CE - Sentencia 25000231500020250015701 de 2025

Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 25000-23-15-000-2025-00157-01

Demandante: CONSORCIO VÍA SUPATÁ 2019

Demandados: JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

BOGOTÁ, SECCIÓN TERCERA

Temas: Tutela contra acto administrativo - Requisito de subsidiariedad.

Mora judicial - Confirma.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante, contra la sentencia del 1° de abril de 2025, en virtud de la cual el Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente el amparo por carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Cundinamarca Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente el amparo por carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 17 de marzo de 20251, el señor César Augusto Bocanegra Romero, actuando en calidad de representante legal del Consorcio Vías Supatá 2019 2, instauró acción de tutela contra el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá , Sección Tercera, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al trabajo.

Lo anterior, por la supuesta mora judicial injustificada en que ha incurrido la autoridad judicial accionada para para decidir sobre el proceso de controversias contractuales con radicad o con radicado 11001-33-36-035-2022-00382-00 instaurado por el Consorcio Vía Supatá 2019 contra el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), en el que solicitó, además, se ordene la adopción de medidas cautelares de suspensión provisional de los actos demandados.

1Tutela radicada el 17 de marzo de 2025 a través del aplicativo de: «tutela en línea» de la Rama Judicial. 2 Aportó el Registro Único Tributario de la DIAN en el que consta que el Representante Legal principal del Consorcio Vía Supatá 2019 es el señor César Augusto Bocanegra Romero.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera

del Consorcio Vía Supatá 2019 es el señor César Augusto Bocanegra Romero.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió: […] 3.1.1 Ordenar la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones No. 493 y 557 de 2022 expedidas por el jefe de la Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual del ICCU. 3.1.2 Ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022 proferida por el Subgerente de Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, “POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA ICCU-7162019 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAS SUPATA 2019 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU”, y de la Resolución No. 061 de 27 de enero de 2023, proferida por el mismo funcionario, “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO

DE REPOSICIÓN INTERPUESTO A LA RESOLUCIÓN 718 DE 2022, POR

mismo funcionario, “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO A LA RESOLUCIÓN 718 DE 2022, POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUI DA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE

OBRA ICCU -716-2019 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAS SUPATA

2019 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU”. 3.1.3 Ordenar la suspensión del proceso de ejecución coactiva que se encuentra adelantado el ICCU para el cobro de las sumas de dinero previstas en la Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022 antes mencionada. 3.1.4 Ordenar al ICCU efectúe el levantamiento de la medida de embargo y/o cualquier otra medida cautelar que se haya decretad o y/o practicado por dicha entidad en el marco del proceso coactivo que adelanta para el cobro de las sumas de dinero previstas en Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022 antes mencionada. 3.2 De manera subsidiaria solicito de manera respetuosa al Ho norable Tribunal Contencioso Administrativo de Bogotá, se sirva ordenar al Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera, en el proceso de controversias contractuales con el radicado identificado con el número de radicación 11 001333603520220038200 del CONSORCIO VÍA SUPATÁ 2019 contra el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, adoptar las siguientes medidas: 3.2.1 Ordenar la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones No.

contra el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, adoptar las siguientes medidas: 3.2.1 Ordenar la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones No. 493 y 557 de 2022 expedidas por el jefe de la Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual del ICCU. 3.2.2 Ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022 proferida por el Subgerente de Infraestructura del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, “POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE OBRA ICCU-7162019 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAS SUPATA 2019 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU”, y de la Resolución No. 061 de 27 de enero de 2023, proferida por el mismo funcionario, “POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSODemandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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DE REPOSICIÓN INTERPUESTO A LA RESOLUCIÓN 718 DE 2022, POR

MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE

OBRA ICCU -716-2019 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAS SUPATA

DE REPOSICIÓN INTERPUESTO A LA RESOLUCIÓN 718 DE 2022, POR

MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE

OBRA ICCU -716-2019 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO VIAS SUPATA

2019 Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU”. 3.2.3 Ordenar la suspensión del proceso de ejecución coactiva que se encuentra adelantado el ICCU para el cobro de las sumas de di nero previstas en la Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022 antes mencionada. 3.2.4 Ordenar al ICCU efectúe el levantamiento de la medida de embargo y/o cualquier otra medida cautelar que se haya decretado y/o practicado por dicha entidad en el marco del proceso coactivo que adelanta para el cobro de las sumas de dinero previstas en Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022 antes mencionada.3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Entre el Consorcio Vía Supatá 2019 -en adelante el Consorcio -, conformado por la s sociedades, Infraestructura y Vías SAS y Construmarc y el señor Santiago Sánchez Vesga, y el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -en adelante ICCUse suscribió el contrato No. 716-2019 con el objeto de « MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUPATÁ -PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ». A su vez,

ICCUse suscribió el contrato No. 716-2019 con el objeto de « MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUPATÁ -PACHO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ». A su vez, firmaron el contrato de interventoría ICCU 719 -2019 con el fin de « EJECUTAR LA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SUPATÁ - PACHO, DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA».

El 16 de febrero de 2022 las partes suscribieron acta de terminación anticipada del referido contrato y posteriormente, el interventor del contrato presentó informe de ejecución indicando las sumas a reintegrar por parte del Consorcio.

El 15 de diciembre de 2022 el Consorcio radicó demanda de contro versias contractuales contra el ICCU, con el fin de que se declarara la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) 493 de l 26 de septiembre de 20224; (ii) 557 de 2022 5 y, en consecuencia, se declare que el Consorcio no está obligado a pagar la cláusula penal. Además, solicitó que se liquide judicialmente el contrato de obra No. ICCU-716-2019.

La demandante pidió la adopción de medidas cautelares, consistentes en la suspensión provisional de: (i) las Resoluciones No. 493 de 2022 y 557 de 2022, y; (ii)

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores. 4 Por medio de la cual se declaró un incumplimiento parcial y definitivo del contrato de obra No. ICCU 716-2019 y se hace efectiva la cláusula penal.

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores. 4 Por medio de la cual se declaró un incumplimiento parcial y definitivo del contrato de obra No. ICCU 716-2019 y se hace efectiva la cláusula penal. 5 Por la que se resuelve de manera desfavorable un recurso de reposición en contra de la Resolución No. 493 de 2022.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

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4 el procedimiento administrativo contractual para liquidación unilateral del contrato de obra No. 716 de 2019.

El proceso se asignó al Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, quién inadmitió la demanda en auto del 24 de febrero de 2022, con el fin de que corrigieran estos yerros: (i) poder debidamente conferido; (ii) indicar el canal digital de comunicaciones de la demandante; (iii) informar el contacto de los testigos6.

Mediante memorial radicado el 2 de marzo de 2023 se subsanaron los requisitos exigidos, y, en consecuencia, se admitió la demanda mediante auto del 4 de agosto de 20237, cuya providencia se notificó al extremo pasivo del medio de control el día 25 del mismo mes y año . Por su parte ICCU allegó contestación el 21 de septiembre de 2023.

de 20237, cuya providencia se notificó al extremo pasivo del medio de control el día 25 del mismo mes y año . Por su parte ICCU allegó contestación el 21 de septiembre de 2023.

El 3 de noviembre de 2023 la actora presentó reforma a la demanda, en la que solicitó la declaratoria de nulidad de las Resoluciones (i) 718 del 28 de diciembre de 2022 por la que se realizó la liquidación unilateral del contrato de obra ICCU 716-2019 y; (ii) 061 del 27 de enero de 2023 que la confirmó. El juez del asunto la inadmitió en auto del 9 de agosto de 20248 con el fin de que la demandante acreditara el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial frente a las nuevas pretensiones.

La anterior providencia fue recurrida por la actora, y confirmada por el Juez, mediante auto del 19 de marzo de 20249. En la misma fecha decidió negar la medida cautelar10, decisión contra la que el litigante presentó recurso de apelación.

A renglón seguido, se indicó que mediante providencia del 21 de abril de 2025 11 el togado resolvió rechazar la reforma de la demanda del Consorcio , por no haber sido subsanada; contra esta decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

Al recurso se le dio traslado secretarial por el término de 3 días, desde el 9 al 13 de mayo de 202512.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Para la parte actora, aduce que el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de

mayo de 202512.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Para la parte actora, aduce que el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, vulneró las garantías invocadas ante la mora injustificada en

6 Índice 007 de Samai del proceso 11001333603520220038200. 7 Índice 016 de Samai del proceso 11001333603520220038200. 8 Índice 036 de Samai del proceso 11001333603520220038200. 9 Índice 055 de Samai del proceso 11001333603520220038200. 10 Índice 056 de Samai del proceso 11001333603520220038200. 11 Índice 062 de Samai del proceso 11001333603520220038200. 12 Índice 067 de Samai del proceso 11001333603520220038200.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

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5 resolver el litigio planteado en el medio de control de controversias contractuales , así como por la tardanza en resolver la solicitud de medidas cautelares pedida s con la demanda y la reforma de la misma.

Señaló que han pasado 2 años y cuatro meses desde que se solicitó la medida cautelar, y un año y cuatro meses desde que se elevó una solicitud adicional, sin que se hayan decidido aún, lo que genera retrasos indebidos en la jurisdicción y perjuicios

Señaló que han pasado 2 años y cuatro meses desde que se solicitó la medida cautelar, y un año y cuatro meses desde que se elevó una solicitud adicional, sin que se hayan decidido aún, lo que genera retrasos indebidos en la jurisdicción y perjuicios a la tutelante debido al embargo de sus cuentas y créditos, lo que le impide la fluidez de los recursos para la ejecución de otros contratos y el pago de obligaciones básicas con sus miembros.

Por otro lado, solicitó que se adopten las medidas cautelares de suspensión provisional de los actos demandados en el proceso ordinario, esto es, la s Resoluciones: 493 de 2022 «por medio de la cual se declara un incumplimiento parcial y definitivo del contrato de obra No. ICCU 716 -2019 y se hace efectiva la cláusula penal» ; 557 de 2022 que confirmó l o decidido en la referida resolución; 718 de 2022 por la que se realizó la liquidación unilateral del contrato de obra ICCU 716-2019, y; 067 de 2023 que resolvió un recurso de reposición y confirmó la anterior.

Asimismo, pidió que se suspenda el proceso de cobro coactivo adelantado por el ICCU para el cobro de las sumas de dinero previstas en la Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022.

Lo anterior, en tanto indicó que el Juzgado que conoce del asunto , no lo ha resuelto, lo que le causa grandes perjuicios al patrimonio, al buen nombre y al derecho al trabajo, dado que, en su sentir, el cobro efectuado por el ICCU en el proceso de cobro coactivo resulta arbitrario e ilegal. Por ello pidió que sea el juez constitucional quién decida

dado que, en su sentir, el cobro efectuado por el ICCU en el proceso de cobro coactivo resulta arbitrario e ilegal. Por ello pidió que sea el juez constitucional quién decida sobre esta pretensión con el fin de prevenir o remediar la vulneración de sus derechos fundamentales.

1.5. Auto admisorio El 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a dmitió la acción de tutela y ordenó notificar al actor 13, y como accionado, al Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera14.

Asimismo, vinculó como tercero con interés en el proceso al ICCU15, por ser la parte demandada del proceso ordinario en el que se alega la mora.

13 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada a: bocanegracesar@gmail.com. 14 Índice 00 6 de Samai. La notificación fue realizada a: jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co; ofiapoyojadmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. 15 Índice 006 de Samai. La notificación fue realizada a: notificacionesjudiciales@mincit.gov.co; german.melendez@cundinamarca.gov.coDemandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

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6 1.6. Intervenciones

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6 1.6. Intervenciones

1.6.1. ICCU 16

El director jurídico de la entidad allegó respuesta el 20 de marzo de 2025 en la que explicó que, ante el posible incumplimiento por parte del Consorcio frente a las obligaciones del Contrato ICUU 716 de 2019, según el informe del supervisor, procedió con el inicio de un proceso sancionatorio administrativo No. 2022 -011 con el fin de hacer efectiva la cláusula penal del referido convenio.

Indicó que, dentro del proceso se profirió la Resolución No. 493 de 2022 que fue debidamente notificada el sancionado, en la que se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal. Decisión que fue recurrida por el contratista, y confirmada por el ICCU mediante la Resolución 557 de 2022.

A renglón seguido, inició el cobro coactivo de las obligaciones adeuda das, en el que se libró mandamiento de pago el 8 de marzo de 2023. Sin que se propusieran excepciones previas por la aquí tutelante. Refirió que dadas las razones del incumplimiento trasladó copia a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que investigue las irregularidades y posible delito de «peculado y falsedad».

Señaló que, una vez culminado el proceso sancionatorio se liquidó unilateralmente el contrato en la Resolución 718 de 2022 y 061 de 2023.

Aunado a lo anterior explicó que la parte accionante ya ha interpuesto otras acciones

Señaló que, una vez culminado el proceso sancionatorio se liquidó unilateralmente el contrato en la Resolución 718 de 2022 y 061 de 2023.

Aunado a lo anterior explicó que la parte accionante ya ha interpuesto otras acciones de tutela contra decisiones proferidas en el medio de control de controversias contractuales. Citó el proceso de radicado 110014303 006 2023 00019 00 tramitado por el Juzgado Sexto de Ejecución Civil Municipal, que declaró improcedente el mecanismo que pretendía dejar sin efectos la Resolución 718 de 2022.

Finalmente manifestó que este mecanismo se torna improcedente en tanto el medio de control idóneo para dirimir el litigio es el de controversias contractuales que actualmente cursa ante el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera.

1.6.2. Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera 17

El titular del despacho accionado rindió informe el 21 de marzo de este año, en el que hizo un resumen de lo acontecido en el proceso de controversias contractuales adelantado por el Consorcio contra el ICCU.

16 Índice 010 de Samai. 17 Índice 011 de Samai.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

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7 Indicó que, para poder dar trámite al medio de control ha solicitado a la demandada la remisión de pruebas necesarias, como lo es, (i) el expediente del procedimiento sancionatorio contra el Consorcio ; ( ii) el de cobro coactivo, (iii) el contrato de consultoría; (iv) los antecedentes precontractuales y contractuales.

Además, puso de presente que la parte demandante ha radicado varias acciones de tutela, por lo que debió solicitar copia de cada expediente al despacho encargado. Al recibir los procesos encontró que en todos se declaró improcedente el mecanismo por no ser la vía judicial idónea para ventilar las pretensiones referidas a continuación.

(i) En el proceso No. 11001400301120220099900 se solicitó la inaplicación de la Resolución 493 de 2022 que declaró el incumplimiento parcial del contrato de obra ICCU-716-2019 e hizo efectiva la cláusula penal. (ii) En el expediente con radicado 1001430300620230001900 pidió la suspensión de los efectos jurídicos de la Resolución N° 718 del 28 de diciembre de 2022 que liquidó el contrato, confirmada con Resolución N° 061 del 27 de enero de 2023. (iii) En la tutela de número 11001410501220230022300 solicitó la suspensión de la resolución N° 718 de 2022 y la resolución 061 de 2023 materia de la presente acción constitucional, revocar el acto administrativo encaminado a hacer efectiva

resolución N° 718 de 2022 y la resolución 061 de 2023 materia de la presente acción constitucional, revocar el acto administrativo encaminado a hacer efectiva dicha liquidación unilateral hasta tanto no se falle de fondo por parte del Juzgado 35 Administrativo de lo Contencioso.

Por lo anterior, advirtió que se puede avizorar una eventual temeridad de la tutelante, comoquiera que las pretensiones pedidas en este mecanismo coinciden con las solicitadas en las acciones de tutela referidas.

Además, indicó que la solicitud de medidas cautelares fue resuelta y que en el asunto sometido a su conocimiento han de venido circunstancias externas que impidieron el normal desarrollo del mismo.

1.7. Sentencia de primera instancia18

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C , en sentencia del 1° de abril de 202519 declaró improcedente el amparo por carencia actual de objeto por hecho superado.

Previo a decidir de fondo descartó que se configurara la temeridad por parte del Consorcio dado que, frente a las acciones de tutela anteriores, de radicados 11001400301120220099900; 11001410501220230022300 y 11001430300620230001900 no se cumple con la identidad de partes, pues en esas la parte accionada era el ICCU y en este caso, el accionado es el Juzgado 35

18 Índice 019 de Samai. 19 Magistrados que suscribieron la providencia: Fernando Iregui Camelo, José Élver Muñoz Barrera y Andrew Julián Martínez Martínez.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Andrew Julián Martínez Martínez.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Se cción Tercera . Aunado a que, consideró que lo que alega en el presente asunto es la presunta mora judicial.

Con respecto a la mora judicial concluyó que, si bien la solicitud de medida cautelar no se resolvió dentro del plazo legal, esta se decidió en el auto del 19 de marzo de 2015, contra la cual se presentó recurso de apelación por la demandante, por lo que, a su juicio, desapareció el hecho al que se le atribuía la presunta vulneración de las garantías invocadas, por lo que coligió la carencia actua l de objeto por hecho superado.

Frente a la pretensión de que en sede tutela se suspendan los efectos de los actos administrativos demandados en el proceso de controversias contractuales, argumentó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que este no es el mecanismo idóneo para tal fin, y la decisión al respecto le compete al juez natural en el asunto sometido a su conocimiento.20

1.8. Impugnación21 La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia argumentado iterando que requiere que se adopten las siguientes decisiones: i) suspender los

el asunto sometido a su conocimiento.20

1.8. Impugnación21 La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia argumentado iterando que requiere que se adopten las siguientes decisiones: i) suspender los efectos de las Resoluciones No. 493 y 557 de 2022, y de las Resoluciones No. 718 de 28 de diciembre de 2022 y 0 61 de 27 de enero de 2023, todas ellas proferidas por el Subgerente de l ICCU, (ii) suspender el proceso de ejecución coactiva que se encuentra adelantado por el ICCU para el cobro de las sumas de dinero previstas en la Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022 antes mencionada, y (iii) ordenar el levantamiento de la medida de embargo y/o cualquier otra medida cautelar que se haya decretado y/o practicado por dicha entidad en el marco del proceso coactivo que adelanta para el cobro de las sumas de dinero previstas en la Resolución No. 718 de 28 de diciembre de 2022. Indicó que el ICCU no tenía competencia para liquidar de manera unilateral el contrato, pues el Consorcio ya había radicado la demanda de controversias contractuales que conoce actualmente la autoridad judicial accionada, por lo que, a su juicio, resulta clara la causa l de nulidad de dichos actos administrativos. Asimismo, consideró que la misma suerte tendrían las resoluciones que se expidieron dentro del procedimiento sancionatorio y el de cobro coactivo. Por lo anterior, consideró necesario y urgente la adopción de l as medidas cautelares de suspensión de los actos administrativos proferidos por el ICCU, pues con estos se genera un perjuicio irremediable a la parte

sancionatorio y el de cobro coactivo. Por lo anterior, consideró necesario y urgente la adopción de l as medidas cautelares de suspensión de los actos administrativos proferidos por el ICCU, pues con estos se genera un perjuicio irremediable a la parte

20 Este último apartado que hace referencia a la improcedencia por no cumplir con el requisito de subsidiariedad fue expuesto en la parte motiva de la providencia, no obstante, no hizo parte de la parte resolutiva de la misma. 21 Como la sentencia se notificó el 10 de abril de 2025, pero la vacancia judicial transcurrió entre el 12 al 20 de abril de la anualidad, y el memorial de impugnación se radicó el día 22 del mismo mes y año , el recurso se presentó dentro del término oportuno.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 tutelante, y a los integrantes del Consorcio, quienes tienen actualmente restringido el uso de sus recursos. Solicitó que se tenga en cuenta que el proceso de controversias contractuales puede tardar años o meses en ser decidido, tiempo en el que se causaría un daño de los derechos e intereses de los miembros del Consorcio.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el Consorcio Vía

derechos e intereses de los miembros del Consorcio.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por el Consorcio Vía Supatá 2019 conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme con lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte accionante, el material probatorio recaudado y la decisión emitida en primera instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la sentencia proferid a por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera, Subsección C , el 1° de abril de 2025. Para lo cual, se deberá abordar el siguiente interrogante:

• ¿El Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Tercera, incurrió en mora judicial al no resolver sobre las solicitudes de medida cautelar de suspensión provisional de los actos demandados y decidir el litigio planteado en el medio de control de controversias contractuales con radicado 11001 -3336-035-2022-00382-00?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada; (iv) carencia actual de objeto; (v) el carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia excepcional

generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada; (iv) carencia actual de objeto; (v) el carácter subsidiario del mecanismo constitucional y su procedencia excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso administrativo; (vi) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.Demandante: Consorcio Vía Supatá 2019

Demandado: Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

Sección Tercera Radicado: 25000-23-15-000-2025-00157-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable22.

2.4. Derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia

sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable22.

2.4. Derecho al debido proceso y al acceso a la