CE - Sentencia 25000231500020250045201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Paipa, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 25000-23-15-000-2025-00452-01

Accionante: FRANCENED RAMÍREZ LUNA

Accionado: JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial – confirma: niega.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida en primer grado por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 27 de junio de 2025. En ese fallo se negaron las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Francened Ramírez Luna, actuando en nombre propio, presentó

acción de tutela contra el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá1. Con su solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, al acceso a la administración de justicia «oportuna y cumplida, dignidad humana, los principios de confianza legítima y demás del mismo rango que encuentre vulnerados el despacho».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del auto del 14 de mayo de 2025 , proferido por el Juzgado 25

mismo rango que encuentre vulnerados el despacho».

2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del auto del 14 de mayo de 2025 , proferido por el Juzgado 25

Administrativo de Bogotá, al interior de la acción de tutela identificada con radicado 11001-33-35-025-2025-00056-00. En la mencionada providencia la autoridad judicial se abstuvo de abrir un incidente de desacato.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Solicito, al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, AMPARAR 1 El escrito de tutela fue radicado el 13 de junio de 2025.Accionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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los derechos fundamentales invocados y descritos y, en su lugar, REVOQUE o DEJE SIN EFECTOS el Auto del Juzgado 25 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá. Como consecuencia, ORDENE proferir una nueva decisión en el incidente de desacato que se ajuste p lenamente a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. ORDENE a la UARIV realizar las actuaciones específicas que exige la accionante, como: a) Aplicar el Método Técnico de Priorización, de manera transparente y verificable, y que el resultado, así como el sustento del mismo incluyendo su

2. ORDENE a la UARIV realizar las actuaciones específicas que exige la accionante, como: a) Aplicar el Método Técnico de Priorización, de manera transparente y verificable, y que el resultado, así como el sustento del mismo incluyendo su puntaje, el puntaje mínimo de corte para la presente vigencia y el presupuesto asignado para indemnizaciones no priorizadas le sea comunicado de forma clara, detallada y comprensible. b) Si, tras la aplicación del MTP, no resulta priorizada, que la entidad informe el turno correspondiente para el desembolso o, alternativamente, un plazo cierto y razonable en el que se efectuará el pago, que no supere los 60 días establecidos por el Honorable Consejo de Estado incluso para los casos no priorizados como el presente. c) ORDENAR a la Unidad para las Victimas informar el turno o plazo, y acredite la imposibilidad de un pago más pronto presentando evidencia concreta de: -, El universo total de víctimas con derecho a indemnización administrativa a quienes se aplicó el MTP en la vigencia fiscal actual o la que se aplicará próximamente. -, La lista o número de víctimas priorizadas y pagadas en la vigencia actual y la justificación de la priorización frente al presente caso si aplica. -, El monto total del presupuesto asignado para el pago de indemnizaciones administrativas (priorizadas y no priorizadas) en la vigencia fiscal actual y una explicación de cómo se distribuyen o agotan esos recursos. -, Información objetiva que sustente la comparativa de vulnerabilidad que justifique el turno de espera asignado al grupo familiar de la accionante frente a otras víctimas. -, EXHORTAR a la Unidad para las Victimas emitir los oficios remisorios ante

-, Información objetiva que sustente la comparativa de vulnerabilidad que justifique el turno de espera asignado al grupo familiar de la accionante frente a otras víctimas. -, EXHORTAR a la Unidad para las Victimas emitir los oficios remisorios ante cada una de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Victimas SNARIV para que dentro de la órbita de sus competencias vinculen a la accionante a la oferta estatal; como fue solicitado […]

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. La señora Francened Ramírez Luna presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en lo sucesivo UARIV), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, igualdad, debido proceso y dignidad.

6. Ello, con ocasión de la falta de respuesta de fondo a las solicitudes que radicó los días 3 y 14 de diciembre de 2024 y mediante las cuales pidió el pago de la indemnización administrativa por hecho victimizante de desplazamiento

forzado.Accionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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7. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado 25 Administrativo de Bogotá. Dicha autoridad judicial, mediante providencia del 26 de febrero de

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7. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado 25 Administrativo de Bogotá. Dicha autoridad judicial, mediante providencia del 26 de febrero de 2025, amparó el derecho fundamental de petición de la señora Ramírez Luna y negó la protección de las demás garantías fundamentales solicitadas 2. En consecuencia, le ordenó a la UARIV dar respuesta a la petición elevada por la actora, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la decisión.

8. Inconforme con la anterior decisión, la UARIV y la accionante presentaron impugnación. La primera, por su parte, indicó que tal entidad dio respuesta a las peticiones los días 3 y 16 de diciembre de 2024 y ambos fueron debidamente notificados. Agregó que, en tales oportunidades le informó a la peticionaria sobre el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y la aplicación del método técnico de priorización.

9. Por su parte, la señora Ramírez Luna, expresó que el a quo no reconoció de manera adecuada sus derechos fundamentales. Al tiempo que, la UARIV no le notificó las respuestas a las que hizo referencia, situación que transgredió su derecho de contradicción y debido proceso.

10. En sentencia del 25 de marzo de 2025, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia. En consecuencia, amparó los derechos de petición y debido proceso de la accionante y le ordenó a la directora técnica de reparaciones de la Unidad para las Víctimas, Zoraida Hernández Pedraza o quien hiciera sus veces:

instancia. En consecuencia, amparó los derechos de petición y debido proceso de la accionante y le ordenó a la directora técnica de reparaciones de la Unidad para las Víctimas, Zoraida Hernández Pedraza o quien hiciera sus veces:

[…] que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la providencia, proceda a realizar el estudio de las condiciones que presenta el grupo familiar de la actora, y a aplicar el Método Técnico de Priorización, y los criterios de priorización establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019, para la asignación de turno y pago de la indemnización administrativa. En caso de que se determine por parte de dicha entidad que las mismas no son suficientes para priorizar la entrega de la medida de indemnización administrativa, se le indique a Francened Ramírez Luna el turno que le corresponde para hacer efectivo el desembolso o el plazo cierto en que se efectuará el pago de la medida, exponiendo los motivos que sustenten la decisión adoptada, evaluando minuciosamente los elementos técnico y de contexto, de acuerdo a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. [Sic]

11. El 28 de abril de 2025, la accionante presentó incidente de desacato al considerar que la entidad demandada incumplió con la orden contenida en el fallo de tutela 26 de febrero de 2025 y confirmada en sentencia de segunda instancia del 25 de marzo de 2025.

12. El 29 de abril del presente año, se dio traslado del incidente a la autoridad 2 El proceso de tutela se identificó con radicado 11001-33-35-025-2025-00056-00.Accionante: Francened Ramírez Luna

12. El 29 de abril del presente año, se dio traslado del incidente a la autoridad 2 El proceso de tutela se identificó con radicado 11001-33-35-025-2025-00056-00.Accionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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judicial.

13. Mediante memorial del 7 de mayo de 2025, la actora adujo que la entidad le dio respuesta el 11 de abril del mismo año le informó a la accionante que no tenía el resultado final y definitivo de la aplicación del método técnico de priorización para la vigencia fiscal 2025, y la disponibilidad presupuestal. Por ende, le era imposible cumplir con la orden alternativa del juez de fijar fecha y turno cierto.

14. En auto del 8 de mayo de 2025, el juzgado accionado puso en conocimiento de la autoridad enjuiciada tal memorial y esta, a su turno, indicó el método técnico de priorización arrojó un método un resultado no favorable. De ahí que, era imposible informar fecha cierta de pago de indemnización.

15. Por lo anterior, en providencia del 14 de mayo de 2025 el juzgado se abstuvo de abrir incidente de desacato e instó a la directora técnica de reparaciones de la Unidad para las Víctimas a continuar aplicando anualmente el método técnico de priorización, con el fin de establecer el turno para el respectivo

abstuvo de abrir incidente de desacato e instó a la directora técnica de reparaciones de la Unidad para las Víctimas a continuar aplicando anualmente el método técnico de priorización, con el fin de establecer el turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida a la accionante y su grupo familiar, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de 25 de marzo de 2025.

1.4. Sustento de la vulneración

16. El accionante indicó que la autoridad judicial demandada no verificó si la UARIV dio cumplimiento a la parte de la orden que exigía indicar el turno que le corresponde o el plazo cierto en caso de que no hubiera lugar a la priorización para el reconocimiento efectivo de su indemnización administrativa, aun cuando ello resultaba contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y el mismo juez de la segunda instancia quien había concluido que la falta de fecha de pago cierto contradecía el derecho a la reparación integral.

17. Afirmó que el juzgado accionado «prevaricó, al no verificar el cumplimiento del fallo de tutela; y que las razones que tuvo en cuenta para declarar no abrir desacato fueron sustentadas en consideraciones que no son propias del incidente de desacato» [Sic].

18. Acto seguido, alegó que, con la decisión, la autoridad judicial incurrió en los siguientes requisitos específicos de procedencia de tutela contra providencia

judicial:

• Falta de motivación: al no demostrar de forma suficiente por qué aceptó que era imposible dar una fecha cierta o turno futuro como lo ordenó el Tribunal. - Defecto procedimental: al aceptar la aplicación del método con resultado

judicial:

• Falta de motivación: al no demostrar de forma suficiente por qué aceptó que era imposible dar una fecha cierta o turno futuro como lo ordenó el Tribunal. - Defecto procedimental: al aceptar la aplicación del método con resultado desfavorable como justificación para no exigir una fecha cierta, sin queAccionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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aquello pueda considerarse como un aspecto propio del incidente de desacato. - «Quebrantamiento de la Constitución»: aunque citó jurisprudencia que respalda la aplicación del método de priorización y las limitaciones presupuestales, al no garantizar la fijación de un plazo o turno cierto futuro a pesar de la mora reconocida por el tribunal, la dejó en un estado de incertidumbre indefinida, en contravía de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, tutela judicial efectiva, reparación integral, etc. - Orgánico: porque se alejó totalmente de su deber funcional, desconoció el procedimiento y debido proceso aplicable al caso concreto. - Sustantivo. Desconoció las reglas del trámite de incidente desacato dispuestas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y el precedente jurisprudencial contenido en sentencia C-367 de 2014 que establece que la decisión del incidente debe adoptarse dentro de los 10

dispuestas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y el precedente jurisprudencial contenido en sentencia C-367 de 2014 que establece que la decisión del incidente debe adoptarse dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la solicitud. - Fáctico: no valoró adecuadamente las pruebas, dado que reabrió el debate procesal que ya había precluido procesalmente en el trámite de la tutela.

19. De otro lado, afirmó que la sentencia SU-034 de 2018 demostraba de forma fehaciente que la UARIV tiene la capacidad y el procedimiento para fijar una fecha o turno, sin que pueda exonerarse en una orden que ya demostró cumplir en el pasado y que fue base para que sus funcionarios fueran exonerados de responsabilidad en un caso previo.

1.5. Trámite de primera instancia

20. Por medio del auto del 13 de junio de 2025, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado al Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Además, dispuso la vinculación como tercero con interés de la UARIV.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

21. La autoridad judicial explicó que mediante providencia del 14 de mayo de 2025 se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato promovido dentro de la acción de tutela 11001-33-35-025-2025-00056-00, tras considerar que la UARIV había acatado la orden emanada por el Tribunal de Cundinamarca, pues

la acción de tutela 11001-33-35-025-2025-00056-00, tras considerar que la UARIV había acatado la orden emanada por el Tribunal de Cundinamarca, pues había aplicado el método técnico de priorización a la accionante y a su grupo familiar.

22. En lo que concierne a una fecha cierta de pago, precisó que no era posibleAccionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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su determinación, so pena de quebrantar el derecho a la igualdad de aquellas personas que de tiempo atrás están a la espera de tales desembolsos porque el resultado del método técnico de priorización les había sido desfavorable. Además, porque no se le podía obligar a lo imposible.

23. Para sustentar lo anterior, indicó que el despacho había hecho referencia a la sentencia SU-034 de 2018 que justamente se había referido a hechos similares, así como a diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en el que también se debatieron asuntos como aquel y en los que se dispuso el levantamiento de la sanción por desacato dada la imposibilidad jurídica de establecer una fecha cierta o plazo para el pago de indemnización.

24. En vista de lo anterior, adujo que dicho operador judicial no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora y pidió que se negaran las pretensiones acá elevadas.

1.6.2. UARIV

24. En vista de lo anterior, adujo que dicho operador judicial no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora y pidió que se negaran las pretensiones acá elevadas.

1.6.2. UARIV

25. Solicitó que se niegue la solicitud de amparo toda vez que no ha vulnerado los derechos invocados por la parte actora. De forma subsidiaria, pidió que se declare la improcedencia, toda vez que la Unidad de Víctimas carece de legitimación para atender lo pretendido.

26. Al respecto, la autoridad precisó que no tiene competencia para revocar el auto que decidió sobre el incidente de desacato en la acción de tutela con radicado 11001-33-35-025-2025-000566-00. Por el contrario, señaló que su fin natural es realizar un acompañamiento a las personas incluidas en el RUV como víctimas del conflicto armado a acceder a los beneficios que restable zcan los derechos que les fueron arrebatados en el momento de ocurrencia de los hechos que padecieron.

27. En ese sentido, hizo una exposición del procedimiento administrativo para otorgar la medida de indemnización administrativa en los términos de la Resolución 1049 de 2019 y las etapas que deben ser agotadas. También indicó que ha actuado dentro de los límites impuestos por el debido proceso administrativo y el principio de legalidad.

1.7. Sentencia de primera instancia

28. Mediante providencia del 27 de junio de 2025, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de amparo. Como fundamento de su decisión, consideró que no se identificaba alguno de los defectos alegados en relación con la decisión objeto de reproche.

Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de amparo. Como fundamento de su decisión, consideró que no se identificaba alguno de los defectos alegados en relación con la decisión objeto de reproche.

29. En concreto, el a quo indicó que la autoridad accionada había examinado y valorado los elementos de juicio arribados al expediente; en particular, el informe rendido por la UARIV en el que se habría dado aplicación alAccionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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procedimiento establecido para la priorización de los pagos de indemnización administrativa mediante el método técnico de priorización.

30. Sin embargo, evidenció que la UARIV había realizado lo ordenado en el fallo de tutela, dado que el 9 de abril de 2025 realizó un nuevo análisis de priorización realizado cuyo resultado no fue favorable para la entrega de la medida indemnizatoria. Por lo tanto, estimó que la decisión proferida en el trámite del incidente no encuadraba dentro de ninguno de los supuestos de los defectos contra providencia judicial.

1.8. Impugnación

31. La actora iteró en su mayoría las alegaciones presentadas desde el escrito contentivo de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la

contentivo de la solicitud de amparo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de junio de 2025 por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

33. Antes de resolver el asunto sometido a estudio a esta Sala de decisión, es necesario precisar que aun cuando la parte actora le adjudicó a la providencia objeto del presente mecanismo constitucional varios defectos, su argumento central parte de la inconformidad de que el juez de tutela hubiera dado por cumplidas las órdenes emitidas en sentencia del 25 de marzo de 2025 por la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca únicamente a partir de la aplicación del método técnico de priorización adelantado por la UARIV.

34. Adujo que tal decisión perpetúa la situación de indefinición e indeterminación de las condiciones para el disfrute de sus derechos como víctima del conflicto armado; especialmente, el de reparación integral reconocido por la misma Carta Política, toda vez que desconoce la fecha cierta para el pago de la indemnización administrativa que se le reconoció a su favor y de la cual no tiene certeza del desembolso efectivo.

35. En su sentir, lo correcto era seguir el procedimiento dispuesto por el

indemnización administrativa que se le reconoció a su favor y de la cual no tiene certeza del desembolso efectivo.

35. En su sentir, lo correcto era seguir el procedimiento dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 para el trámite del incidente de desacato y, por lo tanto, pidió que se le ordenara al juzgado accionado adoptar una decisión que se ajusteAccionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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a lo concedido en la acción de tutela, de modo que se pueda revisar a detalle si se cumplieron los presupuestos reconocidos en la acción constitucional como un todo y no solo limitada a la aplicación del método técnico de priorización.

36. En vista de lo anterior y, en caso de superarse el análisis de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Sala abordará el caso concreto a partir de la posible configuración de un defecto procedimental absoluto en conjunto con la presunta violación de la Constitución Política, toda vez que aquellos yerros encuadran dentro de los argumentos centrales de la solicitud de amparo.

2.3. Legitimación en la causa

37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea

37. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

38. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la señora Francened Ramírez Luna está legitimada en la causa por activa, toda que fue la accionante al interior de la tutela identificada con el radicado 11001-33-35-025-2025-0005600.

39. De otro lado, la Sala evidencia que el Juzgado 25 Administrativo de Bogotá está legitimado en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser la autoridad judicial que profirió la providencia que se cuestiona por esta vía y a la que se le adjudica la transgresión ius fundamental.

2.4. Problemas jurídicos

40. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado, los informes presentados, el escrito de impugnación y el estudio oficioso del caso, a la Sala le corresponde determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 27 de junio de 2025 dictada por la

Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

41. Para esto, le corresponde a la Sala resolver si

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales?

42. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

examinará lo siguiente:

● ¿El Juzgado 25 Administrativo de Bogotá vulneró los derechos

contra providencias judiciales?

42. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala

examinará lo siguiente:

● ¿El Juzgado 25 Administrativo de Bogotá vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Francened Ramírez Luna, al proferir el auto del 14 de mayo de 2025 al interior de la acción de tutela con radicado 11001-Accionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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33-35-025-2025-00056-00, mediante la cual se abstuvo de abrir incidente de desacato?

43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 3. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5.

momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema4. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales5.

45. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20146. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 7 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente

manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad 3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

reseñado. 5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 7 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.Accionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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tutela.Accionante: Francened Ramírez Luna Accionado: Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25000-23-15-000-2025-00452-01

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procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido