CE - Sentencia 25000231500020240093901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 250002315000202400939011 Recurso de apelación contra la sentencia de 10 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

TESIS: CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) QUE SE

POSESIONÓ ANTE EL ALCALDE MUNICIPAL DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES AL LLAMAMIENTO QUE LE HIZO EL CONCEJO MUNICIPAL PARA OCUPAR LA CURUL, NO INCURRE EN LA CAUSAL OBJETIVA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48, NUMERAL 3, DE LA LEY 617 DE 2000, ESTO ES, POR NO TOMAR POSESIÓN DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS

SIGUIENTES A LA FECHA DE INSTALACIÓN DE DICHA CORPORACIÓN

PÚBLICA, PERÍODO 2024-2027.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso d e apelación interpuesto por el señor JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ , contra la sentencia de 10 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura

JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ , contra la sentencia de 10 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura del concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca), señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, por hechos relacionados con el ejercicio del período constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- El señor JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ, actuando en nombre propio , solicitó decretar la pérdida de investidura del señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA , llamado a ser concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca) por el período constitucional 2024-2027, al considerar que incurri ó en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 2, consistente en no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de su instalación.

numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 2, consistente en no tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de su instalación.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, lo siguiente:

El concejal Jairo López González renunció a la curul que ocupaba por virtud del estatuto de oposición, por el partido Cambio Radical , período 2024 -2027. E n su reemplazo se llamó al candidato que obtuvo la segunda votación más alta en la lista inscrita del partido, el señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA , quien tomó posesión del cargo de concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca) ante el alcalde municipal, y acudió al cabildo municipal, por primera vez, el 1° de mayo de 2024 cuando se instalaron las sesiones ordinarias, sin que el presidente de la Corporación lo hubiera posesionado en esa oportunidad.

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

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3 Manifestó que e l señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA no se ha posesionado como concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca), puesto que el acto de su posesión no cumplió con lo previsto en los artículos 49 y 63 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943.

Indicó que, según dichas normas, la posesión de los concejales municipales debe ocurrir ante el presidente de la Corporación y prestando el juramento de rigor ; y, en los casos de vacancia absoluta, el presidente del concejo municipal, dentro de los tres días siguientes a la declaratoria de esa situación , debe llamar a los candidatos que siguen en el orden de la lista del correspondiente partido a ocupar la curul vacante.

Refirió que, como el presidente de la Corporación no efectuó el mencionado llamado ni le solicitó al alcalde municipal citar a sesiones extraordinarias para posesionar al señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, el burgomaestre se extralimitó en el ejercicio de sus funciones cuando lo posesionó y dicha posesión resulta inválida; por lo que, en consecuencia, el señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA no tomó posesión del cargo de concejal dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo, o a la fecha en que fue llamado a posesionarse.

Y, mediante escrito presentado por separado, solicitó decretar una

tomó posesión del cargo de concejal dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo, o a la fecha en que fue llamado a posesionarse.

Y, mediante escrito presentado por separado, solicitó decretar una medida cautelar consistente en que el concejal no pueda participar en los debates ni tomar decisiones del concejo municipal, hasta que

3 “[…] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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4 no se profiera la sentencia que decida la solicitud de pérdida de la investidura.

I.3.- El concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, obrando en causa propia, contestó la demanda y se opuso a la pretensión de pérdida de la investidura, en esencia, con los siguientes argumentos:

Indicó que tomó posesión del cargo de concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca) el 19 de marzo de 2024, hecho que estuvo precedido por : (i) la renuncia del concejal elegido de su partido , señor Jairo Augusto López González, el 27 de febrero de 2024; (ii) la aceptación de dicha renuncia el 28 de febrero de 2024, por la Mesa Directiva del concejo municipal ; (iii) la solicitud que en esa misma fecha hizo la Mesa Directiva a la Registraduría Nacional del Estado

la aceptación de dicha renuncia el 28 de febrero de 2024, por la Mesa Directiva del concejo municipal ; (iii) la solicitud que en esa misma fecha hizo la Mesa Directiva a la Registraduría Nacional del Estado Civil para el envío de los resultados de las elecciones de 29 de octubre de 2023, con el fin de proveer la curul vacante; (iv) la contestación correspondiente de la organización electoral, de 6 de marzo de 2024; (v) el estudio de los documentos que presentó para verificar el cumplimiento de requisitos para ocupar la curul vacante, realizado por la Comisión de acreditación documental del cabildo municipal ; (vi) la convocatoria que le hizo el alcalde municipal para que tomará posesión del cargo el 19 de marzo de 2024.

Sostuvo que, en el mes de marzo de 2024 el concejo municipal de La Calera (Cundinamarca) no estaba sesionando, por lo que no fue convocado por el presidente de esa corporación para tomar posesión de la curul, sino por el alcalde municipal; en consecuencia, concurrió a dicha convocatoria el 19 de marzo de 2024, prestó el juramentoNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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5 ante dicho dignatario y así tomo posesión del cargo de concejal para el cual fue llamado.

Trajo a colación sentencias del Consejo de Estado 4, para poner de presente que la posesión no es un acto administrativo estricto sensu

5 ante dicho dignatario y así tomo posesión del cargo de concejal para el cual fue llamado.

Trajo a colación sentencias del Consejo de Estado 4, para poner de presente que la posesión no es un acto administrativo estricto sensu sino una diligencia formal y previa, requerida para asumir el ejercicio del cargo, y que el acta donde consta es prueba de la existencia de esa diligencia, en la cual el funcionario se comprometió a cumplir fielmente sus funciones como lo exige la Constitución.

Afirmó que, en el mes de marzo de 2024, el concejo municipal de La Calera (Cundinamarca) no estaba sesionando, por lo que no fue convocado por el presidente de esa corporación para tomar posesión, sino por el alcalde municipal.

Dijo que, al tomar posesión del cargo ante la primera autoridad del municipio el 19 de marzo de 2024 quedó probado su juramento de cumplir bien y fielmente la Constitución, las leyes y los deberes de su cargo, cumpliendo así con la formalidad exigida ; y que no tener en cuenta esa posesión, constituye un excesivo ritualismo que afecta el ejercicio de sus derechos políticos y el cumplimiento de sus deberes democráticos, respecto de los electores.

Aseveró que el Concejo Municipal lo citó como concejal a la sesión de instalación realizada el 1º de mayo de 2024, fecha desde la cual ha ejercido ese cargo, asistido a las sesiones , deliberado y votado

4 Transcribió apartes de las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 3.08.1992. MP. Joaquín Barreto

4 Transcribió apartes de las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 3.08.1992. MP. Joaquín Barreto Ruiz, expediente 4914. Sección Quinta: sentencia de 9 de marzo de 2000, sin más datos; e indicó que las citas y apartes fueron extractadas del Concepto 047291 de 2023 Departamento Administrativo de la Función Pública.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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6 proposiciones y proyectos de acuerdo, tanto en comisión como en plenaria; motivo por el cual, no hay lugar a deducir que ha defraudado a sus electores, objetiva o subjetivamente.

Por ú ltimo, solicitó condenar al actor en co stas y agencias en derecho.

I.4.- El agente del Ministerio Público rindió concepto en el cual, atendiendo a los supuestos fácticos contenidos en la solicitud y las pruebas que obran en el proceso, solicitó negar el decreto de la pérdida de investidura del concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA.

En primer lugar, manifestó que se encuentra configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida de la investidura, en cuanto se probó que el concejal se posesionó ante el alcalde del municipio el 19 de marzo de 2024, y no lo hizo ante el presidente del concejo municipal

objetivo de la causal de pérdida de la investidura, en cuanto se probó que el concejal se posesionó ante el alcalde del municipio el 19 de marzo de 2024, y no lo hizo ante el presidente del concejo municipal ni fue formalmente posesionado en la sesión del 1° de mayo de 2024, a la que asistió como miembro de la corporación.

Puso de presente que no existe prueba concluyente del llamamiento al concejal para que tomara posesión del cargo, la autoridad que lo hizo o de la fecha exacta en que fue llamado; sin embargo, del acervo probatorio puede presumirse que dicho llamado ocurrió después de la renuncia del señor Jairo López González, aceptada el 28 de febrero de 2024.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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7 No obstante, afirmó que según el artículo 252 de la Ley 4 de 18 de mayo de 19135, las irregularidades en la posesión no anulan los actos del funcionario, de manera que, el acto de posesión del concejal ante el alcalde del municipio de La Calera (Cundinamarca) , resultaría válido si se tiene en cuenta que: (i) el concejo municipal no estaba en sesiones ordinarias para el mes marzo de 2024, por lo que no era posible realizar la posesión ante su presidente en ese momento , y (ii) no existe previsión normativa que determine la forma en que debe efectuarse el llamamiento y la toma de posesión en estos casos,

en sesiones ordinarias para el mes marzo de 2024, por lo que no era posible realizar la posesión ante su presidente en ese momento , y (ii) no existe previsión normativa que determine la forma en que debe efectuarse el llamamiento y la toma de posesión en estos casos, cabe la aplicar el artículo 2696 de la Ley 4 , para tener por válida la posesión.

Sostuvo que no se configura el elemento subjetivo de la causal de pérdida de la investidura, porque el concejal actuó de buena fe, con la confianza legítima que le brindaron las actuaciones de las autoridades; en especial, la expedición de la certificación por la Comisión de acreditación documental del cabildo; la convocatoria que le hizo el alcalde municipal para que tomara posesión del cargo y el acto de posesión mismo, realizado ante la primera autoridad municipal; así como la omisión de la Mesa Directiva del Consejo de darle formal posesión el día de la instalación de las sesiones ordinarias en el mes de mayo de 2024.

5 “[…] mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política […]”. 6 “[…] Por regla general, cuando la autoridad correspondiente se negare, sin causa legal, a dar posesión a un empleado cuyo nombramiento emane de otra, aquel puede posesionarse

Constitución Política […]”. 6 “[…] Por regla general, cuando la autoridad correspondiente se negare, sin causa legal, a dar posesión a un empleado cuyo nombramiento emane de otra, aquel puede posesionarse ante cualquier empleado que ejerza autoridad o jurisdicción, o ante dos testigos, dando cuenta de ello a quién le hizo el nombramiento […]”.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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8 Todos esos actos, una vez exteriorizados, generaron en el concejal la creencia razonable y fundada de que , al posesionarse ante el alcalde municipal, no infringía el ordenamiento y daba cumplimiento al mandato democrático que le correspondía.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 10 de marzo de 2025 negó la pérdida de investidura del señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca), por no encontrarse acreditada la estructuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de la investidura, prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Luego de valorar el acervo probatorio, determinó que el concejal tomó posesión del cargo dentro de los tres días siguientes al llamamiento; y que, por el contrario, se demostró que actuó en cumplimiento de su deber legal , en tanto concurrió oportunamente

Luego de valorar el acervo probatorio, determinó que el concejal tomó posesión del cargo dentro de los tres días siguientes al llamamiento; y que, por el contrario, se demostró que actuó en cumplimiento de su deber legal , en tanto concurrió oportunamente al llamado que le hizo el alcalde municipal , y tomó posesión del cargo.

Consideró que a la luz de la finalidad para la que fue prevista la causal de pérdida de la investidura, no existió una conducta omisiva y deliberada por parte del concejal de negarse a asumir el cargo para el cual fue llamado ante la renuncia de quien ocupaba la curul ; en consecuencia, materialmente no se configura la falta de posesión, que es la conducta prevista por la norma como sancionable con la pérdida de investidura.Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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9 En adición, consideró que el actor alega lo que alega es la invalidez del acto de posesión , discusión que es ajena a la responsabilidad conductual que se enjuicia en los procesos de pérdida de la investidura.

Enfatizó en que la conducta del concejal obedeció a varias circunstancias externas que le eran ajenas y que determinaron la toma de posesión ante la primera autoridad del municipio, toda vez que no estaban bajo su resorte de control, a saber: (i) el concejo

circunstancias externas que le eran ajenas y que determinaron la toma de posesión ante la primera autoridad del municipio, toda vez que no estaban bajo su resorte de control, a saber: (i) el concejo municipal se encontraba en receso; (ii) la Comisión de acreditación documental le solicitó presentar la documentación correspondiente; (iii) el alcalde municipal fue quien le hizo el llamado para que concurriera a posesionarse; (iv) cuando se presentó para hacerlo, la primera autoridad municipal lo posesionó en el cargo de concejal , tomándole el juramento exigido en el artículo 122 de la Constitución, requisito solemne para el ejercicio de las funciones públicas.

Consideró que, bajo esas circunstancia, para el concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA estaba configurado el deber jurídico de responder al llamado que le hizo el alcalde municipal de La Calera (Cundinamarca) para que tomara posesión del cargo de concejal de esta entidad territorial; además, puso de presente que, en todo caso, el concejo municipal lo convocó, en su calidad de concejal, para que asistiera a la primera sesión del periodo ordinario que iniciaba el 1 ° de mayo de 2024, como en efecto lo hizo , permitiéndole esa corporación participar de la mencionada sesión sin reparo alguno.

En ese orden, concluyó que el concejal demandado sí tomó posesión del cargo de concejal en cumplimiento del deber que le asistía deNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

del cargo de concejal en cumplimiento del deber que le asistía deNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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10 cumplir el llamado que para tal efecto le hizo el alcalde municipal, y, en consecuencia, negó la pretensión de pérdida de investidura por no tomar posesión dentro de los tres días siguientes al llamamiento.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

III.1.- El solicitante, obrando en nombre propio , interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 10 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. P ara tal efecto , luego de traer a colación apartes de la sentencia, hizo las siguientes afirmaciones:

La posesión de los concejales no es un tecnicismo sino un requerimiento previsto en la Ley 136 de 2000 , mediante el cual se exige que los concejales sean posesionados por el presidente de l concejo municipal , en el recinto de la corporación ; no es una formalidad cuyo cumplimiento sea subjetivo, toda vez que se debe cumplir en la forma prevista por la ley ; se trata de un “[…] acto formal, contemplado en la ley, que no se configura solamente con la voluntad de ejecutarlo, sino con la ejecución de carácter material […]”, sin la cual no se puede ejercer el cargo.

Existe un fallo de primera instancia de l Tribunal Administrativo de

formal, contemplado en la ley, que no se configura solamente con la voluntad de ejecutarlo, sino con la ejecución de carácter material […]”, sin la cual no se puede ejercer el cargo.

Existe un fallo de primera instancia de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, referente a un caso idéntico al presente , en el expediente 250002315000202400938-00, en él se expresó que no es objeto de debate de la pérdida de investidura , si el alcalde era o no competente para posesionar al concejal, porque ello implica un análisis de legalidad que corresponde a otro medio de control ; sinNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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11 embargo, en este asunto se informa que la posesión no es un acto administrativo.

En este asunto debe haber pronunciamiento de fondo que determine si, el alcalde municipal y el presidente del concejo actuaron de forma legal o no, y dependiendo de ello, se compulsan copias; además, que se analice si la posesión frente al alcalde, sin fundamento jurídico alguno, sin que el presidente del concejo manifestara algún tipo de impedimento para llevarlo a cabo, es válida o no.

Es ilógico afirmar, como lo hizo la sentencia de primera instancia, que al concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA le resultaba imposible tomar posesión en la sesión de instalación, debido a que la

Es ilógico afirmar, como lo hizo la sentencia de primera instancia, que al concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA le resultaba imposible tomar posesión en la sesión de instalación, debido a que la renuncia de su anteces or fue posterior a dicho acto; lo anterior, debido a que la posesión es un acto que se puede llevar a cabo en cualquier sesión plenaria, y ello no ocurrió así en el presente caso.

No es acert ado traer a colación el artículo 315 de la Constitución, para señalar que el alcalde está facultado para posesionar al concejal, pues esa norma lo autoriza a colaborar con el concejo municipal y a convocar a sesiones extraordinarias; sin embargo, ni esa ni ninguna otra disposición le atribuye competencia expresa para posesionar a los miembros del cabildo municipal, en especial, el artículo 269 de la Ley 4, citado por el tribunal.

Con fundamento en todo lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia apelada y se compulsen copias para por las conductas del alcalde municipal de La Calera (Cundinamarca), señor Juan Carlos Hernández Arévalo, por extralimitación de funciones, y del presidenteNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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12 del concejo municipal, señor Rodrigo Novoa Pineda, por omisión de sus funciones.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

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12 del concejo municipal, señor Rodrigo Novoa Pineda, por omisión de sus funciones.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 7, fue descorrido así:

IV.1.- El concejal, obrando mediante apoderado, solicitó confirmar la sentencia proferida el 10 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca . E n esencia, manifestó que el apelante esgrime inconformidades que apuntan a discutir la validez del acto de posesión , cuestión que no es el objeto del proceso de pérdida de la investidura; el actor confunde la validez del acto de posesión con la ausencia de posesión, siendo cuestiones bien distintas; de acuerdo con el artículo 269 de la Ley 4, el alcalde bien podía posesionar al concejal, ante la ausencia del presidente del concejo municipal, con ocasión del receso en que se encontraba dicha corporación.

IV.2.- El agente del Ministerio Público solicitó que la sentencia proferida el 10 de marzo de 2025 sea confirmada, debido a que se encuentra plenamente probado que el concejal tomó posesión del cargo el 19 de marzo de 2024 ; en consecuencia, no se logró demostrar la estructuración de la causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, y, por tanto, en

7 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se

prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, y, por tanto, en

7 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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13 aplicación del debido proceso constitucional, no hay lugar a imponer decretar la pérdida de la investidura del concejal, señor PEDRO

ÁNGEL AYA HERRERA.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con los términos en que fue presentado el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si el concejal incurrió o no en la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que fue llamado a posesionarse , para el período constitucional 2024-2027.

V.2.- Sobre la pérdida de investidura de los concejales

La pérdida de investidura es una acción pública de carácter jurisdiccional, de naturaleza sancionatoria y propósito ético, que se adelanta con estricta sujeción a las garantías del debido proceso

La pérdida de investidura es una acción pública de carácter jurisdiccional, de naturaleza sancionatoria y propósito ético, que se adelanta con estricta sujeción a las garantías del debido proceso previstas en el artículo 29 de la Constitución Política ; su objeto es reprochar los comportamientos que la Constitución y el legislador previó como contrarios a la dignidad del cargo que ejercen por virtud del voto ciudadano y del principio de representación democrática , razón por la cual l a sanción de pérdida de investidura origina un impacto directo sobre los derechos políticos de quien resulta sancionado, pues si se remueve la investidura del concejal debido a su comportamiento indigno y defraudatorio del interés generalNúmero único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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14 democrático, se produce su inhabilidad permanente para ocupar cargos de elección popular.

En consideración a lo anterior, e l juez de la pérdida de investidura debe determinar , objetivamente, si la conducta del concejal se adecua o no a las causales taxativas que fijó el Constituyente de 1991 o legislador según el caso, y, subjetivamente, si su conducta resulta culpable, en términos de una actuación dolosa o gravemente culposa.

En ese orden, el estudio del elemento objetivo de la conducta saldrá avante cuando el comportamiento del con cejal quede precisamente

resulta culpable, en términos de una actuación dolosa o gravemente culposa.

En ese orden, el estudio del elemento objetivo de la conducta saldrá avante cuando el comportamiento del con cejal quede precisamente subsumido en el supuesto previsto como causal de pérdida de investidura, en aplicación de los principios de taxatividad e interpretación restrictiva, propios de la legalidad de los procesos sancionatorios. C onsecuentemente, solo en caso de superarse el estudio objetivo o de tipicidad de la conducta del concejal , se abre paso al análisis del elemento subjetivo de la pérdida de la investidura, con el fin de establecer si esta fue realizada con culpabilidad.

En lo que respecta a los principios de taxatividad e interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura, la jurisprudencia8 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y de la Sección Primera han considerado que al ser la pérdida de investidura una sanción que limita la libertad y los derechos constitucionales de las personas, es

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 21 de julio de 2015. MP. María Claudia Rojas Lasso , número único de radicación: 110010315000201200059-00(PI). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de noviembre de 2016 . MP. Guillermo Vargas Ayala número único de radicación: 230012333004201500489-01(PI).Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01

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15 de origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.

En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional 9, al considerar que, dado el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo, así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y favorabilidad.

En lo que es relevante al caso sub examine, lo anterior supone, entre otras cuestiones, que las normas en las que se prevén las causales que dan lugar a la pérdida de investidura son de orden público , y, respecto de ellas, el legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento de forma clara y precisa