CE - Sentencia 25000231500020250003401 de 2025

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Accionante: G.T.A. Colombia S.A.S.

Accionados: Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá e Instituto Colombiano de Antropología e Historia — ICANH Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Mora judicial. Subtema 2: Carencia actual de objeto por hecho superado. Subtema 3: Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia del 6 de febrero de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 24 de enero de 2025 G.T.A. Colombia S.A.S.1, por intermedio de su representante legal, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá , por la demora en resolver sobre la

legal, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , que consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá , por la demora en resolver sobre la admisión de la demanda presentada por el accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 11001-33-34006-2023-00570-00.

Asimismo, señaló que sus garantías constitucionales fueron transgredidas con la expedición de la Resolución 019 del 11 de febrero de 2019 , mediante la cual el Instituto Colombiano de Antropología e Historia —en adelante ICANH— resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 260 del 7 de noviembre de 2018, por medio de la cual se impuso una sanción administrativa dentro de la actuación radicada bajo el núm. 2018-001.

1 Archivo electrónico identificado con certificado A8B08BA5090895B6 E98592BBA3E4B282 EA4E97D30D477772 1FEFE5713D2AED8A, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia.0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

2

Por último, indicó que la solicitud de amparo busca prevenir un perjuicio irremediable derivado de la Resolución 0001 del 2 de enero de 2025 expedida por el ICANH, mediante la cual se libró mandamiento de pago en su contra y se dio apertura al proceso coactivo.

derivado de la Resolución 0001 del 2 de enero de 2025 expedida por el ICANH, mediante la cual se libró mandamiento de pago en su contra y se dio apertura al proceso coactivo.

2. Hechos 2.1. El 17 de enero de 2022 G.T.A. Colombia S.A.S. interpuso demanda ante el Consejo de Estado en contra del ICANH y formuló las siguientes pretensiones:

“(...) PRINCIPALES

1. DECLARAR la nulidad total de la resolución 260 del 2018, pues no nació a la vida jurídica pues la empresa interpuso los recursos que correspondía en el tiempo de ejecutoria, lo que no permitió se diera la firmeza del acto. En consecuencia, se retire del ordenamiento jurídico dicho acto administrativo.

2. DECLARAR la nulidad total de la resolución No. 019 de fecha 11 de febrero de 2019 expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, En consecuencia, se retire del ordenamiento jurídico dicho acto administrativo.

3. DECLARAR la nulidad total de los actos de trámite de cobro coactivo emitidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia con relación a la resolución 260 de 2018, actos con fechas de emisión 8 de agosto de 2019, 8 de noviembre de 2020, y 7 de septiembre de 2021. En consecuencia, se retire del ordenamiento jurídico dicho acto administrativo.

4. DECLARAR la nulidad total de la resolución No. 1378 de fecha 08 de octubre de 2021 expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En consecuencia, se retire del ordenamiento jurídico dicho acto administrativo.

4. DECLARAR la nulidad total de la resolución No. 1378 de fecha 08 de octubre de 2021 expedida por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En consecuencia, se retire del ordenamiento jurídico dicho acto administrativo.

5. RECONOCER efecto determinado por mandato de la ley (Art.85 ley 1437 de 2011) a la escritura pública No. 408 del 18 de febrero de 2021.

6. DECLARAR que a favor de GTA COLOMBIA S.A.S. se generó silencio administrativo positivo.

7. CONDENAR al pago de costas y agencias en derecho al ICANH –

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.

En caso de no resultar probadas y a favor del accionante las pretensiones principales se solicita al despacho sírvase reconocer de forma SUBSIDIARIA

1. DECLARAR que la resolución 019 de 2019, tendrá efectos a partir del fallo de este proceso”.

2.2. La demanda fue asignada inicialmente a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al despacho del Magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, quien, mediante auto del 27 de enero de 2022, remitió el expediente a la Sección Primera de la corporación para su conocimiento.

2.3. El asunto le correspondió por reparto al despacho del magistrado Oswaldo Giraldo López de la Sección Primera, autoridad judicial que, mediante providencia del 18 de octubre de 2023, adecuó el trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la oficina de apoyo de los juzgados administrativos de Bogotá.0000

restablecimiento del derecho, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente a la oficina de apoyo de los juzgados administrativos de Bogotá.0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

3

2.4. El asunto se identificó bajo el radicado núm. 11001-33-34-006-2023-00570-00 y fue repartido , el 21 de noviembre de 2023, al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá para su conocimiento.

2.5. La parte actora indicó que , a la fecha de interposic ión de la presente solicitud de amparo, la autoridad demandada no ha resuelto sobre la admisión de la demanda.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió al juez constitucional (i) ordenar al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá que en el término de 48 horas emita el auto mediante el cual admita, inadmita o rechace la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-34-006-2023-00570-00; (ii) “declarar la suspensión de la Resolución 0001 de fecha 02 de enero de 2025 por medio de la cual se libra mandamiento de pago, y suspender los demás actos de trámite de cobro coactivo emitidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH - con relación a la resolución 260

de fecha 02 de enero de 2025 por medio de la cual se libra mandamiento de pago, y suspender los demás actos de trámite de cobro coactivo emitidos por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH - con relación a la resolución 260 de 2018, actos con fechas de emisión 8 de agosto de 2019, 8 de noviembre de 2020, y 7 de septiembre de 2021, hasta tanto sea resuelto de fondo su procedencia por la jurisdicción contencioso administrativa ” 2; y (iii) reconocer la procedencia de la acción de tutela de la referencia como mecanismo transitorio.

La tutelante indicó , en síntesis, que el ICANH vulneró sus garantías constitucionales, por cuanto notificó indebidamente la Resolución n úm. 019 de 11 de febrero de 2019, por la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo que le impuso una sanción administrativa.

En cuanto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá , indicó que la omisión en la resolución sobre la admisión de la demanda transgrede los derechos fundamentales invocados.

Agregó que la interposición de la acción tuitiva tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se podr ía “ver materializado en la Resolución 0001 de fecha 02 de enero de 2025 expedida por el ICANH, “Por medio de la cual se libra mandamiento de pago y se da apertura al proceso de cobro coactivo”, en nuestra contra por la suma de: TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (300 SMLMV) correspondientes al año de

de la cual se libra mandamiento de pago y se da apertura al proceso de cobro coactivo”, en nuestra contra por la suma de: TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (300 SMLMV) correspondientes al año de 2017; es decir, la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS

QUINCE MIL CIEN PESOS ($221.315.100 M/CTE)”3.

2 Archivo electrónico identificado con certificado A8B08BA5090895B6 E98592BBA3E4B282 EA4E97D30D477772 1FEFE5713D2AED8A, ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia. 3 Ibidem0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

4

4. Trámite de tutela e intervenciones

El Despacho de la magistrada ponente de primera instancia , con auto del 27 de enero de 20254, admitió la acción y ordenó la notificación a las partes.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:

4.1. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá contestó la acción de tutela y solicito que fueran negadas las súplicas de la demanda o que, en su defecto, se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado.

Sostuvo que la actuación procesal no vulneraba los derechos fundamentales de la sociedad accionante, toda vez que la tardanza en resolver sobre la admisión de la demanda obedeció a la excesiva carga laboral del juzgado que ha conllevado a una

Sostuvo que la actuación procesal no vulneraba los derechos fundamentales de la sociedad accionante, toda vez que la tardanza en resolver sobre la admisión de la demanda obedeció a la excesiva carga laboral del juzgado que ha conllevado a una congestión judicial, sustentada en la alta complejidad de los asuntos que conoce, aunado al inventario actual de procesos que, para el cuarto trimestre del año 2024, asciende a la suma de 978 procesos.

Por otra parte , indicó que, al estudiar sobre la admisibilidad de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante auto del 27 de enero de 2025, resolvió remitir el expediente a los juzgados administrativos de Montería en razón a la competencia por factor territorial, providencia que fue notificada el 28 de enero de 2025.

4.2. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia —ICANH— manifestó que no tenía competencia para referirse a las actuaciones judiciales de las que no hace parte, puesto que a la fecha de presentación de la acción tuitiva no ha sido notificado de demanda alguna.

Sostuvo que, en cuanto a los reparos presentados por el accionante relativos a la indebida notificación de los actos administrativos posteriores a la sanción, estos ya fueron estudiados y resueltos a través de Resolución 1378 del 8 de octubre de 2021 “Por la cual se resuelve solicitud de Revocatoria Directa”, por lo que resulta extraño que, en sede de tutela, luego de tres años, se presenten de nuevo las mismas inconformidades.

Afirmó que la solicitud de amparo no superaba los requisitos de inmediatez ni de

que, en sede de tutela, luego de tres años, se presenten de nuevo las mismas inconformidades.

Afirmó que la solicitud de amparo no superaba los requisitos de inmediatez ni de subsidiariedad, porque la sociedad actora ya presentó una demanda para debatir la legalidad del acto administrativo de sanción. Adicionalmente, adujo que tampoco se acreditaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera transitorio el amparo deprecado.

4 Archivo electrónico identificado con certificado 69E68980535C3C85 EAC75942B075E358 0121127CBEB3DFDC 7773F820DA92D99F, ubicado en el índice 2 del Samai.0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

5

Finalmente, respecto de la solicitud de suspensión de la Resolución 001 de 2 de enero de 2025, expuso que la acción de tutela tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad, en razón a que, el interesado puede ejercer su derecho de defensa y formular las excepciones que se enlistan en el artículo 831 del Estatuto Tributario, contra el mandamiento de pago.

4.3. La sociedad G.T.A. Colombia S.A.S allegó escrito en el que manifestó su desacuerdo con el auto de l 27 de enero 2025 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá , mediante el cual ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Montería. Por lo tanto, solicitó que se revocara dicha decisión y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial

Administrativo del Circuito de Bogotá , mediante el cual ordenó la remisión del expediente a los juzgados administrativos de Montería. Por lo tanto, solicitó que se revocara dicha decisión y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial demandada resolver sobre la admisión del medio de control incoado bajo el radicado 11001-33-34-006-2023-00570-00.

Consideró que el traslado del expediente a Montería constituía un exceso ritual manifiesto, prohibido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. En particular, enunció la Sentencia T -100 de 2022 en la que se afirmó que el formalismo en la administración de justicia no puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales, en especial cuando se trata del acceso a la justicia y del derecho al debido proceso.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 6 de febrero de 20255, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, en la medida en que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto del 27 de enero de 2025 , se pronunció sobre la admisibilidad del medio de control objeto de amparo.

En cuanto a las demás pretensiones declaró la improcedencia de la acción, porque no superaba el requisito de subsidiariedad ni de relevancia constitucional.

Por otro lado, frente a la pretensión sobreviniente de ordenar la revocatoria del proveído de 27 de enero de 2025 que remitió por competencia el medio de control, sostuvo que los argumentos expuestos no superaban el requisito de relevancia

Por otro lado, frente a la pretensión sobreviniente de ordenar la revocatoria del proveído de 27 de enero de 2025 que remitió por competencia el medio de control, sostuvo que los argumentos expuestos no superaban el requisito de relevancia constitucional, aunado al hecho de que la sociedad actora no interpuso el recurso de reposición en contra de la decisión objeto de reparos.

El juez constitucional de primera instancia advirtió que es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el mecanismo por el cual la accionante puede exponer las inconformidades aquí planteadas frente a la indebida notificación de la Resolución 019 de 11 de febrero de 2019 y por esa misma vía solicitar el

5 Archivo electrónico identificado con certificado A0EC479088AD2F9B E4DE65C03B7EBFDB 8461D4716DDED7A9 AFDE33F4D3721FA3, ubicado en el índice 2 del Samai.0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

6

decreto de las medidas provisionales preventivas, conservativas, anticipadas o de suspensión que considere necesarias de cara a la situación concreta.

Por otro lado, en relación con el proceso administrativo de cobro coactivo, la sociedad accionante dispone de un medio de defensa idóneo y eficaz contra el mandamiento de pago: la presentación de excepciones conforme a lo establecido en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera

mandamiento de pago: la presentación de excepciones conforme a lo establecido en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación en contra de la decisión de primera instancia en el que reiteró todos argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Sostuvo que la carga laboral del despacho no era una justificación válida para el incumplimiento de los plazos procesales, pues con ello se afectaría de manera generalizada el acceso a la administración de justicia.

Adicionalmente, afirmó que al declarar la carencia actual de objeto por hecho superado no se solucionaba el problema, pues no se garantizaba el acceso a la justicia, ni se subsanaba la falta de pronunciamiento sobre la admisión de la demanda.

La magistrada ponente de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de auto del 30 de enero de 2025 6, concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque la sociedad G.T.A. Colombia S.A.S. es la titular de las garantías constitucionales que, afirma, fueron vulneradas en su condición de parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-34la sociedad G.T.A. Colombia S.A.S. es la titular de las garantías constitucionales que, afirma, fueron vulneradas en su condición de parte demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-346 Archivo electrónico identificado con certificado 7194F3FA80F73D0C C5F5620AF034B847 39B9C2FD5FE64DA6 F9513DAE4C5F3068, ubicado en el índice 2 del Samai.0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

7

006-2023-00570-00, así como también por participar en el trámite sancionatorio y en el proceso de cobro coactivo adelantado por el ICANH.

2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia —ICANH—, porque son las autoridades a quienes se les atribuyó la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-34-006-2023-00570-00, así como en el trámite sancionatorio y en el proceso de cobro coactivo adelantado por el ICANH.

3. Problemas jurídicos

La controversia gira en torno a determinar si el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia —ICANH— , vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la

La controversia gira en torno a determinar si el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia —ICANH— , vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la sociedad G.T.A. Colombia S.A.S. En consecuencia, corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes jurídicos:

3.1. ¿El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá incurrió en mora judicial al no pronunciarse oportunamente sobre la admisión del medio de control interpuesto por la sociedad demandante ? o ¿se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado?

3.2. ¿Es procedente la acción de tutela en contra de la providencia del operador judicial demandado, mediante la cual dispuso la remisión del medio de control por razones de competencia?

3.3. ¿La solicitud de amparo cumple los requisitos de procedencia de la tutela en contra de actos administrativos en lo referente a los cuestionamientos formulados en contra de la Resolución 001 del 2 de enero de 2025 expedida por el ICANH, que ordenó el mandamiento de pago?

4. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.

5. Solución de los problemas jurídicos

5.1. Sobre la mora judicial0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

particular, en los casos que establece la ley.

5. Solución de los problemas jurídicos

5.1. Sobre la mora judicial0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

8

Para solucionar el primer problema jurídico, la Sala analizará el concepto de la carencia actual de objeto por hecho superado, de cara a la situación fáctica del caso en concreto. 5.1.1. Carencia actual de objeto

Cuando los hechos que motivaron la solicitud de amparo desaparecen o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser y, por tanto, cualquier orden del juez respecto de lo solicitado en la demanda no surtiría ningún efecto, la Corte Constitucional ha definido tal situación como “carencia actual de objeto”.

La jurisprudencia constitucional considera que la carencia de objeto se presenta: i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento del j uez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia.

En cuanto a la configuración de la carencia de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“(…) el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis

Constitucional ha señalado lo siguiente:

“(…) el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del hecho superado se configura ’cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la misma, se sat isface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela, es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional, desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario’.

En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse a fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el punto de vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes: “(i) que efectivamente se ha satisfecho p or completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente””7

Al respecto, es preciso indicar que el alto tribunal constitucional ha reiterado que “ante la alteración o la desaparición de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”8.

7 Corte Constitucional, sentencias T-243 de 2018, SU-540 de 2007, T715 de 2017, SU-522 de 2019, entre otras.

extraordinario y expedito de protección judicial”8.

7 Corte Constitucional, sentencias T-243 de 2018, SU-540 de 2007, T715 de 2017, SU-522 de 2019, entre otras. 8 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

9

Como ya se dijo, una de las hipótesis en la que se puede dar lo anterior ocurre “cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante”9.

5.1.2. Del análisis del caso concreto frente a la mora judicial alegada

De antemano la Subsección anuncia que la presente acción constitucional se declarará improcedente, respecto a la mora judicial alegada, en tanto se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado. Para el efecto, se expondrán las siguientes razones:

5.1.2.1. En el caso bajo estudio, la sociedad G.T.A. Colombia S.A.S. solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá, con ocasión de la demora en resolver sobre la admisión de la demanda presentada por la accionante dentro del proceso de

administración de justicia, que consideró vulnerados por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá, con ocasión de la demora en resolver sobre la admisión de la demanda presentada por la accionante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 11001-33-34-006-202300570-00.

5.1.2.2. Con base en los documentos aportados por las partes y la información registrada en el expediente digital del sistema Samai, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado núm. 11001-33-34-0062023-00570-00, la Sala verificó que, mediante providencia del 27 de enero de 2025, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá se pronunció sobre la demanda presentada por la sociedad G.T.A. Colombia S.A.S., en los siguientes términos:

“(...) De acuerdo con los documentos aportados se comprueba que el procedimiento administrativo sancionatorio No. 2018 -001, se ocasionó como consecuencia de una presunta falta contra el patrimonio cultural de la Nación durante la ejecución de obras en el proyecto de línea de transmisión a 230 kv Montería – Urabá, específicamente (…) Por tanto, el Despacho carece de competencia para conocer del proceso por el factor territorial, por lo que se dispondrá remitir el proceso, a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Montería – Córdoba – (Reparto) de

T-192 de 2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el

T-192 de 2008: “[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma e xpedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales”. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-038 de 2019.0000

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00034-01

Demandante: G.T.A. Colombia S.A.S.

10

conformidad con en el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”10. En este sentido, quedó demostrado que la autoridad judicial accionada declaró su falta de competencia para conocer la demanda de nulidad y restablecimiento presentada por la sociedad accionante y, en consecuencia, ordenó remitir el asunto a la oficina de reparto de los ju zgados administrativos del circuito judicial de Montería. De igual forma, la Sala verificó que la mencionada providencia se notificó a las partes por estado el 28 de enero de 202511.

5.1.2.3. En consecuencia, esta judicatura advierte la ocurrencia de un hecho

Montería. De igual forma, la Sala verificó que la mencionada providencia se notificó a las partes por estado el 28 de enero de 202511.

5.1.2.3. En consecuencia, esta judicatura advierte la ocurrencia de un hecho superado, en la medida en que, después de la interposición de la acción de tutela, esto es, el 24 de enero de 202512, y antes de que se profiriera fallo, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá, emitió el auto del 27 de enero de 2025, a través del cual se pronunció sobre la demanda presentada por la sociedad G.T.A. Colombia S.A.S., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por ende, como la autoridad realizó la actuación que el demandante echaba de menos y ante la desaparición de esas circunstancias, que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales invocados, la solicitud de amparo presentada por la sociedad G.T.A. Colombia S.A.S. ha perdido su razón de ser como mecanismo extraordinario de protección judicial, por lo que cualquier orden que profiera el juez de tutela resultaría inane.

Por lo expuesto, esta Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción por carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela respecto a la mora judicial alegada.

5.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La accionante solicitó que se revocara la decisión del 27 de enero de 2025, mediante la cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá declaró su falta de

5.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La accionante solicitó que se revocara la decisión del 27 de enero de 2025, mediante la cual el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá declaró su falta de competencia y remitió el asunto a los juzgados administrativos de Montería y, en consecuencia, se orden ara a la a