CE - Sentencia 25000231500020250059001 de 2025

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

Demandante: Municipio de Soacha

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

Demandante: MUNICIPIO DE SOACHA

Demandados: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de fondo porque no se cumple el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – La accionante cuenta con otros mecanismos judiciales idóneos para cuestionar la falta de notificación del auto admisorio de la demanda / Artículo 134 del Código General del Proceso – La nulidad por falta de notificación puede alegarse en la diligencia de entrega, como excepción en la ejecución de la sentencia o mediante el recurso de revisión / PERJUICIO IRREMEDIABLE – La parte actora no demostró que los medios judiciales existentes no sean idóneos y eficaces, ni probó encontrarse en una situación que por su inminencia y gravedad amerite la intervención urge nte del juez de tutela.

demostró que los medios judiciales existentes no sean idóneos y eficaces, ni probó encontrarse en una situación que por su inminencia y gravedad amerite la intervención urge nte del juez de tutela.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se decla ró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 18 de julio de 2025, el Municipio de Soacha interpuso acción de tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso2 y de acceso a la administración de justicia3, al haberse proferido sentencia condenatoria en su contra en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-009-2023-00184-00, sin haberle notificado el auto admisorio de la demanda, impidiendo su participación y defensa en el trámite. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual, con posibles errores

incluidos):

(i) Admitir la presente acción de tutela, al acreditarse su procedencia excepcional contra providencias judiciales, dada la vulneración evidente del derecho fundamental al debido proceso del Municipio de Soacha – Secretaría de Educación.

1 Se advierte que el 19 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

al debido proceso del Municipio de Soacha – Secretaría de Educación.

1 Se advierte que el 19 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Concretamente, las garantías de defensa y contradicción. 3 La parte actora también estimó desconocidos los principios de legalidad y publicidad.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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(ii) Decretar como medida provisional, conforme al artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, la suspensión inmediata de los efectos de la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso promovido por Sonia Cárdenas Corredor contra el Municipio de Soacha – Secretaría de Educación, así como de cualquier actuación o trámite que implique su ejecución, hasta tanto se resuelva de fondo la presente acción de tutela.

(iii) Ordenar, como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales invocados, la nulidad de la actuación procesal surtida dentro del proceso ordinario identificado , desde el auto admisorio de la demanda inclusive, por no haberse notificado al Municipio de Soacha en debida forma, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa.

(iv) Ordenar al juez ordinario competente que, una vez declarada la nulidad, rehaga las actuaciones procesales conforme a la ley, con plena observancia de los derechos de defensa y contradicción del Municipio de Soacha – Secretaría de

(iv) Ordenar al juez ordinario competente que, una vez declarada la nulidad, rehaga las actuaciones procesales conforme a la ley, con plena observancia de los derechos de defensa y contradicción del Municipio de Soacha – Secretaría de Educación, garantizando el principio de igualdad procesal.

(v) Oficiar a la autoridad judicial o administrativa que tramite la solicitud de cumplimiento, para que se abstenga de adoptar cualquier decisión que implique el pago de la condena impuesta, mientras se surte el trámite de esta tutela y hasta tanto se resuelva definitivamente.

(vi) Cualquier otra medida que el despacho considere necesaria para garantizar el amparo de los derechos fundamentales invocados.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes

supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la señora Sonia Cárdenas Corredor demandó a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional d e Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Distrito de Bogotá, al Municipio de Soacha – Secretaría de Educación y a la Fiduciaria la Previsora S.A.

(Fiduprevisora), con el fin de que se ejerciera control de legalidad del acto ficto o presunto originado por el silencio de la administración frente a la petición del 30 de abril de 2021, a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

4. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-35-009-2023-00184-00 y correspondió,

a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

4. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-35-009-2023-00184-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá , que, en sentencia del 24 de septiembre de 2024 accedió a las súplicas de la demanda y condenó a la Secretaría de Educación de So acha a reconocer y pagar a favor de la señora Cárdenas Corredor la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, es decir, un día de salario por cada día de retardo para el periodo compre ndido entre el 6 de marzo y el 27 de julio de 2024 (144 días).

5. Según informó la ahora accionante, la sentencia antes identificada fue proferida sin que se le hubiera notificado el auto admisorio de la demanda y, por supuesto, ningún trámite posterior; de modo que, sólo tuvo conocimiento de que fue condenada cuando la señora Cárdenas Corredor radicó la solicitud de pago de la condena.

6. En el escrito de tutela, la entidad accionante alegó que la imposición de una condena en su contra sin la notificación del auto admisorio de la demanda configura un defecto procedimental absoluto que atenta contra su derecho al debido proceso, impidiéndoseleRadicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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ejercer su derecho a la defensa, formular excepciones, aportar pruebas o interponer recursos. Asimismo, señaló que dicha irregularidad constituye una causal de nulidad, imposible de sanear con la sola firmeza de la sentencia.

B. Trámite impartido e intervenciones

7. Mediante auto del 22 de julio de 2025 4, el despacho sustanciador del proceso en primera instancia admitió la acción de tutela.

8. El Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá5 informó que mediante auto del 29 de agosto de 2023 admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida po r la señora Sonia Cárdenas Corredor contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Distrito de Bogotá – Alcaldía de Soacha – Secretaría de Educación - Fiduciaria la

Previsora S.A. (Fiduprevisora).

9. Sin embargo, aunque en el auto admisorio se dispuso la vinculación de la Secretaría de Educación del Municipio de So acha y se ordenó su respectiva notificación, por un error secretarial la provi dencia se notificó sin incluir a dicha entidad y, al ingresar el proceso nuevamente con la contestación de la demanda, el Despacho tampoco se percató de la irregularidad.

10. Así, admitió que el proceso se adelantó sin la intervención del Municipio de Soacha

proceso nuevamente con la contestación de la demanda, el Despacho tampoco se percató de la irregularidad.

10. Así, admitió que el proceso se adelantó sin la intervención del Municipio de Soacha – Secretaría de Educación y, el 24 de septiembre de 2024, se dictó sentencia condenatoria en su contra. En ese sentido, adujo que, con ocasión de la notificación de la presente acción constitucional, estima necesario declarar la nulidad de lo actuado y suspender la ejecución de la sentencia, por lo cual, oficiosamente, ordenó a la secretaría el ingreso inmediato del proceso al despacho para surtir el trámite correspondiente de nulidad y sanear la actuación.

11. En consecuencia, destacó que las medidas adoptad as, tendientes a subsanar el yerro anotado enmarcan su actuación en el ordenamiento jurídico, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y autonomía judicial.

12. Además, en escrito posterior de ampliación de su intervención 6, alegó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para subsanar la irregularidad evidenciada, pues, en su criterio, la accionante tenía a su disposición otros medios de defensa ordinarios o extraordinarios para procurar la protección de sus derechos fundamentales. En particular, se refirió a que el Municipio bien pudo presentar un memorial ante el despacho solicitando la nulidad de lo actuado o promover un recurso extraordinario de revisión, teniendo en cuenta que los cargos expuestos recaían sobre una eventual incongruencia de la decisión.

13. Mediante memorial radicado el 28 de ju lio de 2025, el Municipio de So acha se

teniendo en cuenta que los cargos expuestos recaían sobre una eventual incongruencia de la decisión.

13. Mediante memorial radicado el 28 de ju lio de 2025, el Municipio de So acha se pronunció frente al informe antes expuesto . Indicó que, contrario a lo sostenido por la autoridad judicial demandada, no tenía otros mecanismos idóneos para que se

4 Samai, índice 4 del expediente de tutela de primera instancia. 5 Samai, índice 8 del expediente de tutela de primera instancia. 6 Samai, índice 9 del expediente de tutela de primera instancia.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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subsanara la irregularidad advertida, pues la nulidad procesal era improcedente, por encontrarse el fallo ejecutoriado y en etapa de cumplimiento. Al respecto, indicó que pretender que el Municipio de Soacha subsane la ausencia de integración del contradictorio, a través de una nulidad que se tramite dentro del mismo expediente que lo excluyó, no es razonable ni garantista, y convierte el derecho fundamental al debido proceso en una simple expectativa sujeta a corrección facultativa.

14. Por último, indicó que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando se acredite una violación consumada al derecho fundamental al debido proceso, como ocurre en el caso de estudio, la acción de tutela no debe ser condicionada a la existencia de otros mec anismos ordinarios o extraordinarios, especialmente si estos no resultan eficaces para evitar o revertir el perjuicio.

ocurre en el caso de estudio, la acción de tutela no debe ser condicionada a la existencia de otros mec anismos ordinarios o extraordinarios, especialmente si estos no resultan eficaces para evitar o revertir el perjuicio.

15. Mediante sentencia del 28 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró i mprocedente la solicitud de amparo, decisión contrra la cual la parte actora interpuso impugnación.

16. El 5 de septiembre de 2025 , ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

17. El 26 de septiembre de 2025 , se declaró la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia y de todas las actuaciones surtidas con posterioridad a la misma, a fin de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca integrara en debida forma el contradictorio, toda vez qu e omitió vincular a la señora Sonia Cárdenas Corredor, demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y a las demás entidades allí demandadas.

18. El 3 de octubre de 2025 , la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto que ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el superior y, en consecuencia, ordenó la vinculación de la señora Sonia Cárdenas Corredor, así como de la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el Distrito de Bogotá y la Fiduciaria

La Previsora S.A.

19. La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, mediante memorial del 14 de octubre

de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), el Distrito de Bogotá y la Fiduciaria La Previsora S.A.

19. La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, mediante memorial del 14 de octubre de 2025 7, refirió que no tiene legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación del proceso de tutela, por cuanto en el marco de sus funciones no ha vulnerado derecho alguno del accionante y quien estaría llamado a responder por los hechos referidos en el escrito de tutela sería el Juzgado Noveno Administ rativo de

Bogotá.

20. La señora Sonia C árdenas Corredor , el 14 de octubre de 2025 8, se pronunció al respecto y señaló que la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de inmediatez, por cuanto se supera el lapso razonable de seis meses señalado en la jurisprudencia sin que se demostrara justificación de tal demora por parte del accionante.

7 Samai, índice 33 del expediente de tutela de primera instancia. 8 Samai, índice 34 del expediente de tutela de primera instancia.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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21. La Fiduprevisora, mediante memorial del 21 de octubre de 2025 9, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, así como su desvinculación por no tener legitimación en la causa por pasiva ; no obstante , los argumentos de defensa fueron expuestos

improcedente la acción de tutela, así como su desvinculación por no tener legitimación en la causa por pasiva ; no obstante , los argumentos de defensa fueron expuestos respecto de una tutela interpuesta en contra del Juzgado 56 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales no guardan relación con el proceso de la referencia.

22. La Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) pese a haber sido debidamente notificadas del presente trámite, no presentaron pronunciamiento alguno dentro del término concedido.

C. Fallo impugnado

23. En sentencia del 17 de octubre de 202510, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela por: i) no satisfacer el requisito de inmediatez; ii) porque la irregularidad procesal que se alegó en la demanda ya está siendo corregida y; iii) por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

24. En primer lugar, expuso que no se cumplió el requisito de inmediatez, dado que entre la sentencia proferida en el proceso ordinario y la presentación de la solicitud de amparo constitucional transcurrió más de un año, sin que el Municipio de Soacha hubiera ofrecido una justificación válida para tal tardanza, desatendiendo así el plazo jurisprudencialmente razonable de seis meses.

25. En segundo lugar, estimó que tampoco se superó el requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante contaba con mecanismos ordinarios y extraordinarios idóneos para cuestionar la irregularidad procesal alegada -en particular, la solicitud de nulidad procesal

25. En segundo lugar, estimó que tampoco se superó el requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante contaba con mecanismos ordinarios y extraordinarios idóneos para cuestionar la irregularidad procesal alegada -en particular, la solicitud de nulidad procesal y el recurso extraordinario de revisión - y, además, la irregularidad advertida ya estaba siendo corregida dentro del proceso ordinario por el juez natural mediante el trámite de nulidad previsto en el artículo 133 del Código General del Proceso, el cual se encontraba en curso, evidenciando que la vía judicial ordinaria seguía siendo eficaz para la garantía del debido proceso.

26. Finalmente, declaró probada la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Secretaría de Educación Distrital, por no tener participación alguna en la actuación judicial reprochada, razón por la cual las desvinculó del trámite.

D. Impugnación

27. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso impugnación11.

28. En cuanto al requisito de inmediatez, sostuvo que el a quo aplicó de manera errónea dicho presupuesto al tomar como punto de referencia la fecha de expedición de la sentencia ordinaria, pese a que esta nunca fue notificada al Municipio de Soacha. Indicó

9 Samai, índice 36 de expediente de tutela de primera instancia. 10 Samai, índice 38 de expediente de tutela de primera instancia. 11 Samai, índice 42 de expediente de tutela de primera instancia.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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11 Samai, índice 42 de expediente de tutela de primera instancia.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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que el conocimiento real de la decisión solo se produjo cuando fue requerido para atender su cumplimiento, momento a partir del cual la entidad actuó de inmediato. Explicó que exigir el cómputo desde una providencia desconocida contra dice la jurisprudencia constitucional que ordena flexibilizar la inmediatez cuando el afectado no pudo accionar por razones objetivas, como la ausencia absoluta de notificación.

29. Respecto de la subsidiariedad, afirmó que el Tribunal valoró de manera insuficiente la existencia de mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa, sin verificar si estos eran efectivamente utilizables por la entidad accionante. Sostuvo que la falta absoluta de notificación del auto admisorio impidió la conformación válida de la relación procesal y, en consecuencia, privó al municipio de cualquier posibilidad real de ejercer contradicción, como interponer recursos o acudir al mecanismo extraordinario de revisión. En tal escenario, los medios judiciales identificados por el a quo no podían considerarse idóneos, pues nunca estuvieron a disposición material del ente territorial, lo que torna procedente la intervención del juez constitucional.

30. Añadió que el trámite de nulidad oficiosa anunciado por el Juzgado Noveno Administrativo quedó en un limbo procesal, pues hasta el momento, no ha generado la

procedente la intervención del juez constitucional.

30. Añadió que el trámite de nulidad oficiosa anunciado por el Juzgado Noveno Administrativo quedó en un limbo procesal, pues hasta el momento, no ha generado la corrección efe ctiva del defecto procedimental alegado. Por tal motivo, sostuvo que la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia persiste.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del

Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 17 de octubre de 2025 , proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró improcedente la petición de amparo.

G. Análisis de la Sala

33. Subsidiariedad. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y,

ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

34. La subsidiariedad consiste en impedir que la ac ción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y laRadicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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ley determinan una serie de mecanismos judiciale s igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

35. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrar io, la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en presencia de un perjuicio irremediable, es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio.

36. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de

mera indemnización del perjuicio.

36. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos fundamentales.

37. En el caso concreto, el Municipio de Soacha pretende que se declare la nulidad de la actuación procesal surtida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-009-2023-00184-00, desde el auto admisorio de la demanda inclusive, por no habérsele notificado en debida forma, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa.

38. De entrada, al igual que el a quo, la Sala encuentra que la pretensión del demandante no puede ser estudiada de fondo, toda vez que se incumple el requisito de procedibilidad alusivo a la subsidiariedad.

39. En primer lugar, la Sala encuentra probado que e l Municipio de Soacha, si bien fue demandado dentro del proceso en el que se dictó la providencia que se discute en sede de tutela, no fue notificado del auto admisorio de la demanda, por lo cual no tuvo oportunidad de enterarse de la existencia del proceso, sino hasta el momento en que la parte actora le solicitó el cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida en su contra.

40. Frente a lo anterior, se tiene que la falta de notificación del auto admisorio de la demanda, en legal forma, configura la causal de nulidad contenida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, la cual, de conformidad con el artículo 134

demanda, en legal forma, configura la causal de nulidad contenida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, la cual, de conformidad con el artículo 134 de esa norma, se puede debatir en la diligencia de entrega, como excepción a la ejecución de la sentencia o mediante el recur so de revisión. En este sentido la doctrina sostiene:

Ciertamente, la posibilidad de alegar la nulidad después de proferida la sentencia de primera instancia queda abierta únicamente si se apeló de aquella, con el fin de que el superior pueda analizar tal aspecto aun en el evento de que la apelación no verse directamente sobre la nulidad, porque no le es dable al inferior entrar a considerar ese tipo de petición luego de dictada la sentencia si se apeló de ella debido a que pierde la competencia para hacerlo una vez otorgado el recurso, dado que tan solo la co nserva, por excepción, para la práctica de medidas cautelares y ciertas actividades de cumplimiento de ella. Si no se interpuso recurso , o si la sentencia no lo admite queda ejecutoriada y sólo se podrá alegar la nulidad dentro de algunas de las oportunidades que el artículo 134 prevé o mediante el empleo del recurso de revisión , lo cual es igualmente predicable para las hipótesis en las que se quiera alegar la nulidad luego de laRadicado: 25000-23-15-000-2025-00590-01

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sentencia de segunda instancia, donde, además, existe otra posibilidad adici onal

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sentencia de segunda instancia, donde, además, existe otra posibilidad adici onal y es la pedir la nulidad a través del recurso de casación en los procesos donde está permitido tal medio de impugnación.

Las ocasiones adicionales al proferimiento y ejecutoria de la sentencia que permite el artículo 134 para alegar las nulidades, co nciernen con la causal de la indebida representación o emplazamiento, que puede alegarse también dentro de la etapa propia de la ejecución de la sentencia como excepción dentro de la diligencia de entrega, determinación que es apenas lógica pues dada la ín dole de la causal es perfectamente posible que el obligado tan solo se venga a enterar de la existencia del proceso ya en la etapa de cumplimiento de la sentencia, de ahí la razón de permitirle, ahora que lo conoce, hacer valer esas específicas irregularidades que determinaron que no pudiera defenderse a cabalidad dentro del desarrollo de aquél, pero no otras causales diversas. […]12.

41. De esta manera, la Sala advierte que el artículo 134 13 del CGP erige una causal de revisión de la sentencia que le permite al demandado que no fue notificado del auto admisorio de la demanda y que no pudo alegar la nulidad por indebida notificación antes de la terminación del proceso, acudir al mecanismo extraordinario de revisión según lo complementa el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

42. Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión14 es un medio de impugnación

de la terminación del proceso, acudir al mecanismo extraordinario de revisión según lo complementa el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

42. Recuérdese que el recurso extraordinario de revisión14 es un medio de impugnación excepcional de las sentencias ejecutoriadas, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada para restablecer tanto el imperio de la justicia como del ordenamiento jurídico que suelen resultar desconocidos por hechos externos al proceso judicial15.

43. El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa del juez , sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que afectan el principio de justicia. De hecho, la mayoría de las causales del recurso extraordinario de revisión previstas e n el artículo 250 16 de la Ley

12 López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso: Parte General. Bogotá, DUPRE Editores,

2019. Páginas.963-964. 13 ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.

La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no pro ceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades… 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P.

alegar por la parte en las anteriores oportunidades… 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de abril de 2004. M.P. María Inés Ortiz Barbosa, expediente de N° 1999-0194. 15 En cuanto a la naturaleza excepcional del recurso extraordinario de revisión, ver, entre otras, providencia del 30 de noviembre de 2011, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente N° 1999-0207, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 16 «Artículo 250. C. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

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