CE - Sentencia 25000231500020250023501 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00235-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: LIZETH MILENA FIGUEREDO BLANCO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO

FRENTE A LA SUPUESTA AFECTACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL

DE PETICIÓN. SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN

SU LUGAR, SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SUPERADO RESPECTO A LA MORA JUDICIAL ALEGADA POR

LA ACTORA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN , DEBIDO PROCESO Y

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 30 de abril de 2025, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1, que denegó el amparo solicitado.

1 En adelante el Tribunal.2

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Actora: LIZETH MILENA FIGUEREDO BLANCO

1 En adelante el Tribunal.2

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Actora: LIZETH MILENA FIGUEREDO BLANCO

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LIZETH MILENA FIGUEREDO BLANCO , actuando a través de apoderado judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición , al debido proceso y a la tutela judicial efectiva , los cuales estima vulnerados por el JUZGADO 602 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE B OGOTÁ D.C. 2 al no haber dado respuesta a las solicitudes de impulso procesal presentada s el 3 de diciembre de 202 4 y 11 de marzo de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 11001-33-35-15-2019-00208-00; y por haber incurrido en una presunta mora judicial ante la omisión de pronunciamiento sobre el acuerdo conciliatorio en el citado proceso.

I.2.- Hechos

Indicó que el 15 de mayo de 2019 radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2019-00208-00, que

2 En adelante el Juzgado.3

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2019-00208-00, que

2 En adelante el Juzgado.3

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en reparto le correspondió al JUZGADO 15 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ, despacho judicial que admitió la demanda, corrió traslado de notificación de esta y concedió el término para alegar de conclusión.

Advirtió que el 25 de noviembre de 2021 ingresó el expediente al JUZGADO, en razón a la medida transitoria de descongestión establecida en los acuerdos PCSJA23-12034 del 17 de enero de 2023 y PCSJA23-12055 de 31 de marzo de 2023.

Sostuvo que, estando el expediente al Despacho para proferir la sentencia, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 3, el 19 de septiembre de 2024, allegó un acuerdo conciliatorio el cual fue aceptado por la parte demandante ; y que desde la fecha de radicación del citado acuerdo han transcurrido más de seis meses sin que haya habido pronunciamiento alguno por el JUZGADO al respecto, pese a los impulsos procesales efectuados el 3 de diciembre de 2024 y 11 de marzo de 2025.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

que haya habido pronunciamiento alguno por el JUZGADO al respecto, pese a los impulsos procesales efectuados el 3 de diciembre de 2024 y 11 de marzo de 2025.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que transcurridos más de tres años y cuatro meses de inactividad del proceso en el despacho accionado y después de más

3 En adelante Procuraduría.4

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de 6 meses desde que la PROCURADURÍA presentó propuesta conciliatoria, el JUZGADO no ha emitido pronunciamiento alguno, por lo que le está vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición y a la tutela judicial efectiva.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] 1. AMPARAR a la accionante los derechos fundamentales de PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y los que el Despacho llegue a considerar, con base en los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios planteados en el presente escrito de Tutela.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al JUZGADO SEISCIENTOS DOS (602) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ, que en el término perentorio de 48 horas responda las

de Tutela.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al JUZGADO SEISCIENTOS DOS (602) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ, que en el término perentorio de 48 horas responda las solicitudes de impulso procesal presentadas el 3 de diciembre 2024 y 11 de marzo de 2025, de este modo, proceda a continuar con el trámite procesal pertinente, esto es, proferir sentencia de primera instancia […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso judicial que dio origen a la presente acción de tutela , informó que dicho despacho es de carácter transitorio, lo que implica que la posibilidad de dar un trámite permanente y continuado al proceso es escasa, lo que descarta la posibilidad de incurrir en una falta de diligencia a los procesos a su5

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cargo.

Indicó que inició sus labores como juez de ese despacho el 14 de febrero de 2025 con un total de 1.987 expedientes, dentro de los cuales se encuentra el proceso origen de la controversia ; y que cuando se asignó tal proceso a ese despacho se encontraba en turno para proferir sentencia de primera instancia , sin evidenciar observación alguna frente al trámite del acuerdo conciliatorio allegado.

cuales se encuentra el proceso origen de la controversia ; y que cuando se asignó tal proceso a ese despacho se encontraba en turno para proferir sentencia de primera instancia , sin evidenciar observación alguna frente al trámite del acuerdo conciliatorio allegado.

Informó que conforme al plan de trabajo establecido por ese despacho, el proceso sería fallado en la semana que comprende del 26 al 30 de mayo de 2025; no obstante, en aras de dar respuesta a las solicitudes de la accionante, anotó que mantendría ese mismo rango de tiempo para pronunciarse sobre la aprobación o no del acuerdo conciliatorio.

Finalmente, solicitó dar por terminada la acción de tutela de la referencia y , en consecuencia, su archivo , por cuanto resolvió lo solicitado por la actora en las peticiones presentadas.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 30 de abril de 2025 , denegó6

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el amparo solicitado luego de realizar un análisis de l derecho al acceso a la administración de justicia y lo concerniente a la mora judicial, para lo cual hizo referencia a la sentencia SU 179/21 4 en la que se estudiaron los criterios para calificar la mora judicial como justificada o injustificada.

Luego de realizar un recuento de las actuaciones que se surtieron en

judicial, para lo cual hizo referencia a la sentencia SU 179/21 4 en la que se estudiaron los criterios para calificar la mora judicial como justificada o injustificada.

Luego de realizar un recuento de las actuaciones que se surtieron en el proceso objeto de la controversia y referirse a la respuesta dada por el JUZGADO a las solicitudes de la accionante , indicó que la actora no acreditó ser un sujeto de especial protección o encontrarse en una situación grave que ameritara alterar los turnos para adoptar la decisión que correspondiera en el trámite del proceso.

Preciso que la juez no ha cumplido seis meses en el despacho y que le fueron asignados 1.987 procesos , por lo que la carga laboral es alta. Que, sin embargo, aun con el número de expedientes a su cargo dio respuesta a las solicitudes formuladas por la actora , de ahí que consideró que la autoridad accionada no ha incurrido en mora injustificada o hubiera excedido e l plazo razonable para darle el trámite correspondiente al proceso lo que pone de presente la no vulneración de los derechos alegados por la accionante.

4 Sentencia de unificación 179 de 2021. Magistrado Ponente. Alejandro Linares Cantillo. Corte Constitucional.7

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia , insistiendo en que el JUZGADO incurrió en una mora judicial injustificada debido a que lleva más de tres años sin proferir una decisión definitiva y no le ha dado trámite al acuerdo conciliatorio allegado por la PROCURADURÍA, aceptado por la accionante.

Advirtió que el acuerdo conciliatorio fue producto de un análisis jurisprudencial y presupuestal con el fin de no saturar la administración de justicia con procesos que pueden ser una carga para la entidad, por lo que deb ió haberse emitido pronunciamiento sobre este.

Sostuvo que el proceso ha ingresado a cuatro descongestiones, lo que ha impedido que se le dé celeridad al mismo , por lo que no comparte el argumento del TRIBUNAL en el sentido de la no configuración de la mora judicial, pues , a su juicio , el expediente podría pasar entre una y otra descongestión sin resolverse , con la única justificación de que fue asignado a un nuevo juez.

Finalmente, alegó que la tardanza en el trámite del proceso no obedece al sistema de turnos asignados por cada despacho, pues en algunos procesos, que ingresaron en fechas posteriores, ya se ha8

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algunos procesos, que ingresaron en fechas posteriores, ya se ha8

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proferido sentencia, por lo que no resulta de recibo, en su caso, el argumento de la congestión judicial.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley9

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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley9

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2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva , los c uales estima vulnerados por el JUZGADO al no haber dado respuesta a la s solicitudes presentadas el 3 de diciembre de 2024 y 11 de marzo de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el numero único de radicación 2019-0020800; y al haber incurrido en una presunta mora judicial por no emitir pronunciamiento sobre el acuerdo conciliatorio allegado.

En el curso de la primera instancia el TRIBUNAL negó el amparo solicitado al considerar que la autoridad judicial accionada no ha bía incurrido en mora judicial injustificada, pues la juez no había cumplido seis meses en el cargo y tenía asignados 1.987 procesos,

solicitado al considerar que la autoridad judicial accionada no ha bía incurrido en mora judicial injustificada, pues la juez no había cumplido seis meses en el cargo y tenía asignados 1.987 procesos, por lo que al ser la carga laboral muy alta resultaba justificada la

5 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".10

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tardanza en la resolución del proceso.

En su impugnación la actora insistió en la vulneración de sus derechos fundamentales y en que el JUZGADO sí incurrió en mora judicial al no pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio allegado por la parte demandada, además de que han transcurrido m ás de tres años sin que el proceso tenga una decisión definitiva , lo que , a su juicio, no permite que se acrediten los presupuestos del plazo razonable.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la actora, previo a hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ante autoridades judiciales.

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de

tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente. Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al cao s a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de

núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-0002017-02583-00.12

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Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,

de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,

como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia13

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T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”

(Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferent es asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)7.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción

7 Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.14

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en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia8 que le asigna la ley9 […]”.

En ese entendido , la Sala observa que lo pretendido por la parte actora en las solicitudes presentadas el 3 de diciembre de 2024 y 11 de marzo de 2025 es que el JUZGADO dé impulso procesal y emita una decisión sobre el acuerdo conciliatorio allegado por la PROCURADURÍA dentro del medio de control de nulidad y

de marzo de 2025 es que el JUZGADO dé impulso procesal y emita una decisión sobre el acuerdo conciliatorio allegado por la PROCURADURÍA dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 2019-00208-00, asunto que corresponde al proceso judicial, por lo que , consecuente con lo anterior , la Sala declarará improcedente el amparo pretendido respecto de las solicitudes alegadas por la actora, por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si el JUZGADO incurrió en una mora judicial injustificada al no haber emitido pronunciamiento frente al acuerdo conciliatorio allegado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

8 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las siguientes características: “La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad. La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,

imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general”. 9 Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.15

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identificado con el numero único de radicación 2019-00208-00, promovido por la actora contra la Procuraduría General de la Nación.

Ello, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por esta Sección en sentencia de 17 de noviembre de 2017 10, según el cual en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de tutela bajo la égida de una posible afectación al derecho fundamental al debido proceso como consecuencia de haberse incurrido en una mora judicial, procede la Sala a analizar si en el caso sub examine se acreditó la mora judicial injustificada.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones procesales desarrolladas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 2019-00208-00, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran la mora judicial injustificada al no haberse resuelto respecto del acuerdo conciliatorio

restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 2019-00208-00, en aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los presupuestos que configuran la mora judicial injustificada al no haberse resuelto respecto del acuerdo conciliatorio propuesto por la entidad demandada.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y

10 Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de radicación: 11001 -03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela;

Demandado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.16

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estructural […] ”11 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 12 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrific ar

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrific ar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada.

Al respecto, la Corte13 ha manifestado en forma reiterada que:

11 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión , sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 12 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño 13 Ibidem.17

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“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad

ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 14. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que