CE - Sentencia 25000231500020250044001 de 2025

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

Demandante: Gian Andrei Gómez

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 25000-23-15-000-2025-00440-01

Demandante: GIAN ANDREI GÓMEZ Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Tema: Tutela contra acto administrativo que finaliz ó nombramiento en provisionalidad. Requisitos generales de procedencia – falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Gian Andrei Gómez contra la providencia de 20 de junio de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que resolvió:

«PRIMERO.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el señor Gian Andrei Gómez Sarmiento, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Notifíquese esta providencia a las partes en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Andrei Gómez Sarmiento, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Notifíquese esta providencia a las partes en la forma establecida por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. - Dentro del término legal, envíese el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisi ón; una vez regrese y si no hay orden alguna emitida por esa Corporación, por Secretaría, ARCHÍVESE el expediente, previas las constancias pertinentes.».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de junio de 2025, el señor Gian Andrei G ómez, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Procuraduría General de la Naci ón por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al mínimo vital, as í como el p rincipio de estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad, estabilidad laboral reforzada y protección familiar.

2. Que se ordene la suspensión inmediata de la Resolución No. 638 de 2025.

3. Que se disponga mi permanencia en el cargo hasta tanto se practique evaluaci ón objetiva y motivada.

4. Que se ordene a la Procuraduría General de la Naci ón abstenerse de desvincularme sin evaluación conforme a derecho.».

2. HechosRadicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

Demandante: Gian Andrei Gómez

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sin evaluación conforme a derecho.».

2. HechosRadicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

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De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Gian Andrei G ómez se desempeñ ó en provisionalidad, en el cargo de profesional especializado , grado 18 en la Direcci ón de Apoyo Estratégico de la Procuraduría General de la Naci ón, desde el 11 de diciembre de 2024 mediante Decreto núm. 0802 de la misma fecha.

La Procuraduría General de la Naci ón, mediante Resolución 638 del 4 de junio de 2025, dispuso no prorrogar en nombramiento en provisionalidad en el cargo desempeñado, por vencimiento del término legal.

Señaló que el referido acto administrativo adolece de falsa motivación porque durante el tiempo que permaneció en el cargo no le fue practicada evaluación de desempeño, además, afirmó que en su caso guarda similitud con la de otros funcionarios a los que sí les fue prorrogado el nombramiento , lo que considera vulneró el derecho fundamental a la igualdad.

Sostuvo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que no prorrog ó su vinculaci ón en la entidad y que dentro del trámite del medio de control solicit ó medida cautelar de suspensi ón provisional y

Sostuvo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que no prorrog ó su vinculaci ón en la entidad y que dentro del trámite del medio de control solicit ó medida cautelar de suspensi ón provisional y solicitud «de insistencia» de la medida . El medio de control fue tramitado bajo el radicado 25000-23-42-000-2025-00184-00 y, a la fecha, se encuentra en trámite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En intervención adicional el actor afirmó que el 13 de junio de 2025 a las 10:00 a.m., fue retirado físicamente del trabajo por orden verbal de la Directora del DAE, quien manifestó que actuaba por instrucci ón directa de la Direcci ón de Talento Humano , razón por la que se le impidi ó entregar el cargo, firmar acta, entregar equipos institucionales y diligenciar cualquier acci ón de calificación laboral, lo cual a su juicio constituye una restricción directa al ejercicio del derecho de defensa funcional y laboral y se genera un perjuicio irremediable, conforme con las sentencias T-763 de 2015 y SU-917 de 2010.

Expuso que el mismo día que fue retirado de las instalaciones remiti ó correo a la directora de la Unidad en el que solicitó autorización de ingreso para realizar la entrega de implementos, no obstante, su respuesta desconoció su solicitud bajo el argumento de haber vencido el plazo de tres días, sin ofrecer alternativa formal.

Agregó que, previo al retiro, puntualmente desde el 4 de junio de 2025, evidenci ó un patrón de presi ón institucional progresiva porque i) le retiraron funciones, ii)

Agregó que, previo al retiro, puntualmente desde el 4 de junio de 2025, evidenci ó un patrón de presi ón institucional progresiva porque i) le retiraron funciones, ii) bloquearon asignaciones y iii) emitieron comunicaciones reiteradas (11 de junio, 9:00 a.m. y 9:15 a.m.) con tono acusatorio, sin garantizarle el acceso real para la entrega de cargo ni que se oficializara su desvinculación de la entidad.

Explicó que lo anterior a su juicio constituye una forma de “acoso institucional pasivo, orientado al aislamiento funcional y al deterioro deliberado de condiciones laborales previas al retiro”.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor indicó que goza de estabilidad laboral reforzada porque es padre cabeza de familia con una hija menor de edad a ca rgo y es el único sustento económico de suRadicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

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padre adulto mayor , quien requiere de cuidados permanentes por su condici ón médica.

Manifestó que la desvinculación fue una decisión unilateral y arbitraria que vulneró los derechos fundamentales invocados en la medida en que la entidad no tenía una verdadera motivaci ón para su retiro , pues, ni siquiera , se realiz ó su evaluación de desempeño.

En el escrito adicional agregó como argumentos de inconformidad que, en su caso:

verdadera motivaci ón para su retiro , pues, ni siquiera , se realiz ó su evaluación de desempeño.

En el escrito adicional agregó como argumentos de inconformidad que, en su caso:

1. existe una violación al debido proceso por la desvinculación del cargo, sin permitir la entrega formal del cargo, ni evaluación, ni derecho a defensa, lo cual vulneró los principios esenciales del debido proceso administrativo.

1. La entidad demandada desconoce el artículo 2° del Decreto 1083 de 2015, que exige que los actos administrativos que afectan la situación de un servidor público deben ser expresos, motivados, congruentes, proporcionales y con fundamento objetivo.

1. Es necesario tener en cuenta precedentes jurisprudenciales como el expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia proferida en el expediente 11001 -0325-000-2016-00322-00 de la Sección Segunda en el que se indicó que: “el retiro de funcionarios provisionales debe fundarse en criterios objetivos, verificables y no arbitrarios, respetando el derecho a ser evaluado y la igualdad frente a situaciones similares”.

1. Dada la situaci ón vivida es claro que es víctima de trato desigual, discriminatorio y hostil por un esquema de exclusión deliberada, contrario al principio de igualdad y con efectos devastadores su proyecto de vida laboral.

1. Conforme con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T410 de 2019 la acción de tutela es procedente para proteger el debido proceso en casos de desvinculación arbitraria de funcionarios provisionales como es su caso.

4. Trámite previo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en auto

de desvinculación arbitraria de funcionarios provisionales como es su caso.

4. Trámite previo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en auto del 11 de junio de 2025 admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante y a la Procuraduría General de la Nación y negó la medida provisional solicitada.

Contra la decisión que negó medida provisional allegó escrito al que denominó recurso de reposición, en el que manifestó que hay lugar a acceder a la suspensión provisional del acto administrativo demandado porque considera que tal decisi ón no tuvo en cuenta pruebas debidamente allegadas y hechos determinantes en su situación.

Explicó que en su caso se encuentran acreditados los requisitos jurisprudencialmente exigidos por la Corte Constitucional para la procedencia de una medida provisional en tutela, conforme lo indica en los autos A-312 de 2018, A-259 de 2021 y A-680 de 2018 estos son:

1. Apariencia de buen derecho ( fumus boni iuris ): Se alega la violaci ón al debido proceso y derechos fundamentales al haber sido desvinculado sin calificación ni evaluación formal.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

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1. Peligro en la demora (periculum in mora): Se materializó el 13 de junio de 2025, cuando fue retirado físicamente del cargo, sin comunicación escrita ni acta de entrega.

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1. Peligro en la demora (periculum in mora): Se materializó el 13 de junio de 2025, cuando fue retirado físicamente del cargo, sin comunicación escrita ni acta de entrega.

1. Proporcionalidad: La suspensi ón temporal de la resoluci ón no afecta gravemente a la administración, pero protege derechos fundamentales de forma urgente y reversible.

5. Oposición

La Procuraduría General de la Naci ón (en adelante PGN) en escrito inicial solicit ó término adicional de tres días para efecto de ejercer su derecho de defensa y contradicción, por cuanto requirió información respecto la situación a la dependencia de la Procuraduría que tuvo conocimiento de los hechos objeto de acción.

En escrito adicional mencionó que en el caso objeto de estudio explicó que el Decreto núm. 0638 del 4 de junio de 2025, mediante el cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad del actor se encuentra debidamente motivado en aplicación de una causal objetiva, legal y su ficiente, como lo es el vencimiento del plazo.

Indicó que la decisi ón se fundament ó en el ejercicio de la facultad discrecional del nominador para no prorrogar un nombramiento en provisionalidad, cuando dicho término ha expirado y se estima necesario designar personal diferente para garantizar el mejoramiento del servicio.

En consecuencia, expreso que el acto administrativo en menci ón cumple con los requisitos formales y materiales de motivaci ón exigidos por el ordenamiento jurídico, sin que pueda conside rarse que se trate de una decisi ón arbitraria o carente de justificación.

requisitos formales y materiales de motivaci ón exigidos por el ordenamiento jurídico, sin que pueda conside rarse que se trate de una decisi ón arbitraria o carente de justificación.

Advirtió que en el caso objeto de estudio lo pretendido por el actor con la solicitud de amparo no es la protecci ón inmediata de un derecho fundamental, sino el cuestionamiento de l a legalidad de un acto administrativo de contenido particular, como lo es la resoluci ón que dispuso la no pr órroga del nombramiento en provisionalidad, lo cual desborda el ámbito de procedencia del mecanismo de amparo, pues esta únicamente procede de manera subsidiaria cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, o cuando se acredite la existencia de un perjuicio irremediable que justifique su utilización como mecanismo transitorio.

En raz ón a lo anterior, manifest ó que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la acci ón de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en el cual puede controvertir la legalidad del acto administrativo, por lo que la acción de tutela resulta improcedente, conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Respecto a la condición de padre cabeza de familia indicó que la Corte Constitucional en sentencia T -003 de 2018, precis ó que es necesario acreditar los siguientes requisitos:

«Para la Corte, la condici ón de padre o madre cabeza de familia se acredita cuando la persona: (i) tiene la responsabilidad permanente d e hijos menores o personas incapacitadas para trabajar, (ii) no cuenta con la ayuda de otros

requisitos:

«Para la Corte, la condici ón de padre o madre cabeza de familia se acredita cuando la persona: (i) tiene la responsabilidad permanente d e hijos menores o personas incapacitadas para trabajar, (ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia y (iii) su pareja murió, está ausente de manera permanenteRadicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

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o abandonó el hogar y se demuestra que esta se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad f ísica, sensorial, síquica o mental.»

Afirmó que en el caso objeto de debate el señor Gómez no ha demostrado que asuma en forma exclusiva y permanente la responsabilidad de la menor, ni que su pareja está ausente o eximida de dicha obligación, de igual forma, resaltó que de conformidad con la información suministrada por el Grupo de Talento Humano no obra en la historia laboral solicitud alguna por parte del accionante tendiente al reconocimiento de una calidad especial que implique estabilidad laboral reforzada, como lo es la de padre cabeza de familia.

Por otro lado, frente al argumento que es el único sustento de su padre adulto mayor quien se encuentra en condición médica que requiere cuidados permanentes, advirtió que las pruebas aportadas no llevan al convencimiento real y concreto de que efectivamente el padre depende exclusivamente de los recursos econ ómicos

quien se encuentra en condición médica que requiere cuidados permanentes, advirtió que las pruebas aportadas no llevan al convencimiento real y concreto de que efectivamente el padre depende exclusivamente de los recursos econ ómicos provenientes del actor, máxime cuando en la historia clínica aportada de 12 de febrero de 2025, el señor Fabio Gómez Ortega registra con ocupación pensionado y con tipo de afiliación cotizante, lo cual desvirtúa lo expuesto por el actor.

Frente a la vulneración al mínimo vital alegada por el actor manifestó que, pese a que el señor Gómez considera que, con el vencimiento del plazo de su nombramiento en provisionalidad, se produjo una presunta vulneraci ón del derecho al mínimo vital, en su caso dicha vulneración no se configura toda vez que su única fuente de ingresos no provenía del salario percibido por su vinculación en provisionalidad con la PGN.

Como soporte de lo anterior precis ó que en la actualidad el act or se encuentra vinculado mediante contrato de prestaci ón de servicios con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA desde el 1º de marzo del 2025 hasta el 27 de agosto de 2025 cuyo objeto es “Prestar servicios profesionales de car ácter temporal, orientando la Formación Profesional Integral, as í como otras actividades que se deriven de los procesos formativos de acuerdo con la programaci ón”, vinculación vigente y que le permite percibir ingresos y, por tanto, satisfacer sus necesidades b ásicas, al efecto aportó la siguiente imagen:

Además, señaló que es propietario de un bien inmueble , tal y como consta en la siguiente captura de pantalla:Radicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

aportó la siguiente imagen:

Además, señaló que es propietario de un bien inmueble , tal y como consta en la siguiente captura de pantalla:Radicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

Demandante: Gian Andrei Gómez

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Precisó que evidenciar la afectaci ón real al derecho fundamental al m ínimo vital la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que se exige la demostración efectiva de una situación de desprotección real y concreta, en la que el actor carezca de toda posibilidad de subsistencia digna.

En ese sentido, el hecho de que en la actualidad el actor mantenga una relaci ón contractual vigente con una entidad p ública, como el SENA , impide configurar una situación de indefensión económica, máxime cuando no se aportó elemento probatorio alguno que acredite la insuficiencia de sus ingresos actuales o la imposibilidad de atender sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.

Aunado a que el accionante cuenta con formaci ón profesional en Ingenier ía de Sistemas, disciplina que le permite acceder oportunidades laborales en el sector privado, dada la alta demanda en el mercado actual.

Señaló que es posible concluir que no existe afectaci ón alguna del m ínimo vital, cuando existen elementos probatorios que permiten afirmar la existencia de una fuente de ingresos, como ocurre en este caso, razón por la cual resulta improcedente

Señaló que es posible concluir que no existe afectaci ón alguna del m ínimo vital, cuando existen elementos probatorios que permiten afirmar la existencia de una fuente de ingresos, como ocurre en este caso, razón por la cual resulta improcedente la acci ón de tutela por la inexistencia de un perjuicio irremediable y por falta de acreditación de la vulneración de un derecho fundamental.

Señaló que en el caso del actor se está en presencia de inexistencia de vulneración de derechos fundamentales derivada de la terminación de la provisionalidad por vencimiento del plazo del nombramiento , porque de conformidad con el art ículo 125 de la Constitución Política, el régimen general de ingreso, permanencia y ascenso en los empleos p úblicos debe regirse por las disposiciones que regulan la carrera administrativa, salvo en los casos expresamente exceptuados , como los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoci ón, los de trabajadores oficiales y aquellos que la ley determine.

Explicó que esa entidad cuenta con un régimen especial de carrera administrativa, regulado por el Decreto Ley 262 de 2000, normativa bajo la cual fue expedido el acto administrativo objeto de controversia y en virtud de la mencionada norma se estableció el marco normativo que regula el sistema de ingreso y retiro del servicio, los movimientos de personal, las situaciones administrativas de los servidores de la entidad y los requisitos exigidos para ejercer como agente del Ministerio Público.

En efecto, indicó que el nombramiento en provisionalidad no constituye una forma de definitiva de vinculaci ón, sino una medida transitoria y revocable, cuya naturaleza jurídica excluye cualquier expectativa de estabilidad o permanencia, aunado a que no

En efecto, indicó que el nombramiento en provisionalidad no constituye una forma de definitiva de vinculaci ón, sino una medida transitoria y revocable, cuya naturaleza jurídica excluye cualquier expectativa de estabilidad o permanencia, aunado a que no se ha acreditado el ingreso por mérito.

Expuso que de conformidad con el artículo 185 del Decreto Ley 262 de 2000, en caso de vacancia definitiva de un empleo de carrera, el Procurador General de la Naci ón podrá proveerlo mediante nombramiento en provisionalidad a cualquier persona que también reúna los requisitos del cargo, sin que esta última deba pertenecer al sistema de carrera.

Esta facultad, que responde a necesidades del servicio permite garantizar la continuidad de la funci ón pública y no implica la adquisici ón de derechos de carrera por parte del servidor provisional, cuya permanencia está supeditada al término delRadicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

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nombramiento, a su prórroga discrecional o a la provisión definitiva del cargo mediante concurso de méritos.

De igual forma, precisó que en el artículo 188 del Decreto 262 de 2000 se indic ó que la duraci ón de la provisionalidad podr á hacerse “hasta por seis (6) meses. El término respectivo podrá prorrogarse por un período igual”. De tal manera, que la permanencia en el cargo de un empleado vinculado en provisionalidad no modifica la condici ón legal de provisionalidad y mucho menos constituye una causal que

término respectivo podrá prorrogarse por un período igual”. De tal manera, que la permanencia en el cargo de un empleado vinculado en provisionalidad no modifica la condici ón legal de provisionalidad y mucho menos constituye una causal que justifique la prórroga indefinida de este tipo de nombramiento, debido a que se produce en cumplimiento de disposiciones legales que así lo permiten.

Adujo que esta disposici ón normativa no solo estableci ó el plazo o t érmino de los nombramientos en provisionalidad, sino que atribuye al Procurador General de la Nación la facultad discrecional de prorrogarlos o no.

Por lo anterior, explic ó que existe una facultad legal discrecional en cabeza del Procurador General de la Naci ón de prorrogar o no los nombramientos en provisionalidad, sin que alguna de las dos opciones prevalezca sobr e la otra. Como fundamento a lo expuesto citó la sentencia C-503 de 2020 de la Corte Constitucional.

En la misma l ínea argumentativa sostuvo que la referida facultad discrecional encuentra además sustento en el numeral 6 del artículo 158 del Decreto Ley 262 de 2000, en el que se mencionó que la provisionalidad puede terminarse por expiraci ón del término legalmente previsto, es decir, por “vencimiento del período”, razón por la que está constituye una causal objetiva y legalmente habilitada para la desvinculación del servidor, de igual forma enfatiz ó que esta previsi ón normativa se encuentra desarrollada de forma complementaria en el artículo 188 del Decreto Ley 262 de 2000, el cual establece que el nombramiento en provisionalidad podrá extenderse por un periodo igual al inicialmente conferido, y en ciertos supuestos hasta que culmine el

desarrollada de forma complementaria en el artículo 188 del Decreto Ley 262 de 2000, el cual establece que el nombramiento en provisionalidad podrá extenderse por un periodo igual al inicialmente conferido, y en ciertos supuestos hasta que culmine el respectivo proceso de selecci ón, pero siempre bajo la facultad discrecional del Procurador General de la Nación.

Resaltó que el mencionado artícul o ha sido objeto de control de constitucionalidad y ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional en las sentencias C -077 de 2004, C-785 de 2005 y C-503 de 2020, por lo cual conserva plena vigencia y validez.

Respecto de la presunta estabilidad laboral reforzada como padre cabeza de familia, aclaró que esta garant ía no implica una estabilidad absoluta ni constituye una limitación a la facultad legal de la entidad de dar por terminado el nombramiento provisional, porque la jurisprudencia ha establecido que el reconocimiento a dicha protección exige acreditar una situaci ón especial de vulnerabilidad en la que se acredite que la persona:

(i) Tiene la responsabilidad perman ente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar. (ii) No cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia. (iii) Su pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar y se demuestra que esta se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental.

Que, en el caso objeto de estudio, los documentos aportados por el actor no permiten

su pareja se encuentre presente pero no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental.

Que, en el caso objeto de estudio, los documentos aportados por el actor no permiten acreditar el cumplimiento de los citados requisitos, en particular, el acta de audienciaRadicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

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de 6 de julio de 2021, proferida por el Juzgado Quinto de Oral de Familia de C úcuta, en la cual se establece que la custodia y cuidado personal de la menor son ejercidos de manera compartida , circunstancia que excluye la configuraci ón de la calidad de padre cabeza de familia en los términos exigidos por la Jurisprudencia.

Aunado a ello, de acuerdo con lo informado por el Grupo de Gesti ón Personal – División de Gestión Humana al actor “NO se le ha reconocido ninguna calidad que le otorgue estabilidad laboral reforzada (pre -pensionado, acoso laboral, padre cabeza de familia, condición médica especial o discapacidad, o fuero sindical), según consulta a la fecha de las bases de datos que gestiona esta división”.

Así las cosas, concluy ó que no se evidencia la debilidad manifiesta que permita el reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, ni se justifica con ello la procedencia de la acción de tutela como mecanismo principal. Por lo tanto, reiteró que el actor dispone con un medio ordinario para controvertir el acto administrativo.

reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, ni se justifica con ello la procedencia de la acción de tutela como mecanismo principal. Por lo tanto, reiteró que el actor dispone con un medio ordinario para controvertir el acto administrativo.

Solicitó que se declare la improcedencia de la acci ón de tutela de la referencia o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la misma al no evidenciarse una actuación violatoria de derechos fundamentales, ni una situaci ón excepcional que habilite la intervención del juez constitucional frente a una decisión adoptada conforme al marco normativo aplicable.

6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en sentencia del 16 de junio de 2025, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple con el requisito general de subsidiariedad, explic ó que contra el acto administrativo que cuestiona el demandante procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , el cual se encuentra en trámite y en el que además cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares en raz ón a la urgencia que alega.

Explicó que, aunque la solicitud de amparo procede como mecanismo transitorio , en el caso objeto de estudio no se acredita ron los presupuestos para habilitarlo de manera excepcional, pues, si bien, el actor aleg ó ser padre cabeza de familia, no aportó ninguna clase de prueba como soporte frente a lo expuesto.

En la misma oportunidad resolvió el recurso de reposición que el actor ejerció contra la decisión que neg ó la medida cautelar y precisó en la parte considerativa que de

aportó ninguna clase de prueba como soporte frente a lo expuesto.

En la misma oportunidad resolvió el recurso de reposición que el actor ejerció contra la decisión que neg ó la medida cautelar y precisó en la parte considerativa que de conformidad con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el único recurso que procede en la acción de tutela es la impugnación que puede ser ejercida dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. Explicó que, el referido decreto que regula la acción de tutela no estableció recurso alguno contra el auto que admite la acción por lo que no es procedente el recurso interpuesto.

Asimismo, indicó que el término adicional solicitado por la PGN para dar contestación a la solicitud de amparo no sería otorgado , porque de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 el plazo para que las partes alleguen informes será de uno a tres días y se fijará según sea la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación.

Por último, señaló que la referida norma en el art ículo 20 prevé que, si “el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entraráRadicado: 25000-23-15-000-2025-00440-01

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a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”, por lo cual manifestó que en ese caso daría aplicación a dicha presunción.

7. Impugnación

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a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”, por lo cual manifestó que en ese caso daría aplicación a dicha presunción.

7. Impugnación

El actor reiter ó los argumentos del escrito inicial e impugn ó la decisión de primera instancia al considerar que hay lugar a acceder a las pretensiones de la solicitud de amparo por su situación de estabilidad laboral reforzada.

Además, insistió en que se debe acceder a la suspensión inmediata de los efectos de la Resolución 638 del 3 de junio de 2025, por medio de la cual finalizó su nombramiento provi