CE - Sentencia 25000231500020250010801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Pérdida de investidura Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01

Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias Accionado: Jorge Enrique Hernández Mayorga Tema: Indebida destinación de dineros públicos como causal de pérdida de investidura de los concejales - reiteración de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra de la sentencia de 5 de mayo de 2025 , proferida por la “[…] Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. El ciudadano Diego Alejandro Herrera Arias, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] 1. Se declare la pérdida de investidura del Concejal aquí demandado JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MAYORGA, conforme a la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el Art. 48 numeral 4 de la ley 617 de 2000 y el Art. 55 numeral 3 de la ley 136 de 1994 (sic).

2. Se investigue la responsabilidad de la Mesa Directiva del Concejo Municipal

de dineros públicos prevista en el Art. 48 numeral 4 de la ley 617 de 2000 y el Art. 55 numeral 3 de la ley 136 de 1994 (sic).

2. Se investigue la responsabilidad de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Girardot Cundinamarca, como Presidente y Ordenador del gasto, quien permitió esta irregularidad en el pago.

3. Se adopten las medidas necesarias para evitar futuras afectaciones al patrimonio público del municipio de Girardot Cundinamarca. […]” (negrilla y subrayado del texto).

I.1.1.- Los hechos

2. Manifestó que el concejal accionado, el 20 de febrero de 2024, como presidente de la mesa directiva del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca) en el año 2024 y ordenador del gasto en esa corporación, celebró el contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-24 con la señora Carolina Acosta Martínez.

1 Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800. 2 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.2

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Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias

3. Indicó que el citado contrato de prestación de servicios profesionales tenía como objeto la prestación de servicios profesionales en el “[…] acompañamiento de la comisión legal para la equidad de la mujer y demás actividades administrativas del Concejo Municipal […]” por el término de cuatro (4) meses, contados a partir del acta de inicio suscrita el 20 de febrero de 2024, por un valor de $8.800.000 y hasta

Concejo Municipal […]” por el término de cuatro (4) meses, contados a partir del acta de inicio suscrita el 20 de febrero de 2024, por un valor de $8.800.000 y hasta el 19 de junio de 2024.

4. Mencionó que, como supervisor del contrato, fue designado el secretario general

del Concejo Municipal de Girardot, señor Andrés Bonilla Moreno.

5. Aseveró que la señora Carolina Acosta Martínez, el 1. ° de marzo de 2024, tomó posesión del cargo de docente de aula temporal y, coetáneamente, fungía como contratista del Concejo Municipal de Girardot.

6. Manifestó que, a pesar de la vinculación que la señora Acosta Martínez tenía como docente, continuó recibiendo pagos del Concejo Municipal de Girardot en los meses de marzo y abril de 2024, hasta que presentó renuncia el 30 de abril de 2024, alegando motivos personales y de fuerza mayor, pero nunca mencionó que tenía una vinculación con el magisterio.

7. Aseveró que:

“[…] 4. Este pago, correspondiente a una persona que ya no prestaba servicios efectivos al Concejo Municipal de Girardot constituye una clara indebida destinación de dineros públicos ya que los recursos fueron asignados a un contratista que tenía una nueva vinculación estatal y ya no cumplía sus funciones en el concejo municipal de Girardot. […]” (negrilla y subrayado del texto)

8. Puso de prese nte que el 2 de mayo de 2024 fue suscrita, entre el concejal accionado (presidente el Concejo Municipal de Girardot), el secretario general de la corporación (supervisor del contrato) y la señora Carolina Acosta Martínez

8. Puso de prese nte que el 2 de mayo de 2024 fue suscrita, entre el concejal accionado (presidente el Concejo Municipal de Girardot), el secretario general de la corporación (supervisor del contrato) y la señora Carolina Acosta Martínez

(contratista), el acta de terminación y liquidación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-24.

9. Resaltó que en esa acta se hizo constar que la contratista había recibido tres (3) pagos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2024, por la suma de $5.720.000.

10. Alegó que la responsabilidad por la irregularidad que se habría presentado era de la mesa directiva del Concejo Municipal de Girardot, cuyo presidente y ordenador del gasto era el accionado, quien permitió que se realizaran pagos sin la verificación de la situación laboral de la contratista.

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

11. El accionante aseguró que la conducta ejecutada por el concejal accionado configuró la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros3

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Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias

públicos, establecida en el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943 y en el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004.

12. Indicó, asimismo, que se habían desconocido los artículos 209 y 287 de la Carta Política y el artículo 3. ° de la Ley 1437.

12. Indicó, asimismo, que se habían desconocido los artículos 209 y 287 de la Carta Política y el artículo 3. ° de la Ley 1437.

I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5

13. El concejal accionado , a través de apoderado, dio contestación a la solicitud formulada en su contra y se opuso a sus pretensiones.

14. Estimó, luego de referirse a los hechos sustento de la solicitud de pérdida de investidura, que no estaban presentes ninguno de los elementos para la configuración de la indebida destinación de dineros públicos.

15. Resaltó que no se cubrieron objetos, actividades o propósitos no autorizados, pues los pagos realizados a la señora Carolina Acosta Martínez tuvieron sustento en un contrato estatal de prestación de servicios que se cumplió a cabalidad y el supuesto de que la contratista fuera nombrada docente posteriormente no le puede acarrear responsabilidad alguna al accionado.

16. Subrayó que no se costearon objetos, actividades o propósitos “[…] que sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están previamente asignados […]”, en razón a que, si se verifica el expediente del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024, este contaba con registro presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal que garantizaban la existencia de los recursos para su cumplimiento.

17. Destacó que no se sufragaron objetos, actividades o propósitos “[…] expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento […]” , toda vez que el presidente del Concejo Municipal de Girardot tenía la potestad y obligación

17. Destacó que no se sufragaron objetos, actividades o propósitos “[…] expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento […]” , toda vez que el presidente del Concejo Municipal de Girardot tenía la potestad y obligación de celebrar los contratos requeridos para el normal y correcto funcionamiento de esa corporación.

18. Alegó que no se pagó por “[…] materias innecesarias o injustificadas […]”, si se tenía en cuenta que estos se justificaban por el contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023 -2024 y, además, señaló que la contratista, mes a mes, presentó el informe de las actividades realizadas, allegaba la prueba del pago de seguridad social y el supervisor avaló esos documentos, por lo que existía la obligación de “[…] realizar dichos pagos, so pena de causar un incumplimiento contractual […]”.

3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”. 4 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”. 5 Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.4

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Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias

19. Indicó que no se destinaron los dineros públicos “[…] con la finalidad de obtener

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Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias

19. Indicó que no se destinaron los dineros públicos “[…] con la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros […]” pues, insistió, los pagos realizados tenían como fuente la existencia del contrato estatal, el cual, reiteró, se cumplió a cabalidad por la contratista, de tal forma que “[…] era obligación de la entidad efectuar el pago como contraprestación del trabajo realizado y contratado

[…]”.

20. Aseveró que de las pruebas allegadas al expediente no se acredita que el accionado haya obtenido un incremento patrimonial personal o a favor de terceros, por lo que actuó bajo los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima en el cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024.

21. Hizo hincapié, al referirse al principio de buena fe, que:

“[…] observando los hechos de la demanda, se aprecia con suma claridad, que no existe prueba alguna que pueda demostrar la causal de perdida de investidura enrostrada, pues todos y cada uno de los pagos realizados se efectuaron en razón del contrato 023 -2024 su scrito con el lleno de los requisitos legales, aunado a lo anterior la contratista cumplía con las obligaciones y cargas de dicho contrato, al presentar el informe de actividades el pago de la seguridad social y el resto de documentos que daban fe del cumplimiento contractual, por lo que el supervisor autorizaba los pagos respectivos, siendo una obligación realizar estos desembolsos para cumplir las contraprestaciones contractuales, en efecto no se determina

documentos que daban fe del cumplimiento contractual, por lo que el supervisor autorizaba los pagos respectivos, siendo una obligación realizar estos desembolsos para cumplir las contraprestaciones contractuales, en efecto no se determina entonces un comportamiento contrario al orde namiento jurídico por parte del demandado. […]”

I.3. Trámite del proceso

22. Mediante auto de 6 de marzo de 202 56 se admitió la solicitud de pérdida de investidura y i) se ordenó la notificación personal al accionado y al agente del Ministerio Público y ii) se le hizo saber al accionado que contaba con el término de cinco (5) días para referirse por escrito a la solicitud, solicitar y aportar las pruebas que pretendiera hacer valer.

23. El accionado se pronunció frente a la solicitud de pérdida de investidura7. En auto de 19 de marzo de 2025 8 se decretó la práctica de pruebas y se fijó para el día 31 de marzo de 2025, hora 9:45 A.M., la realización de la audiencia pública a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20189.

24. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 fue realizada el día 31 de marzo de 202510, con la asistencia e intervención del accionante, del agente del Ministerio Público y del apoderado del accionado. Adicionalmente, Las partes

6 Cfr. Índice 15, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800. 7 Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.

6 Cfr. Índice 15, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800. 7 Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800. 8 Cfr. Índice 24, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800. 9 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]” 10 Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.5

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presentaron alegatos de conclusión11 y el agente del Ministerio Público presentó el respectivo concepto12.

I.4. La sentencia de primera instancia13

25. La “[…] Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]” , mediante sentencia de 5 de mayo de 2025,

resolvió:

“[…] PRIMERO.- NEGAR la solicitud de pérdida de investidura del doctor JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MAYORGA , Concejal del Municipio de Girardot – Cundinamarca, solicitada por el ciudadano DIEGO ALEJANDRO HERRERA ARIAS, con fundamento en las razones expuestas.

SEGUNDO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes y al Ministerio Público. Así mismo, comuníquese esta providencia al Presidente y al Secretario General del Concejo Municipal de Girardot – Cundinamarca.

SEGUNDO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes y al Ministerio Público. Así mismo, comuníquese esta providencia al Presidente y al Secretario General del Concejo Municipal de Girardot – Cundinamarca.

TERCERO.- Contra esta providencia procede el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. […]” (negrilla del texto)

26. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era

el consistente en determinar:

“[…] si el señor DIEGO ALEJANDRO HERRERA ARIAS, Concejal del Municipio de Girardot – Cundinamarca para el periodo 2024 -2027, incurrió o no en la causal de pérdida de investidura denominada indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 3º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por presuntamente sostener una relación contractual con la señora Carolina Acosta Martínez pese a que ella tomó posesión como Docente de Aula Temporal en la Secretaría de Educación de Girardot – Cundinamarca en parte del periodo en que se desarrolló el contrato de prestación de servicios. […]” (negrilla del texto)

27. Abordó el caso concreto y encontró acreditado el primer elemento para la configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos consistente en que el accionando tenga la condición de concejal.

28. Manifestó que estaba probado, igualmente, el segundo elemento para la configuración de la causal de pérdida de investidura atribuida al accionado

dineros públicos consistente en que el accionando tenga la condición de concejal.

28. Manifestó que estaba probado, igualmente, el segundo elemento para la configuración de la causal de pérdida de investidura atribuida al accionado consistente en que se esté frente a dineros públicos.

29. Destacó que era evidente que los dineros que se emplearon para la vinculación de la señora Carolina Acosta Martínez como contratista del Concejo Municipal de Girardot y para el pago de sus honorarios eran públicos, al provenir del presupuesto general del Concejo Municipal de Girardot. Al respecto precisó que:

“[…] al analizar los estudios previos que hacen parte del expediente contractual del contrato No.023-2024 se vislumbra que el régimen jurídico que soportó la contratación

11 Cfr. Índice 32 y 33, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800. 12 Cfr. Índice 30, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800. 13 Cfr. Índice 38, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.6

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fue el previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015, y el presupuesto para el pago quedó definido como presupuesto oficial de la Corporación aprobado en Resolución No.005 de 7 de enero de 2024 y en Resolución 007 de 9 de en ero de 2024, amparado por el Certificado de Disponibilidad

y el presupuesto para el pago quedó definido como presupuesto oficial de la Corporación aprobado en Resolución No.005 de 7 de enero de 2024 y en Resolución 007 de 9 de en ero de 2024, amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2024-0030 de 30 de enero de 2024, por valor de $8.800.000. […]”

30. Analizó si en el presente asunto existió una indebida destinación de recursos públicos.

31. Aseguró que, del análisis de los estudios previos y de los demás documentos que soportaron el vínculo contractual de la señora Carolina Acosta Martínez con el Concejo Municipal de Girardot, se advertía que la contratación tenía como objetivo:

“[…] ejecutar una actividad autorizada dentro de la Entidad cual era el acompañamiento de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la realización de actividades administrativas de la Corporación, en tanto no se contaba con personal de planta existen te o suficiente para el cumplimiento de ese fin necesario en la actividad de la Entidad. Además, los dineros se encontraban asignados desde un principio para tal propósito, y está demostrado que fueron destinados solo al pago del contrato No.023-2024, conforme lo denota el CDP allegado y las órdenes de pago de honorarios efectuados a nombre de la señora Carolina Acosta Martínez. […]”

32. Anotó que los dineros públicos no fueron destinados a pagar objetos, actividades o propósitos prohibidos por el ordenamiento jurídico.

33. Argumentó que, del análisis de los estudios previos y demás d ocumentos que soportan la vinculación contractual de la señora Carolina Acosta Martínez con el

o propósitos prohibidos por el ordenamiento jurídico.

33. Argumentó que, del análisis de los estudios previos y demás d ocumentos que soportan la vinculación contractual de la señora Carolina Acosta Martínez con el Concejo Municipal de Girardot, se podía advertir que el contrato estaba dirigido a ejecutar una actividad autorizada dentro de la entidad , como lo era el acompañamiento de la comisión legal para la equidad de la mujer y la realización de actividades administrativas de esa corporación por no contarse con personal de planta existente o suficiente para su cumplimiento.

34. Resaltó que los dineros públicos estuvieron asignados desde un inicio para el propósito indicado y fueron destinados al pago del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024, conforme “[…] lo denota el CDP allegado y las órdenes de pago de honorarios efectuados a nombre de la señora Carolina

Acosta Martínez […]”.

35. Subrayó que no había evidencia de que los dineros públicos se hayan destinado a pagar objetos, actividades o propósitos prohibidos por el ordenamiento jurídico o para atender necesidades injustificadas, puesto que con el contrato suscrito por el concejal accionado se vinculó al personal que consideró importante para atender una necesidad de la corporación, esto es, el apoyo a la comisión legal para la equidad de la mujer y la realización de actividades administrati vas del Concejo Municipal de Girardot, lo que “[…] de suyo redunda en propender por el funcionamiento de una de las distintas Comisiones del Concejo lo que constituye una función constitucional y legal del Presidente de la entidad. […]”.7

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una función constitucional y legal del Presidente de la entidad. […]”.7

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Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias

36. Estimó que no era posible inferir, de las pruebas allegadas al expediente, que del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024 se haya obtenido, injustificadamente, un incremento patrimonial o un beneficio de otra índole para el concejal accionado o para terceros, en razón a que los pagos se hicieron directamente a la contratista con ocasión del mencionado contrato y, previo al desembolso, se verificó el pago de prestaciones sociales y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, las que:

“[…] fueron desarrolladas hasta el día de la finalización del contrato, y acreditadas mediante la presentación de informes detallados de actividades desarrolladas en los que incluso retrató fotográficamente las labores ejecutadas. Adicionalmente, se ordenó la incorporación de los saldos presupuestales a favor de la entidad por el período de contrato no ejecutado, lo que denota la intención de no destinar indebidamente los dineros de la Corporación. […]”

37. Concluyó, conforme a lo expuesto, que no se acreditó el tercer elemento para la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, puesto que no se probó que los dineros públicos hayan sido destinados a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución Política, la ley o el reglamento, o que su destinación tenía la finalidad de obtener un incremento patrimonial para el accionado o para terceros.

38. Precisó que:

por la Constitución Política, la ley o el reglamento, o que su destinación tenía la finalidad de obtener un incremento patrimonial para el accionado o para terceros.

38. Precisó que:

“[…] si bien es cierto se allegó acta de posesión No.036 en la que consta que se designó a la señora Carolina Acosta Martínez como Docente Temporal de Aula de la Secretaría de Educación de Girardot – Cundinamarca a partir del 1 de marzo de 2024, periodo que fue concomitante con el desempeño como contratista del Concejo, no es menos cierto que en el hecho 3 de la demanda el extremo de la pate (sic) actora manifiesta que ella “nunca mencionó su otra vinculación al Magisterio”, afirmación que es corroborada en el hecho 2 de la contestación de demanda por la parte accionada cuando indica que la vinculación de esta con la docencia oficial “ no fue consultada o informada al Concejal demandado, ni al supervisor del contrato ”, por manera que, al no haber controversia sobre esta situación, se tiene como un hecho probado.

En este orden de ideas, el actuar de la señora Carolina Acosta Martínez, al margen de la responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales que le puedan acarrear, en nada compromete la responsabilidad del Concejal Jorge Enrique Hernández Mayorga, ni permite que se configure en su contra la causal de indebida destinación de recursos públicos, pues él, en atención al contrato suscrito y al cumplimiento y entrega de productos pactados en el mismo tenía el deber contractual y legal de pagar los honorarios acordados, sin que le fuese posible sustraerse, sobre todo, al tener nulo conocimiento de que la contratista se había posesionado como docente del Magisterio Municipal.

y legal de pagar los honorarios acordados, sin que le fuese posible sustraerse, sobre todo, al tener nulo conocimiento de que la contratista se había posesionado como docente del Magisterio Municipal.

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de junio de 202314, decidió un asunto sobre pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, en la cual argumentó que, “la indebida destinación de dineros públicos se concreta cuando un miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público, de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la

14 Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia del 16 de junio de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 54001-23-33-000-2022-00165-01 (PI) Demandante: Crisanto Sánchez Pérez8

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Constitución, la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero.” (resaltado fuera del texto), por tal, es dable decir que la conducta realizada por el demandado tenía como objetivo desarrollar sus obligaciones como Presidente del Concejo y cumplir con el contrato suscrito con la señora Carolina Acosta Martínez, quien por demás manifestó no tener inhabilidades e incompatibilidades para la contratación, situación que impide evidenciar en este proceso el cumplimiento de los criterios para declarar configurado el elemento objetivo y por tanto, probada la causal

quien por demás manifestó no tener inhabilidades e incompatibilidades para la contratación, situación que impide evidenciar en este proceso el cumplimiento de los criterios para declarar configurado el elemento objetivo y por tanto, probada la causal alegada por el señor Diego Alejandro Herrera Arias. […]” (negrilla y subrayado del texto).

39. Manifestó finalmente que, en la medida en que no estaban reunidos los requisitos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, se tornaba innecesario el análisis del elemento subjetivo de culpabilidad.

I.5. El recurso de apelación15

40. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la solicitud.

41. Estimó que el accionado, en su condición de presidente de la mesa directiva del Concejo Municipal de Girardot para la vigencia 2024 y ordenador del gasto habría incurrido en indebida destinación de dineros públicos, puesto que:

“[…] Considero que incurrió en dicha causal dado que su condición de presidente del concejo del municipio de Girardot ordenó reconocer y pagar los honorarios que la contratista suscribió con el respectivo contrato y respecto a las exculpaciones que manifiesta la defensa del concejal demandado para justificar su conducta, tampoco son de recibo por este demandante en el sentido de que su obrar fue que desconocía que la contratista tenía otra vinculación con el Magisterio, como es sabido es, que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para incumplir las normas y menos pretender

son de recibo por este demandante en el sentido de que su obrar fue que desconocía que la contratista tenía otra vinculación con el Magisterio, como es sabido es, que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para incumplir las normas y menos pretender ser relevado de las consecuencias legales que ello acarrea, máxime si la causal endilgada, esto es, la indebida destinación de dineros públicos prevista en el Art. 48 numeral 4 de la ley 617 de 2000, no contempla causal de justificación alguna, cómo si las consagró el legislador para las indicadas en los numerales 2 y 3.

Tampoco es causal de exoneración el hecho de que la contratista haya renunciado un mes antes de la terminación de ese contrato en el concejo municipal, por cuanto la falta, de todas maneras, se configuró, al haber ordenado un gasto.

Cabe señalar que la sala plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 30 de mayo de 2000 (expediente número AC -9877, Consejero Ponente Germán Rodríguez Villamizar se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida de stinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador (sic) de esta causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales pre establecidos en la constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros si autorizados p ero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran

cometidos estatales pre establecidos en la constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros si autorizados p ero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial

15 Cfr. Índice 47, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.9

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personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas”. […]”

I.6. Trámite del recurso de apelación

42. Mediante auto de 3 de junio de 202516, se concedió el recurso de apelación interpuesto por el accionante en contra de la sentencia de 5 de mayo de 2025.

43. En auto de 27 de junio de 202 517 se resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto por el accionante y se corrió traslado del auto admisorio a la parte accionada y al agente del Ministerio Público, por el término de tres (3) días.

44. La parte accionada intervino dentro del término mencionado y reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso18. El agente del Ministerio Público, por su parte, presentó el Concepto núm. 302 -25 de 10 de julio de 2025 19, en el cual

concluyó que:

argumentos expuestos a lo largo del proceso18. El agente del Ministerio Público, por su parte, presentó el Concepto núm. 302 -25 de 10 de julio de 2025 19, en el cual concluyó que:

“[…] De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada respecto del concejal demandado, no se configura la causal contemplada en el artículo 48-4 de la Ley 617 de 2000 y en el artículo 55 -2 de la Ley 136 de 1994, relacionada con la indebida destinación de recursos públic