en la medida que no es ordenador del gasto.

10.8. Explicó que el artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 2020 es parte de un Plan de Desarrollo, el cual es un instrumento de planeación en el marco del cual no se efectúa destinación de dineros públicos sino que se señalan los objetivos, los programas, las estrategias y las metas que se van a desarrollar durante el período de la administración distrital.

10.9. Indicó que no se acreditó que el Concejal haya presentado una proposición para destinar recursos públicos “[…] para un fin concreto en el marco de la discusión […]” del referido artículo.

10.10. Afirmó “[…] de ninguna forma es posible imputar fácticamente al […] Concejal […] la realización de ninguna actuación en la cual este haya participado o intervenido en la destinación de recursos públicos al participar en el trámite de aprobación del artículo 91 […]”.

10.11. Manifestó que el Concejo de Bogotá D.C. consideró necesario autorizar la creación de un operador público de transporte en Bogotá, el cual tuvo como objeto “[…] entre otras actividades, la prestación de servicio público de transporte masivo en Bogotá D.C. o su área de influencia, en sus diferentes componentes o modalidades […]”.

10.12. Señaló que la finalidad del operador público de transporte se enmarcó dentro del cumplimiento de principios y finalidades legítimas, por lo que el Concejal no incurrió en una “indebida” destinación de dineros públicos.

10.13. Concluyó que no era posible atribuirle que con “[…] su voto haya trasgredido o desviado recursos públicos para realizar actividades o propósitos no autorizados

incurrió en una “indebida” destinación de dineros públicos.

10.13. Concluyó que no era posible atribuirle que con “[…] su voto haya trasgredido o desviado recursos públicos para realizar actividades o propósitos no autorizados o expresamente prohibidos por el ordenamiento jurídico o […] que su actuar le haya favorecido a él o a un tercero, por lo que […] debe descartarse que su actuación haya podido encarnar tanto objetiva como subjetivamente una indebida destinación de dineros públicos […]”.7

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La audiencia pública prevista por el artículo 12 de la Ley 1881

7. La audiencia pública 10 tuvo luga r el 27 de enero de 2025 con la asistencia y participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el Concejal y su apoderado; y el Ministerio Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 3 de febrero de 202511, en primera instancia, resolvió: “[…] DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura del Concejal de Bogotá Julián David Rodríguez Sastoque, elegido para el periodo constitucional 2020 -2023, por los hechos formulados en el presente proceso […]”.

Consideraciones del Tribunal

9. El Tribunal consideró que el asunto a resolver consistía en determinar “[…] si el

el periodo constitucional 2020 -2023, por los hechos formulados en el presente proceso […]”.

Consideraciones del Tribunal

9. El Tribunal consideró que el asunto a resolver consistía en determinar “[…] si el Concejal de Bogotá Julián David Rodríguez Sastoque, incurrió en la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 4º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617 del 2000, esto es, indebida destinación de dineros públicos, por el hecho de haber votado favorablemente por el artículo 91 del Acuerdo No. 761 de 2020, normatividad que fue declarada ilegal, por carencia de estudios técnicos para la creación de una entidad descentralizada. […]”.

10. Luego de explicar el marco normativo y el desarrollo jurisprudencial del medio de control de pérdida de investidura , así como de la causal relativa a la indebida destinación de dineros públicos , consideró que , una vez realizado el análisis y valoración probatoria, no se había configurado la referida causal , con fundamento en los siguientes argumentos.

10 Cfr. Índice 47 SAMAI, expediente digital en primera instancia. 11 Cfr. Índice 51 SAMAI, expediente digital en primera instancia.8

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11. Consideró probados: i) la calidad de Concejal del señor Julián David Rodríguez

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11. Consideró probados: i) la calidad de Concejal del señor Julián David Rodríguez Sastoque; ii) que el Concejal votó de forma negativa la propuesta de supresión del entonces artículo 92 , sobre “autorización para construir un operador público” , del proyecto de Acuerdo núm. 123 de 2020, “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024, “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, y de forma positiva su aprobación, en la sesión ordinaria del Concejo de Bogotá

D.C., el 31 de mayo de 2020; iii) que dicha disposición del proyecto quedó contenida en el artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 2020; iv) que la sentencia proferida, en segunda instancia, el 23 de octubre de 2014, por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó la decisión de declarar la nulidad del Acuerdo núm. 761 de 2020; y v) con ocasión al artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 2020 se creó la Operadora Distrital de Transporte S.A.

12. Explicó que el artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 2020 autorizó a la Alcaldesa Mayor, en representación del Distrito Capital o Transmilenio S.A., construir un operador público para participar en la creación de una sociedad por acciones, con la participación de entidades públicas.

Mayor, en representación del Distrito Capital o Transmilenio S.A., construir un operador público para participar en la creación de una sociedad por acciones, con la participación de entidades públicas.

13. Indicó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo realizó el control de legalidad del referido artículo y declaró su nu lidad, por considerar que no se aportaron los estudios técnicos ni financieros que soportaban la viabilidad de la creación de una entidad descentralizada indirecta.

14. Señaló que los elementos para que se configure la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos son: i) que se ostente la condición de Concejal; ii) q ue se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una a ctividad económica del Estado; y iii) q ue los dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades y cometidos estatales prohibidos o no autorizados, o distintos a los previamente establecidos en la Constituc ión, la ley y los reglamentos.

15. Consideró que se probó el primer elemento, por cuanto se acreditó la calidad del Concejal, y el segundo elemento, consistente en que se esté frente a dineros9

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públicos, debido a que el referido artículo preveía la conformación del patrimonio de la sociedad que se autorizó crear.

16. Consideró que no se probó el tercer elemento, porque no se demostró que los dineros hayan sido indebidamente destinados, es decir, que hubiesen sido

la sociedad que se autorizó crear.

16. Consideró que no se probó el tercer elemento, porque no se demostró que los dineros hayan sido indebidamente destinados, es decir, que hubiesen sido empleados con fines no considerados, prohibidos o distintos a los previamente establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos, infundados o en provecho del Concejal o de terceros.

17. Destacó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, no se configura la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos de los miembros de corporaciones públicas que participaron y votaron la aprobación de proyectos, al ser esta una función constitucional y legal de sus miembros, como ocurre en este asunto.

18. Explicó que la autorización para la creación de una empresa de transporte no constituye un fin prohibido o no autorizado ni es una actividad innecesaria o injustificada o que se oriente a beneficiar a los intereses particulares del Concejal o de terceros.

19. Afirmó “[…] cosa distinta es que se hubiesen pretermitido requisitos en la producción del acto que fue declarado nulo. Pero si por el hecho de la declaratoria de nulidad de cada acuerdo donde se involucran recursos públicos, ello fuese causal de pérdida de investidura, esto generaría que automáticame nte esta se tradujese en una causal autónoma para tal efecto, desconociendo incluso el factor subjetivo que se hizo mención en precedencia […]”.

20. Indicó que “[…] la conducta realizada por el Concejal Rodríguez Sastoque tenía como único objetivo cumplir con las funciones establecidas en el artículo 91 del Acuerdo 741 de 2019 (reglamento interno del Concejo de Bogotá) para participar y

20. Indicó que “[…] la conducta realizada por el Concejal Rodríguez Sastoque tenía como único objetivo cumplir con las funciones establecidas en el artículo 91 del Acuerdo 741 de 2019 (reglamento interno del Concejo de Bogotá) para participar y votar los proyectos presentados por la administración del Distrito de Bogotá […]”.

21. Señaló “[…] que el tercer elemento respecto de la conducta desplegada por el Concejal Rodríguez Sastoque no se configura, toda vez que, no se probó siquiera en forma sumaria que los dineros públicos se hayan destinado a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento, o10

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que su destinación tenía la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros […]”.

22. Consideró que no se configuró el elemento objetivo de la causal, razón por la cual no era necesario continuar con el estudio del elemento subjetivo.

Recurso de apelación interpuesto por el Solicitante

23. El Solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 3 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento

en los siguientes argumentos:

23.1. Indicó que, aun cuando el Concejal no tenía manejo inmediato de los recursos, al participar en el trámite de aprobación del artículo 92 del proyecto de

en los siguientes argumentos:

23.1. Indicó que, aun cuando el Concejal no tenía manejo inmediato de los recursos, al participar en el trámite de aprobación del artículo 92 del proyecto de Acuerdo núm. 123 de 2020 – artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 31 de mayo de 2020–, propició la desviación de los recursos invertidos en la autorización para la creación de una entidad que “[…] nació viciada como lo dijo el Tribunal […]”.

23.2. Señaló que se configuró la causal, porque se autorizó la creación de la entidad sin acompañarse de un estudio demostrativo que justificara la iniciativa, el cual era exigible de conformidad con el artículo 69 de la Ley 489 de 1998.

23.3. Expuso que la Operadora Distrital de Transporte cuenta con más de 100 buses eléctricos e infraestructura física, lo cual genera gastos de funcionamiento y de personal, lo cual es un hecho notorio y no requiere prueba.

23.4. Afirmó que “[…] hubo intención positiva de lesionar un interés jurídico y de violar esta ley que los obligaba a contar con un estudio demostrativo a la luz de las normas vigentes en Colombia […]”.

Admisión y traslado del recurso de apelación

24. El Despacho Sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto de 17 de marzo de 2025 12, admitió el recurso; la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación surtió el respectivo traslado y no hubo manifestación en esta oportunidad procesal.

12 Cfr. Índice 4 SAMAI, expediente digital en segunda instancia.11

Sección Primera de esta Corporación surtió el respectivo traslado y no hubo manifestación en esta oportunidad procesal.

12 Cfr. Índice 4 SAMAI, expediente digital en segunda instancia.11

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

25. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii ) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos; vi) el análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.

Competencia de la Sala

26. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de investidura de diputados, Concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de Concejales y diputados; iii) el artículo 150 13 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 14, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 1315 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201916: la Sección Primera de la Sala de lo

competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 1315 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201916: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.

27. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite.

28. Vistos los artículos 328 y 320 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.

Problema Jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación, si el Concejal Julián David Rodríguez Sastoque incurrió o no en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3. ° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4. ° del artículo 48 de la Ley 617 , consistente en indebida destinación de

13 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080. 14 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 15 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”. 16 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.12

90”. 16 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.12

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dineros públicos, al participar en la aprobación del artículo 92 del proyecto de Acuerdo núm. 123 de 2020 – artículo 91 del Acuerdo núm. 761 de 31 de mayo de 2020–, mediante el cual se autorizó a la Alcaldesa Mayor para participar en la creación de “[…] una sociedad por acciones –Operadora Distrital de Transporte – […]”, el cual posteriormente fue declarado nulo.

30. En ese orden, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de 3 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en primera instancia.

La calificación habilitante

31. Vistos los artículos 5, literal “ b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se encuentra probada la calidad de Concejal para el periodo 2020 -2023 de l señor Julián David Rodríguez Sastoque, según consta en los documentos aportados como prueba al proceso, en especial, el Formulario E-26 CON suscrito por los miembros de la Comisión Escrutadora , por medio de l cual se declaró al candidato como

Concejal de Bogotá D.C., para el período 2020–2023.

32. En este caso, la investidura del Concejal se tiene por cierta en la medida en que el documento indicado supra constituye prueba de dicha calidad y su condición no

Concejal de Bogotá D.C., para el período 2020–2023.

32. En este caso, la investidura del Concejal se tiene por cierta en la medida en que el documento indicado supra constituye prueba de dicha calidad y su condición no fue cuestionada durante el proceso ni en el recurso de apelación, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura

Marco normativo

33. Vistos los artículos 184 de la Constitución Polí