CE - Sentencia 25000231500020240093801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 250002315000202400938011 Recurso de apelación contra la sentencia de 3 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

TESIS: CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) QUE SE

POSESIONÓ ANTE EL ALCALDE MUNICIPAL DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES AL LLAMAMIENTO QUE LE HIZO EL CONCEJO MUNICIPAL PARA OCUPAR LA CURUL, NO INCURRE EN LA CAUSAL OBJETIVA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48, NUMERAL 3, DE LA LEY 617 DE 2000, ESTO ES, POR NO TOMAR POSESIÓN DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS

SIGUIENTES A LA FECHA DE INSTALACIÓN DE DICHA CORPORACIÓN

PÚBLICA, PERÍODO 2024-2027.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso d e apelación interpuesto por el señor JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ, contra la sentencia de 3 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura

JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ, contra la sentencia de 3 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca), señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO , por hechos relacionados con el ejercicio del período constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- El señor JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ, actuando en nombre propio , solicitó decretar la pérdida de investidura del señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO , llamado a ser concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca) por el período constitucional 2024-2027, al considerar que incurri ó en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 2, consistente en no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de su instalación.

numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 2, consistente en no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de su instalación.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, lo siguiente:

El concejal Juan Carlos García Beltrán renunció a la curul para la que fue elegido por el partido Nueva Fuerza Democrática, período 20242027. En su reemplazo se llamó al candidato que obtuvo la segunda votación más alta en la lista inscrita del partido , el señor JOSÉ

LUCIO GUÍO MELO.

El señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO tomó posesión del cargo de concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca) ante el alcalde municipal del mencionado municipio , y acudió al concejo municipal de La Calera , por primera vez, el 1.° de mayo de 2024 cuando se instalaron las sesiones ordinarias , sin que el presidente de la Corporación lo hubiera posesionado en esa oportunidad.

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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3 Sobre estos hechos, manifestó que e l señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO no se ha posesionado como concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca), puesto que el acto de su posesión no cumplió con lo previsto en los artículos 49 y 63 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943.

Al respecto, dijo que según la primera de las normas, la posesión de los concejales municipales debe realizarse ante el presidente de la Corporación y prestando el juramento de rigor ; y conforme con la segunda, en los casos de vacancia absoluta corresponde al presidente del concejo municipal efectuar el llamado a los candidatos no elegidos en la misma lista, dentro de los tres días siguientes a la declaratoria de dicha situación.

Indicó que el presidente de la Corporación no efectuó el llamado a los candidatos ni solicitó al alcalde municipal citar a sesiones extraordinarias para posesionar al señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO, de manera que la posesión de este ante el burgomaestre, en su despacho y por fuera de las sesiones del concejo municipal , constituye extralimitación del ejercicio de las funciones del alcalde municipal.

Y mediante escrito presentado por separado, solicitó decretar una medida cautelar consistente en que el concejal no pueda participar en los debates ni tomar decisiones del concejo municipal, hasta que no se profiera la sentencia que decida la solicitud de pérdida de la investidura.

medida cautelar consistente en que el concejal no pueda participar en los debates ni tomar decisiones del concejo municipal, hasta que no se profiera la sentencia que decida la solicitud de pérdida de la investidura.

3 “[…] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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4 I.3.- El concejal JOSÉ LUCIO GUÍO MELO , obrando por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a la pretensión de pérdida de la investidura, en esencia, con los siguientes argumentos:

En primer lugar, indicó que los supuestos fácticos en que se funda la solicitud no configuran el elemento objetivo de la causal de pérdida de la investidura, porque la falta de posesión sanciona al candidato que habiendo ganado las elecciones no se presenta a ocupar el cargo, con lo cual defrauda al electorado.

En segundo orden, señaló que tampoco se configura el elemento subjetivo de la causal indicada, toda vez que la conducta referida a no posesionarse dentro del término previsto en la ley conlleva la demostración de que estuvo dirigida a defraudar al electorado.

En tercer lugar, dijo que contrario a lo afirmado por el solicitante, la conducta del concejal siempre estuvo encaminada a cumplir con la

demostración de que estuvo dirigida a defraudar al electorado.

En tercer lugar, dijo que contrario a lo afirmado por el solicitante, la conducta del concejal siempre estuvo encaminada a cumplir con la Constitución y la ley, ya que, al enterarse de la renuncia del concejal Juan Carlos García Beltrán, el señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO buscó posesionarse en debida forma como concejal de la Calera , lo cual ocurrió el 30 de abril de 2024 ante el alcalde municipal, en los términos en que fue llamado para tal efecto.

Concluyó que, en el sub examine, la finalidad que busca proteger esta causal nunca se vio afectada; ii) su conducta dignificó el vínculo que lo une con su electorado al querer posesionarse en debida forma; y iii) se posesionó dentro del término de los 3 días siguientes al llamamiento que se le realizó para tal efecto.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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5 I.4.- El agente del Ministerio Público rindió concepto en el cual, atendiendo a los supuestos fácticos contenidos en la solicitud y las pruebas que obran en el proceso, solicitó negar el decreto de la pérdida de investidura del concejal JOSÉ LUCIO GUÍO MELO.

Manifestó que las pruebas documentales del proceso acreditan que el concejal fue llamado a posesionarse el 4 de abril de 2024, en

pérdida de investidura del concejal JOSÉ LUCIO GUÍO MELO.

Manifestó que las pruebas documentales del proceso acreditan que el concejal fue llamado a posesionarse el 4 de abril de 2024, en reemplazo del señor Juan Carlos García Beltrán , concejal de su partido, y tomó posesión del cargo el 5 de abril de ese mismo año, esto es, dentro de los 3 días siguientes al llamamiento.

Como consecuencia de lo anterior, manifestó que no se presenta el supuesto objetivo de la causal de pérdida de investidura contenid o en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 , consistente en no tomar posesión del cargo de concejal dentro de los 3 días siguientes a la fecha de instalación del concejo, o a la fecha en que fuere llamado a posesionarse.

Señaló que aunque la posesión no se hubiere dado en la forma esperada por el solicitante, ello se debe a que el concejo municipal de La Calera (Cundinamarca) se encontraba en receso para el momento en que el concejal Juan Carlos García Beltrán renunció a la curul; y que el hecho de que el llamamiento se realizara como consecuencia de un derecho de petición elevado por el señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO no torna en irregular su posesión como concejal.

Por último, afirmó que el escenario que emerge de los argumentos de la demanda es distinto al que puede ventilarse en el proceso de pérdida de investidura, porque la competencia del alcalde municipalNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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pérdida de investidura, porque la competencia del alcalde municipalNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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6 para posesionar a l concejal , que se cuestiona , conlleva necesariamente a ana lizar de legalidad del acto de posesión, cuyo estudio corresponde a otro medio de control.

Sobre el elemento subjetivo de la causal, afirmó que al contrario de un comportamiento negligente o de rehusarse a tomar posesión, el concejal JOSÉ LUCIO GUÍO MELO siempre actuó conforme a su obligación con los electores y con la dignificación del principio de representación democrática, toda vez que enterado de la renuncia del concejal Juan Carlos García Beltrán, desplegó su conducta hacia el cumplimiento de la representación popular que estaba llamado a ejercer.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2024 negó la pérdida de investidura del señor JOSÉ LUCIO GUÍO MELO , concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca), porque no se acreditó la falta de posesión , elemento objetivo que resulta indispensable para que se configure la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

A dicha conclusión arribó luego de valorar los medios de convicción que reposan en el proceso, a partir de los cuales encontró probado

causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

A dicha conclusión arribó luego de valorar los medios de convicción que reposan en el proceso, a partir de los cuales encontró probado que el concejal tomó posesión del cargo conforme se le realizó el llamamiento, y empezó a ejercer las funciones tan pronto fue posesionado en el cargo; en consecuencia, aplicando el principio de interpretación restrictiva , en este caso no fue probada en los términos en que fue prevista su literalidad.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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7 En línea con lo anterior, consideró que le asistía razón a la agente del Ministerio Público, al señalar que la discusión sobre la competencia del alcalde para posesionar al concejal JOSÉ LUCIO GUÍO MELO es un asunto que controvierte la legalidad del acto, razón por la cual debe adelantarse a través del medio de control correspondiente.

En ese orden, consideró que el acta de posesión del concejal JOSÉ LUCIO GUÍO MELO continúa gozando de la presunción de legalidad, de manera que, en lo que respecta al elemento subjetivo de la causal de pérdida de la investidura que se invocó, la actuación del concejal está amparada por el principio de buena fe y confianza legítima.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

de pérdida de la investidura que se invocó, la actuación del concejal está amparada por el principio de buena fe y confianza legítima.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

III.1.- El solicitante, obrando en nombre propio , interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 3 de febrero de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. P ara tal efecto , luego de traer a colación apartes de la sentencia, hizo las siguientes afirmaciones:

La posesión de los concejales no es un tecnicismo sino un requerimiento previsto en la Ley 136 de 2000 , mediante el cual se exige que los concejales sean posesionados por el presidente de l concejo municipal , en el recinto de la corporación ; no es una formalidad cuyo cumplimiento sea subjetivo, toda vez que se debe cumplir en la forma prevista por la ley ; se trata de un “[…] acto formal, contemplado en la ley, que no se configura solamente con la voluntad de ejecutarlo, sino con la ejecución de carácter material […]”, sin la cual no se puede ejercer el cargo.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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8 Hay una contradicción entre lo considerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y lo resuelto en la sentencia , toda vez que en la sentencia se indicó que la pérdida de investidura debe

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8 Hay una contradicción entre lo considerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y lo resuelto en la sentencia , toda vez que en la sentencia se indicó que la pérdida de investidura debe verificar la materialización objetiva de la conducta típica reprochable, lo que ocurrió en razón a que la posesión no se hizo en los términos de la Ley 136.

Aunque la falta de posesión puede no ser responsabilidad del concejal, sí constituye una omisión del presidente del concejo municipal de La Calera (Cundinamarca) y una extralimitación del alcalde de este municipio, por lo que se deben compulsar copias.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le impuso una carga que no debe cumplir , toda vez que para declarar la pérdida de la investidura le exige iniciar un medio de control de nulidad y contar con la sentencia que lo resuelve; y que si la pérdida de la investidura no hubiera sido el medio de control que correspondía, habría sido inadmitida o rechazada.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 4, fue descorrido así:

IV.1.- El concejal, obrando mediante apoderado, solicitó confirmar la sentencia proferida el 3 de febrero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca . E n esencia, manifestó que el

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la

Administrativo de Cundinamarca . E n esencia, manifestó que el

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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9 elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura no fue probado; y que, por el contrario, sí se demostró que su actuación estuvo dirigida a cumplir la voluntad del electorado que lo respaldó. Asimismo, se refirió a la interpretación del acto de posesión que realizó el accionante en el sentido de que resulta formalista y desnaturaliza la finalidad para la cual fue prevista la causal , por lo que es contraria a los principios que orientan el proceso sancionatorio de pérdida de la investidura.

Afirmó que el objeto de la pérdida de investidura es, exclusivamente, determinar si el elegido tomó o no posesión del cargo dentro de los tres días siguientes al llamamiento, conforme lo exige el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 , y no revisar la competencia, la regularidad o la supuesta invalidez del acto administrativo de posesión, toda vez que no se trata de un mecanismo para impugnar las formas o solemnidades con las que dicho acto fue realizado.

Por último, indicó que es inexistente la configuración del elemento

la regularidad o la supuesta invalidez del acto administrativo de posesión, toda vez que no se trata de un mecanismo para impugnar las formas o solemnidades con las que dicho acto fue realizado.

Por último, indicó que es inexistente la configuración del elemento subjetivo exigido para imponer la sanción de pérdida de la investidura, por las siguientes dos razones: la primera, porque no hay una conducta que deba sancionarse; y la segunda, porque no obra prueba alguna que permita concluir que el concejal incurrió en una dolosa o conducta gravemente culposa que justifique la pérdida de su investidura.

IV.2.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con los términos en que fue presentado el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si el concejal incurrió o no en la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que fue llamado a posesionarse , para el período constitucional 2024-2027.

es, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que fue llamado a posesionarse , para el período constitucional 2024-2027.

V.2.- Sobre la pérdida de investidura de los concejales

La pérdida de investidura es una acción pública de carácter jurisdiccional, de naturaleza sancionatoria y propósito ético, que se adelanta con estricta sujeción a las garantías del debido proceso previstas en el artículo 29 de la Constitución Política ; su objeto es reprochar los comportamientos que la Constitución y el legislador previó como contrarios a la dignidad del cargo que ejercen por virtud del voto ciudadano y del principio de representación democrática , razón por la cual l a sanción de pérdida de investidura origina un impacto directo sobre los derechos políticos de quien resulta sancionado, pues si se remueve la investidura del concejal debido a su comportamiento indigno y defraudatorio del interés general democrático, se produce su inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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11 En consideración a lo anterior, e l juez de la pérdida de investidura debe determinar , objetivamente, si la conducta del concejal se adecua o no a las causales taxativas que fijó el Constituyente de 1991 o legislador según el caso, y, subjetivamente, si su conducta

debe determinar , objetivamente, si la conducta del concejal se adecua o no a las causales taxativas que fijó el Constituyente de 1991 o legislador según el caso, y, subjetivamente, si su conducta resulta culpable, en términos de una actuación dolosa o gravemente culposa.

En ese orden, el estudio del elemento objetivo de la conducta saldrá avante cuando el comportamiento del con cejal quede precisamente subsumido en el supuesto previsto como causal de pérdida de investidura, en aplicación de los principios de taxatividad e interpretación restrictiva, propios de la legalidad de los procesos sancionatorios. C onsecuentemente, solo en caso de superarse el estudio objetivo o de tipicidad de la conducta del concejal , se abre paso al análisis del elemento subjetivo de la pérdida de la investidura, con el fin de establecer si esta fue realizada con culpabilidad.

En lo que respecta a los principios de taxatividad e interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura, la jurisprudencia5 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y de la Sección Primera han considerado que al ser la pérdida de investidura una sanción que limita la libertad y los derechos constitucionales de las personas, es de origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 21 de julio de 2015.

aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 21 de julio de 2015. MP. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación: 110010315000201200059-00(PI). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de noviembre de

2016. MP. Guillermo Vargas Ayala número único de radicación: 230012333004201500489-01(PI).Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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12 En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional 6, al considerar que dado el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo, así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y favorabilidad.

En lo que es relevante al caso sub examine, lo anterior supone, entre otras cuestiones, que las normas en las que se prevén las causales que dan lugar a la pérdida de investidura son de orden público , y, respecto de ellas, el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento de forma clara y precisa, de modo que no quede

que dan lugar a la pérdida de investidura son de orden público , y, respecto de ellas, el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento de forma clara y precisa, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a imponer la sanción.

V.3.- Sobre la causal de pérdida de investidura invocada por el accionante

La causal de pérdida de investidura que se le endilga al concejal llamado del municipio de La Calera (Cundinamarca), para el período constitucional 2024-2027, es la prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, cuyo texto es el siguiente:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…)

6 SU-515 de 2013Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. (…) Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza

siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. (…) Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección Primera ha sostenido, en el devenir de la interpretación y aplicación jurisprudencial de la referida causal, lo siguiente7:

“[…] Para que se configure la causal transcrita, la Sala encuentra que se requiere que el concejal electo no haya tomado posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo o a la fecha en que fuere llamado a posesionarse.

Entiéndase por posesión “el acto de prestar juramento previsto en el artículo 1228 de la Constitución Política ante el funcionario competente; de este acto da fe un acta, suscrita por quien toma el juramento y por quien lo pronuncia, sin cuya solemnidad la persona no puede entrar a servir ningún cargo9 […]”10 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Para tales efectos, se observa que el artículo 49 de la Ley 136 prevé que los concejales se posesionarán en sus cargos ante el presidente de la respectiva corporación, para lo cual deberán tomar el respectivo juramento:

“[…] Artículo 49. Posesión. Los presidentes de los concejos tomarán posesión ante dichas corporaciones, y los miembros de ellas, secretarios y subalternos, si los hubiere, ante el presidente; para tal

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de

posesión ante dichas corporaciones, y los miembros de ellas, secretarios y subalternos, si los hubiere, ante el presidente; para tal

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre de 2017, número único de radicación 23001-23-33-000-2017-00091-01(PI), MP. María Elizabeth García González, reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de 2024, número único de radicación 13001233300020240025001. MP. Nubia Margoth Peña Garzón. 8 “[…] Artículo 122 […] Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto). 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2005, número único de radicación 76001-23-31-000-2004-00774-01 (PI), Magistrado ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera ponente doctora María Elizabeth

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera ponente doctora María Elizabeth García González.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00938 01

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14 efecto, prestarán juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, en cuanto a l acto de posesión de los concejales, en sentencias de 27 de abril de 200611, de 19 de junio de 200812 y de 5 de diciembre de 202413, la Sala precisó:

“[…] la posesión es el acto de prestar ante el funcionario el juramento que ordena el artículo 122 de la Constitución Política. De este acto da fe un acta, suscrita por quien toma el juramento y quien lo pronuncia. Sin esta solemnidad no puede entrarse a servir ningún cargo. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con el mismo criterio , l a jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado 14, en el marco del medio de control de nulidad electoral, ha considerado que la posesión es solemnidad para que los servidores públicos ejerzan el cargo para el que han sido nombrados,

Consejo de Estado 14, en el marco del medio de control de nulidad electoral, ha considerado que la posesión es solemnidad para que los servidores públicos ejerzan el cargo para el que han sido nombrados, designados, elegidos o llamados.

En suma, el acto de posesión ha sido concebido por la jurisprudencia del Consejo de Estado como una diligencia solemne en la que el servidor público elegido, nombrado, llamado o, en general, designado para ejercer un cargo, jura formalmente cumplir con la Constitución Política, la ley, los reglamentos, las funciones y los

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de abril de 2006, MP. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 23001-23-31-000-2004-00059-02, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio de 2008, MP. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 70001-23-31-000-2006-00531-01. 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de 2024, número único de radicación 130012